Escrito por Gustavo Irías
A 45 días de las elecciones, la efervescencia e interés ciudadano por el proceso electoral es poco notable, sin que esto signifique que la polarización ha disminuido, especialmente en redes sociales, entre las principales fuerzas políticas contendientes (Partido Liberal -PL-, Partido Nacional -PN- y Libertad y Refundación -LIBRE-). Las intensas lluvias que han azotado diversas regiones del país han acaparado la atención y las preocupaciones de la población, debido a los daños en viviendas y enseres domésticos, en la interrupción de servicios públicos y en la paralización de algunas vías de comunicación. El municipio más afectado ha sido el del Distrito Central.
Los hechos más relevantes de la semana, en clave electoral, son los siguientes (según los medios de comunicación):
- La pugna en torno a la inscripción como candidato a diputado por Olancho de Jorge Calix. El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución unánime declarando “sin lugar” la solicitud de inscripción, basándose en el artículo 115 de la Ley Electoral, que prohíbe la postulación de candidatos a las elecciones generales que hayan participado en elecciones primarias. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) otorgó una medida cautelar a favor de Calix, ordenando al CNE detener la impresión de las papeletas electorales del departamento de Olancho hasta resolver el caso.
- El déficit sobre la conectividad a internet. Este es un aspecto clase para garantizar resultados transparentes y creíbles, y aún no ha sido resuelto por el CNE. A pesar de las varias declaraciones de consejeros sobre el tema, el proceso de contratación, que fracasó en su primera fase, actualmente está pendiente de una contratación expedita, que requiere al menos 3 oferentes.
- La ampliación de la observación de las elecciones. El CNE anunció la certificación oficial de 43 organizaciones nacionales y 25 internacionales para vigilar las Elecciones Generales de 2025. La autoridad electoral destacó que, además, se contará con la presencia de acompañantes y visitantes internacionales, fortaleciendo la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso electoral.
- La entrega del bono climático por parte del Poder Ejecutivo (Red Solidaria). Según información oficial, se ha distribuido un bono de alivio climático en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara y Yoro, beneficiando a al menos 34,579 hogares con un monto de L 7,000. Estos fondos provienen de un préstamo del 2021 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La entrega de estos bonos, realizada antes de la declaratoria de emergencia por las lluvias, ha sido criticada por la oposición, calificándola de “compra de votos”.
- Impactos de las fuertes lluvias a nivel nacional. Según la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) en las últimas semanas las lluvias “han dejado 28,926 personas afectadas, 2,490 damnificadas, 360 evacuadas, 41 rescatadas, 15 fallecidasy 3 lesionadas. Además, 91 comunidades permanecen incomunicadas y se reportan 2,033 viviendas dañadas y 76 destruidas”. Se pronostica que las lluvias continuarán en los próximos días.
Valoración del CESPAD
A pesar de las múltiples incertidumbres generadas en semanas anteriores respecto a la realización de las elecciones del 30 de noviembre, la evidencia indica que el proceso electoral avanza satisfactoriamente. Sin embargo, persisten desafíos/hitos importantes, especialmente en el complejo tema de la conectividad a internet. Esta situación involucra a más de 1,700 centros de votación (alrededor del 30% del total), que representan entre 700 mil a 1 millón de votantes, dependiendo de las fuentes de información. En este aspecto, el punto crítico que se destaca es si será posible sincronizar la contratación, instalación del equipo, la capacitación y los simulacros necesarios en tan poco tiempo. La conectividad a internet es clave en la transmisión de los resultados el día de las elecciones y fundamental en la transparencia y credibilidad.
Para más detalles, consultar el informe: Tercer Informe del CESPAD sobre Monitoreo Electoral
Por otro lado, la institucionalidad electoral ha logrado avances en materia de observación electoral: se aprobó por unanimidad el reglamento de observación electoral nacional e internacional y se acreditaron más 45 organizaciones nacionales y más de 20 internacionales. Esta decisión, contribuye a fortalecer la confianza y la transparencia en el desarrollo del proceso.
No obstante, la conflictividad política se ha reactivado, evidenciada en el caso de la inscripción de la candidatura a diputado de Jorge Calix. Una vez más, la institucionalidad electoral se encuentra a prueba, involucrando al CNE y al TJE. En una democracia normal o, al menos con mayor calidad que la hondureña, esta situación no debería generar tensiones, ya que se trata de la aplicación del marco jurídico y de los principios de la legalidad. Sin embargo, más allá de la superficie, en este caso se ocultan disputas partidarias e interpartidarias que se retroalimentan.
Dentro del Partido Liberal, se ha presentado una querella anticipada relacionada con la presidencia del Congreso Nacional. Calix, siendo diputado, sería uno de los principales candidatos a ese cargo, lo que podría poner en riesgo las aspiraciones de Iroska Elvir (esposa del candidato presidencial Nasralla).
A nivel interpartidario, tanto el Partido Nacional (PN) como LIBRE parecen estar incentivando una mayor división del Partido Liberal. Llama la atención que la representante del PN en el CNE haya resuelto en contra de la candidatura de Calix, mientras que su representante en el TJE ha otorgado un amparo a su favor, surgiendo especulaciones si en el nacionalismo se han configurado posiciones opuestas en este tema. En todo caso, el caso de Calix está colocando en riesgo el derecho de los ciudadanos del departamento de Olancho a elegir a sus representantes. A pocos días de las elecciones, el TJE aún no ha logrado reunirse en pleno y adoptar una decisión sobre el recurso presentado.
Tal como hace 100 años, las luchas de facciones continúan caracterizando al sistema de partidos en Honduras, bloqueando el desarrollo de una democracia política más legítima. Más que los programas de los partidos, son los intereses particulares de los caudillos los que, en buena medida, prosiguen marcando la dinámica de la contienda.
Por su parte, en línea con procesos electorales anteriores, el clientelismo se ha evidenciado en las semanas previas al 30 de noviembre, principalmente a través de la entrega masiva del bono de alivio climático por parte del gobierno central. En artículos previos hemos señalado que el ADN del sistema de partidos políticos de Honduras es el clientelismo, es decir: la utilización de fondos públicos para asegurar el apoyo electoral en poblaciones sometidas a la pobreza y extrema pobreza.
Hace cuatro años, en vísperas de las elecciones de noviembre del 2021, aseverábamos que: “el partido de gobierno” había “colocado en el centro de su actividad proselitista la entrega de pagos a nivel nacional”. En tal sentido, “Los bonos, a menos de un mes de las elecciones” funcionaron “como una especie de mecanismo de extorsión política y de clara transacción de pago por voto”. Esas valoraciones, en ese momento, eran en referencia al Partido Nacional, entonces en el poder.
Mientras no haya procesos de reforma y/o ruptura, la cultura política se reproduce y se multiplica sin importar el signo ideológico o político de las fuerzas partidarias. La gravedad del asunto radica en que, tanto en 2021 como en 2025, estas prácticas han sido avaladas por organismos de financiamiento internacional, en este caso, por el BCIE. Se trata de recursos de deuda externa utilizados para el clientelismo político en períodos electorales.
En el 2021, incluso propusimos, probablemente de forma idealista, reformas a la Ley de Financiamiento Político con la intención de que “En año electoral, la Ley Electoral y la Ley de Política Limpia” deberían “establecer prohibiciones claras en relación con la entrega de bonos, sobre todo durante el período de campaña y propaganda electoral, ya que este es una potencial vía de clientelismo político y desvío de fondos públicos”. Y concluíamos que “Si se carece de una eficaz fiscalización del uso de los recursos del Estado en período electoral, las regulaciones sobre financiamiento público y privado, orientadas a ofrecer igualdad de oportunidades en las elecciones, pierden su propósito fundamental”.
Finalmente, si las lluvias torrenciales que han estado afectando al país continúan y sus daños en vidas y propiedades se agravan, esto podría tener un impacto en los resultados electorales, funcionando como un factor de premio o castigo a la gestión gubernamental en la prevención y atención de los riesgos antes, durante y después de las tormentas. En un escenario de reñida competencia, este factor, entre otros, podría llegar a ser determinante en los resultados electorales.
Por el momento, así avanzamos hacia las elecciones del 30 de noviembre.
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