En homenaje a Juan López, líder de las causas
ecológicas en el Valle del Aguán y Honduras,
asesinado la triste noche del 14 de septiembre
del 2024, en un país donde es un alto
riesgo defender la vida y la naturaleza.
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Escrito por: Lucía Vijil Saybe
16 de septiembre, 2024
En septiembre del 2024, Global Witness publicó su informe: “Voces silenciadas”. En el documento indica que, en el 2023, a nivel mundial, se registró el asesinato de 196 personas que ejercían el derecho a proteger sus tierras y el medioambiente. Con esta cifra, el total de asesinatos cometidos en todo el mundo, desde que Global Witness comenzó a documentar estos casos, en 2012, asciende a 2106.
Sistemáticamente, América Latina registra el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente: en el 2023, se registró el 85 % de todos los casos. Estas agresiones mortales se concentraron principalmente en cuatro países, donde ocurrieron más del 70 %: Brasil, Colombia, Honduras y México. De las personas asesinadas en 2023, el 43 % eran indígenas y el 12 % mujeres. Para Honduras, ese informe indica que en el 2023 fueron asesinadas 18 personas defensoras de la tierra y el territorio.
También en septiembre, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) hizo público el tercer informe de conflictividad socio territorial intitulado: “Sin abordaje integral: se acentúa la conflictividad socioterritorial en Honduras”. En este documento se presenta una radiografía de los conflictos socioterritoriales y ambientales en el contexto para el 2024; se identifican algunos focos relevantes relacionados con la disputa por los bienes comunes y se presenta algunas reflexiones alrededor de esta dinámica. Algunos de sus hallazgos se presentan en este escrito.
Contexto 2024 sobre la conflictividad socioterritorial en Honduras
- De acuerdo con el monitoreo de agresiones contra personas defensoras de la tierra y el territorio del CESPAD, entre enero y agosto del 2024 se han documentado 14 ataques (criminalización, judicialización y detención) y 3 asesinatos. Uno de los elementos más preocupantes en esta coyuntura es la evidente ineficiencia del Mecanismo Nacional de Protección, con la renuncia recurrente de sus directores durante el actual periodo de gobierno. El más reciente fue el caso de Rodolfo Antonio Zamora, nombrado el 2 de junio de 2023, quien fue sucedido de forma interina por Alexander Arriola tras su renuncia. La criminalización, los ataques violentos, las detenciones arbitrarias y la ineficiencia institucional para brindarles protección efectiva no solo exponen a estas personas a violaciones constantes de sus derechos humanos, sino que también perpetúan un ciclo de impunidad y represión. Esta situación subraya la urgencia de implementar soluciones inmediatas que garanticen un entorno seguro para que las y los defensores ejerzan su labor de manera plena.
- A un año de la creación de la Comisión Nacional de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, los avances han sido limitados. No se han logrado impulsar reformas clave, como la modificación del Artículo 51 y otros artículos relevantes de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, determinantes para enfrentar las desigualdades en la distribución de la tierra. Tampoco se ha emitido el decreto legislativo que permitiría retomar el espíritu del Decreto 18-2008, como una alternativa para reducir la mora agraria. Asimismo, la Ley para el traspaso de tierras de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) al INA, que podría facilitar la transferencia de tierras con sentencia firme al Instituto Nacional Agrario (INA) para su inclusión en la reforma agraria, aún no ha sido presentada ni discutida en el Congreso Nacional, a pesar de lo señalado por la presidenta en una conferencia de prensa.
- Por otro lado, los conflictos agrarios continúan agudizándose. Entre el 6 de junio de 2023 y el 6 de junio de 2024, el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras documentó 33 desalojos, de los cuales 27 fueron violentos, afectando principalmente a comunidades campesinas e indígenas Lencas en departamentos como Yoro, Atlántida, Cortés, La Paz, Colón y Choluteca. Estos desalojos no solo desplazaron forzosamente a las comunidades, sino que también destruyeron sus viviendas y cultivos, aumentando su vulnerabilidad. Se ha señalado la participación activa de empresas agroindustriales en estos desalojos, las que facilitaron maquinaria y personal, además del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
- La administración de la presidenta Xiomara Castro impulsó importantes reformas legales orientadas a la protección del medio ambiente. El Decreto 18-2024, aprobado en febrero, representa un avance significativo al recuperar y proteger la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”. Este decreto también reformó la Ley General de Minería, prohibiendo la concesión de derechos mineros en áreas protegidas, zonas productoras de agua y otros territorios de importancia ecológica. Esta reforma es crucial para limitar el impacto del extractivismo en los ecosistemas vulnerables.
- Además, el Congreso Nacional aprobó el 30 de mayo de 2024 reformas a varios artículos del Código Penal (324, 325, 327 y 337-A) que aumentan las penas por la contaminación del aire, aguas y suelos, la explotación ilegal de recursos naturales y los incendios forestales. Estas reformas también introducen la responsabilidad penal para personas jurídicas, permitiendo sanciones que incluyen multas hasta tres veces el daño causado, la suspensión de actividades y la inhabilitación para contratar con el sector público.
- Asimismo, se derogó el Decreto 334-2013, restableciendo los límites originales del área protegida de El Merendón, instruyendo a las autoridades a restaurar las áreas afectadas y ampliar la zona de reserva. Estas acciones legislativas reflejan un avance hacia la protección efectiva de los ecosistemas y el combate a la explotación desmedida de los recursos naturales.
- El 28 de mayo de 2024, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad la creación de un Juzgado de Letras Penal con competencia territorial nacional en materia de protección ambiental. Este nuevo órgano jurisdiccional estará enfocado en abordar los delitos ambientales en los departamentos donde el Poder Ejecutivo ha declarado emergencia climática como Gracias a Dios, Olancho, y Atlántida, entre otros. La creación de este juzgado representa un avance significativo en la judicialización de los delitos ambientales, reforzando los esfuerzos del Estado hondureño para enfrentar la crisis climática y proteger sus recursos naturales a través de un sistema judicial especializado.
¿Cómo podríamos caracterizar la conflictividad socioterritorial para el 2024?
La dinámica de la conflictividad socioambiental, de acuerdo con el informe, está motivada por la instalación de 8 represas hidroeléctricas, 8 empresas mineras, 22 de tipo agrario relacionado con proyectos de monocultivo y tenencia de tierra, 3 por temas forestales, 2 de gestión de residuos, 1 proyecto de energía fotovoltaica, 1 proyecto de energía termoeléctrica, 1 por infraestructura, 1 productos de los efectos de cambio climático y 1 de exploración y explotación petrolera. Estos proyectos se ubican en 10 departamentos del país y, en su mayoría, se involucran los siguientes bienes comunes de la naturaleza:
- Agua. Con la actualización de las fichas de conflictividad se identificó que las acciones que materializan la tensión por el agua son: acaparamiento de la distribución del agua, contaminación de ríos y quebradas, embalsamiento del agua y reducción de la conexión hidrológica.
- Tierra. Como se ha esbozado en el contexto, persisten distintas formas de gestión de la conflictividad por la disputa de la tierra. Para este último período de revisión sobre la disputa por la tierra, los detonantes identificados son: el incumplimiento de sentencias internacionales que habilitan medidas para la restitución del derecho sobre la posesión y titulación de tierras; la militarización de la política agraria y la ausencia de avances relevantes en temas de acceso a tierra.
- Bosque. La instalación de cualquier empresa extractiva implica, forzosamente, la deforestación como condición (expresión máxima). Cada uno de los conflictos manifiestos durante el primer semestre del 2024, han involucrado la devastación de los entornos naturales sin una capacidad de retornar a su posición inicial y, con ello, la destrucción de la biodiversidad en los territorios.
Las organizaciones comunitarias, participantes del mapeo de conflictividad, han identificado algunas formas de violencias, en medio de la disputa por los bienes comunes de la naturaleza:
- Violencia física, que se ha manifestado mediante el uso desproporcionado de la fuerza, militarización territorial, las agresiones y asesinatos a defensores y defensoras.
- Violencia psicológica relacionada con los amedrentamientos, la estigmatización y la criminalización de quienes asumen una postura por la defensa de los bienes comunes.
- Violencia ecológica, relacionada con cualquier acción de devastación sobre la naturaleza. Es decir, la explotación y depredación desmedida, trascendiendo los límites de los ciclos naturales. Esta es una acción de los humanos sobre los ecosistemas.
En estas dinámicas de conflictividad, sobresalen los siguientes actores:
- Empresas. Están presentes en la mayoría de los conflictos, afectando la naturaleza sin informar a las comunidades. Promueven narrativas de “generación de empleo” y “modernización”.
- Actores territoriales. Incluyen organizaciones comunitarias, grupos campesinos, indígenas, redes de mujeres y movimientos ambientalistas. Estos son los principales grupos de resistencia y de defensa territorial.
- Fuerzas de Seguridad. En 2024, han intervenido en los conflictos, acompañando proyectos extractivos y reprimiendo resistencias. Se justifica su intervención con discursos de seguridad nacional.
- Instituciones gubernamentales. En la mayoría de los conflictos, se menciona la responsabilidad que posee el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), el Congreso Nacional (CN), la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las municipalidades, en la promoción, validación y vulneración de derechos a las comunidades. Los actores territoriales cuestionan la ausencia de la institucionalidad por la promoción efectiva de la participación ciudadana, la nula garantía de acceso a información a tiempo sobre los proyectos extractivos y la influencia de las empresas sobre la misma institucionalidad.
Partiendo del marco conceptual que analiza este informe, podríamos afirmar que la actual dinámica de conflictividad en Honduras se caracteriza por:
- Las modalidades de extracción minera e hidroeléctrica, las que generan tensiones hacia el bien común del agua. Esto representa para las comunidades mayor exposición a la contaminación, la proliferación de enfermedades y la destrucción de los ecosistemas marinos. En el marco de la ecología política, estaríamos avanzando a la interpretación de conflictos hidrosociales, que requieren también una interpretación de las relaciones de poder, decisiones políticas y un análisis de los modelos económicos que influyen en cómo se gestiona el agua y quién se beneficia de ella.
- Un discurso ambiental respaldado por un fuerte componente militar con presencia en los territorios; mayor intimidación a los actores comunitarios y poca capacidad de participación ciudadana. Precisamente, por la justificación de “seguridad nacional” se han cerrado las oportunidades de dialogar y construir desde los distintos sectores de la sociedad hondureña.
- La devastación ambiental y lo que implica para todas las especies en los entornos. Esta situación continúa presente en las demandas específicas de las comunidades involucradas en los conflictos. Esta afirmación, pasa, precisamente, por las apuestas sobre la concepción de “los bienes comunes” en contraposición a los “recursos naturales”. Esa tensión sobre modos de comprensión de la naturaleza, continúa siendo relevante.
¿Cuáles siguen siendo los desafíos para gestionar la conflictividad socioterritorial?
La falta de inversión adecuada en instituciones clave, la limitada participación ciudadana en la toma de decisiones, y la permanencia de un enfoque militarista en la gestión de estos conflictos siguen siendo barreras críticas para la resolución de la conflictividad socioambiental en Honduras.
- La influencia del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNSD) en los distintos ámbitos agrarios y ambientales, limita por completo la participación de la ciudadanía hondureña en los debates y percepciones sobre las formas de actuación de la institucionalidad hondureña. Este enfoque “prioriza la contención y control de los territorios mediante la presencia y acción de las fuerzas armadas, mientras que los derechos de las comunidades a la tierra, la consulta previa, y la defensa de los recursos naturales quedan en un segundo plano. Esta visión securitista ha derivado en la criminalización de defensores del territorio, desalojos forzados, y la militarización de áreas rurales, lo cual intensifica la conflictividad en lugar de resolverla”.
- A lo largo del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se han instalado múltiples mesas para atender conflictos específicos ligados a temas de tierra y territorio, sin embargo, la debilidad institucionalidad evidente en asignación presupuestaria y déficit de equipos técnicos que dimensionen la conflictividad, han impedido que avancen de forma sustantiva y presenten resultados concretos para los pueblos, comunidades y organizaciones. El caso del INA es especialmente crítico porque sin un aumento significativo de recursos, será imposible cumplir con las expectativas y necesidades del campesinado hondureño, que exige soluciones rápidas y justas en torno a la tierra.
- Es relevante trazar el camino a través de la formulación de políticas públicas para garantizar soluciones efectivas a los conflictos. Esta acción implica diagnósticos efectivos de los “cuellos de botella” en la dinámica de conflictividad, interpretación de relaciones de poder y voluntad política. El desafío no es solo aplicar las normativas, sino asegurarse de que protejan los territorios, detengan las prácticas contaminantes de las empresas y garanticen los derechos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Estos análisis de la conflictividad deben dejar pauta sobre las omisiones y acciones que se gestionan desde la institucionalidad pública mientras el modelo capitalista actual continúa presionando sobre la tierra e impactando de forma directa a las comunidades campesinas e indígenas y a las distintas especies.