Escrito por: Gustavo Irías
2 de febrero de 2026
Con la bendición de las iglesias, tanto la católica como la evangélica, con el telón de fondo de la bandera internacional Pro Vida y la ausencia de dignatarios internacionales, Nary Asfura tomó posesión de su cargo como presidente de la República, dejando atrás un ciclo electoral complejo, con altos grados de polarización y marcado por numerosas irregularidades que, sin duda, marcan el inicio de este gobierno con bajos niveles de legitimidad de origen.
La alternancia se ha producido de manera pacífica, sin mayores alteraciones y con el ceremonial, formalidades y rituales de viejos conocedores del ejercicio del poder. El nuevo gabinete de gobierno, aún en proceso de selección, no ha sorprendido en su composición: viejos funcionarios con experiencia gubernamental, varios de ellos provenientes de las administraciones de JOH, otros más jóvenes procedentes de puestos prominentes dentro del partido de gobierno. Por otro lado, en las redes sociales han comenzado las denuncias de la conformación de redes de nepotismo, sin que hayan tenido aún eco en los grandes medios de comunicación.
En este artículo pretendemos responder a un par de interrogantes que son obligatorias en este momento: ¿A qué intereses va a responder esta nueva administración? y ¿Cuáles son las características que van delineando el carácter y la orientación de su gestión?
Y mucho más allá de los discursos oficiales o suposiciones nuestras, son los hechos políticos, las decisiones sobre políticas públicas y acuerdos ejecutivos los que aportan el material necesario para determinar el curso de la acción gubernamental y derivar las tendencias que se van dibujando.
El rol geopolítico de Honduras
La presidencia de Asfura comenzó días antes de su juramentación, mediante una gira internacional a los EE. UU. e Israel entre el 14 y 17 de enero. En los EE. UU., en reuniones separadas, se encontró con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en la cual anunciaron trabajar por un nuevo marco de cooperación bilateral. Hay que tener presente que, según D. Trump, “la única opción” para trabajar con Honduras era la elección presidencial de Asfura. Antes de las elecciones de noviembre, Honduras era una pieza incómoda en el llamado “triángulo norte” en el plan y proceso en curso del gobierno estadounidense por retomar la hegemonía política perdida en una porción del subcontinente.
Por su parte, en Israel, Asfura se reunió en la disputada ciudad sagrada de Jerusalén con Benjamín Netanyahu, primer ministro; Isaac Herzog, presidente; y el canciller Gideon Saar. Los funcionarios israelíes abogaron por el “retorno” de Honduras como un cercano aliado de Israel. Pocos días después, en Tegucigalpa, Nadav Goren presentó sus cartas credenciales, acto retenido por más de un año por el anterior gobierno. En ese acto, Goren expresó que su oficialización como embajador abre “un nuevo capítulo” en las relaciones entre Israel y Honduras, anunciando la cooperación en “sectores estratégicos como la agricultura, la gestión hídrica, la tecnología, la innovación y la seguridad”.
A diferencia del gobierno saliente de Xiomara Castro, en base a estos hechos políticos, se puede sustentar que la política exterior de Asfura se centrará en sus relaciones con los Estados Unidos e Israel y, en clave geopolítica, Honduras, con su posición geográfica privilegiada en América Latina, desempeñará un rol a favor de estas dos potencias en la actual disputa geopolítica mundial que involucra el reordenamiento de las fuerzas políticas en la región, la guerra comercial con China y los conflictos en Ucrania y el Medio Oriente. Así como la política antimigrante en los Estados Unidos y la búsqueda del posicionamiento (a manera de “vitrina”) de un modelo de sociedad libertaria, tal como es el proyecto de las ZEDE hondureñas.
Todavía no es posible determinar cuál será el rol preciso de Honduras en esta estrategia global, más allá del modelo de las ZEDE, pero es suficientemente claro su reposicionamiento en las relaciones internacionales.
Las principales decisiones de los primeros días de gobierno
Estas han sido decisiones adoptadas tanto por el Congreso Nacional recién instalado como por el presidente Asfura. Las más significativas, y que nos aportan elementos para entender hacia dónde apunta la actual administración, son las siguientes:
- Extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT)
Este tema estaba en la agenda del anterior Congreso que, en el marco de la crisis electoral, no volvió a reunirse desde finales de octubre. Pero también es parte del debate de la fallida Ley de Justicia Tributaria, enfocada en modificar la política estatal sobre las exoneraciones fiscales a empresas. El RIT es un régimen fiscal que exonera del pago de impuestos a empresas para estimular la producción nacional para la exportación en varios rubros (camarón, melón, banano, aceite de palma y otros). Documentos no publicados del FMI han cuestionado el RIT porque un porcentaje de las 125 empresas beneficiadas no generan la cantidad de empleo y exportaciones comprometidas. Situación que crea una competencia desleal, afectando a las empresas nacionales que no forman parte del RIT y se dedican a las mismas actividades. En este marco, el mensaje de la extensión de este régimen (por 5 años), sin ningún cambio en la normativa, es claro para el sector privado: las exoneraciones fiscales continuarán y debe alejarse el temor de cualquier tipo de reforma. - Solicitud de reincorporación al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
El primer documento firmado por Asfura en el escritorio presidencial fue la carta enviada a Martina Polasek, secretaria general del CIADI, con vistas a iniciar el proceso de reincorporación de Honduras a ese centro de arbitraje internacional de las disputas entre los Estados nacionales y las empresas extranjeras. El gobierno de LIBRE se retiró de este organismo en marzo de 2024, aduciendo menosprecio a la soberanía nacional, en tanto no respeta el agotamiento previo de una causa en instancias jurídicas nacionales. No obstante, esta fue una decisión simbólica, pues todo Estado parte, aunque renuncie a este centro de arbitraje, está obligado a cumplir con sus resoluciones. Lo relevante de este reingreso es que abre la puerta a las tres ZEDE instaladas en el país (Próspera, Orquídea y Morazán) y al capital transnacional y nacional vinculado a estas empresas para resolver favorablemente su demanda de operar bajo el marco jurídico originalmente adoptado de ciudades modelo (sin ninguna injerencia estatal), antes de su derogación por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). - La gerencia directa de la presidencia de la República de la Secretaría de Salud
Esta determinación, por novedosa, ha sorprendido a diversos sectores sociales. La justificación presidencial es que se trata de enfrentar una emergencia sanitaria y, ciertamente, el sector salud presenta una multicrisis desde la pandemia, expresada en la mora quirúrgica, escasez de medicamentos y déficit de equipo. Una primera medida ha sido la de asegurar la distribución gratuita de medicamentos, comenzando por la zona sur, mediante la transferencia vía contrato de 1,000 millones de lempiras anuales a la Fundación para el Desarrollo del Sur (el brazo social de la industria del cultivo de camarón) y la Fundación Medicina para Todas las Personas (MAP International).
Este es un claro indicio de la intención de avanzar hacia un modelo de privatización del sector salud (en un esquema mixto: público-privado) que estaba contenido en la Ley Marco del Sistema de Protección Social en Honduras (Decreto 56-2015), la cual fue declarada inconstitucional en todas sus partes por la Corte Suprema de Justicia el 6 de abril de 2022. Además, es de recordar las masivas protestas de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación, de 2019 y 2020, en contra de este marco jurídico. La medida planteada por Asfura podrá resolver con éxito, a corto plazo, el desabastecimiento de medicamentos, pero un enfoque de privatización a mediano y largo plazo ahondará la desigualdad e incrementará los costos de salud para la población más pobre y de las clases medias.
- La venta del avión presidencial
Se trata del avión Embraer Legacy 600, adquirido a un costo aproximado de 14 millones de dólares en el primer gobierno de Juan Orlando Hernández en 2014. Una investigación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC, 2025) determinó el incumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, malversación de recursos públicos, irregularidades y traslape de facturas, y el no registro dentro de los activos del Estado. A todo ello, se agrega la existencia de un requerimiento del Ministerio Público. Esta venta fue una promesa incumplida de la presidenta Castro, principalmente debido a las dificultades anteriores, según voceros de su gobierno. Así que su venta podría ser nuevamente una promesa incumplida, pero esta vez por el gobierno actual. Habría que establecer si esta iniciativa es una simple revancha contra el gobierno de LIBRE o indica una mínima voluntad de luchar contra la corrupción, en un intento por desmontar el pasado de las administraciones nacionalistas marcadas por múltiples casos de macro corrupción. Desde el Congreso Nacional ha habido algunas manifestaciones positivas, como el anuncio de la posible derogación del Fondo Departamental, pero es muy temprano para establecer una tendencia en este relevante tema que, a la vez, es una fuente de permanente frustración del conjunto de la sociedad hondureña.
Por otro lado, contrario a los mensajes de la campaña electoral, la administración Asfura ha determinado continuar con los subsidios a la energía eléctrica, a los combustibles y al gas LPG hasta el 30 de abril. Seguramente se ha valorado el costo social de su supresión, en especial de la energía eléctrica, que beneficia a más de 900,000 hogares con consumo igual o inferior a 150 KW. Y están dejando la posibilidad de su continuidad en dependencia de la revisión del acuerdo existente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se realizará en el próximo mes de abril.
Los intereses geopolíticos, del sector privado y de los fundamentalismos religiosos
De las consideraciones anteriores, se desprende que la nueva administración representa una reconfiguración de la política exterior e interna de Honduras, insertándose en la tendencia mundial y regional de posicionar un enfoque neoconservador y libertario y de restauración del orden tradicional. Hasta este momento, las tendencias más relevantes son las que mencionamos a continuación:
- Integrarse y ser parte de las estrategias de los gobiernos de los Estados Unidos e Israel en el establecimiento de un nuevo orden internacional sin reglas y, más que todo, sustentado en la denominada diplomacia de la paz en “base a la fuerza”.
- Privilegiar los intereses del capital transnacional y del gran capital privado nacional, por el momento expresado en la ratificación de la política de las exoneraciones fiscales existente desde hace varias décadas, la anuencia a participar en un centro de litigio internacional (CIADI) para resolver las diferencias con las ZEDE ya establecidas y el inicio del proceso de privatización del sector salud con la participación activa de fundaciones pertenecientes a poderosos empresarios de la exportación.
- Colocar en primer plano la familia (hombre, mujer e hijos), abandonando la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, identificada despectivamente como “ideología de género”. Esto implica un rol protagónico para las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil religiosas. A su vez, coloca en riesgo la agenda de las mujeres, particularmente en sus derechos reproductivos (esto también impacta a la niñez y juventudes). Tanto los discursos oficiales del Congreso Nacional como de la presidencia de la República han estado signados por este enfoque.
Lo aseverado es consistente con los actores que han hecho posible esta reconfiguración: la administración Trump apoyando la candidatura de Asfura; el gran sector privado, con una permanente narrativa de miedo para defender sus privilegios, siempre opuesto a mínimas transformaciones sociales; y las iglesias, aportando su numerosa base social que fue evidente en la marcha del mes de agosto del año pasado (“caminata de oración”), la cual desempeñó un papel notable en la definición de la correlación de fuerzas en la contienda electoral de noviembre.
Queda por determinar de qué manera la actual administración nacionalista va invalidar las sentencias de la CSJ sobre la inconstitucionalidad de las ZEDE y del marco jurídico para la privatización del sector salud.
Estamos ante un proceso de reconfiguración y acomodamiento de las fuerzas políticas que involucra a los principales poderes del Estado: el Ejecutivo, el Congreso Nacional, la CSJ y el Ministerio Público. Asimismo, habrá que estar pendiente sobre cuál será el posicionamiento y rearticulación “desde abajo” de las fuerzas sociales con sus demandas históricas permanentemente postergadas.