Escrito por Gustavo Irías
16 de febrero, 2026
Descarga el análisis semanal en PDF aquí
En un contexto de intensa polarización, desconfianza e incertidumbre, la democracia electoral hondureña logró sobrevivir en los comicios de noviembre pasado, dejando atrás un sistema electoral colapsado que, sin reformas significativas, difícilmente recuperará la confianza ciudadana.
Hace varios años, Guillermo O’Donnell expresaba con mucho acierto que América Latina tiene “democracias extrañas y defectuosas, pero que sobreviven” (Democracia, agencia y Estado, 2010). Esta afirmación continúa teniendo una enorme vigencia. En el caso hondureño, considerando la histórica y crónica inestabilidad política, es a partir de 1980 hasta el presente que hemos tenido el más largo período de gobiernos surgidos del voto popular. Es decir, un total de 45 años ininterrumpidos (con la excepción de los seis meses del golpe de Estado del 28 de junio de 2009).
Pero ha sido una democracia “extraña y defectuosa”, retomando la expresión de O’Donnell. Comenzó en los años ochenta inscrita en la estrategia contrainsurgente estadounidense para Centroamérica, siendo las elecciones el lado amable en la implementación del terrible terrorismo de Estado. En los noventa, se intentó revertir la herencia autoritaria de la década anterior impulsando reformas importantes hacia la desmilitarización y fortalecimiento del Estado de derecho, pero simultáneamente se dio inicio al modelo neoliberal con un enorme costo social para los sectores pobres y de clase media. En los años dos mil creció el desencanto e insatisfacción con la democracia, expresada en el aumento del abstencionismo electoral que tenía como telón de fondo el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Hasta llegar al golpe de Estado (2009), primera asonada cívico-militar exitosa del siglo XXI en América Latina, respuesta orquestada por las élites tradicionales hondureñas a los tímidos intentos reformistas del gobierno del “poder ciudadano”.
Desde ese traumático evento político, Honduras ha vivido una larga crisis de su democracia política, expresada en la polarización, desconfianza e incertidumbre. El fraude electoral, con la excepción de las elecciones de 2021, es el fantasma que ha estado presente en todos los procesos electorales. Esto ha producido la desconsolidación de la democracia electoral, en otras palabras, su retroceso.
Las recientes elecciones de 2025 reafirman las preocupantes tendencias hacia la desconsolidación. En reiteradas ocasiones, en esa coyuntura, desde el CESPAD sostuvimos que los problemas estructurales en el conteo de los votos afectaron significativamente la credibilidad y legitimidad del proceso electoral.
¿Qué dicen los índices internacionales sobre la calidad de la democracia hondureña?
Para este artículo hemos consultado los índices de Freedom House, Economist Intelligence Unit – Democracy Index, y V-Dem (Varieties of Democracy). Aunque estos índices todavía no registran los resultados electorales de 2025, nos aproximan una mirada sobre el estado actual de la democracia hondureña. Estos se complementan con los hechos y hallazgos registrados en la contienda electoral de noviembre pasado.
Todos estos índices coinciden en que en Honduras no existe una democracia consolidada y que se ubica en una zona intermedia de régimen híbrido/parcialmente libre; las elecciones recién pasadas confirman esta clasificación. En base a Carothers (1997), Diamond (2015) y Monsiváis Carrillo (2025), los regímenes híbridos son democracias defectuosas con instituciones democráticas formales, déficits significativos en la competencia electoral, restricciones al espacio cívico (derechos y libertades) y con una transición a la democracia que no llegó a completarse. Específicamente, en Honduras, desde los noventa vivimos una larga transición a la democracia que no concluye y que mantiene abiertas múltiples crisis. En tal sentido, los riesgos hacia el retorno y/o avance hacia la autocratización del poder son permanentes.
Este conjunto de índices logra identificar, en el caso de Honduras, que sus puntos críticos son la corrupción, violencia, fragilidad institucional y falta de confianza ciudadana en los procesos electorales, a los cuales agregamos el enorme déficit de la representación política de las mujeres. Como tendencia histórica se registran los retrocesos de 2009 (golpe de Estado), 2017 (fraude electoral) y podemos agregar 2025 (proceso electoral con baja credibilidad y legitimidad).
Es preocupante constatar que asistimos a una erosión democrática, la cual es una tendencia mundial y regional. En un contexto de transición en la reconfiguración del orden mundial, en el cual la apuesta por la democracia está en franca declinación, en un mundo prácticamente sin reglas y normado por la diplomacia de la paz con “el uso de la fuerza”.
En la actual coyuntura, ¿cuáles son los retos estructurales de la democracia política?
En Honduras, bajo la forma de un régimen híbrido, continúa prevaleciendo una democracia de baja calidad que está determinada por la pervivencia del patrimonialismo o semipatrimonialismo, el cual permea la cultura política y el ejercicio de la gestión pública. Son los intereses de los caudillos y de pequeños grupos particulares los que prevalecen mediante el establecimiento de relaciones clientelares, en las cuales los recursos del Estado son utilizados en beneficio de intereses partidarios y personales. Posiblemente eso explique que, independientemente del signo político que gobierne, no se aborden los problemas estructurales que agobian a la mayoría de la población.
Además, en un contexto de extendida pobreza, las relaciones clientelares y la baja conciencia política de la población sobre los enormes fracturas de desigualdad mantienen un voto cautivo (ya sea este “duro” o “independiente”), lo que explica que candidatos y candidatas, a pesar de sus prácticas corruptas, continúen siendo favorecidos por el voto popular. En este caso, los procesos electorales no cumplen con su función democrática de rendición de cuentas y de depuración de los representantes electos y electas.
Pero también sectores sociales cada vez más crecientes, aunque sin llegar a ser la mayoría suficiente para incidir en la depuración total del sistema político, reclaman adecentar la política. Ello puede explicar que liderazgos tradicionales, desde el actual Congreso Nacional y otras instituciones del Estado, estén anunciando su compromiso en la lucha contra la corrupción, por la transparencia y por la participación de la sociedad civil, pero todavía es muy temprano para saber si son compromisos genuinos. En especial, si se tiene en cuenta la pesada herencia de corrupción de los gobiernos nacionalistas que hoy han retornado al ejercicio del gobierno.
Limitando el alcance de la democracia solamente a su dimensión política, se registran, en el actual momento, cuatro enormes retos estructurales que deberían ser asumidos por la sociedad en su conjunto. Estos son:
El primero, la corrupción. Este es uno de los problemas fundamentales del país, identificado por diferentes encuestas de opinión pública. Aunque este es un desajuste estructural con larga data histórica, el mismo se hizo más visible y comprensible a partir de las investigaciones y casos judicializados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH). Como respuesta, la élite gobernante de ese entonces, representada en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2021), instrumentó un conjunto de bloqueos para impedir tanto la acción penal del Ministerio Público como del sistema judicial. Estos bloqueos fueron denominados “pactos de impunidad”. A pesar de las promesas del gobierno de la Refundación, estos no fueron derogados en su totalidad, como tampoco logró avanzarse en la instalación de una nueva misión internacional anticorrupción (la CICIH). El andamiaje de la corrupción aún se mantiene y, para desmontarlo, se requiere de la acción y presión de las organizaciones ciudadanas. El fenómeno de la corrupción en Honduras es tan complejo que explica situaciones tan disímiles como el financiamiento ilícito de las campañas electorales, el enriquecimiento fraudulento de altos funcionarios y hasta el asesinato de liderazgos ambientalistas, tal como el caso de Bertha Cáceres y otros más.
El segundo, el clientelismo. Este es un hecho consustancial al sistema político hondureño. El ejercicio del poder nacional y local les permite a los partidos políticos el acceso a recursos públicos para mantener y conquistar clientela electoral. Los programas de subsidios sociales son la modalidad más visible y, a la vez, más descarnada, realizada por diputados y diputadas del Congreso Nacional. Es por eso que el anuncio del presidente del actual Congreso, Tomas Zambrano, que se eliminaría el Fondo Social Departamental generó comentarios positivos en varios sectores sociales y políticos. Sin embargo, días después aclaró que las subvenciones continuarían porque “es difícil quitar de la cultura política hondureña que el diputado únicamente sea visto como legislador”. El clientelismo concebido de esta manera distorsiona por completo la democracia. La exigencia de que los diputados y diputadas cumplan únicamente con su función de legislar es una legítima demanda ciudadana y un punto relevante en la agenda por democratizar el poder político. De igual manera, el ejercicio de las auditorías ciudadanas de las transferencias destinadas a los gobiernos municipales.
El tercero, la debilidad institucional. La fragilidad de las instituciones de Honduras se ha ahondado en los últimos años; su expresión más extrema lo constituyó el colapso del sistema electoral, que no fue capaz de asegurar transparencia, legalidad y legitimidad en las elecciones de noviembre pasado. De ahí la urgencia de una nueva generación de reformas electorales. No obstante, esta fragilidad se extiende al conjunto del Estado de derecho. En tal sentido, el Grupo de Expertos de la ONU sobre la instalación de la CICIH dejó varias propuestas de reformas tanto para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como para el Ministerio Público (MP). En la CSJ, la “creación de un circuito de jueces” que “tramitaría los casos de corrupción, criminalidad compleja y privación de bienes de origen ilícito”. Y en el caso del MP, la “reformulación de las agencias dedicadas al tratamiento de casos de corrupción y criminalidad compleja”. Este Grupo de Expertos también aportó una amplia agenda anticorrupción, la cual debería ser retomada en sus aspectos más significativos.
Y el cuarto, la participación política de las mujeres. A pesar de disponer de un marco jurídico que otorga la paridad total para hombres y mujeres (50%-50%), la paridad de la representación política de las mujeres en los poderes nacionales y locales está lejos de alcanzarse. En las elecciones de 2025, con respecto a las de 2021, la representación de las mujeres apenas creció en un 9%, pasando de 34 a 37 diputadas, pero del total de congresistas solo suman el 29% del total. Y en las Corporaciones Municipales se mantuvo similar a las obtenidas en 2021, es decir, apenas el 7% del total de las alcaldías son dirigidas por mujeres. Estos resultados responden a barreras culturales, partidarias y a la manera en que está diseñado el sistema electoral, entre varios factores. A la luz de la coyuntura que se está abriendo para las reformas electorales, las organizaciones de mujeres podrían posicionar reformas constitucionales y del sistema electoral.
Este conjunto de retos requiere de una amplia agenda legal de reformas, derogación y creación de nuevas leyes, siendo prioritarias las reformas electorales para edificar un nuevo sistema electoral que asegure transparencia, legitimidad y paridad de género, restituyendo la confianza ciudadana. También es urgente retomar la agenda de la lucha contra la corrupción encaminada a desmontar el andamiaje sobre el que operan las redes criminales que drenan ilícitamente a su favor y de los partidos políticos los recursos públicos. Pero esta, como las demás reformas, necesitará de la voluntad política de los actores relevantes en la toma de decisiones, así como de la propuesta y acción ciudadana.
La gestión del primer semestre del gobierno entrante será decisiva para determinar si existe en la élite política una real voluntad por este conjunto de transformaciones necesarias, para avanzar hacia una democracia de mayor calidad.