El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) publicó un análisis exhaustivo sobre el sector energético en Honduras. El documento destaca que, pese a los avances normativos, persisten profundas desigualdades en el acceso a la electricidad, una situación que agudiza la crisis social en las comunidades más vulnerables del país.
El informe, realizado por Kevin Isidro, asesor del CESPAD en materia ambiental, señala que Honduras ha reconocido la energía eléctrica como un derecho humano con la Ley Especial de 2022, sin embargo, la realidad en el terreno es alarmante.
El país tiene una de las tasas de electrificación más bajas de la región latinoamericana y, peor aún, la falta de acceso afecta de manera desproporcionada a zonas rurales, indígenas y campesinas. En departamentos como Gracias a Dios, sólo el 53.13 % de los hogares tiene acceso a la electricidad, un rezago que contrasta drásticamente con la casi total universalización en áreas urbanas como Cortés y Francisco Morazán.
La crisis se extiende más allá de los hogares, impactando directamente servicios esenciales. Isidro documentó que el 29 % de los centros educativos y el 11.57 % de los centros de salud a nivel nacional carecen de electricidad, lo que compromete la calidad de la educación y la atención médica para miles de personas. En Gracias a Dios, por ejemplo, solo el 7.79 % de las escuelas tienen luz, una situación que el informe califica como “extrema precariedad”.
El documento explica que esta crisis es el resultado de un modelo energético históricamente dominado por intereses privados. A pesar de las reformas que buscan fortalecer el rol del Estado, el 81.92 % de la energía generada en 2023 provino del capital privado. Esta dependencia limita la capacidad del gobierno para fijar precios justos y priorizar criterios sociales, generando un escenario de alta conflictividad y vulnerabilidad para el Estado.
Recomendaciones del CESPAD para avanzar hacia un modelo más justo
Fortalecer la Secretaría de Energía (SEN): es crucial revertir los recortes presupuestarios a la SEN y dotarla de los recursos técnicos y financieros necesarios para planificar, regular y liderar la transición del sector, garantizando el acceso universal.
Inversión pública estratégica: se debe priorizar la inversión en infraestructura energética en los territorios históricamente marginados (Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, La Paz y El Paraíso), enfocando los recursos en la electrificación de hogares, centros educativos y de salud.
Promover la participación comunitaria: los nuevos proyectos energéticos, tanto estatales como privados, deben incluir mecanismos obligatorios y efectivos de consulta previa con las comunidades, asegurando que las decisiones no se tomen a espaldas de los territorios y que la energía se convierta en un motor de desarrollo local y no de conflictividad.
Diversificar la matriz energética: a pesar de tener una gran capacidad instalada en fuentes renovables, Honduras sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Se recomienda impulsar la investigación y el desarrollo de fuentes más estables y sostenibles, como la geotermia, para reducir la dependencia de contratos privados y de combustibles contaminantes.
El CESPAD concluye que el reconocimiento de la energía como un derecho humano es un paso fundamental, pero su materialización requiere voluntad política, una inversión decidida en las comunidades excluidas y la construcción de un modelo de gestión que subordine la rentabilidad financiera a la justicia social y ambiental.