Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD Descargue PDF aquí
17 de junio, 2024
La instalación de una nueva Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) es un tema que polariza a Honduras, en un contexto político marcado por las campañas electorales prematuras, con vistas a la realización de las elecciones primarias y generales del 2025. Para algunos sectores la “CICIH nunca llegará”, pero para otros aún es posible negociar y firmar el convenio, dejando a la próxima administración gubernamental la operación de la misión internacional.
En tal sentido, la nueva extensión del Memorándum de Entendimiento del 15 de junio al 15 de diciembre de este año, en términos de tiempo político, habilita lo que podría ser el último espacio en la negociación y suscripción del acuerdo para la instalación de la CICIH. Si este acuerdo no se produce en la fecha tope establecida, nos enfrentaremos a un escenario de incumplimiento de una de las principales promesas electorales del partido político en el gobierno.
Según nuestro entender, este ha sido un proceso difícil y complejo caracterizado por los factores siguientes:
El primero, las diferencias y ausencia de consensos básicos entre el gobierno hondureño y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en torno a las reformas legales necesarias para la instalación del nuevo mecanismo internacional; las facultades de las que dispondrá para ejercer la acción penal; el origen y la composición del financiamiento para su operación, y las formas del nombramiento de los funcionarios internacionales y nacionales.
El segundo, la adversa correlación de fuerzas en el Congreso Nacional para la derogación y aprobación de reformas legales anticorrupción. Es importante señalar que la voluntad política de los y las congresistas para acompañar y comprometerse con una agenda anticorrupción es débil, incluso de un sector del partido de gobierno. Aun así, se ha avanzado en la derogación de tres mecanismos legales heredados de la gestión autoritaria y corrupta de Juan Orlando Hernández (JOH) que impedían la acción penal del Ministerio Público (Decreto 116-2019, Decreto 57-2020 y el Decreto 93-2021).
Adicionalmente, la opacidad del proceso y la ausencia de canales de interlocución entre el gobierno y las organizaciones ciudadanas han generado cuestionamientos desde los sectores sociales y políticos de diverso signo, acerca del real compromiso gubernamental con el proceso de instalación de la CICIH. Esto le ha restado credibilidad al gobierno, al grado que en una reciente encuesta de opinión pública el 55.8% de la población piensa que la CICIH no llegará a instalarse (ERIC, Sondeo de Opinión Pública, 2024). Y es que este tipo de procesos requiere de un fuerte respaldo y confianza política de la ciudadanía. Aún más si tenemos presente que la demanda de la CICIH nació en las calles, en las marchas de las antorchas en el 2015, y que fue refrendada en el proceso electoral de noviembre del 2021.
Desafíos principales
A partir de las consideraciones anteriores, en esta última fase de extensión del Memorándum los principales desafíos del gobierno, serían: i) Asegurar las reformas legislativas, ii) garantizar la firma del convenio con respaldo político y, iii) abrir los espacios a la participación ciudadana.
- Asegurar las reformas legislativas
Este es un punto clave en la arquitectura del Memorándum, en el entendido que para la instalación y operación de la CICIH es esencial la creación de condiciones básicas (entiéndase reformas legales), sustentadas en el hecho de que, durante los tres gobiernos consecutivos del Partido Nacional, la institucionalidad hondureña fue capturada por redes criminales y que el entramado de la macro corrupción aún no ha sido desmontado. Es más, la justificación para el funcionamiento de una misión internacional es el reconocimiento del mismo Estado hondureño en cuanto a sus debilidades para enfrentar las redes de la macro corrupción y de la criminalidad organizada.
El espacio para asegurar estas reformas es el Congreso Nacional. El limitado tiempo político del que se dispone haría imposible la derogación y aprobación de cada ley por separado, tal como ha sido la dinámica seguida con algunos de los pactos de impunidad (Decreto 116-2019, Decreto 57-2020 y el Decreto 93-2021). En esta situación, la recién iniciativa presentada en el pleno del legislativo de una Ley especial para el funcionamiento de la CICIH, se presenta como la oportunidad para recoger en una sola ley el conjunto de reformas necesarias para la operación efectiva de la CICIH, por lo menos, sin obstáculos significativos para su funcionamiento autónomo e independiente, y para el ejercicio de la acción penal.
- Garantizar la firma del convenio con respaldo político
En este aspecto, es esencial superar las diferencias entre la Comisión Nacional negociadora y la ONU, y avanzar hacia consensos sólidos que posibiliten la firma del convenio para la operación de la CICIH, consistentes con la aspiración de la ciudadana de disponer de un poderoso mecanismo de apoyo internacional en la lucha contra la corrupción e impunidad.
De manera simultánea, será indispensable la construcción de los consensos necesarios entre los partidos políticos, con representación en el Congreso Nacional, que aseguren su respaldo para la aprobación del convenio. Teniendo presente las grandes dificultades para construir mayorías calificadas en el legislativo, habría que ser pragmáticos y trabajar en una opción de mayoría simple, para garantizar la viabilidad política de este importante convenio.
- Abrir los espacios a la participación ciudadana.
La consulta e interlocución del gobierno con las organizaciones ciudadanas es un notable déficit en el camino de negociación de la CICIH. Si desde el gobierno se cuenta con la voluntad y decisión de disponer del respaldo y confianza ciudadana, será indispensable ampliar el espacio cívico ciudadano en torno a este tema de relevancia nacional.
Tanto el Congreso Nacional y la Comisión Nacional Negociadora pueden aportar a la democratización en la construcción de este importante acuerdo de país. Por un lado, el Legislativo, alrededor del debate de la Ley Especial para el Funcionamiento de la CICIH, puede convocar a la realización de consultas ciudadanas que permitirían escuchar la diversidad de voces de las organizaciones ciudadanas y de los movimientos sociales. Por otro lado, la Comisión Nacional Negociadora dispone de la autoridad política y la capacidad de convocatoria para facilitar una diversidad de espacios de diálogo con organizaciones ciudadanas en torno al contenido del convenio, sin violentar el carácter reservado de las negociaciones con la ONU.
Asimismo, un aspecto clave es que en el diseño del nuevo mecanismo internacional se asegure la participación ciudadana, a través de un Consejo Consultivo o una instancia similar, seleccionada con base en las mejores prácticas internacionales. Esta instancia de participación debería asegurar la interlocución con la Misión internacional, una vez instalada, en la retroalimentación de su agenda y en la presentación de propuestas relacionadas con su mandato. Igualmente, deberían asegurarse dispositivos de acceso a la información y las facilidades para la auditoría judicial ciudadana sobre los casos presentados.
En el actual periodo de transición política, el proceso de negociación e instalación de la CICIH ofrece la oportunidad de avanzar en la democratización de la toma de decisiones sobre aspectos de relevancia política para el país, abriendo canales y espacios para la participación activa de las organizaciones ciudadanas y de los movimientos sociales.
Estas serán señales inequívocas de que avanzamos hacia la recuperación y transformación de la democracia en Honduras.