Análisis Semanal
El Decreto 258-2026 y un sistema penitenciario permeado por el crimen organizado
Escrito por Claudia Mendoza
La entrada en vigencia del Decreto 258-2026, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el 3 de noviembre de 2026, dio “luz verde” a la aplicación de la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas. Los intensos operativos militares y policiales que se realizaron durante la semana, en diversos lugares de Honduras, advertían de la vigencia de esta ley, pero también de otro problema colocado en el centro del debate: la contradicción de endurecer penas sin la depuración estructural de los centros penales, que hasta ahora han operado como cuarteles del crimen organizado y centros de colusión con el Estado.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), conformado por el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, brindó ese mismo día una conferencia de prensa conjunta para anunciar una ofensiva institucional respaldada en las reformas realizadas al Código Penal y el Código Procesal Penal, que dio vida a la ley.
Y de esa forma, un día después, el 4 de noviembre comenzó la Operación Armagedón, un megaoperativo que realizó la Policía Nacional, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas en el departamento de Yoro, desplegado en el marco del Plan de Seguridad Escudo de Honduras. Las acciones se concentraron en los municipios de Victoria, Sulaco y Yorito, con el objetivo de desarticular la estructura criminal denominada el “Cartel del Diablo”. El balance de la Policía reporta que se capturó a 22 presuntos integrantes de la organización delictiva; también se efectuaron 31 allanamientos coordinados de manera simultánea y se decomisaron cuatrimotos y mototaxis que formarían parte de la logística utilizada para la distribución y venta de sustancias ilícitas. Los detenidos en el operativo fueron trasladados con un fuerte resguardo militar a San Pedro Sula, ciudad donde un juez les dictó detención judicial, remitiéndolos directamente al Centro Penitenciario de Támara, Francisco Morazán.
Mientras, el 5 de noviembre, los medios de comunicación también reportaban sobre el megaoperativo de saturación que se realizó en Comayagüela, en el cual se movilizó a unos 400 elementos de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). El operativo abarcó puntos críticos como el Mercado Zonal Belén, el Mercado San Isidro, el Mercado Las Américas, el Parque La Libertad, la Sexta Avenida y las colonias Estados Unidos y la Colonia 3 de Mayo. Con el operativo se dio captura a presuntos integrantes de estructuras criminales como la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13). También se decomisó droga, chalecos antibalas y dinero en efectivo. Las intervenciones también se han concentrado en San Pedro Sula, específicamente en los sectores Rivera Hernández y Lomas del Carmen, catalogados como puntos de mucho peligro en el Valle de Sula. En el departamento de La Paz y la zona centro-occidente también se han implementado retenes tácticos en carreteras primarias y secundarias para cortar las vías de escape de los cabecillas que huyen de las zonas urbanas.
Estos operativos y los que continuarán en los siguientes meses son parte de los «superpoderes procesales” que otorga este decreto a las fuerzas del orden: allanamientos sin orden judicial, ampliación del tiempo de detención, ampliación de la figura de legítima defensa, prohibición de la aplicación de la preliberación, pena de prisión a perpetuidad, aumento de las penas por el delito de atentado, castigo por uso de drones sobre centros penitenciarios, entre otros. El Plan de Seguridad “Escudo de Honduras” contempla tres fases operativas: intervención territorial, control territorial y estabilización territorial, dirigidas a sectores previamente identificados mediante labores de investigación e inteligencia.
La podredumbre del sistema penitenciario hondureño
Las autoridades afirman que, desde junio de 2026 a la fecha, cuando se ejecutó la primera etapa del Escudo de Honduras, se han capturado más de 300 integrantes de maras y pandillas, en especial de la MS-13, la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo. En este punto surge una preocupante interrogante: más allá de la simple capacidad logística o de espacio, ¿pueden las cárceles hondureñas, históricamente permeadas por el control de los grupos criminales, albergar una nueva masa de detenidos sin reciclar las antiquísimas dinámicas de corrupción?
Brevemente, revisemos la historia carcelaria.
| Incidente | Relación de hechos | Complicidad – colusión |
| El crimen de Magdaleno Meza (Nery Orlando Sanabria). | En octubre de 2019, Meza, procesado por narcotraficante y vinculado a las “narcolibretas” que se presentaron en los juicios en Nueva York, fue acribillado y apuñalado dentro del módulo de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. | Las cámaras de seguridad mostraron a un custodio abriendo la puerta del módulo a varios reclusos fuertemente armados que lo ejecutaron en presencia de las propias autoridades penitenciarias. |
| Sangriento amotinamiento en centro penitenciario de Tela, Atlántida. | El 21 de diciembre de 2019 ocurrió un sangriento amotinamiento y enfrentamiento vinculado con el control de la venta de drogas en el interior del penal, dejando un saldo de 18 reos muertos y 15 heridos. | Complicidad de las autoridades del centro penal para facilitar el ingreso, venta y distribución de drogas. También, la omisión intencionada de la vigilancia requerida, lo que vincula a las autoridades en la participación activa del ilícito. |
| Reyerta en centro penitenciario El Porvenir, Atlántida. | El 27 de enero de 2022 se produjo una violenta riña entre miembros de la Mara 18 y reos denominados “paisas”, la que dejó un saldo de 4 privados de libertad muertos y 11 heridos. | Una evidente colusión entre las bandas criminales y las autoridades para evitar el desarme y permitir que los reclusos tengan acceso a armas blancas, objetos contundentes, armas de fuego y drogas. |
| Tiroteos simultáneos en 4 cárceles de Honduras. | El 8 de abril de 2023 se produjeron cuatro enfrentamientos simultáneos en igual número de centros penitenciarios del país: cárcel de Támara y El Porvenir en Francisco Morazán; Ilama en Santa Bárbara y Morocelí en el Paraíso. Las reyertas dejaron un recluso muerto y siete resultaron heridos[1]. | Los cuatro amotinamientos evidencian el nivel de penetración del crimen organizado en los controles de acceso. Ni los escáneres ni la guardia perimetral evitaron el flujo continuo de armamento y municiones, lo que confirma la complicidad operativa de las autoridades penitenciarias internas. |
| Masacre en la cárcel de mujeres. | El 20 de junio de 2023 se produjo un ataque coordinado por integrantes de la pandilla 18 contra reclusas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y reclusas independientes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Este evento derivó en la matanza de 46 mujeres, muchas acribilladas y otras calcinadas en sus celdas tras un incendio provocado. | Las autoridades confirmaron que quienes propiciaron este evento, obtuvieron desde el exterior del centro penal armas de fuego: 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros), también armas de uso prohibido: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional. Este hecho desnudó la magnitud de la ingobernabilidad del sistema penitenciario. El Poder Ejecutivo ordenó suspender la gestión civil y devolver el control del INP a la PMOP. |
Fuente: elaboración propia con información sustraída de las publicaciones en medios de comunicación escritos de Honduras.
Cinco eventos con fatales consecuencias (entre muchos más que podrían documentarse), evidencian el nivel elevado de ingobernabilidad que ha perdurado durante décadas en las cárceles de Honduras, consideradas verdaderas “academias del crimen” por las propias autoridades. No menos preocupante es que a esta situación se suma el eterno hacinamiento carcelario; según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), en las 25 prisiones del país se albergan 19, 274 privados de libertad, pese a que la capacidad instalada es de 17,831 espacios[2].
El “vaivén” administrativo del Sistema Penitenciario de Honduras
Con esta problemática, Honduras ha avanzado en medio de la ausencia de una política criminal de Estado de largo aliento. Todos los gobiernos implementan “su propia receta” y han abordado las problemáticas en las cárceles con “parches coyunturales” que se han traducido en permanentes traspasos de mando entre autoridades civiles y militares, una constante que ha abonado a la consolidación de la ingobernabilidad carcelaria. Al revisarse una especie de línea de tiempo, es evidente la inestabilidad institucional y el fracaso en el manejo del sistema penitenciario hondureño. Aunque en el 2012 se creó la Ley del Sistema Penitenciario, la administración de los centros penales ha sido preocupantemente errática.
En octubre de 2019, tras el crimen de Magdaleno Meza, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, el Instituto Nacional Penitenciario anunció la intervención de las cárceles por parte de la extinta Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional de Honduras (FUSINA). Este ente fue designado para estar a cargo de la seguridad interna y externa de las prisiones para mantener el orden, seguridad y control. En diciembre de ese mismo año, el gobierno de Hernández declaró emergencia en el sistema penitenciario del país. En Consejo de Ministros se decidió intervenir por 6 meses al Instituto Nacional Penitenciario (INP) y al Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores (INAMI). También se nombró una comisión para intervenir los centros penales; la primera acción fue la suspensión del Consejo Directivo del Sistema Penitenciario, durante 6 meses.
Aparte de “normalizar el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios”, la interventora debía presentar al expresidente Hernández una propuesta integral de reestructuración, basada en la revisión del marco normativo, procedimental, administrativo y presupuestario. Esta intervención fue calificada como fallida, sin rendición de informes o propuestas que lograsen transformar de fondo el sistema penitenciario.
Xiomara Castro asumió la presidencia del país en enero de 2022. En relación con las cárceles, la primera orden adoptada a inicios de su mandato fue el traslado del control de las prisiones (estaban en manos de los militares) a la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, con el objetivo de fortalecer la Policía Penitenciaria. En abril de 2023, después de las reyertas simultáneas en 4 centros penales del país, Castro anunció una intervención para frenar el crimen organizado desde las cárceles. Para lograr ese cometido, designó a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, a la cabeza de un plan de emergencia. Sin embargo, tras la masacre en la PNFAS, en junio de ese mismo año, en la que murieron 46 reclusas, la mandataria delegó el control total a la Policía Militar del Orden Público mediante el Decreto Ejecutivo 28-2023. Este ente puso en marcha la operación “Fe y Esperanza”, realizando requisas masivas en la cárcel de Támara; La Tolva en Morocelí, El Paraíso; y en El Pozo, Ilama, Santa Bárbara.
Al igual que las estrategias del gobierno de Hernández, la que implementó la administración Castro fracasó. Los problemas estructurales continuaron sin resolverse: las prisiones hondureñas siguen operando por encima de su capacidad instalada, la corrupción institucional, que facilita el ingreso de armas de fuego, municiones, drogas y aparatos de comunicación, permanece intacta.
Asfura: la legalidad implementada versus la realidad de un sistema carcelario podrido
El Decreto 258-2026 forma parte del paquete de normativas aprobadas por el gobierno de Nasry Asfura en materia de seguridad durante el 2026, incluyendo (entre otras) la reforma al artículo 587 del Código Penal, que denomina estructuras terroristas a las maras y pandillas. En la actual administración de gobierno, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha sido la voz principal que ha hecho visible en los medios de comunicación el paquete de reformas realizadas al Código Penal y Procesal Penal, y su implementación como herramientas del Estado hondureño frente a la delincuencia organizada.
La cobertura de los medios de comunicación ha sido muy amplia, una especie de “espectáculo mediático” en el cual Zambrano exhibe las visitas a los recintos que se han preparado para albergar a los pandilleros capturados. También, a los medios de comunicación se les ha permitido el ingreso y documentación de los allanamientos de moradas, las capturas de los pandilleros, los decomisos de armas y drogas, el traslado de los integrantes de las estructuras delincuenciales hacia los módulos especiales, en particular, los que se construyeron en la cárcel de Támara.
Al estilo de las medidas implementadas por el gobierno de Nayib Bukele, en particular tras la visita del Zambrano y los integrantes de las comisiones de Seguridad, Defensa y Soberanía del Congreso Nacional hondureño, se hace alarde de las paupérrimas condiciones a las que están siendo confinados los privados de libertad: sin agua potable y alimentos suficientes, un desmedido hacinamiento, ausencia de colchonetas para dormir, el reporte de privados enfermos del estómago, entre otras situaciones que han sido cuestionadas por las organizaciones de derechos humanos.
Hasta el momento, las autoridades hondureñas analizan como una alternativa viable el aprovechamiento de la inconclusa construcción de una antigua cárcel (con un presunto avance del 75% al 80), ubicada en un terreno estatal en Naco, departamento de Santa Bárbara, para construir un centro penitenciario de máxima seguridad. Esta cárcel, que se construiría en un terreno de entre 50 y 100 manzanas, tendría capacidad para albergar a 11 mil privados de libertad y estaría finalizada en los próximos 10 meses.
En medio de opiniones divididas entre un sector que aplaude estas acciones, otro segmento poblacional no desconoce que el gobierno de Asfura heredó un sistema carcelario profundamente penetrado por el crimen organizado.
Es decir, esta estrategia punitiva se topa con situaciones enquistadas históricamente:
- El hacinamiento crónico que se ha convertido en una fábrica de delincuencia. Este es un asunto importante de resolverse porque actualmente las prisiones de Honduras operan por encima de su capacidad instalada. Meter más personas en las mismas estructuras y las mismas condiciones, anula el control de los custodios y amontona privados de libertad comunes con los de alta peligrosidad.
- La historia evidencia la colusión y cooptación del crimen organizado que persiste en las cárceles del país. En la actualidad, las órdenes de extorsión, las masacres, las transacciones de dinero, incluso los asesinatos, siguen dirigiéndose desde el exterior hacia el interior de los centros penitenciarios y viceversa. Este es un problema grave, que amerita una profunda depuración y reestructuración del personal como custodios, directores, elementos policiales y militares, entre otros. Mientras no se sanee al personal, y se facilite a las estructuras criminales la obtención de dinero ilícito, la corrupción en los anillos de seguridad internos hará que los decretos queden en papel mojado.
- Un problema de gran magnitud ha sido el ingreso constante de armas de fuego, municiones, drogas y dispositivos de comunicación que sólo es posible mediante el soborno institucionalizado de las autoridades que custodian los ingresos a los centros penales. Este aspecto también está cruzado por la necesidad de una profunda depuración del aparato de custodia y de la implementación de un plan de contingencia contra la sistémica corrupción operativa en las cárceles del país, en particular los centros de máxima seguridad.
En suma, aunque el Decreto 258-2026 dota al aparato judicial de armas punitivas sin precedentes en la historia reciente de Honduras, la falta de voluntad política y de políticas estratégicas genera una contradicción peligrosa: el Estado endurece las capturas y las penas, pero sigue enviando a los criminales a los centros carcelarios controlados por el propio crimen organizado.