Escrito por René Estrada
A inicios del mes de diciembre, el Canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, anunció que el Memorándum para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) se renovó hasta junio de 2025. De esa forma se le dio vida, por otros seis meses, al proceso de instalación del mecanismo anticorrupción.
En sus declaraciones, Reina aseveró que la esperanza es culminar las negociaciones antes de junio. Sin embargo, desde la firma del primer memorándum en diciembre de 2022, son pocos los avances que, al menos públicamente, se conocen. Por eso, en este escrito, se hará una valoración de los periodos en los que el Memorándum ha sido renovado, tomando en cuenta las decisiones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y se analizará si es posible lograr una CICIH durante el año electoral.
¿Cómo llegamos al Memorándum de Entendimiento?
Para recapitular, el proceso de instalación de la CICIH comenzó, oficialmente, desde febrero de 2022, cuando el gobierno de Honduras envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas solicitando su apoyo para un mecanismo internacional anticorrupción en el país. Después de unos meses, la ONU respondió enviando un equipo de expertos que realizó una primera evaluación.
En julio de 2022, a través de una filtración en medios de comunicación, se conoció que había un borrador de Memorándum de Entendimiento que detalla los compromisos que ambas partes asumirán en el marco del proceso de instalación. Sin embargo, fue hasta diciembre del mismo año que se logró la firma del documento. Desde entonces, este ha sido renovado tres veces.
Con la firma del Memorándum, se hizo público que ambas partes ven el proceso de instalación en fases, que hay condiciones mínimas a cumplir, particularmente con la derogación de decretos que limitan la acción penal en contra de redes de corrupción; y que se necesitará de reformas estructurales al sistema de justicia.
De la firma a la cuarta renovación
A continuación, se analizan cronológicamente las renovaciones del Memorándum de Entendimiento, enfatizando en los hechos más relevantes para el cumplimiento de las condiciones mínimas y los obstáculos enfrentados.
1.Diciembre 2022 a junio 2023
El 15 de diciembre del 2022, la presidenta Xiomara Castro anunció que su gobierno y la ONU llegaron a un acuerdo para iniciar con la instalación del Mecanismo Internacional Anticorrupción. Con esta acción, comenzó oficialmente la primera fase del proceso, es decir, la creación de los cimientos necesarios para el establecimiento del Mecanismo, como la evaluación por parte de un equipo de expertos y las reformas a los marcos normativos.
En este periodo, a nivel de contexto, el acontecimiento más importante fue la elección de los quince magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030. Pero, en el marco de la instalación de la CICIH, es importante recordar que durante las negociaciones entre los partidos políticos mayoritarios (Libre, Nacional y Liberal) se firmó un acuerdo especial para la repartición del Poder Judicial, que establecía que se daría discusión a la reforma constitucional propuesta por el oficialismo que implicaba modificar el artículo 232 constitucional.
A nivel de cumplimiento del Memorándum, en este período el gobierno firmó los términos de referencia para la contratación del equipo de expertos y Cancillería aceptó que la responsabilidad de cumplir con la primera fase estaba en el Congreso Naciona.
2. Junio 2023 a diciembre 2023
El 15 de junio se renovó por primera vez el Memorándum de Entendimiento, extendiendo por seis meses más el proceso. En este periodo, llegó al país una misión de expertos que evaluó las condiciones necesarias para la instalación del Mecanismo. Esta misión entregó un informe de recomendaciones en diciembre. Sin embargo, cabe aclarar que, hasta la fecha de redacción de este escrito, ese documento no ha sido publicado por el gobierno de Honduras.
Por otro lado, a nivel de creación de las condiciones mínimas este fue el periodo con los avances más sustanciales. El 12 de julio, el Congreso Nacional derogó el decreto 57-2020, considerado un pacto de impunidad porque impedía el secuestro de documentos por parte del Ministerio Público (MP) en casos de corrupción, y reformó el artículo 93-2021 que reformaba el Código Penal y la Ley de Lavado de Activos en beneficio de las redes de corrupción. Asimismo, el 2 de agosto se derogó el decreto 116-2019, que limitaba la acción penal del MP y se la trasladaba al Tribunal Superior de Cuentas para la fiscalización de fondos no liquidados por congresistas.
A nivel de contexto, este periodo estuvo marcado por fuertes discusiones en lo interno del Congreso Nacional debido a la falta de acuerdos para la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto del MP, una situación que generó una parálisis legislativa de varios meses. A raíz de la crisis, se convocó la Comisión Permanente en el Congreso Nacional y se nombró a las nuevas autoridades de la fiscalía de manera interina. Esto generó que durante más de cuatro meses, no se aprobará ninguna ley en beneficio de la Comisión Internacional Anticorrupción.
Además, a nivel de negociación, en el marco de la Asamblea General de la ONU, el gobierno de Honduras entregó al Secretario General Antonio Guterres la primera propuesta de convenio final para la instalación del Mecanismo.
3. Diciembre 2023 a junio 2024
El 18 de junio de 2023, el Canciller Reina anunció que se renovaba la firma del Memorándum. En consecuencia, días después, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó una resolución para otorgarle a Guterres, el apoyo para continuar con las negociaciones y continuar apoyando el proceso para la instalación de la Comisión Internacional en el país.
A nivel de negociación, se nombró la Comisión Negociadora para el convenio final de la CICIH, integrado por Enrique Reina, Canciller de la República, Rixi Moncada, actual Ministra de Defensa, Manuel Díaz, procurador de la República, y Mayra Mejía, ex Ministra de Trabajo, que realizó una primera reunión con la ONU en el cual se definió una ruta de trabajo.
En términos de país, se resolvió la parálisis legislativa y se oficializó el nombramiento del fiscal general. Por otro lado, la congresista Xiomara Zelaya presentó una nueva “Ley CICIH”, que estipula la creación de la figura de querellante autónomo y un periodo de trabajo para la Comisión de apenas cinco años.
4. Junio 2024 a diciembre 2024
El 14 de junio se anunció que el Memorándum de Entendimiento fue renovado por tercera vez. Asimismo, la ONU realizó y entregó sus comentarios y observaciones al primer borrador de convenio propuesto por Honduras.
En el Congreso Nacional, la iniciativa de ley para elevar a rango constitucional la CICIH no fue aprobada. Por otro lado, la presidenta Castro ordenó la desclasificación del convenio presentado ante Naciones Unidas, pero este aún no es público. Sin embargo, la ONU aceptó la desclasificación del informe de recomendaciones realizado por sus expertos, pero como se mencionó anteriormente, este también sigue sin ser público.
A nivel de negociaciones, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno de Honduras entregó una segunda propuesta de convenio final. Asimismo, se realizó otra reunión entre la Comisión Negociadora y la ONU para avanzar en las negociaciones.
5. Diciembre 2024 a junio 2025
A partir del 3 de diciembre se extendió por seis meses más el proceso de instalación de la CICIH. Sin embargo, preocupa que las negociaciones continúen en el marco de los procesos electorales del año 2025.
La última extensión previo a elecciones
Considerando los pocos avances obtenidos desde la firma del Memorándum, se puede concluir que esta nueva extensión aumenta la presión en el partido oficialista para cumplir con su promesa de instalación de la CICIH, especialmente porque el proceso electoral ha comenzado y persiste, entre otros, un gran obstáculo que el gobierno no ha podido superar y que podría representar el mayor costo político: el incumplimiento de las condiciones mínimas para la instalación del mecanismo anticorrupción.
Si bien, el actual Congreso Nacional, presidido por el partido oficialista, ha cumplido con la derogación de cuatro pactos de impunidad (uno previo a la firma del Memorándum y tres en el marco del proceso), todavía hay reformas pendientes que han tomado una fuerte relevancia en el debate público como la inmunidad parlamentaria, el proceso especial de juzgamiento para altos funcionarios públicos y el Código Penal, que son claves para la instalación de la CICIH y la lucha contra la corrupción en general.
Sumado a lo anterior, el actual gobierno ha enfrentado una fuerte campaña de desprestigio por parte de las fuerzas opositoras, la que ha tenido algún nivel de éxito debido a la alta opacidad, causada por la falta de información, que ha caracterizado el proceso. Ante esto, es importante citar algunas acciones particulares como la no divulgación del informe de recomendaciones de los expertos de la ONU y la falta de socialización del alcance del convenio final.
Considerando que esta será la última extensión del Memorándum previo a que las y los hondureños asistan a las elecciones generales de noviembre de 2025, estos seis meses son cruciales para el futuro del partido oficialista. De no cumplir con la firma del convenio final en este periodo, la CICIH será nuevamente una promesa electoral que tendrá un impacto fuerte en la precandidata presidencial oficialista, en caso de convertirse en candidata, por el hecho de que además de seguir la línea de partido, ella y su primer delegado presidencial forman parte de la Comisión Negociadora.
Pero, por otro lado, sería iluso creer que la no instalación de la CICIH, previo a las elecciones generales, representaría un beneficio para los partidos opositores, particularmente para el Partido Nacional. Partiendo de las lecciones aprendidas en los comicios generales de 2021, se puede destacar que las decisiones tomadas en lo interno del Congreso Nacional tienen mucha relevancia para los votantes por lo que, más allá de si la reforma constitucional era necesaria o no, la narrativa de que el Partido Nacional votó en contra del Mecanismo Anticorrupción puede llegar a tener un impacto negativo en su contra.
Sin duda, los próximos seis meses son cruciales para la instalación del Mecanismo Anticorrupción Internacional y para definir el futuro electoral de los partidos políticos mayoritarios, particularmente del oficialismo. Por eso, en el Congreso Nacional se debe priorizar el cumplimiento de las condiciones mínimas o al menos la aprobación de la Ley Especial CICIH, el Poder Ejecutivo debe abrir los espacios de participación ciudadana y, paralelamente, garantizar el acceso a la información, y firmar cuanto antes el convenio final.
