Escrito por Lucía Vijil Saybe
En las últimas semanas, la agenda de los movimientos sociales ha estado marcada por un rechazo contundente a la propuesta de “Ley Especial para el Fomento de Inversiones mediante la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental”, presentada por el diputado Luis Redondo. Este rechazo también se reflejó en la negativa al dictamen emitido por la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional (CN) de Honduras para este proyecto.
Originalmente, esta Ley iba a ser sometida a su tercer y último debate en el Congreso Nacional de Honduras el 6 de mayo del 2025. Pero, ante diversos pronunciamientos y una auto convocatoria en los bajos del Congreso por parte de organizaciones de derechos humanos, territoriales y de sociedad civil, el presidente del CN anunció que el proyecto no sería discutido en esa sesión. En su lugar, anunció que dedicaría tiempo a socializar la Ley para reducir las alertas en los sectores sociales sobre su documento.
La única pregunta que busca responder en este análisis es: ¿realmente se trata de un asunto de simplificación administrativa?
Elementos conceptuales
En el debate sobre la conflictividad socioambiental, usualmente prestamos atención a los impactos locales de las actividades extractivas o de empresas contaminantes, como la contaminación del agua y aire, la destrucción de bosques y sus implicaciones en la salud de las comunidades afectadas.
Desde la ecología política, sin embargo, se han planteado el concepto de “efectos derrame” para entender cómo “las medidas específicas propias de cada” afectan “los entendimientos y sentidos de diversas políticas públicas, como las ambientales, sociales o económicas, así como a los sentidos por los cuales se entiende el desarrollo, la política, la justicia, la democracia y la Naturaleza”[1].
Los efectos derrame de carácter ambiental refuerzan la lógica de mercantilización de la naturaleza, tratándola como un simple conjunto de recursos disponibles para ser transformados en mercancías, ignorando su carácter orgánico y sistémico. Además, promueven una relajación de las exigencias, controles y sanciones ambientales, facilitando la implementación de proyectos extractivos. Esto da lugar a procesos conocidos como flexibilización ambiental, cuyo objetivo es debilitar el marco normativo e institucional ambiental. Como señala Gudynas, “Este debilitamiento no se limita a un solo caso, sino que sienta precedentes que son aprovechados por otros proyectos, incluso aquellos que no pertenecen al sector extractivo, instaurando así nuevas reglas generales más permisivas”[2].
Este proyecto de ley representa, en su totalidad, un efecto derrame en términos ambientales para sostener la dinámica extractiva, además de posicionar a los sectores empresariales como principales impulsores de la simplificación de los procesos.
Gustavo Irías, en su análisis “Proyecto de Ley en Congreso Nacional pone en riesgo el acceso a la información y consulta ciudadana en temas ambientales”, advierte que, “Al revisar el proyecto de ley, es de alta preocupación la renuncia del Estado a la supervisión y autorización de los procesos asociados a la renovación de licencias, dejando solamente reservada la facultad de suspensión o revocación (artículo 4), entregando al sector privado la responsabilidad legal como titular y prestador de servicios ambientales[3]”.
En otras palabras, la renovación de las licencias ambientales pasará a manos del sector privado, convirtiéndose en un instrumento controlado exclusivamente por el capital nacional y transnacional. Lo más preocupante es que la normativa en debate solo menciona la creación de un “mecanismo especial” para otorgar y renovar de forma inmediata las licencias ambientales (artículo 1), sin detalles sobre su funcionamiento.
En ecología política, este tipo de flexibilización refuerza estrategias de desarrollo de base capitalista, manteniendo a los países de la periferia, en roles subordinados dentro de la globalización como proveedores de materias primas. Y aunque este debate sorprende en el Gobierno de la presidenta Castro, porque ha hecho alarde de sus avances en materia ambiental, no debemos olvidar que los gobiernos progresistas en América Latina también han sido extractivos: “éstos se vuelcan hacia el sueño de un capitalismo benévolo, donde los extractivismos servirían para reforzar mecanismos de compensación”[4].
Este proyecto de ley es solamente la constatación de la necesidad de suplir la institucionalidad pública por la administración privada, justificándose a través de la eficiencia y rapidez. También, refleja la apuesta del gobierno por establecer marcos permanentes que, en realidad, buscan limitar los derechos básicos de acceso a información y participación ciudadana en los procesos de instalación de proyectos extractivos o de acción de empresas.
Elementos de contexto
Durante la sesión del 2 de mayo del 2025, el diputado Luis Redondo sometió a debate tres iniciativas vinculadas al sector empresarial. La primera fue la aprobación, en segundo debate, de la Ley del Régimen Laboral de Teletrabajo; la segunda, la Ley Especial para el Fomento del Empleo. Ninguna de estas propuestas resultó favorable. La tercera, relacionada con el licenciamiento ambiental exprés, sí logró pasar dos debates exitosos. Este contexto muestra que no se trata solo de una iniciativa aislada, sino de un paquete de reformas legales con un actor central beneficiado: la empresa privada.
En la sesión del Congreso del 6 de mayo, se anunció la socialización de la ley de licencias ambientales exprés, pero no su sometimiento a debate. En ese momento, se intentó posicionar al Congreso como una institución comprometida con la protección ambiental. Redondo, citó decretos anteriores sobre la cota 200, reservas naturales y medidas contra incendios provocados, y afirmó: “Nosotros no vamos a actuar en contra del medio ambiente ni de intereses particulares (…) licencias que cumplan con los requisitos y que sean siempre revisadas por el Estado puedan agilizarse”, justificando así la creación del mecanismo especial, excepcional y simplificado para otorgarlas.
Redondo admitió que aún no se habían incluido cláusulas clave, como la exclusión de proyectos mineros o el respeto a la consulta previa en pueblos indígenas. “Si ese es el temor, metámosle que diga literalmente que no se puede”, dijo, reconociendo tácitamente que el proyecto fue elaborado sin salvaguardas fundamentales.
En ese mismo acto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Qubain, apeló a una narrativa emocional cargada de dramatismo social para justificar el proyecto. Su discurso giró en torno al desempleo y la pobreza como urgencias nacionales, desplazando el debate técnico hacia una dimensión moral: “Lo voy a pedir este favor para nuestros hermanos retornados, para los miles y miles de hondureños que no tienen trabajo, para las familias que mandan a dormir sus hijos sin tener la cena, la comida para poder dormir tranquilamente…”
Luego, Juliette Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), respaldó implícitamente el dictamen. Pidió explicarlo mejor y que se escuchara a los actores sociales, pero sin exigir cambios de fondo ni mecanismos de participación previa. Lo más contradictorio fue su referencia al Acuerdo de Escazú: “El acuerdo de Escazú ha colocado el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección a los defensores y defensoras del medio ambiente en el centro de atención”.
De manera similar, Ariel Montoya, presidente de la Comisión del Medio Ambiente, respaldó el dictamen afirmando que se trataba de una autorización para que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) estableciera un mecanismo más ágil, sin eliminar los principios legales existentes. Sin embargo, reconoció que aún permanecen pendientes varias correcciones, como: “La no eliminación de requisitos de consulta… la exclusión de proyectos en territorios indígenas y afrodescendientes y que no sea aplicable a la minería metálica.”
Por su parte, el congresista Mauricio Villeda realizó una intervención más técnica y puntual, proponiendo la inclusión de una categoría especial para proyectos de interés comunitario, como los de agua potable, y sugiriendo que estos queden exentos de cualquier cobro. Además, señaló que el término “tasa” utilizado en el dictamen es jurídicamente incorrecto, porque una tasa implica la contraprestación de un servicio, mientras que en este caso lo que se otorga es una autorización.
La congresista Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras, expresó una oposición firme al proyecto en su forma actual: “Este proyecto abre una puerta para un mecanismo administrativo especial, excepcional y simplificado. Si con el marco actual hay asesinatos de defensores, ¿qué ocurrirá con un proceso más laxo?”. Su intervención desmonta el argumento central de la ley, que sostiene que basta con simplificar el proceso para resolver la mora, cuando en realidad lo que se necesita es fortalecer el Estado.
En el extremo más crítico del espectro, la diputada Suyapa Figueroa acusó directamente al Congreso y al Gobierno de incoherencia. Cuestionó la falta de protección efectiva a defensores ambientales, la impunidad en casos como el asesinato de Juan López, y la negativa a ratificar el Acuerdo de Escazú. En tono frontal, declaró: “Aquí no existe equilibrio. En este país no existe justicia. En este país no existe moral”. Figueroa no solo rechazó el dictamen, sino que también denunció que el proceso legislativo está capturado por intereses empresariales. Su crítica se conecta con una memoria histórica que refleja el papel del Congreso en la aprobación de decretos que han entregado el territorio a megaproyectos extractivos.
Al finalizar la discusión, queda pendiente la socialización del proyecto con los sectores que el CN considere pertinentes, con el fin de incorporar elementos que mejoren la propuesta, sin que esto signifique detenerla.
Algunas reflexiones que persisten son:
a) La débil institucional hondureña al servicio del capital privado
La discusión en el Congreso evidencia un proceso de captura institucional, en el cual la función reguladora del Estado se reduce a un papel decorativo. La delegación de la emisión y renovación de licencias a mecanismos privados representa no solo una privatización de la gestión ambiental, sino también un ejemplo de cómo la norma parlamentaria favorece a los sectores empresariales, en detrimento de organizaciones territoriales y comunidades involucradas.
Otro elemento relevante es que, en tiempos electorales, los sectores empresariales suelen cerrar acuerdos con los partidos políticos. La historia del sistema de partidos en Honduras lo confirma. El promotor de este proyecto de ley es Luis Redondo; las preguntas que surgen son: ¿se trata de acuerdos personales o pactos entre partidos políticos?, ¿qué intereses empresariales predominan en una ley tan ambigua y con tanto margen de acción? Además, cabe preguntarse, ¿qué representa el sector empresarial que está desmarcado del COHEP, que ha sido más conservador?
b) Una ley construida sin garantías ambientales ni democráticas
El proyecto llegó al Congreso y fue aprobado por la Comisión de Ambiente sin contar con salvaguardas mínimas como la consulta previa a pueblos indígenas o derecho de participación. Su diseño, sin participación social, sin claridad jurídica y sin límites precisos, deja el campo abierto a la arbitrariedad. La más grave es que refuerza la idea de que la eficiencia administrativa privada está por encima de los derechos colectivos.
La referencia al Acuerdo de Escazú, que aún no ha sido firmado ni ratificado por el CN, solo sirve como recordatorio de que las normativas diseñadas para garantizar derechos mínimos de acceso a los defensores y defensoras no serán prioridad para las autoridades. Además, está pendiente el trámite de la Iniciativa Ciudadana introducida por la Red Hondureña por Escazú y recibida por la diputada Angelica Smith para su procedimiento administrativo.
c) El falso dilema entre ambiente y desarrollo
En los discursos proempresa se vuelve a instrumentalizar la pobreza como argumento moral para justificar flexibilizaciones normativas. Bajo el lenguaje de la urgencia social (“hermanos sin comida”, “retornados sin trabajo”), se oculta una lógica de desregulación que facilita negocios privados en lugar de soluciones estructurales. Este tipo de narrativa sentimental desplaza los debates técnicos y de justicia social que se ha demandado históricamente en Honduras.
En contexto electoral, estos discursos evidencian los intereses de los partidos políticos y la forma en que configuran el Estado para mantener el modelo económico vigente. En un país con profundas desigualdades y pendientes en justicia para defensores y defensoras ambientales y en restauración ambiental, el licenciamiento ambiental exprés en su forma actual constituye un cálculo político equivocado.
Desde los movimientos sociales, es necesario fortalecer la articulación territorial para hacer frente a la herencia extractiva, privatizadora, devastadora y violenta del capital, expresada con suma claridad en nuestro Congreso Nacional y en el sector empresarial.
Descargue PDF aquí: Análisis CESPAD
[1] Gudynas, E. (2016). Extractivismos en América del Sur y sus efectos derrame. Boletín de la Société Suisse des Américanistes, (76), 13–23.
[2] Ídem.
[3] CESPAD. 2025. Análisis Semanal | Proyecto de Ley en Congreso Nacional pone en riesgo el acceso a la información y consulta ciudadana en temas ambientales. Disponible: https://cespad.org.hn/analisis-semanal-proyecto-de-ley-en-congreso-nacional-pone-en-riesgo-el-acceso-a-la-informacion-y-consulta-ciudadana-en-temas-ambientales/
[4] Gudynas, E. (2016). Extractivismos en América del Sur y sus efectos derrame. Boletín de la Société Suisse des Américanistes, (76), 13–23.