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Escrito por Claudia Mendoza
Después de un año de silencio, búsqueda y la angustia desesperada de una humilde familia que vive entre las montañas de Comayagua, las autoridades finalmente capturaron a dos hombres acusados de haber asesinado a Juan Antonio (hijo) y Juan Bautista Silva (padre). Ambos defensores ambientales murieron de una forma nada convencional: fueron acribillados, desmembrados y lanzadas las partes de sus cuerpos entre los acantilados de la zona. Pero, más allá del “éxito policial” la captura de dos individuos no debe leerse como el fin de la impunidad. Detener a quien “jaló el gatillo” sin que se capture a quienes se benefician de la tala ilegal sale barato, porque el cerebro del crimen permanece en la impunidad.
Tras el condenable crimen de los Silva y la captura de quienes presuntamente los habrían asesinado, es fundamental reflexionar sobre varios aspectos importantes que merecen nuestra atención:
- ¿Qué mensaje envía el Estado hondureño a la comunidad internacional a su propia ciudadanía cuando la justicia se detiene siempre en el sicariato?
- ¿La impunidad de los autores intelectuales representa una falla técnica del sistema o es una acción deliberada que tiene como objetivo proteger los intereses de las élites extractivistas?
El resumen del crimen
Juan Antonio y Juan Bautista Silva (padre e hijo) eran originarios de la aldea Protección, ubicada en el municipio de la Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua. Bautista Silva, según su familia, sentía un profundo respeto y amor por la naturaleza que supo transmitir a su hijo menor.
Eso explica porque siempre estaban juntos, haciendo rondas y supervisiones en el bosque de la zona en donde vivían. Eso explica, además, porque el 23 de febrero de 2025, cuando recibió la llamada telefónica de un individuo que se hizo pasar por funcionario del Ministerio Público y lo citó en el bosque para que le mostrase las pruebas de la devastación que días antes había denunciado ante la fiscalía del Estado, ambos asistieron a un encuentro con la muerte.
Los días posteriores a esa fecha se convirtieron en un escenario angustiante y desesperanzador para la familia y la comunidad donde vivían. Juan Bautista y Juan Antonio nunca regresaron. Finalmente, ambos fueron encontrados sin vida, víctimas de una de las formas más inhumanas: desmembrados y lanzados sus cuerpos entre el bosque y los peñascos de la zona. Desde febrero de 2025, cuando ocurrió el horrendo crimen, la familia y la comunidad ha esperado pacientemente por justicia. Un año después, la familia recibió la noticia de la captura de los presuntos asesinos, pero ahora demanda una investigación que lleve hasta la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales[1].
El comunicado de la policía
El comunicado de la Policía Nacional, referente a la captura de los presuntos asesinos de los Silva, es escueto. Resume que la operación se coordinó entre la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), y que ambos hombres, de 37 y 31 años, fueron capturados en la aldea Altos del Peaje, en Zambrano, al norte del departamento de Francisco Morazán[2].
También se informó que las Unidades Especiales de la DPI realizaron trabajos conjuntos con el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, y que las investigaciones se realizaron con el objetivo de esclarecer el crimen, suscitado el 26 de febrero del 2025.
“Las investigaciones técnicas y científicas señalan que el crimen ocurrió cuando los ahora occisos llegaron a la zona del Cerro de la Cruz, área que era custodiada por Juan Bautista Silva en su calidad de ambientalista y facilitador judicial. En ese momento, los ahora detenidos interceptaron a padre e hijo y les dispararon con armas de fuego, seguidamente trasladaron los cuerpos a una hondonada, donde procedieron a desmembrarlos”, señala la policía.
Finalmente, se informó que los detenidos cuentan con una orden de captura vigente, emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa, por suponerlos responsables del delito de asesinato.
Algunos vacíos del comunicado
En el reporte oficial de la Policía Nacional se identifican algunos vacíos u omisiones que perpetúan la impunidad en el caso Silva:
- El reporte no hace alusión a la individualización de la autoría intelectual. El comunicado se limita a mencionar a los «ejecutores» y no menciona líneas de investigación contra las empresas o las redes de tráfico de madera que habrían motivado el crimen.
- Aunque en el comunicado se denomina en un par de veces a los Silva como ambientalistas, persiste una ausencia de enfoque diferenciado. Las autoridades tratan el cruel crimen como un homicidio común y ni se reconoce ni se destaca, en su justa dimensión, la labor de defensa ambiental como la causa principal del asesinato del padre e hijo. Este aspecto sería vital para aplicar agravantes y protocolos internacionales.
- El caso Silva y el tratamiento que hacen las autoridades, evidencia un vínculo con la mora judicial. Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado por qué no se protegió a las víctimas si existían denuncias previas. El comunicado destaca y celebra el arresto de los dos presuntos asesinos, pero ignora el fracaso preventivo del Estado.
Las cifras de impunidad
La captura de quienes “apretaron el gatillo y usaron la motosierra” en el caso Silva, podría considerarse como el 50 por ciento del camino hacia la justicia. Si no se investiga a quienes ordenaron el crimen, la estructura criminal queda intacta, solo cambia de operarios. Esa es la recurrente preocupación en los crímenes que se cometen en contra de defensores de derechos humanos y de los recursos naturales.
El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUD), registró en el 2024 un alto número de ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Oficina documentó ataques que incluyeron asesinatos, amenazas, hostigamiento y criminalización. El 70% de las víctimas de estos ataques eran personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
La OACNUD también establece que «Los ataques se concentraron principalmente en zonas con altos niveles de conflictividad agraria y presencia de proyectos extractivos o de explotación de recursos naturales, como el Bajo Aguán, la zona sur y los departamentos de Colón y Atlántida. La Oficina observa con preocupación que los defensores de la tierra siguen siendo el grupo más vulnerable ante la violencia de grupos armados no estatales y, en ocasiones, de fuerzas de seguridad»[3].
Esta situación persiste, pese a avances significativos como la creación de fiscalías especializadas, dice la OACNUD. Sin embargo, “los avances en la identificación y sanción de los autores intelectuales son mínimos”, un aspecto que se traduce en “una mora de impunidad que deniega justicia a las familias y envía un mensaje de permisividad que incentiva la repetición de los ataques”.
En otras palabras, el organismo internacional establece una premisa muy preocupante: “La impunidad sigue siendo la norma en los crímenes contra personas defensoras”.
En el caso Silva, algunas exhortaciones a las autoridades:
- El Ministerio Público debe elevar el perfil de la investigación, llevando el caso a una unidad de élite que investigue estructuras de crimen organizado, reconociendo la labor de defensa ambiental como el motivo principal del crimen de los Silva.
- El Ministerio Público debe avanzar hacia la persecución férrea de la autoría intelectual. Es imperativo, en ese contexto, que se identifique a quienes determinaron y ordenaron el crimen. Sin nombres de posibles vinculados a una red del tráfico de madera en la zona de Comayagua, la justicia es solo un simulacro.
- La justicia no se mide por las capturas de los sicarios, sino por la desarticulación y captura de los autores intelectuales de los crímenes. La captura de quienes presuntamente asesinaron a Juan Antonio y Juan Bautista no debe tomarse como el final del caso. Esta captura se convierte en el punto de partida. Si la investigación se detiene en quienes “apretaron el gatillo”, el Estado confirmará la tesis más simple, pero peligrosa para la democracia: en Honduras, matar ambientalistas sale barato.
- Es imperativo que el Estado de Honduras fortalezca la investigación penal con un enfoque de derechos humanos, asegurando que las líneas de investigación agoten el vínculo entre el ataque y la labor de defensa. Solo mediante la sanción de toda la cadena de mando criminal se podrá romper el ciclo de impunidad que afecta a la sociedad hondureña[4].
Mientras los presuntos asesinos de Juan Antonio y Juan Bautista Silva fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades, el país observa, esperando que este sea el primer paso para que la voz de este padre e hijo no sea silenciada por el estruendo de la impunidad.
[1] https://cespad.org.hn/el-invisibilizado-y-olvidado-crimen-de-juan-bautista-y-juan-antonio-silva-el-espejo-de-la-desproteccion-estructural/
[2] https://policianacional.gob.hhttps://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2025/04/v1_Informe-Anual-2024.pdf/dpi-captura-dos-presuntos-responsables-del-asesinato-del-defensor-ambiental-juan-silva-y-su-hijo-antonio-silva/
[3] https://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2025/04/v1_Informe-Anual-2024.pdf
[4] Recomendación sustraída del Informe de la OACNUD: https://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2025/04/v1_Informe-Anual-2024.pdf