Escrito por: Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
20 de mayo, 2024
El reciente informe que emitió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre Honduras expresa, entre varios aspectos más, sus preocupaciones por la persistente conflictividad ambiental y territorial, con sus implicaciones en la infracción sistemática de derechos humanos.
El informe de la CIDH coincide con el informe “Gestionar respuestas estructurales a las conflictividades sociales, el reto del gobierno de Xiomara Castro”, del CESPAD, en el que se registra la conflictividad social y política entre el mes de febrero del 2022 a diciembre del 2023, siendo la conflictividad agraria y ambiental la más destacada en ese período.
De acuerdo con este último informe, de un total de 710 acciones de protestas, 275 corresponden a conflictos en torno al ambiente, la tierra y los recursos naturales, datos que significan el 39% de las protestas. Estas protestas se focalizan en los departamentos de Francisco Morazán (centro de la toma de decisiones políticas del país), Colón, Atlántida, Yoro y Choluteca. Lo particular de esta conflictividad es que tiene un carácter disruptivo, es decir, expresa un cuestionamiento directo a la base de sustentación del actual modelo de crecimiento excluyente, que se sostiene en el acaparamiento de la tierra y de los bienes comunes de la naturaleza (recursos naturales).
En tal sentido, es notable el reconocimiento de la CIDH sobre que está conflictividad tiene su raíz en profundas e históricas desigualdades estructurales “como la distribución inequitativa de la tierra y los recursos”, pero también en “las debilidades de la institucionalidad encargada del registro y titulación de tierras, la corrupción, irregularidades en la autorización y concesión de proyectos de desarrollo, así como una falta de respuesta efectiva de las autoridades”, (CIDH, párrafo 132).
Igualmente, es relevante que la CIDH identifique a la vigencia de un modelo económico extractivo como la causa más profunda de esta conflictividad que “ha consolidado la concentración de riqueza para una minoría de la población y ha afectado a la capacidad del Estado para avanzar en una justicia redistributiva que mejore la vida de las comunidades afectadas”, (CIDH, párrafo 133). A esta situación se le suma el agravante de que el Estado no ha asegurado el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la consulta previa, libre e informada sobre los “proyectos de desarrollo” que se han instalado en sus territorios y en caso de que se hayan realizado, se han convertido en “un mero requisito, y no como un aspecto sustancial”, (CIDH, párrafo 261).
Esto explica la violencia con la que, a lo largo de la historia, han sido enfrentadas estas protestas (en la forma de recuperaciones de tierra) por el Estado y el sector privado, dando lugar a un patrón de infracción de los derechos humanos expresado en la criminalización, judicialización y asesinatos del liderazgo social. Al respecto, es importante agregar las reformas al Código Penal y Procesal Penal, en especial las contenidas en el Decreto 93-2021, que agrava el delito de usurpación y facilita los llamados “desalojos preventivos” sin considerar las argumentaciones jurídicas e históricas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
En este preocupante contexto, la Comisión llama la atención sobre la urgencia para que el Estado hondureño ratifique “los tratados de derechos humanos y ambientales que brinden mayores protecciones a las personas defensoras de derechos, de manera particular los defensores de la tierra, el territorio y el ambiente” (CIDH, párrafo 271), englobados en el Acuerdo de Escazú.
No obstante lo anterior, es necesario reconocer que el actual gobierno ha realizado esfuerzos para modificar el tradicional enfoque de abordaje de esta conflictividad, tratando de priorizar la búsqueda de salidas pacíficas y negociadas. Sin embargo, el tradicional patrón de violación de los derechos humanos ha persistido.
En tal sentido, son altamente preocupantes los datos proporcionados por el último informe (2023) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el que se registraron “al menos 363 ataques contra 453 víctimas que incluyen tanto individuos como organizaciones, de los cuales 308 se dedican a la defensa de los derechos humanos”. De ese total, el “54.1% de los ataques corresponden a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente”. En este escenario, la CIDH ha expresado su seria inquietud acerca de la información recibida “sobre la presunta contratación de grupos paramilitares por parte de empresas privadas”, (CIDH, párrafo 136).
Continuidad y cambio
Con las evidencias disponibles, es innegable que el patrón de infracción a los derechos humanos de defensores y defensoras del ambiente, tierra y territorio han persistido en esta administración gubernamental.
Aun así, es necesario reconocer la implementación de un conjunto de medidas con las cuales el actual gobierno ha intentado tomar distancia del anterior régimen autoritario y aproximarse a dar respuestas a las demandas del movimiento campesino e indígena. Este es un aspecto reconocido en sus rasgos generales por la CIDH, por eso en este corto artículo enlistamos las acciones adoptadas, algunas de ellas mencionadas en el informe de la Comisión y otras no.
A continuación, estas acciones:
- Suscripción de un acuerdo entre el gobierno central, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), para gestionar una salida pacífica al largo y sangriento conflicto en el Bajo Aguán (22 de enero de 2022).
- Derogación de los artículos constitucionales para el funcionamiento de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), así como de su ley orgánica y demás instrumentos legales para su funcionamiento. Sin embargo, las reformas constitucionales aún requieren la ratificación por el Congreso Nacional para que entren en vigor, (2022).
- Emisión de la declaratoria de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), de Honduras como país “libre de minería a cielo abierto”, (2022).
- Conformación de la Mesa para la solución del largo conflicto de tierras en la península de Zacate Grande (ADEPZA), con el rol activo del Instituto de la Propiedad -IP-, (2023-2024).
- Constitución de la Comisión de Alto Nivel entre el gobierno y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), para asegurar el cumplimiento, por parte del Estado hondureño, de las sentencias de la Corte-IDH (en los casos de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan), (2024).
- Derogación, por el Congreso Nacional, del Decreto 252-2013 que redujo 217.34 hectáreas de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, un aspecto que ha sido la causa del largo conflicto en la zona de Guapinol-San Pedro, (2024).
- Reiniciación del proceso de titulación de tierras de los grupos beneficiados con la reforma agraria (este proceso fue descontinuado por los gobiernos del post golpe de Estado), (2023-2024).
- Comunicación inicial del Poder Judicial (CSJ), sobre el avance hacia la constitución de la jurisdicción nacional especial de tierras, territorio y medio ambiente, con el apoyo técnico de la OACNUDH, que tendrá presencia en por al menos tres regiones del país (se incluye la creación de una corte de apelaciones), (2024).
- Recuperación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), mediante el incremento de su presupuesto, (2022).
Pero, a pesar de todas las medidas anteriores, las reformas sustantivas y las soluciones a la grave conflictividad del ambiente, tierra y territorio avanzan pausadamente. Pareciera que están muy marcadas por la débil voluntad política, al menos de un sector del gobierno con el poder de obstaculizar los cambios. En realidad, si se valoran, en su conjunto, las medidas anteriores, en la mayoría han faltado las necesarias capacidades técnicas, la coordinación interinstitucional y el presupuesto necesario, sin desconocer la existencia de bloqueos mayores como el poder de facto de la élite tradicional y la existencia de una correlación de fuerzas, en el Congreso Nacional, muy desventajosa para el partido de gobierno.
A mediados del año pasado (6 de junio), en cadena nacional, la presidenta Xiomara Castro anunció la creación de la “Comisión de Seguridad y Acceso a la Tierra”, creándose la expectativa de que este anuncio podría ser un punto de inflexión en el abordaje del complejo problema agrario en el país. Era el anuncio de una mezcla de medidas que incluían los desalojos por la fuerza, de algunos predios agrarios en posesión de organizaciones campesinas (respondiendo a la presión de los gremios empresariales), pero también consideraba la realización de reformas para asegurar el acceso a la tierra a las grandes mayorías rurales desposeídas, al extremo de reconocer que la reforma agraria continuaba siendo una tarea pendiente. Pero, en concreto, lo que se posicionó fue la reforma de la Ley de Modernización Agrícola (artículo 51) para que se “castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva (de la tierra) y de los bosques”, y la Ley la conciliación de justiprecios pendientes de pagos del decreto 18-2008.
No obstante, después de 10 meses de la cadena nacional, las reformas siguen ausentes (no se conocen propuestas y no hay noticias sobre que estas propuestas pudieran estar en la fase de dictámenes en el Congreso Nacional). Lo que sí han sido efectivos son los desalojos, considerados por las organizaciones campesinas afectadas como violentos y alejados de los estándares internacionales de los derechos humanos. Según la base de datos del CESPAD, de junio del año pasado al presente, se han realizado 27 desalojos violentos.
El informe de la CIDH una oportunidad para concretar las reformas y un cambio de rumbo
Considerando las reflexiones anteriores, el informe de la CIDH podría oxigenar el ambiente hacia las reformas agrarias y ambientales, comprometidas por el actual gobierno en el “Programa Bicentenario” y, de esta manera, realizar un viraje en el curso vacilante hasta ahora seguido. El amplio informe de la CIDH nos sugiere, al menos, tres grandes áreas de actuación:
La primera, la adopción de “medidas efectivas e integrales, con un enfoque en derechos humanos” encaminada a resolver las principales conflictividades:
- En el Bajo Aguán (en torno al asunto de la propiedad de las tierras de la reforma agraria y resolver la deuda de impunidad).
- En Guapinol Guapinol (en relación con las concesiones mineras).
- En los territorios garífunas ( el cumplimiento de las sentencias de la Corte-IDH a favor de la OFRANEH: saneamiento de tierras, acceso a la justicia y asumir la deuda social histórica del Estado hondureño con el pueblo garífuna).
- En la Península de Zacate Grande (ADEPZA), (legalización de las tierras en disputa a favor de las comunidades con derechos históricos).
- Igualmente, respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y afrodescendientes “sobre medidas legislativas y administrativas, proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales susceptibles de afectar”, (CIDH).
La segunda, la realización de adecuaciones institucionales.
- Elevar a rango ministerial al Instituto Nacional Agrario (INA) y dotarlo de mayor presupuesto para que cumpla con su mandato de organismo rector de la política agraria del país.
- Continuar con el proceso de creación de la jurisdicción nacional especial de tierras, territorio y medio ambiente (Poder Judicial).
- “Fortalecer la Mesa Nacional Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictos Sociales”, (CIDH).
Y, la tercera, la aprobación en el Congreso Nacional de reformas legislativas.
- La reforma del artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola que castigue la ociosidad de la tierra.
- La Ley de la conciliación de justiprecios pendientes de pagos del decreto 18-2008.
- La ratificación del Acuerdo de Escazú.
- “Revisar y ajustar las figuras penales contenidas en el Código Penal vigente en Honduras que son comúnmente utilizadas para criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos”, CIDH. Al respecto, una reforma urgente es la del delito de usurpación contenido en el Decreto 93-2021).
- “Adoptar un marco legislativo concreto para la delimitación, demarcación, titulación y saneamiento de tierras y territorios colectivos de pueblos indígenas y afro-hondureños, que contenga medidas de protección frente a las acciones de terceros que puedan impactar sus tierras, territorios y recursos naturales”, (CIDH).
