Escrito por Lucía Vijil Saybe
El 30 de mayo de 2025, el observatorio de la Conflictividad Socioterritorial en Honduras del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) hizo público su informe anual intitulado: “Año electoral: ¿qué impacto político genera la escalada de la conflictividad socioterritorial en Honduras?”. El documento presenta un análisis del contexto general, las categorías teóricas utilizadas para interpretar la conflictividad y examina la dinámica de disputa por los bienes comunes de la naturaleza en Honduras.
A partir del estudio de 58 conflictos socioambientales, en este análisis se busca responder a las siguientes preguntas: ¿qué revela actualmente la radiografía de la conflictividad socioterritorial en Honduras? y ¿qué elementos son relevantes desde la perspectiva de la ecología política para interpretar el escenario actual?
Contexto general de la conflictividad[1]
El año 2025 se perfila como una etapa decisiva para la gestión de Xiomara Castro Sarmiento y su gabinete. En un escenario marcado por la polarización propia del proceso electoral, el incumplimiento de reformas estructurales prometidas y la persistencia de graves vulneraciones a derechos humanos en los ámbitos agrario y ambiental, la gestión enfrenta desafíos de gran magnitud.
En este contexto, las demandas históricas de las comunidades rurales, como el acceso a la tierra, la protección de sus territorios y el financiamiento a la producción, quedan subordinadas a los tiempos y prioridades de la contienda electoral. Lejos de ser espacios propicios para la construcción de respuestas estructurales, los años electorales tienden a reproducir relaciones clientelistas con el campo: programas asistencialistas, visitas mediáticas, promesas reiteradas y discursos que instrumentalizan las luchas rurales sin responder efectivamente a sus causas[2].
A pesar de la atención mediática a los compromisos asumidos por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, los avances son parciales, frágiles y enfrentan riesgos sustantivos de estancamiento o reversión. Esto ocurre en un contexto donde prevalece la tendencia a priorizar resultados simbólicos inmediatos sobre transformaciones estructurales sostenibles.
Un ejemplo destacado es el proceso en el Bajo Aguán, donde el gobierno, el 22 de febrero del 2022, firmó compromisos con la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria. Este acuerdo, de 15 puntos, reconoció la histórica deuda agraria, mientras el gobierno de Castro se comprometió a garantizar la tenencia de tierras a favor de las cooperativas campesinas. Entre sus aspectos clave están la protección contra desalojos para 13 cooperativas campesinas, la investigación del despojo de tierras derivado de la reforma agraria y creación de una Comisión Tripartita para investigar violaciones a los derechos humanos y promover mecanismos de no repetición.
Sin embargo, hasta febrero de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) documentó al menos cinco asesinatos de personas defensoras de derechos humanos vinculados al conflicto agrario en el Bajo Aguán, incluyendo una persona menor de edad[3].
Las organizaciones han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los cronogramas, la ineficacia de los grupos de trabajo creados tras la firma del acuerdo, así como la persistencia del hostigamiento y la violencia en las comunidades. COPA y la Plataforma Agraria advierten que la implementación de los compromisos ha sido lenta, fragmentada y sin avances sustantivos en materia de seguridad jurídica ni en la adopción de medidas efectivas para evitar la continuidad de las graves violaciones a derechos humanos documentadas en la región[4].
En la región sur del país, la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) ha sostenido una lucha por el reconocimiento de la tenencia comunitaria de la tierra, enfrentando décadas de despojo e inseguridad jurídica. Después de años de investigación y de intensos esfuerzos de incidencia política, el 7 de marzo de 2024, se realizó una ceremonia formal en la que se anunció el inicio del proceso de regularización predial, con la participación de representantes de las comunidades y de diversas instituciones estatales, incluyendo al entonces secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor; la secretaria general del Instituto de la Propiedad, Nadia Espinal; la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, además de funcionarios de Gobernación y Justicia, OACNUDH y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). En este acto se reconoció públicamente la legitimidad de 10 de las 11 comunidades que integran la península, como actores principales en el proceso de saneamiento territorial[5].
Posteriormente, comenzaron las tareas de levantamiento de información técnica para la elaboración del Informe de Situación Catastral, paso previo a la emisión de títulos comunitarios. Sin embargo, más de un año después, los avances permanecen limitados: el informe técnico aún no ha sido presentado y no se han formalizado los compromisos para la entrega de títulos, lo que ha generado frustración en las comunidades. ADEPZA ha denunciado que las amenazas de desalojo por parte de actores privados, el uso político del proceso y la falta de garantías jurídicas siguen poniendo en riesgo a las comunidades.
En el caso del pueblo garífuna, el gobierno hondureño creó la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), tras las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, emitidas el 8 de octubre de 2015. Sin embargo, casi una década después, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) afirma que esta instancia “está muerta”, denunciando la falta de voluntad política real para avanzar en el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Estado, que incluyen la restitución territorial, el respeto a la autonomía comunitaria y la protección de los derechos colectivos del pueblo garífuna[6].
Estos procesos, aunque muestran avances formales, están marcados por la tensión entre promesas de transformación estructural y su concreción efectiva. La fragmentación de las luchas sociales y la adopción de soluciones particulares han debilitado la cohesión del movimiento social, dificultando la acción colectiva frente a las estructuras de poder.
Un punto clave en el contexto actual es que el Estado de Honduras, en colaboración con organismos multilaterales, ha asumido un rol cada vez más activo en la promoción de megaproyectos de infraestructura, generación y distribución de energía, corredores logísticos, represas multiusos y mega cárceles, entre otros. Estas iniciativas buscan fortalecer la seguridad nacional, impulsar el crecimiento económico, promover la integración territorial, avanzar en la transición energética y aumentar la resiliencia frente al cambio climático.
Sin embargo, su implementación se desarrolla en un marco de profundas debilidades institucionales: fragmentación del aparato estatal, asignaciones presupuestarias insuficientes, limitada capacidad técnica de los entes reguladores y ausencia de políticas públicas integradas, que prioricen la justicia ambiental y equidad social.
El Estado hondureño se encuentra en una encrucijada. Es imperativo recuperar la función pública y fortalecer las capacidades de gestión estatal para atender las deudas históricas y los desafíos contemporáneos del desarrollo. Es urgente reformar los marcos jurídicos, fortalecer las instituciones responsables de la regulación socioambiental y democratizar los procesos de planificación. Solo así se podrá orientar estas inversiones hacia un horizonte verdaderamente sostenible, participativo y respetuoso de los derechos colectivos.
La ejecución de megaproyectos sin atender esta crisis institucional agrava los riesgos de impactos negativos sobre comunidades y ecosistemas, profundizando las desigualdades y generando conflictos socioterritoriales. La opacidad en los procesos de formulación, aprobación y ejecución refleja una tendencia preocupante a concentrar decisiones estratégicas fuera del escrutinio ciudadano y de los mecanismos democráticos de deliberación.
Ejemplo de ello son iniciativas como la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la reserva natural Islas del Cisne[7] y la mega cárcel en los márgenes de la Reserva Forestal de Mocorón[8], ambas declaradas de “interés estratégico” en el marco del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNSD). En estos casos, la justificación de la seguridad nacional ha sido utilizada para justificar la exclusión de garantías fundamentales, debilitando los principios democráticos que deben regir la gestión del territorio y la protección de los bienes comunes.
Este patrón se repite incluso en proyectos con fundamentos técnicos y sociales más sólidas, como la Represa Multipropósito El Tablón. Presentada como una solución integral para mitigar las inundaciones en el Valle de Sula y el Valle del Aguán, además de generar energía hidroeléctrica y proveer agua potable y de riego en los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y Cortés, en diciembre de 2024, la presidenta Xiomara Castro firmó un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 300 millones de dólares para financiar su construcción[9]. Sin embargo, comunidades de Quimistán, Santa Bárbara, han manifestado su rechazo, denunciando la falta de socialización previa y alertando sobre el riesgo de afectar a más de 1,200 hectáreas de tierras productivas y al menos 600 viviendas. Además, señalan que la licitación del proyecto fue lanzada sin consultas previas[10].
El informe del observatorio indica que la dinámica de la conflictividad socioambiental en Honduras está impulsada por un total de 58 conflictos distribuidos en diferentes sectores. Específicamente, se identifican 31 conflictos agrarios relacionados con proyectos de monocultivo y tenencia de tierra, 12 vinculados a proyectos de generación de energía, 7 asociados a minería, 3 por gestión de residuos, 2 por temas forestales, 1 por infraestructura, 1 por efectos del cambio climático y 1 por exploración y explotación petrolera.
Desde la perspectiva de la ecología política, ¿qué nos revela este informe?
El análisis evidencia que la disputa territorial en Honduras está centrada en la apropiación y control de los bienes comunes tierra, agua y bosque. Los sectores agrario, energético y minero están marcando la pauta sobre el modelo extractivo, permeando y configurando los territorios en función de sus intereses. Estos conflictos no son casos aislados, sino expresiones estructurales de una lucha por la distribución desigual de los recursos naturales.
1. Conflictos ecológicos – distributivos
Uno de los ejes principales del informe es la documentación de conflictos relacionados con el acceso, control y distribución de los bienes comunes de la naturaleza, definidos por la ecología política como conflictos ecológico-distributivos (Martínez Alier, 2002). Por ejemplo, en Santa María, departamento de La Paz, el Consejo Indígena Lenca de Las Crucitas (CILCRUSAMA) enfrenta una situación: “su origen en el racismo estructural y el sistemático desconocimiento institucional de las formas de organización y gobierno indígena. Aunque el CILCRUSAMA cuenta con un título definitivo de dominio pleno emitido por el Instituto Nacional Agrario desde 1999, las autoridades municipales han promovido el desmembramiento del territorio colectivo, favoreciendo intereses privados y negando la legitimidad del título y del propio Consejo. Esta situación ha generado tensiones internas, divisiones comunitarias y actos de hostigamiento, configurando un escenario de violencia estructural y negación del derecho a la autonomía del pueblo Lenca”[11].
Además, mediante mecanismos ilegítimos y sin consulta previa, la alcaldía y actores privados han transferido tierras dentro del territorio colectivo a terceros, quienes han iniciado actividades agrícolas y agropecuarias intensivas. Estas actividades han provocado contaminación y disminución de las fuentes de agua, afectando la soberanía hídrica de la comunidad y poniendo en peligro el equilibrio ecológico. La utilización de agroquímicos, la tala indiscriminada y la expansión de cultivos en zonas de recarga hídrica han generado alarma social, evidenciando cómo decisiones externas vulneran el derecho a un ambiente sano.
En el caso de Nueva Armenia, entre 1899 y 1975, la historia del cultivo de bananos dominó las plantaciones de la región. Aunque diversas empresas controlaban esa operación, la más reconocida fue la Standard Fruit Company, una compañía que finalmente devolvió las tierras en 1948. Posteriormente, por un breve período, las tierras pasaron a ser plantaciones de coco, hasta que en 2012 la superficie cultivada se redujo a aproximadamente 1,100 hectáreas debido al daño causado por las plagas de amarillamiento letal del cocotero y la pudrición del cogollo. Actualmente, las plantaciones son en su mayoría de palma africana, un cultivo que llegó a Honduras en la década de 1940. Sobre el conflicto con la empresa Palmas de Atlántida, las comunidades de la zona narran que hace algunos años sostuvieron un diálogo con la empresa, pero en septiembre de 2023 se retiraron sin explicación. En general, la situación de la tierra es complicada porque hay títulos sobre títulos emitidos por instituciones del Estado[12].
Estos ejemplos ilustran cómo los conflictos surgen de una distribución desigual de los beneficios y costos del uso de los recursos, beneficiando a grupos de poder (empresas y municipios) que se apropian de los recursos naturales a costa de las comunidades indígenas y garífunas, quienes enfrentan impactos en sus fuentes de agua, bosques y suelo.
2. Acumulación por desposesión
El Estado actúa como facilitador de procesos extractivos, en alianza con capitales nacionales e internacionales, promoviendo la desposesión territorial en nombre del desarrollo, la seguridad nacional o la resiliencia climática (Harvey, 2004). El caso más emblemático es la represa El Tablón. En 2007, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales inició un estudio de factibilidad que quedó interrumpido tras el golpe de Estado.
En 2020, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, se reactivó el proyecto justificándose por las inundaciones causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota. En diciembre de ese año se aprobó la construcción de la represa “El Tablón” junto a trece proyectos hidroeléctricos más, a través del PCM-138-2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, publicado en la gaceta número 35,479 con fecha 6 de enero de 2021. En 2022 el gobierno de Xiomara Castro retomó el proyecto y en enero de 2023 se aprobó, en Consejo de Ministros, la declaratoria de “estado de emergencia” en el sector energético. Con esta acción se justificó la contratación directa para la construcción de la represa El Tablón (véase el decreto ejecutivo PCM 03-2023).
En 2023, el gobierno gestionó un préstamo de aproximadamente USD 300 millones ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Tras el anuncio oficial de la continuidad del proyecto, las comunidades respondieron de manera contundente. La comunidad de La Ceibita, la más afectada en ese momento por la posición de la cortina del embalse, se manifestó en contra del proyecto de manera enérgica. Sin embargo, en noviembre de 2024, el gobierno realizó una actualización del estudio de factibilidad en el que se anunció un cambio en la ubicación de la cortina: ya no será en la comunidad de La Ceibita, sino en el sector de Los Limones, varios kilómetros río arriba. Debido a esta modificación, La Ceibita ya no estaría amenazada por la inundación. A pesar de este cambio, las comunidades mantienen su postura de resistencia y rechazo al proyecto.
El pueblo de Quimistán, en un cabildo abierto celebrado el 4 de mayo de 2025, rechazó categóricamente la construcción de la represa multipropósito El Tablón, advirtiendo sobre los riesgos de inundación de cinco comunidades y la pérdida de 3,425 manzanas de tierras fértiles. Uno de los acuerdos del cabildo fue la creación de una mesa de trabajo multisectorial, que incluía la presidencia de la República. También, la suspensión de la licitación de la represa hasta la realización de la reunión de la mesa de trabajo.
Debido a la ausencia de respuesta por parte del gobierno, el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Quimistán (CODEBICONVQ) tomó medidas legales y de denuncia. Presentó un amparo ante la Corte Suprema, denunció la carencia de documentación ambiental ante Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), y expresó su oposición al Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) por financiar el proyecto. Además, denunciaron declaraciones del ministro Erick Tejada que los estigmatiza y los acusa falsamente de no querer dialogar, señalando que el primer contacto oficial del gobierno con ellos ocurrió apenas el 27 de mayo.
El Comité rechazó una invitación del ministro a una reunión el 4 de junio en San Pedro Sula, reafirmando que el diálogo debe respetar los acuerdos del cabildo: una mesa multisectorial convocada por la presidenta. Además, condenan comunicaciones intimidatorias posteriores por parte del ministro[13].
3.Violencia ecológica y ontológica
El informe señala que la violencia ecológica no solo implica destrucción material, como deforestación, contaminación de aguas y pérdida de biodiversidad, sino que atenta contra las formas de vida, saberes y relaciones culturales con la tierra. La defensa ambiental, por lo tanto, es también una lucha por mantener las memorias y cosmovisiones que sustentan los modos de habitar y relacionarse con el territorio.
Las prácticas relacionadas con la gestión del agua, evidencian un patrón de acaparamiento asociado a la contaminación de fuentes hídricas por agroquímicos, lixiviación con cianuro y el desvío de cauces naturales para uso de las agroindustriales. Se ha documentado la reducción del caudal en zonas de recarga y la destrucción de humedales debido a megaproyectos. También, se reporta la degradación de suelos por erosión, compactación, contaminación y el uso intensivo de agroquímicos. También, por cambio de uso de suelo se ha documentado la reducida capacidad de producción, además de la promoción de la expansión de cultivos sobre zonas de recarga y áreas con erosión pronunciada.
En Tocoa, Colón, la mala gestión de residuos ha generado impactos ambientales: “La interrupción del servicio de recolección y la existencia de un basurero municipal inadecuado han provocado la acumulación de toneladas de residuos en la vía pública y en los camiones recolectores. La quema de basura, utilizada para intentar mitigar la acumulación, genera humo tóxico y emisiones contaminantes, afectando la calidad del aire y aumentando el riesgo de incendios en zonas cercanas. La falta de un sitio definitivo y seguro para depositar los desechos—debido a inundaciones y a la invasión del predio—complica el manejo integral de los residuos. Esto, a su vez, genera riesgos para la salud ambiental y contribuye a la degradación de suelos y cuerpos de agua en áreas aledañas”[14].
En la mayoría de los conflictos se registra la destrucción generalizada de la cobertura vegetal, incluyendo bosques de pino, latifoliados, nublados, manglares y bosques secos, una situación que deja como resultado la pérdida de biodiversidad y fragmentación de hábitats.
Por ejemplo, en Ceibita Way, municipio de Esparta, Atlántida: “la deforestación asociada a la expansión de las plantaciones de palma ha llevado a la destrucción de bosques tropicales y esto reduce la biodiversidad y afecta hábitats de especies en peligro. Asimismo, la pérdida de biodiversidad, al reemplazar ecosistemas naturales con monocultivos de palma, muchas especies pierden su hábitat y se reduce la diversidad genética y la conversión de bosques y humedales afecta a especies endémicas y pone en riesgo el equilibrio ecológico”[15].
En El Triunfo de la Cruz, “la construcción de proyectos turísticos, como campos de golf y hoteles de lujo, ha implicado el relleno y modificación de humedales protegidos. Estas acciones comprometen el equilibrio hídrico de la zona, alterando cursos de agua y aumentando el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas y en la ciudad de Tela. Además, la alta demanda de agua por parte de estas infraestructuras intensifica la crisis hídrica que enfrentan las comunidades locales”[16].
En resumen, estos patrones reflejan un proceso de despojo y de destrucción que pone en riesgo no solo el medio ambiente (tierra, agua, suelo y bosques) y la biodiversidad, sino también las formas de vivir, la salud y las formas de relacionarse con la tierra de las comunidades.
4.Colonialismo interno y racismo ambiental
Los pueblos indígenas y garífunas enfrentan estructuras de exclusión y discriminación históricas arraigadas en el aparato estatal.
En el caso del pueblo garífuna, la creación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), a favor de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, emitidas el 8 de octubre de 2015, evidencia esfuerzos formales, pero su funcionamiento ha sido cuestionado.
Tras casi una década, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ha declarado que esta instancia “está muerta”, debido a la falta de voluntad política real para avanzar en el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Estado, que incluyen la restitución territorial, el respeto a la autonomía comunitaria y la protección de los derechos colectivos del pueblo garífuna[17].
5.Militarización y necropolítica ambiental
El informe establece que la militarización de los territorios en Honduras no es un fenómeno aislado, sino una estrategia estructural que sustituye el diálogo por la represión, prioriza la seguridad nacional sobre los derechos colectivos y convierte a las fuerzas armadas en instrumentos de control social y territorial. La presencia militar en territorios conflictivos perpetúa la lógica de violencia y negación de derechos humanos, en un contexto donde aún persiste impunidad por violaciones a derechos humanos de defensores ambientales y líderes comunitarios que han desaparecido y que han sido asesinado.
6.Crisis institucional y cooptación del Estado
El informe resalta la fragmentación institucional, la debilidad técnica y la opacidad del Estado, como aspectos que obstaculizan la gestión ambiental efectiva. La ausencia de consulta previa, justicia ambiental y de mecanismos de protección enfrentan serias limitantes para cumplir sus funciones, dejando a las comunidades desprotegidas frente a los intereses extractivos.
Algunos ejemplos específicos sitúan al Instituto Nacional Agrario, como un ente sin capacidad presupuestaria y operativa para avanzar rápidamente en la titulación. También al Mecanismo de Protección, una estructura sobre la que pesan serias denuncias debido a su inacción frente a la vulneración de derechos humanos.
6.Territorios como zonas de sacrificio
El análisis establece que los territorios rurales y costeros se han convertido en zonas de sacrificio del capital, donde la gobernanza ambiental es sustituida por políticas de mercado y control corporativo. La exclusión del debate electoral sobre tierra, ambiente y justicia territorial evidencian el desplazamiento de estos temas en la agenda pública, favoreciendo la expansión de proyectos extractivos sin consideración social.
Discusión final
La conflictividad socioterritorial en Honduras refleja un proceso de reconfiguración autoritaria del territorio, caracterizado por la desposesión, la violencia estructural y la expansión de un modelo extractivo excluyente. Desde la ecología política, estas disputas no solo reflejan luchas puntuales, sino enfrentamientos fundamentales sobre cómo entender, gestionar y relacionarse con el territorio, sus recursos y sus comunidades.
Primero. El informe del Observatorio muestra que los conflictos ecológico-distributivos son estructurales y que las comunidades indígenas, campesinas y garífunas defienden no solo sus tierras y recursos (agua y bosque), sino también sus formas de vida y saberes ancestrales/comunitarios. La imposición de intereses económicos y políticos opera mediante mecanismos de violencia directa e institucional y discursos de seguridad y desarrollo, que ocultan los costos ecológicos y sociales.
Segundo. El concepto de acumulación por desposesión ayuda a entender cómo el Estado, en alianza con actores empresariales nacionales e internacionales, promueve el saqueo legalizado y perpetúa su histórico rol como facilitador del modelo extractivo.
Tercero. Se comprueba la persistencia de la violencia ecológica y ontológica. Las comunidades no solo enfrentan la destrucción de sus territorios físicos, sino también sus formas de habitar, conocer y relacionarse con la naturaleza.
Cuarto. Los casos analizados constatan la persistencia del colonialismo interno y racismo ambiental, que mantiene excluidos a los pueblos originarios y comunidades étnicas (garífunas, lencas, tolupanes y nahua), de las decisiones sobre sus territorios, a pesar del reconocimiento formal de sus derechos.
Quinto. El uso sistemático de la militarización como mecanismo de gobernanza o de contención de la conflictividad es una forma contemporánea de necropolítica ambiental. La violencia, entonces, no es una anomalía del sistema, sino un componente constitutivo de su funcionamiento territorial y habilitante del modelo[18].
El desafío es avanzar hacia una transición ecológica justa, basada en el reconocimiento de los derechos de las comunidades (sujetos de derecho, con sus voces y saberes), la protección de la naturaleza y el desmantelamiento de las estructuras de impunidad. Solo así será posible construir un pacto ecosocial que permita territorios libres de despojo y violencia, donde la diversidad de saberes y formas de habitar sean el centro de una verdadera transformación social y ambiental.
[1] CESPAD. Año electoral: ¿qué impacto político genera la escalada de la conflictividad socioterritorial en Honduras? Mayo, 2025. Disponible en: https://observatorio.cespad.org.hn/wp-content/uploads/2025/05/CESPAD-Informe-anual-de-conflictos-socioterritoriales-2024.pdf
[2] Centro de Documentación de Honduras. (2021). Necesidades básicas, asistencialismo y clientelismo político-electoral (Documento de Análisis No. 107). https://www.cedoh.org/resources/Boletines/Documento-Analisis-107.pdf
[3] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. (2023, 23 de febrero). En ocasión del primer año de la firma del Acuerdo entre el gobierno y organizaciones campesinas y populares del Bajo Aguán, OACNUDH llama a su efectivo cumplimiento. https://oacnudh.hn/en-ocasion-del-primer-ano-de-la-firma-del-acuerdo-entre-el-gobierno-y-organizaciones-campesinas-y-populares-del-bajo-aguan-oacnudh-llama-a-su-efectivo-cumplimiento/
[4] Perdomo, M. (2024, julio 22). Aguán: Dos años sin soluciones tras convenio agrario firmado con el gobierno. Criterio.hn. https://criterio.hn/aguan-dos-anos-sin-soluciones-tras-convenio-agrario-firmado-con-el-gobierno/
[5] Escobar, R. (2024, julio 19). La regularización predial en Zacate Grande que debe continuar y que urge de la voluntad política del gobierno de Castro. Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). https://cespad.org.hn/la-regularizacion-predial-en-zacate-grande-que-debe-continuar-y-que-urge-de-la-voluntad-politica-del-gobierno-de-castro/
[6] WA-DANI. (2024, abril 4). OFRANEH sepulta a la CIANCSI, «descanse en paz definitiva». https://wa-dani.com/ofraneh-sepulta-a-la-ciancsi/
[7] Congreso Nacional de la República de Honduras. (1994, 17 de octubre). Decreto Legislativo N.º 128-94: Otórgase al Parque Marino de las Islas del Cisne el nombre de “Parque Marino Abogado Agustín Córdova Rodríguez”. Diario Oficial La Gaceta, (24,477).
[8] Instituto de Conservación Forestal. (2022). Anuario Estadístico Forestal 2022. ICF. https://icf.gob.hn/wp-content/uploads/2023/11/Anuario-estadistico-forestal-2022_.pdf
[9] Banco Centroamericano de Integración Económica. (2024, 14 de noviembre). BCIE aprueba a la República de Honduras US$300 millones para la construcción de la Presa Multipropósito El Tablón, Etapa I. https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-a-la-republica-de-honduras-us300-millones-para-la-construccion-de-la-presa-multiproposito-el-tablon-etapa-i
[10] Baquedano, K. (2025, 1 de abril). Quimistán rechaza construcción de represa El Tablón por temor a inundaciones. La Prensa. https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-represa-eltablon-quimistan-santa-barbara-inundaciones-energia-enee-produccion-DP25198803
[11] Ficha de Consejo Indígena Lenca de Las Crucitas, Santa María, La Paz. Enero, 2025.
[12] Contracorriente. 2024. Nueva Armenia: Recuperar la tierra entre la brutalidad policial y empresarial. Disponible: https://contracorriente.red/2024/11/12/nueva-armenia-recuperar-la-tierra-entre-la-brutalidad-policial-y-empresarial/
[13] Ver comunicado: https://www.facebook.com/share/p/1APsyc4KN6/
[14] CESPAD. 2025. Mapeo de Conflictividad. Ficha del Caso de Gestión de Residuos en Tocoa, departamento de Colón.
[15] CESPAD. 2025. Mapeo de Conflictividad. Ficha del Caso de Ceibita Way, departamento de Atlántida.
[16] CESPAD. 2025. Mapeo de Conflictividad. Ficha del Caso de El Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida.
[17] WA-DANI. (2024, abril 4). OFRANEH sepulta a la CIANCSI, «descanse en paz definitiva». https://wa-dani.com/ofraneh-sepulta-a-la-ciancsi/
[18] Vijil, L. 2025. Las Fuerzas Armadas y su interacción con el modelo extractivo en Honduras. Apuntes sobre el tema. Disponible: https://cespad.org.hn/las-fuerzas-armadas-y-su-interaccion-con-el-modelo-extractivo-en-honduras-apuntes-sobre-el-tema/
