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Escrito por Gustavo Irías
31 de agosto de 2026
En los últimos días, la sequía ha adquirido un carácter alarmante a nivel nacional. No se trata únicamente de la reducción del suministro de agua potable, sino también de la pérdida de cosechas agrícolas y, por consiguiente, de la disminución de la producción nacional de alimentos. A ello se suma el incremento constante del precio de los combustibles desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el aumento de las tarifas de energía eléctrica, el encarecimiento de la canasta básica de alimentos y la pérdida del valor real de los salarios. Como si fuera poco, el gobierno de Estados Unidos ha cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), lo que se traducirá en un mayor flujo de personas deportadas.
En esta caracterización tienen un peso relevante factores internacionales como las guerras regionales en Medio Oriente y Ucrania, así como la agudización de los efectos del cambio climático, con el fenómeno de El Niño afectando con dureza a esta región del mundo. Sin desconocer, el enorme peso de los problemas sociales estructurales no resueltos. En este contexto, las interrogantes que orientan el presente análisis son las siguientes: ¿estamos ante un real deterioro de las condiciones internacionales?, ¿qué impacto tendrán estos factores sobre los endémicos problemas nacionales? y ¿cuál está siendo la capacidad del gobierno y del sistema político para gestionar esta multicrisis?
Un deterioro objetivo de la situación internacional
Históricamente, Honduras ha exhibido una economía con altos grados de dependencia de los factores externos. En la actualidad, la coyuntura internacional está marcada por la incertidumbre geopolítica, la volatilidad de la economía mundial y el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, con fuertes impactos sobre la situación nacional. De manera especial, el incremento del precio de los combustibles y de diversos insumos productivos puede llegar a tener efectos perturbadores sobre una economía altamente dependiente de las importaciones. A ello se suma el eventual impacto, en el corto y mediano plazo, sobre el flujo de remesas, que representan alrededor del 54 % del ingreso de divisas y el 27 % del PIB.
Entre las restricciones externas más significativas destacan las siguientes:
- Conflictos geopolíticos y encarecimiento de la energía y la logística internacional. La prolongación de las guerras regionales está afectando severamente la economía mundial, especialmente a través de las restricciones y los riesgos sobre las rutas marítimas, así como del incremento de los precios del petróleo, los seguros y los costos de transporte. Para Honduras, importador neto de hidrocarburos, estos aumentos repercuten rápidamente en el precio de los combustibles, el transporte, la generación eléctrica y los costos de producción, generando además mayores presiones inflacionarias.
- Incremento internacional de los precios de los alimentos y los insumos agrícolas. El encarecimiento de la energía y la logística se combina con perturbaciones en los mercados de fertilizantes, granos y otros productos agrícolas. La FAO advierte que los mercados agroalimentarios continúan expuestos a fenómenos climáticos extremos y alteraciones del comercio internacional. Para Honduras, esto significa mayores costos de fertilizantes, agroquímicos y alimentos importados, configurando un choque interconectado entre energía, agricultura y alimentos, especialmente perjudicial para los hogares de menores ingresos.
- Endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. Este constituye uno de los factores externos con mayor impacto potencial sobre Honduras. La terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y el endurecimiento de los controles migratorios aumentan la vulnerabilidad jurídica y laboral de miles de hondureños en Estados Unidos. Más allá de las deportaciones, la pérdida de empleos o permisos de trabajo podría reducir el flujo de remesas. La dependencia es elevada: en 2025, el 98.4 % de las remesas provino de Estados Unidos y estas representaron cerca del 25 % del PIB. Una reducción afectaría las reservas internacionales y, sobre todo, los ingresos y el consumo de miles de hogares.
- Cambio climático y mayor frecuencia de eventos extremos. El cambio climático profundiza las vulnerabilidades internas mediante sequías, lluvias extremas y alteraciones de los ciclos agrícolas. Honduras enfrenta así un doble riesgo: una menor producción nacional de alimentos y, simultáneamente, mayores precios de las importaciones necesarias para cubrir esos déficits. Las condiciones asociadas a El Niño y la creciente irregularidad climática refuerzan esta vulnerabilidad durante 2026 y los años siguientes.
En resumen, todos estos factores interactúan en la coyuntura nacional y aumentan la vulnerabilidad del país, especialmente la de miles de hogares en situación de pobreza y de aquellos pertenecientes a las capas medias que dependen de un ingreso mensual cuyo valor real se deteriora progresivamente.
El agravamiento de los problemas internos
Los factores internacionales anteriormente enumerados están teniendo un efecto significativo sobre el deterioro de las condiciones de vida de la población hondureña. No puede obviarse que somos una sociedad atravesada por profundas fracturas sociales y que, en este contexto, se agravan problemas históricos como las diversas desigualdades, la pobreza y la precariedad salarial, entre otros. Al mismo tiempo, emergen nuevos problemas, como la escasez hídrica, el incremento constante del precio de los combustibles y de la energía eléctrica, así como la creciente presión sobre las fuentes de empleo y los servicios públicos, especialmente los de salud, derivada del aumento de la población retornada desde Estados Unidos.
Todo ello configura una multicrisis de gran complejidad, porque se superpone a una crisis histórica y estructural frente a la cual el Estado y el sistema de partidos políticos no han logrado ofrecer respuestas. Entre los problemas internos más significativos del momento actual destacan los siguientes:
- Aumento semanal de los combustibles. Especialmente preocupante es el incremento del precio del diésel, por su fuerte efecto transmisor sobre el transporte, los alimentos y los costos agrícolas. Durante las últimas semanas registró varios aumentos y alcanzó L141.28 por galón el 24 de agosto, frente a L84.38 el 1 de febrero, lo que representa un incremento de 67.4 %. Los subsidios estatales han contenido parcialmente el impacto, pero muestran la necesidad de intervención estatal para evitar mayores efectos sobre el costo de vida.
- Incremento del precio de los alimentos y pérdida del valor real de los salarios. La inflación se ubica en 5.58 %, por encima de la meta oficial de 4 %, impulsada en parte por el aumento de los precios de alimentos esenciales como el frijol rojo, la papa, los huevos y la cebolla, así como por la dependencia de alimentos importados. Al mismo tiempo, el salario mínimo mensual promedio, de L14,917.20, apenas supera el costo de la canasta básica de alimentos, estimada en L13,110.08 para cinco personas, dejando un margen reducido para cubrir vivienda, transporte, salud, educación y otros gastos.
- Sequía hídrica: emergencia nacional. A finales de agosto, 233 municipios, equivalentes al 78.19 % del país, se encontraban bajo algún nivel de alerta por sequía. La emergencia afecta el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y, potencialmente, la generación hidroeléctrica. En el sur del país y en Tegucigalpa, las lluvias han caído a menos del 30 % de los niveles registrados en 2025, evidenciando una severa contracción de la disponibilidad hídrica.
- Incremento de las deportaciones desde Estados Unidos. Al 20 de agosto, Honduras había recibido 30,965 personas retornadas, de las cuales 27,828 fueron deportadas desde Estados Unidos. Entre enero y julio, los retornos aumentaron 41 % respecto al mismo período de 2025. Esta tendencia presiona el mercado laboral, los servicios de protección social y los municipios receptores, además de aumentar la vulnerabilidad de los hogares dependientes de remesas, aunque su impacto sobre estos ingresos podría ser gradual.
La coyuntura económica y social hondureña muestra, de esta manera, una convergencia de choques: encarecimiento del transporte y de los alimentos, una sequía de alcance nacional que erosiona la producción agropecuaria y un incremento significativo de los retornos y deportaciones desde Estados Unidos. Más que fenómenos aislados, estos procesos se retroalimentan: la sequía reduce la oferta nacional de alimentos y el empleo agrícola; los combustibles elevan los costos de producción, transporte y distribución; y las deportaciones aumentan la presión sobre un mercado laboral ya debilitado y sobre servicios públicos precarios, especialmente en educación y salud.
Las expectativas ciudadanas y las respuestas del sistema político
La situación internacional anteriormente descrita no mejorará en el corto plazo; por el contrario, podría empeorar y, con ello, profundizar el deterioro social interno. A lo largo de las últimas décadas, los problemas nacionales no han encontrado respuestas adecuadas: se han acumulado y, simultáneamente, han surgido nuevos problemas, como los señalados en este artículo. No es casual que una de las causas del estallido de la crisis de la democracia en 2009 haya sido la creciente insatisfacción de las expectativas ciudadanas frente a un sistema político sumergido en el “acuerdismo”, orientado por los intereses particulares de los caudillos políticos, pero incapaz de construir acuerdos nacionales para enfrentar las expresiones más graves de la crisis nacional.
En el presente, simultáneamente al deterioro de los factores internacionales y de la situación nacional, también ha empeorado la opinión ciudadana como expresión de insatisfacción, frustración y desesperanza. En una reciente encuesta del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), realizada en mayo de 2026, meses antes de que el deterioro social adquiriera la visibilidad actual, el 74 % de las personas consideraba que el gobierno no había obtenido ningún logro. Asimismo, el 30 % identificaba como su mayor fracaso el manejo de la situación económica y el alto costo de la vida. La gestión gubernamental recibió una calificación positiva de apenas 3.82 sobre un máximo de 10. En los cuarenta y cinco años de democracia continua del país, es la primera vez que un presidente de la República recibe una valoración tan negativa durante los primeros seis meses de su gestión.
Signos de esta insatisfacción ya fueron manifiestos en las elecciones generales de noviembre de 2025, en las cuales el abstencionismo electoral se incrementó en 7 % sin incluir a los votantes en el extranjero y en 12 % al incorporar a este sector. El sistema político se reconfiguró con la presencia dominante de los partidos tradicionales, Nacional y Liberal, que llegaron a constituir un cogobierno mediante acuerdos para la integración de la directiva del Congreso Nacional y la composición del gobierno nacional. En principio, se logró superar la parálisis legislativa derivada de la correlación de fuerzas polarizante de la administración anterior. Las mayorías simples y calificadas comenzaron a alcanzarse con gran facilidad, dando la impresión de que era posible una salida conservadora a la prolongada crisis de la democracia.
Sin embargo, la reforma de la ENEE ha vuelto a colocar en la superficie las dificultades intrínsecas del bipartidismo para construir y consensuar acuerdos programáticos de país, explicadas por la prevalencia de los intereses de los diferentes grupos de poder. Es un hecho que la élite dominante nunca ha contado, en la historia del país, con un programa de desarrollo nacional. Lo que ha prevalecido son los intereses particulares de sus diferentes facciones, que con facilidad han entregado los recursos naturales al capital extranjero y han contribuido a configurar un país profundamente desigual y dependiente. De tal manera que, si no se logran acuerdos en torno a la reforma energética, mucho más difícil será resolver problemas relacionados con la creación de oportunidades reales de empleo y prosperidad para las mayorías, así como enfrentar la sequía y el cambio climático.
De manera similar a lo ocurrido durante la pandemia y las emergencias provocadas por las tormentas Eta e Iota, el gobierno nacional está enfrentando serias dificultades para gestionar la actual crisis de sequía hídrica y pérdida de cosechas. Las respuestas han sido reactivas, tardías y caracterizadas por la descoordinación interinstitucional. Los problemas y la insatisfacción ciudadana continúan acumulándose en las regiones y territorios. Y esta grave crisis, con enormes implicaciones sociales, apenas está comenzando.
En estas circunstancias, una conclusión inevitable es que el rumbo del país continúa en disputa. Sin embargo, persiste una interrogante fundamental: ¿existen en la sociedad hondureña fuerzas políticas reales con capacidad de converger en torno a un programa de reformas sustantivas, viables y sostenibles, que permita enfrentar la enorme la crisis nacional?