Análisis de fondo
Escrito por Kevin Isidro
La energía, y en particular el acceso a la electricidad, ha sido históricamente considerada un bien de mercado, sometido a las dinámicas de oferta y demanda, con un enfoque centrado en la rentabilidad financiera de los servicios públicos.
Sin embargo, en las últimas décadas, han tomado relevancia otros marcos analíticos para comprender la energía y las disputas en torno a su gestión, que van más allá del paradigma neoliberal. Estos enfoques se pueden clasificar en dos corrientes: a) de carácter normativo y b) de carácter político-comunitario, cada uno con sus énfasis particulares.
El informe Panorama Energético para América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2023), indica que la región cuenta con una tasa de electrificación del 97.54%. Sin embargo, los países con los niveles más bajos de acceso a la electricidad son Haití (47.18%), Honduras (85.63%) y Guatemala (89.94%).
En Honduras, la disputa por la gestión energética se revela nuevamente en la actual coyuntura, marcada por el renovado interés del Estado en este sector, la intención de recuperar y ampliar el campo de la gestión pública, y la persistencia de la lógica del mercado.
En 2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social[1]. Paralelamente, se crea la Secretaría de Energía (SEN) como ente rector.
Cabe señalar que, tanto la Ley como la SEN no constituyen consensos plenos en la sociedad hondureña, sino espacios de disputa política. Por un lado, representan avances en la reconfiguración del Estado en el actual periodo de gobierno, orientado hacia la ampliación de lo público; por otro lado, revelan resistencias por parte de sectores empresariales y limitaciones estatales, que ponen en duda la materialización efectiva de la energía como un derecho humano.
¿Qué implica reconocer la energía como derecho humano y qué obligaciones concretas conlleva para el Estado, ¿qué contradicciones se derivan de este reconocimiento, considerando que persisten esquemas de privatización, contratos onerosos y profundas desigualdades territoriales? y ¿qué oportunidades se abren para avanzar hacia un modelo energético más democrático, inclusivo y sostenible? Responder a estas interrogantes no solo permitirá evaluar el alcance de la reforma más reciente, sino también delinear los horizontes de un debate que trasciende lo técnico y se inserta en el corazón mismo de la democracia, la justicia social y ambiental en el país.
Perspectivas teóricas para comprender las disputas en torno a la energía
Desde el análisis teórico, diversas corrientes críticas han aportado marcos para comprender las disputas relacionadas con la energía:
De carácter normativo
- El enfoque de derechos humanos. Se fundamenta en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y en los Comentarios Generales del Comité DESC de la ONU, que establecen la interdependencia de los derechos y la obligación estatal de garantizar servicios básicos como agua, vivienda y energía.
- La justicia energética. Fue desarrollada en la academia anglosajona por Benjamín Sovacool, Raphael Heffron y Darren McCauley, y plantea tres dimensiones centrales: justicia distributiva, de reconocimiento y procedimental, en diálogo con teorías de justicia social como las de Nancy Fraser, Amartya Sen y John Rawls.
De carácter político y comunitario
- La economía política de la energía. Está influenciada por autores como Karl Polanyi y David Harvey, y en América Latina por Anthony Bebbington y Eduardo Gudynas. Analiza cómo las reformas neoliberales, la participación de empresas privadas y la captura regulatoria configuran el acceso y la distribución de la energía.
- La soberanía energética. Defiende el control comunitario y democrático sobre la producción y el consumo de energía.
- El enfoque de bienes comunes y del buen vivir. Esta basado en los aportes de Elinor Ostrom (Governing the Commons, 1990) y extendido en debates contemporáneos por David Harvey, Michael Hardt y Antonio Negri. Este enfoque concibe la energía como un recurso vital que debe escapar tanto de la mercantilización como del monopolio burocrático estatal, promoviendo formas de gobernanza comunitaria.
Para este análisis, nos centraremos en el enfoque de derechos humanos, dado que se relaciona directamente con el planteamiento vigente en Honduras. Hablar de la energía como derecho humano implica una ruptura conceptual con la visión tradicional dominante que la ha concebido como un bien transable, sometido a las lógicas del mercado.
Antecedentes normativos
A nivel internacional, aunque no existe todavía un tratado vinculante que reconozca la energía como un derecho humano autónomo[2], se registran avances importantes en los sistemas internacionales de DDHH. En Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) obliga a los Estados a garantizar progresivamente condiciones de vida dignas, interpretándose por el Comité DESC como una obligación de asegurar servicios básicos, entre ellos el acceso a energía para la cocción de alimentos, la refrigeración de medicinas y la provisión de agua potable.
Por su parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, establece en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, el compromiso de “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. Aunque esta declaración es de carácter programático y no jurídico, el ODS 7 representa un reconocimiento político global del acceso universal a la energía como prioridad de desarrollo humano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-23/17 sobre medio ambiente y derechos humanos, subrayó que los Estados deben garantizar condiciones para una vida digna, incluyendo asegurar acceso a servicios básicos esenciales.
La práctica comparada en América Latina ofrece ejemplos significativos. En Bolivia, la Constitución de 2009 reconoce explícitamente que los servicios básicos, incluida la electricidad son derechos humanos y no mercancías[3], estableciendo la obligación del Estado de garantizar su acceso universal. En Ecuador, la Constitución de 2008 consagra el derecho al agua y la soberanía energética como principios de interés público[4].
La urgencia de estos reconocimientos y consensos radica en que la energía es un derecho habilitante; sin ella, la realización de otros derechos se ve gravemente comprometida. En sociedades caracterizadas por la concentración de poder económico, el acceso desigual a la energía reproduce jerarquías de clase, género y etnicidad.
Las comunidades indígenas y campesinas enfrentan mayores obstáculos para acceder a energía segura y asequible, lo que acentúa su vulnerabilidad.
Desde un enfoque crítico, entender que la energía es un bien público implica subordinarla a un marco regulatorio robusto que priorice el buen vivir. La energía, como derecho humano, demanda que las decisiones sobre generación, distribución y consumo se rijan por principios de equidad, sostenibilidad ambiental y participación ciudadana.
Es fundamental rescatar la energía de la lógica de la mercantilización y situarla en el terreno de lo común: un recurso vital cuya gestión democrática es condición indispensable para garantizar una vida digna y promover sociedades orientadas al buen vivir.
Durante el siglo XX, se consolidaron los derechos civiles y políticos; posteriormente, se fortalecieron los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En este contexto, la energía avanza como un derecho emergente[5] que, aunque aún carece de un reconocimiento internacional vinculante propio, avanza hacia su reconocimiento como un derecho autónomo.
Este proceso es complejo y está marcado por disputas históricas en la política internacional: por un lado, la resistencia de los marcos neoliberales que subordinan la energía a la lógica del mercado; por otro, las luchas de comunidades, pueblos y Estados que reivindican su carácter público y estratégico. De ahí que el reconocimiento de la energía como derecho autónomo no es simplemente un acto declarativo o burocrático, sino una confrontación donde se juegan modelos de desarrollo, relaciones de poder y visiones sobre lo común.
Antecedente de gestión del sector energético en Honduras
Antes de la creación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en 1957, la gestión de la energía en Honduras era fragmentada, localizada y dominada por compañías privadas con concesiones municipales o extranjeras.
La electrificación comenzó a principios del siglo XX con pequeñas plantas termoeléctricas instaladas en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, operadas principalmente con motores diésel o carbón. Estas instalaciones abastecían de manera limitada alumbrado público, algunos comercios y una reducida franja de consumidores residenciales de clase media y alta, dejando excluidas a la mayoría de comunidades rurales y urbanas.
En el litoral atlántico, empresas vinculadas a la United Fruit Company, como la Tropical Radio and Telegraph Company, operaban plantas destinadas principalmente a sus operaciones bananeras, extendiendo de manera secundaria el servicio a los poblados cercanos.
La electricidad se concebía como un servicio urbano de élite, sin planificación nacional y con sistemas aislados. Cada ciudad dependía de su propia planta o concesión, lo que acentuó desigualdades históricas en muchos territorios.
Durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, el Estado comenzó a incursionar en la planificación energética mediante la Dirección General de Obras Públicas y el Banco Nacional de Fomento, financiando estudios para plantas hidroeléctricas de mayor envergadura en el occidente del país. Estas iniciativas reflejaban los primeros pasos de una transición hacia un modelo estatal centralizado, en línea con el impulso desarrollista en América Latina de mediados del siglo XX.
En este contexto, surgió la necesidad de una empresa capaz de planificar, producir y distribuir energía a escala nacional, lo que llevó a la creación de la ENEE en 1957, durante la administración de la Junta Militar de Gobierno, conformada tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Julio Lozano Díaz.
En sus primeras décadas, la ENEE lideró la electrificación del país con grandes proyectos hidroeléctricos, destacando la represa Francisco Morazán, que se convirtió en símbolo del desarrollo energético y motor de la expansión del sistema interconectado. Sin embargo, la vulnerabilidad del sistema se evidenció con el apagón energético de 1993, provocado por la dependencia casi absoluta de la generación hidroeléctrica y por el creciente endeudamiento de la empresa estatal.
En respuesta, en 1994 se promulgó la Ley Marco del Subsector Eléctrico[6], instaurando un esquema neoliberal: separó funciones estatales, abrió la puerta a la participación privada y obligó a la ENEE a comprar energía de generadores independientes. Esto permitió la entrada de generadores termoeléctricos privados de gran escala, principalmente a base de combustibles fósiles como búnker, produciendo un cambio estructural en la composición de la matriz y en la gobernanza del sector.
Dos décadas después, en 2014, se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica[7], profundizando la liberalización: se introdujo competencia en generación y parte de la comercialización, manteniendo la transmisión y distribución como monopolios naturales bajo regulación estatal.
Esta reforma, bajo la promesa de mejorar la eficiencia económica del sector, consolidó la dependencia del país de contratos privados elevados, en muchos casos marcados por corrupción público-privada, en detrimento de la autonomía estatal.
A pesar de estas reformas, dos de ellas claramente de corte neoliberal, Honduras continúa enfrentando profundas desigualdades en cobertura y acceso a la electricidad. Esto evidencia que las políticas de liberalización y apertura al mercado no han resuelto los problemas estructurales del sector, por el contrario, han perpetuado la dependencia del capital privado.
Finalmente, en 2022, se dio un giro en el discurso y la normativa con la aprobación de la Ley Especial para Garantizar la Energía Eléctrica como Bien Público y Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social[8].
Esta cuarta reforma plantea explícitamente la energía como un derecho de naturaleza económica y social, revirtiendo el enfoque de mercancía predominante desde los años noventa.
No obstante, este cambio normativo convive con las herencias del modelo privatizador, generando tensiones entre el mandato de garantizar la energía como derecho humano y la realidad de un mercado aún dominado por capital privado y contratos heredados.
Resumen de las reformas principales
- 1957 – Primera reforma: creación de la ENEE,
- 1994: – Segunda reforma: aprobación de la Ley Marco del Subsector Eléctrico,
- 2014 – Tercera reforma: promulgación de la Ley General de la Industria Eléctrica
- 2022 – Cuarta reforma: reconocimiento de la energía como derecho humano.
Análisis de la reforma iniciada en 2022
- Configuración y fortalecimiento institucional
En 2022, frente a un panorama marcado por desafíos estructurales, el gobierno hondureño introdujo un cambio de paradigma mediante la aprobación del Decreto 46-2022. Esta normativa establece la obligación del Estado de garantizar el acceso universal a la electricidad, revocar contratos lesivos y orientar la política energética hacia el interés social.
Paralelamente, se creó la Secretaría de Energía (SEN) como ente rector del sector, responsable de coordinar la planificación, regulación y ejecución de políticas públicas. Bajo la conducción de la SEN, se ha continuado con la elaboración del Informe de Cobertura y Acceso a la Electricidad (ICAEH), que ofrece un diagnóstico detallado de la situación del país, y del Plan Estratégico de Acceso Universal a la Electricidad (PEAUE)[9], que define metas y acciones concretas para lograr la universalidad. Además, se ha desarrollado la Guía de Relacionamiento Comunitario para Proyectos de Energía, sin embargo, esta última no es una herramienta de uso obligatorio en el desarrollo de proyectos, sino más bien un manual orientativo.
No obstante, al analizar el presupuesto asignado a la SEN en los últimos tres años, se evidencian recortes sucesivos que limitan de forma directa la capacidad de la institución para planificar, regular y liderar la transformación del sector. La reducción presupuestaria para el 2025 alcanza un 61% menos respecto del año 2023.
En contraste, el Estado ha fortalecido las transferencias destinadas a subsidios y a sostener financieramente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), evidenciando un desequilibrio en las prioridades del sector.
- Capital de origen de la energía
La gráfica evidencia la fuerte dependencia estructural de Honduras de la generación privada, que en 2023 aportó el 81.92 % de la energía producida (8,565.15 GWh), mientras que la estatal participó con apenas un 18.08 % (2,520.10 GWh). Esta asimetría refleja la histórica privatización del sector, iniciada en los años noventa, y evidencia la pérdida de control estratégico del Estado sobre un servicio esencial que ha sido declarado un derecho humano fundamental.
En la práctica, el peso dominante del capital privado limita la capacidad del gobierno para fijar precios justos, revisar contratos o priorizar criterios sociales y ambientales, colocando a la política energética en una situación de dependencia frente a intereses empresariales.
- Potencia instalada y generación efectiva
En 2023, la potencia instalada[10] alcanzó los 3,086.67 MW, distribuidos en 108 centrales generadoras. De esta capacidad, 1,152.20 MW (37.33 %) correspondían a generación a base de combustibles fósiles y 1,934.47 MW (62.67 %) a fuentes renovables[11].
Sin embargo, al analizar la matriz de generación efectiva[12] se revela otra contradicción: aunque las renovables concentran la mayor parte de la potencia instalada, la generación térmica fósil sigue siendo predominante, aportando el 40.61 % del total (4,712.79 GWh). En contraste, la hidroeléctrica aportó el 27.64 % (3,208.08 GWh), la solar fotovoltaica el 8.57 % (994.24 GWh), el carbón coque el 6.94 % (805.6 GWh), la biomasa el 6.87 % (797.88 GWh), la eólica el 6.63 % (769.26 GWh) y la geotérmica apenas el 2.74 % (318.26 GWh).
Esta brecha entre potencia instalada y generación efectiva evidencia que, a pesar de los cambios en la matriz energética, la dependencia de fósiles persiste, condicionada por contratos históricos.
- Energía por sector de consumo
Según los datos del informe 2022, el sector residencial concentra la inmensa mayoría de abonados (92.35 %), pero su participación en el consumo total de energía apenas llega al 45.04 %. Esto evidencia una brecha entre la función social del servicio y su peso en la economía energética. En contraste, los sectores comercial e industrial, con menor número de abonados, consumen casi la mitad de la demanda (49.06 %), indicando una orientación del modelo energético hacia la sostenibilidad de la actividad económica más que hacia el acceso equitativo para los hogares.
Dentro del sector residencial, persisten desigualdades: sólo el 3.49 % de los hogares (64,284) consume más de 500 kWh mensuales, pero este pequeño grupo concentra el 25.27 % del consumo residencial total, mostrando que los altos niveles de consumo se concentran en sectores con mayor poder adquisitivo, principalmente en las regiones centro-sur y noroccidental del país.
- Índices de Cobertura Eléctrica (ICE) e Índice de Acceso a la Electricidad (IAE)
En el gráfico se observa la evolución histórica de la cobertura eléctrica en Honduras. También se registra un avance sostenido desde 1999, cuando apenas el 40.6 % de la población tenía acceso a electricidad, hasta alcanzar el 85.6 % en 2022. Sin embargo, esta curva presenta estancamientos y saltos abruptos que sugieren políticas de expansión irregulares y poco sostenibles.
A pesar del crecimiento de la cobertura eléctrica, Honduras no ha superado el umbral del 90 % en más de dos décadas, en contraste con otros países latinoamericanos que casi han universalizado el servicio. En 2022, el Índice de Cobertura Eléctrica (ICE) fue de 85.6 %, y en 2023 apenas aumentó a 86.28%, lo que refleja un avance lento e insuficiente del promedio regional cercano al 97%.
La tabla sobre el Índice de Cobertura Eléctrica (ICE) por departamento en 2023, muestra que los rezagos más graves se concentran en zonas rurales, indígenas y campesinas. Los departamentos con mayores déficits son Gracias a Dios (53.13 %), Intibucá (63.73 %), Lempira (65.35 %) y La Paz (68.53 %), todos con índices muy por debajo del promedio nacional de 86.28 %. Estas regiones enfrentan desafíos estructurales: son zonas históricamente marginadas, con presencia significativa de pueblos indígenas (misquitos, pech, tawahkas y garífunas en Gracias a Dios; lencas en Intibucá, Lempira y La Paz) y con poblaciones campesinas en condiciones de pobreza multidimensional.
La baja cobertura en estas regiones refleja limitaciones técnicas o geográficas, también la desigualdad territorial en la inversión pública: mientras, en departamentos urbanos como Francisco Morazán (94.72 %) o Cortés (93.76 %) la electrificación es casi universal, en los territorios indígenas y campesinos el acceso a la electricidad sigue siendo una deuda histórica.
En el mapa, los departamentos con tonos marrones y rojos corresponden a las áreas con los índices más bajos. Visualmente, estos colores identifican las zonas de mayor rezago en el acceso a la electricidad, concentradas en zonas rurales e indígenas.
- Índice de cobertura eléctrica (ICE) para centros educativos y centros de salud
De los 17,068 planteles educativos registrados en 2023, a nivel nacional, 12,124 disponen de acceso a electricidad, según el registro de la Secretaría de Educación para 2023. Esto significa que el 29 % de los centros educativos del país aún carecen de este servicio, lo que se traduce en un Índice de Acceso a la Electricidad (IAE) para el sector educativo de apenas 71.03 %
La tabla revela que los rezagos más profundos en el acceso a electricidad en los centros educativos se concentran en territorios históricamente marginados, habitados por pueblos indígenas, comunidades garífunas y sectores campesinos. El caso más dramático es Gracias a Dios, donde apenas el 7.79 % de los planteles cuenta con electricidad, lo que implica que prácticamente toda la niñez misquita, pech, tawahka y garífuna estudia en condiciones de extrema precariedad. A este panorama se suma Olancho, con un índice de apenas 48.57 %, que refleja la persistente exclusión en un departamento eminentemente campesino. También son preocupantes los casos de Intibucá (69.75 %) y Yoro (63.78 %), ambos con una proporción significativa de escuelas desconectadas, lo que evidencia cómo la exclusión energética y educativa se entrelazan, y reproducen desigualdades históricas que afectan principalmente a pueblos originarios y zonas rurales.
Otros departamentos con fuerte presencia campesina, como El Paraíso (47.42 %), Choluteca (72.91 %), La Paz (75.86 %) y Lempira (75.08 %), también registran rezagos importantes, con una proporción considerable de sus centros educativos sin acceso a electricidad. Esto refleja la desigual inversión territorial en infraestructura, que concentra recursos en zonas urbanas y productivas, dejando en deuda a las comunidades rurales. Mientras en departamentos como Francisco Morazán (94.72 %) y Cortés (92.05 %) el acceso a la electricidad en los centros educativos es prácticamente universal, en las regiones campesinas e indígenas la niñez continúa enfrentando un doble rezago: la falta de condiciones básicas para una educación digna y la reproducción de desigualdades históricas que perpetúan su exclusión social.
El análisis de la información revela que, en 20 regiones, de 1,591 establecimientos de salud, 1,407cuentan con acceso a electricidad, lo que resulta en un índice de acceso a electricidad (IAE) para establecimientos de salud del 88.43%.
La tabla sobre cobertura eléctrica en establecimientos de salud revela una profunda desigualdad territorial en el acceso a este servicio básico, indispensable para garantizar el derecho a la salud. Aunque departamentos como Copán, Islas de la Bahía, Cortés o la Región Metropolitana de San Pedro Sula registran un IAE del 100 %, en varios territorios rurales e indígenas persisten rezagos alarmantes que comprometen la atención médica y la vida de las personas.
Los casos más críticos son Gracias a Dios (73.65 %), Olancho (78.82 %), El Paraíso (80 %), Colón (81.82 %) e Intibucá (83.61 %). En estos departamentos, al menos entre una quinta y una cuarta parte de los centros de salud carecen de electricidad, lo que significa que miles de pacientes son atendidos en condiciones precarias, sin acceso confiable a equipos médicos, refrigeración de vacunas, insumos básicos o iluminación adecuada.
Los datos muestran que departamentos como Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, La Paz, Olancho y El Paraíso concentran los peores índices de cobertura eléctrica tanto en hogares como en escuelas y centros de salud, evidenciando una múltiple vulneración de derechos. Esta exclusión persistente refleja la desigualdad territorial en la inversión pública: mientras zonas urbanas como Francisco Morazán y Cortés se acercan a la universalización, los territorios indígenas, garífunas y campesinos siguen siendo marginados, con servicios básicos debilitados que perpetúan la pobreza y las desigualdades históricas.
- Revisión de contratos energéticos y subsidio eléctrico
Con la promulgación del Decreto 46-2022, el Estado hondureño adquirió facultades legales para la renegociación y eventual terminación de contratos de generación eléctrica, tanto térmica como renovable, que históricamente han sido rígidos y onerosos para las finanzas públicas.
La normativa permite modificar precios, cargos y condiciones de estos acuerdos. En caso de que las renegociaciones no prosperen, se estableció la posibilidad de adquirir las plantas mediante el pago de un “justiprecio” a través de bonos estatales, aunque sin una definición técnica clara del monto compensatorio. Además, la ley derogó un contrato de fideicomiso que comprometía subcuencas hidrográficas para la generación privada, considerándolo lesivo para el interés público.
En la práctica, el proceso de revisión ha resultado en la renegociación de 16 contratos con 14 empresas, de los cuales el 55% presentaban tarifas sobrevaloradas. Los ajustes derivados de estas renegociaciones se estiman en ahorros cercanos a mil millones de lempiras anuales, según informes oficiales y de organismos internacionales.
Sin embargo, esta política también ha generado controversias: varias empresas energéticas han iniciado procesos de arbitraje internacional por más de USD 1.6 mil millones, cifra que supera los beneficios económicos inicialmente proyectados, abriendo un escenario de tensiones judiciales y fiscales que podrían limitar el margen de maniobra del Estado.
Paralelamente, se implementó un subsidio a los hogares que consumen menos de 150 kWh mensuales, mediante el Decreto Ejecutivo PCM-02-2022, ratificado en 2025. Esta medida beneficia aproximadamente al 64 % de los abonados residenciales de la ENEE, garantizando electricidad gratuita a más de 900,000 hogares, con un costo anual estimado entre 3,500 y 4,000 millones de lempiras. El esquema de financiamiento se reparte en un 60 % a cargo del Estado y un 40 % sobre los usuarios no residenciales de alto consumo.
- La conflictividad en torno a nuevos proyectos estatales en el sector energético
La conflictividad en el sector energético hondureño no solo se explica por la herencia de contratos ligados a redes de corrupción que han llevado la violencia a las comunidades, sino también por el papel que intenta jugar el Estado en el impulso de nuevos proyectos estratégicos.
Iniciativas como la represa multipropósito El Tablón, Morolica III o el programa de investigación geotérmica “Yacimientos”, aunque presentadas como soluciones para diversificar la matriz, garantizar la seguridad energética, y fortalecer las capacidades contra los efectos del cambio climático, despiertan alertas en comunidades, que han sufrido históricamente procesos de despojo y violencia vinculados a megaproyectos.
En este sentido, el fortalecimiento de la SEN como ente rector no puede limitarse a su rol técnico o presupuestario, sino que debe incluir el desarrollo de procedimientos claros y vinculantes que garanticen los derechos sociales y ambientales de las comunidades. Esto implica institucionalizar mecanismos de consulta previa, establecer evaluaciones ambientales integrales y generar procesos de participación ciudadana efectivos que permitan que las decisiones energéticas no se tomen de espaldas a los territorios. Sin ello, los proyectos estatales corren el riesgo de reproducir las mismas prácticas extractivistas del pasado, debilitando la legitimidad de la SEN y minando la posibilidad de que la energía se consolide como un verdadero derecho humano en Honduras.
- Perspectivas sobre el futuro de la reforma
Aún resulta prematuro evaluar si la reforma tendrá un impacto sostenido en la transformación del sector energético. La reforma ha representado un cambio discursivo y normativo de gran envergadura, al reorientar el papel del Estado y devolverle la centralidad en la planificación energética. Sin embargo, su consolidación enfrenta desafíos estructurales que determinarán si este giro constituye un auténtico punto de inflexión en el modelo de desarrollo o si corre el riesgo de diluirse con un cambio de signo político en el ritmo electoral.
Uno de los desafíos más urgentes es fortalecer la SEN. Hasta ahora, esta institución ha operado con serias limitaciones presupuestarias, lo que restringe su capacidad para regular un sector históricamente dominado por el capital privado. Sin un fortalecimiento técnico, financiero, la SEN difícilmente podrá cumplir con sus metas de universalizar el acceso, diversificar la matriz y garantizar criterios de equidad y sostenibilidad.
En paralelo, el futuro de la reforma también depende de la capacidad del Estado para impulsar la investigación y el desarrollo en el ámbito energético. La continuidad de proyectos como el de investigación en energía geotérmica, en el marco del programa “Yacimientos” podría marcar una diferencia en la transición hacia fuentes renovables más estables y democráticas. La apuesta por la investigación no solo permitiría reducir la dependencia de los combustibles fósiles y del capital privado, sino que colocaría al país en una ruta de innovación acorde con los compromisos internacionales de descarbonización.
Otro componente clave es la cercanía con las comunidades. La electrificación no se puede seguir implementando sin la participación activa de las comunidades beneficiadas o afectadas por estos proyectos; es indispensable desarrollar procesos de consulta, participación y legitimación social. En territorios rurales, indígenas y campesinos, donde los niveles de acceso siguen siendo bajos, la energía debe concebirse como un puente hacia la inclusión social, y no como una nueva fuente de conflictividad.
Una reforma energética que ignore a los pueblos históricamente excluidos corre el riesgo de reproducir desigualdades bajo un nuevo marco institucional.
Finalmente, persiste un riesgo de retroceso. Las tensiones con empresas privadas, las demandas internacionales por la revisión de contratos y los recortes presupuestarios a la SEN son recordatorios de que la reforma avanza en un terreno frágil. Su sostenibilidad dependerá de la capacidad política del Estado para resistir presiones externas y de la construcción de consensos sociales que reconozcan la energía no solo como mercancía, sino como un derecho fundamental y habilitante para el desarrollo social y económico.
Bibliografía
- Becerra, M., & Valdés, A. (2010). Historia de la energía eléctrica en Honduras: de los inicios a la modernización. Tegucigalpa: Editorial Universitaria UNAH.
- Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). (2007). Memoria histórica de la electrificación nacional. Tegucigalpa: ENEE.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2007). La política energética en Centroamérica: evolución, situación actual y perspectivas. Santiago de Chile: CEPAL.
- Congreso Nacional de Honduras. (1994). Ley Marco del Subsector Eléctrico, Decreto 158-94. Tegucigalpa: Diario Oficial La Gaceta.
- Congreso Nacional de Honduras. (2022). Ley Especial para garantizar la energía eléctrica como bien público y derecho humano de naturaleza económica y social, Decreto 46-2022. Tegucigalpa: Diario Oficial La Gaceta.
- Hernández, R. (2015). Crisis energética y reformas estructurales en Honduras. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, 12(2), 145–170.
- Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). (2019). Diagnóstico del sector eléctrico en Honduras: política fiscal, subsidios y sostenibilidad. Guatemala: ICEFI.
- Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-UNAH). (2008). Desigualdades en el acceso a la energía eléctrica en Honduras. Tegucigalpa: UNAH.
- Secretaría de Energía de Honduras (SEN). (2023). Plan Estratégico de Acceso Universal a la Electricidad (PEAUE). Tegucigalpa: SEN.
- Vargas, L. (2006). Electricidad, política y sociedad en Centroamérica: un estudio comparado. San José: FLACSO.
[1] Decreto 46-2022
[2] Un derecho autónomo es aquel que se reconoce y desarrolla con una identidad propia dentro del marco de los derechos humanos, sin depender de manera exclusiva de otros derechos para su exigibilidad.
[3] Artículo N° 378 de la Constitución de Bolivia: “Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente”.
[4] Artículo 313 de la Constitución de Ecuador: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia”. “Los sectores estratégicos son: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”.
[5] Los derechos emergentes pueden entenderse como aquellos en proceso de consolidación política y jurídica, que surgen de la capacidad expansiva del derecho internacional de los derechos humanos para responder a nuevas vulnerabilidades, desigualdades y demandas sociales.
[6] Decreto No. 158-94
[7] Decreto No. 404-2013
[8] Decreto 46-2022
[9] PCM-120-2021
[10] Potencia instalada: magnitud máxima de electricidad que ese conjunto de instalaciones podría generar de forma simultánea bajo condiciones ideales. Se expresa en megavatios (MW) y refleja el techo técnico de producción inmediata de un sistema eléctrico.
[11] Secretaría de Energía de Honduras – Centro Nacional de Despacho (SEN-CND). (2024). Informe estadístico anual del subsector eléctrico nacional 2023 [PDF]. Secretaría de Energía de Honduras. URL disponible en https://sen.hn/…/IEASEN-2023
[12] Generación efectiva: cantidad de energía eléctrica que realmente se produce e inyecta al sistema durante un período de tiempo determinado. Se mide en megavatios-hora (MWh) o gigavatios-hora (GWh) y depende de la disponibilidad de recursos (agua, viento, sol, combustibles), la demanda del sistema y la operación de las plantas