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Escrito por Oscar Hendrix
8 de julio, 2024
Honduras, de manera prematura, ya está en plena campaña electoral con vistas a las elecciones primarias e internas. Este contexto obliga a reflexionar sobre la herencia de Juan Orlando Hernández (JOH) y los desafíos que esto plantea a los partidos políticos y a la sociedad hondureña en su conjunto, para evitar la continuidad del entramado de la corrupción y la infiltración del crimen organizado en el financiamiento de las campañas políticas.
En la histórica condena que se emitió en contra del expresidente Hernández en Nueva York (NY), por delitos vinculados con el narcotráfico y tenencia de armas para facilitar la narcoactividad, Honduras fue catalogada, de nuevo, como un narco-Estado.
Juan Orlando “abusó de su posición como presidente de Honduras y durante su administración, el país operó como un narco-Estado donde se permitía que los narcotraficantes violentos maniobraran con virtual impunidad”. La peor y fundamental afectación es que parte de las instituciones públicas fueron catalogadas de estar al servicio del narcotráfico.
El expresidente fue pedido en extradición por sus principales aliados (Estados Unidos de América), a solo días después de terminar su periodo presidencial. Este hito histórico sigue caracterizando la debilidad de nuestra democracia. Sin embargo, hasta la fecha, no existe respuesta institucional alguna, palpable en acciones o en reformas legislativas necesarias, que muestren señales de que esta vez se aprenderá de los errores.
Uno de los desafíos principales que persisten en el país es que estos hechos no se repitan. Pero este aspecto está cruzado por la ejecución de acciones que eviten que surjan criminales que superen los que se han conocido hasta el momento, o que la institucionalidad tenga la capacidad para investigarlos y enjuiciarlos.
Las prácticas electorales hondureñas, expuestas ante el mundo
El rastro delictivo que culminó en la cooptación del Estado fue evidenciado en el juicio y la condena a Hernández en NY. El modus operandi de la narcopolítica, a gran escala, pasó del rumor y de la suposición a convertirse en una verdad demostrada en juicio a través del financiamiento de las campañas electorales de precandidatos, candidatos y partidos políticos.
El financiamiento de las campañas políticas ha sido un escenario oportuno para la infiltración de la narcoactividad, primero en el poder político y luego en el poder formal para terminar sometiendo al gobierno y al Estado en su totalidad. Es muy difícil que exista la narcopolítica sin narcocandidatos y narcopartidos, en alguna medida.
La cooptación del Estado puede considerarse en un conjunto de prácticas, acciones y omisiones antidemocráticas e ilegales acumuladas a través de los años, que van erosionando lenta y sistemáticamente la institucionalidad hasta secuestrarla y manipularla, de acuerdo con los intereses de las redes criminales.
En la actualidad se sabe mucho sobre la responsabilidad protagónica de quienes han corrompido el gobierno y Estado para ponerlo al servicio del narcotráfico, al régimen de injusticia y muerte. Sin embargo, poco se habla de las omisiones de los políticos y de los funcionarios. En este momento, sería irresponsable decir que hay voluntad manifiesta o indirecta de continuar con prácticas pasadas, pero es necesario decir que no hacer lo que se debe y se puede, no exime a la institucionalidad y partidos políticos de las responsabilidades, incluso los hace cómplices solidarios.
Las omisiones de los funcionarios públicos y de los políticos electos pesan y son decisivas para la conformación, prolongación y fortalecimiento de las estructuras criminales. Estas omisiones, voluntarias o no, son siempre recurrentes y demuestran las vulnerabilidades como Estado, ya sea por mera ineficiencia o por la ausencia de controles que continúan facilitando la infiltración de estas personas o grupos antidemocráticos. Desafortunadamente, luego de la condena de Juan Orlando, hasta este día, no hay reacción proporcional para, siquiera, intentar despojar al país de la enorme mancha negativa en la administración pública y en la historia.
En la actualidad, se tiene la idea más clara sobre cómo operan, qué hacen, cómo lo hacen y en cuáles vacíos de la ley y de la institucionalidad se infiltran más fácilmente. Sin embargo, pese a que se acercan las elecciones primarias y las generales, no existen respuestas políticas contundentes para evitar que los hechos se repitan.
Hipotéticamente, hoy, si alguien decidiera emular las prácticas de Juan Orlando Hernández, seguiría encontrando muchas de las condiciones apropiadas que le permitieron al expresidente lograr su cometido, especialmente dentro de los partidos políticos.
Eso hace que surja la pregunta: ¿cómo evitamos otros JOHs?
Sobre el contexto político y posibles reformas a la Ley Financiamiento Electoral
En este momento es innegable que el terreno político, especialmente en el Poder Legislativo, existen serias complicaciones para la aprobación de las reformas necesarias y sustanciales a la Ley Electoral, al funcionamiento de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, y en el presupuesto de los órganos electorales.
En el Congreso Nacional, muchos diputados continúan defendiendo y blindando su libertad en lo individual; están resguardando la existencia política y legal de sus instituciones políticas. Pensar en reformas legislativas, de alguna manera, puede ser tan lógico como iluso.
Las reformas electorales se convierten en este contexto, en un paso necesario para empezar a desmontar sistemáticamente las estructuras criminales que se insertan y controlan el poder dentro de los partidos. Pero ese escenario se complica porque los consensos políticos para resolver los problemas más fundamentales son muy difíciles de lograr. Sin embargo, hay mucho que aún se puede hacer.
Realidades de la Unidad de Política Limpia y de la Ley de Financiamiento Político
Desde su creación, han sido enormes los desafíos para que la Unidad de Política Limpia funcione como requiere el país. Hace unas semanas se solicitaron 124 millones de lempiras para la realización de su importante trabajo en las elecciones primarias del 2025.
Sin embargo, el presupuesto ha sido quizás su mayor obstáculo. Sin recursos es muy difícil hablar de rendición de cuentas porque la aprobación y facilitación del presupuesto necesario, a tiempo, es urgente para conocer si “se hizo lo que se debía y lo que se podía, de otra forma la responsabilidad seguirá diluida.
Sin los presupuestos que permitan la logística requerida, resulta tan tortuoso y limitado medir la voluntad gerencial e institucional y, peor aún, se corre el riesgo de que el país se hunda más en el sempiterno reformismo de cambiar cosas que quizás solo ocupaban más medios presupuestarios y no más leyes.
Es necesario resaltar que la UFTF también ha tomado decisiones muy cuestionadas, que nada tienen que ver con sus recursos, pero que van en contra de su espíritu de fiscalizar y transparentar. Un ejemplo de lo anterior, es haber pedido que se mantuvieran en secretividad los aportes privados en las campañas electorales.
Para su funcionamiento, la UFTF requiere de la cooperación obligatoria de: a) el Tribunal Superior de Cuentas, b) la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, c) la Administración Tributaria y Aduanera, d) la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, e) la Comisión Nacional de Banca y Seguros y f) el Ministerio Público.
Los partidos políticos con sus candidatos y sus candidatas, los movimientos internos de los partidos y las alianzas entre partidos, y las candidaturas independientes, son sujetos obligados. Sin embargo, más allá de eso, estos sujetos y, en particular los partidos políticos, deberían facilitar el trabajo de la UFTF mediante una relación más colaborativa, deberían avanzar hacia la transparencia proactiva.
Las buenas prácticas de los partidos políticos
Las leyes establecen un marco de regulación para los partidos políticos. Sin embargo, siempre y cuando no se violenten derechos humanos, estos entes políticos tienen la discrecionalidad necesaria para profundizar o expandir la democracia en sus instituciones, más allá de lo que la ley exige.
La Ley de Igualdad de Oportunidades, publicada en el diario oficial La Gaceta el 22 de mayo del 2000, estableció una cuota mínima del treinta por ciento (30%) de participación de las mujeres, para autoridades de partido y en candidaturas de elección popular. Años después, el Congreso Nacional aprobó una cuota de participación del cuarenta por ciento (40%) para el proceso electoral del 2013 y de un cincuenta (50%) para el 2017. Sin embargo, algunos partidos fueron más allá de la Ley y lo hicieron mucho antes.
El extinto partido Unificación Democrática (UD) estableció en sus estatutos (desde, al menos, el año 2004), el cincuenta por ciento (50%) de participación de las mujeres en los cargos de autoridades de partido y candidaturas electorales.
El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) desde su fundación en el 2012, estableció en sus estatutos, artículo 76: “la participación de las mujeres no será menor de 50%, de la misma manera la participación de los jóvenes no será menor de 25%”.
Además de ser más progresivo que la Ley, de manera novedosa, estableció una cuota del 25% para jóvenes, algo muy importante y necesario por lo que la juventud representa y por las condiciones históricas del bono demográfico que Honduras actualmente atraviesa.
Y, por su parte, el Partido Nacional, en el artículo 89 de sus estatutos, también estableció algo más limitado pero que debe resaltarse: “cuota del cincuenta por ciento (50%) para la juventud en las planillas de Comités Locales y Departamentales”.
Estos son ejemplos puntuales de cómo los partidos políticos, en el ejercicio de su democracia interna, pueden tener prácticas más representativas y participativas que las contenidas en la ley; pueden adelantarse a los tiempos y responder a las necesidades con más rapidez que la institucionalidad electoral.
Estas buenas prácticas deberían extenderse en asuntos de transparencia e ir mucho más allá de lo que la ley exige o manda.
El cambio hacia adentro es un ejemplo concreto hacia afuera.
Mucho se cuestionan los crímenes que ocurrieron durante la narcodictadura, pero muy pocas acciones contundentes se han realizado para frenar que ese escenario continúe. Honduras no puede seguir esperando más. Con o sin reformas sustanciales, los partidos políticos deberían dar directrices a sus movimientos para dar el ejemplo, para desarrollar procesos de transparencia proactiva sobre sus financiamientos, para generar una lucha contra la narcoactividad, desde el interior.
Aplicar mecanismos de denuncias, tamizajes y tachas a las precandidaturas y candidaturas sería un punto positivo para que institucionalmente puedan anticiparse a posibles acusaciones o ataques a su candidato, en las elecciones generales. Si se muestra apertura, muchas organizaciones populares, sindicales, gremiales, sociedad civil, academia, etc., podrían colaborar para socializar con la ciudadanía estos mecanismos.
Una situación es lo que la ley exige, la demanda del compromiso legal. Otra lo constituyen los estándares propios que podrían adoptar los partidos políticos, los compromisos éticos que se deben asumir. Esto constituye una forma de demostrar, con acciones sistemáticas, que realmente se ha internalizado el cambio y se institucionaliza la transparencia, más allá de las palabras. Las elecciones primarias estarán en manos de los partidos políticos, por eso es urgente que realicen una labor proactiva y que envíen un mensaje ético, porque no hay cooptación política del gobierno y del Estado, sin algún nivel de cooptación partidista.
Estas acciones serían una forma muy efectiva de colaborar con el Sistema Electoral y de demostrar que, aunque son partidos políticos, no son una maquinaria electoral limitada al voto. Esto también abre las puertas para la participación ciudadana mediante otros mecanismos, porque los partidos asumen con responsabilidad su carácter de instituciones públicas que se ponen al acceso de la ciudadanía en general.
Este tipo de actuaciones le daría vida a los principios de “máxima publicidad”, “objetividad contable”, “rendición de cuentas” y “transparencia” de la Ley, que fueron violentados por la reserva de información de los aportantes privados a las campañas políticas.
Las leyes y el sistema electoral, especialmente en cuanto a política limpia, deberían estar al servicio del pueblo para que tome decisiones, lo más informadas posible.
Una verdadera Política Limpia es someter las campañas políticas a un examen más allá del mero discurso organizacional y de propuestas políticas que no se concretan.
Las dirigencias partidarias tienen mucho por hacer. Sin embargo, cada candidatura municipal, legislativa o presidencial puede crear y hacer uso de herramientas virtuales y de comparecencias públicas, para demostrar hasta dónde llega su nivel de transparencia y de compromiso, para que la historia de infiltración de financiamientos ilícitos no se repita.
El compromiso partidario puede demostrarse, haya reformas o no de las leyes. El compromiso de los candidatos y candidatas puede demostrarse públicamente, también, sin necesidad de la venia partidista. Utópico, quizás, pero, esto necesita el país si realmente se tiene la intencionalidad personal y colectiva de desmontar la corrupción y la impunidad.
