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Escrito por Osiris Payes
Durante las últimas dos décadas, los procesos electorales en Honduras han dejado de funcionar como mecanismos de resolución democrática de los conflictos políticos y se han convertido, de manera recurrente, en espacios de disputa, desconfianza y crisis. Lejos de ser episodios aislados o coyunturales, cada elección ha heredado problemas no resueltos del ciclo anterior, profundizando una crisis estructural del sistema electoral que perdura en el tiempo. Esta situación afecta tanto la legitimidad de los resultados como la gobernabilidad posterior.
En este contexto, el debate sobre las reformas electorales no puede reducirse a una discusión técnica menor ni abordarse como una respuesta reactiva ante una crisis puntual. Por el contrario, es una necesidad histórica que surge frente a un patrón acumulativo de deterioro democrático.
A partir de este escenario, el análisis semanal se plantea la siguiente pregunta:
¿Por qué los procesos electorales en Honduras continúan reproduciendo crisis cíclicas y qué papel juegan las reformas electorales pendientes en la superación o profundización de esa crisis estructural acumulada?
- El monitoreo electoral como herramienta de análisis estructural
Entre septiembre de 2024 y enero de 2026, desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) se desarrolló un ejercicio sistemático de monitoreo electoral. Este análisis no sólo observó el desarrollo operativo de los procesos, sino también las decisiones institucionales, los vacíos normativos, las tensiones políticas y las narrativas que rodean cada etapa del ciclo electoral.
Este monitoreo se fundamenta en una perspectiva comparada, sirviendo como herramienta que permite identificar patrones de repetición, responsabilidades institucionales y omisiones políticas que explican por qué, elección tras elección, Honduras enfrenta escenarios de alta conflictividad electoral.
Como cierre de este ejercicio, el 10 de febrero de 2026, el CESPAD presentó públicamente el informe final de monitoreo electoral[1], “Hacia una nueva institucionalidad electoral. Propuesta de reformas electorales”[2]. Al evento asistió representación de la Junta Directiva del Congreso Nacional[3], organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía interesada en conocer los principales hallazgos y conclusiones del proceso. El informe sistematiza los resultados del monitoreo y ofrece un diagnóstico integral sobre las debilidades estructurales del sistema electoral hondureño, además de proponer un conjunto de reformas orientadas a su fortalecimiento y transformación.
Una de las conclusiones principales del informe final de monitoreo electoral es que las crisis electorales en Honduras no se resuelven, sino que se trasladan y se acumulan con el tiempo. Cada proceso incorpora elementos nuevos, pero también arrastra déficits no corregidos de ciclos anteriores, generando un efecto de sedimentación de la crisis.
- Los hitos de la crisis: 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 y la gestión del conflicto
En este sentido, la crisis electoral en Honduras puede entenderse como un problema de proceso estructural que se manifiesta de manera diferente en cada ciclo electoral. Las reglas, las instituciones responsables de administrar los comicios, el comportamiento de los actores políticos y las expectativas ciudadanas interactúan de forma acumulada, provocando crisis que no se superan, sino que se transforman y se arrastran de un proceso a otro. Esta dinámica se hace evidente al analizar los principales ciclos electorales de las últimas décadas.
El quiebre de 2009 marca un punto de inflexión. El proceso electoral posterior al golpe de Estado se desarrolló en un contexto de ruptura del orden constitucional, con cuestionamientos severos a su legitimidad y reconocimiento internacional limitado. Lejos de resolver la crisis, el proceso electoral funcionó como un mecanismo de salida formal de salida que dejó intactos los problemas de fondo.
En 2013, el sistema electoral intentó una aparente normalización, pero sin corregir las debilidades heredadas. Se incorporaron nuevas fuerzas políticas y se amplió la competencia, pero no se fortalecieron de manera suficiente las reglas de integridad electoral ni la confianza en el órgano electoral. La crisis persistió, simplemente se administró de manera superficial.
El momento de mayor ruptura ocurrió en 2017, cuando la combinación de una reelección presidencial ilegal, una contienda altamente polarizada, fallas graves en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y una comunicación deficiente de los resultados desembocó una grave crisis poselectoral. Este episodio evidenció que el sistema electoral hondureño carecía de mecanismos básicos para gestionar una elección cerrada sin que derivara en conflictos abiertos.
En 2021, pese a la aprobación de una nueva Ley Electoral, el proceso funcionó más como un episodio de descompresión política que como una resolución estructural de la crisis. Aunque la aceptación social del resultado fue mayor, las debilidades en fiscalización, transparencia, trazabilidad y gobernanza electoral permanecieron sin resolver.
El proceso electoral 2025 mostró que las vulnerabilidades estructurales del sistema electoral no solo persisten, sino que se reprodujeron en nuevas formas. La actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) estuvo marcada por una débil conducción institucional, decisiones políticas que comprometieron la integridad del TREP y un escrutinio realizado en un ambiente de presión, retrasos y disputas partidarias. A esto se sumó un control jurisdiccional limitado, caracterizado por respuestas formalistas que evitaron resolver los conflictos de fondo, así como una fiscalización incompleta del financiamiento político.
- Reformas electorales como respuesta a una crisis histórica acumulada
Aunque en 2021 se aprobó una nueva Ley Electoral[4], este avance normativo no incorporó de manera integral las propuestas de reforma que diversos sectores de la ciudadanía, organizaciones de sociedad civil y misiones de observación electoral demandaban desde ciclos anteriores. Como se ha señalado, varias de las debilidades estructurales del sistema electoral, relacionadas con la gobernanza institucional, la fiscalización del financiamiento político, el escrutinio y la resolución de conflictos electorales, permanecieron sin ser abordadas de fondo.
En este contexto, el Congreso Nacional, que asumió funciones a partir de 2022, no impulsó una agenda de reformas electorales estructurales que cerrara estas brechas. A pesar de contar con una comisión ordinaria dedicada a reformas electorales[5], la falta de ajustes normativos implicó que el proceso electoral más reciente se desarrollara sobre la base de déficits acumulados heredados de ciclos anteriores. Esto contribuyó a mantener condiciones de fragilidad institucional, incertidumbre jurídica y desconfianza ciudadana.
En este escenario, las reformas electorales no pueden entenderse como un simple catálogo de propuestas abstractas, sino como respuestas concretas a una crisis histórica acumulada. La evidencia demuestra que postergar estas reformas no elimina el problema, sino que lo profundiza y lo traslada al siguiente ciclo electoral.
Por ello, el debate actual debe centrarse no solo en identificar nuevas propuestas de reforma, sino en priorizar aquellas que impacten directamente en la legitimidad de los resultados, en la confianza en el órgano electoral y en la capacidad del sistema para gestionar conflictos sin derivar en crisis.
- Un nuevo momento político y una voluntad real de avanzar en reformas
Recientemente, la creación de una Comisión Especial para la Iniciativa de Reforma Electoral en el Congreso Nacional[6] representa un nuevo escenario político que, al menos en el plano institucional, abre la posibilidad de retomar el diálogo sobre las transformaciones pendientes del sistema electoral. En este contexto, resulta relevante señalar que la reunión prevista para el 04 de marzo con esta comisión, solicitada por el CESPAD y respondida favorablemente, constituye una señal inicial de disposición institucional para abrir espacios de interlocución sobre las reformas electorales pendientes.
Sin adelantar juicios sobre el alcance o la profundidad de este proceso, el verdadero valor político de este momento no se medirá únicamente por la realización del encuentro, sino por la capacidad de traducir ese intercambio en una discusión sustantiva y en decisiones concretas que permitan cerrar los déficits estructurales del sistema electoral.
En este punto, el análisis retoma una pregunta central que atraviesa tanto el informe de monitoreo electoral como este análisis semanal: ¿qué tipo de proceso electoral está dispuesta a ofrecer la clase política a la ciudadanía de cara a 2030? ¿Un proceso nuevamente gestionado desde la improvisación, la negociación reactiva y la incertidumbre institucional, o uno fundamentado en reglas claras, instituciones funcionales y un compromiso genuino con la calidad democrática? La respuesta no se define en el discurso, sino en la capacidad real de transformar los aprendizajes de las crisis electorales en reformas estructurales oportunas.
- El paquete de reformas electorales para cerrar vacíos críticos del sistema electoral
A partir de los hallazgos del monitoreo electoral y de los aprendizajes extraídos del proceso 2024–2025, el informe propone un conjunto de reformas electorales dirigidas a cerrar vacíos críticos del sistema, fortalecer la integridad del proceso y evitar que las elecciones continúen gestionándose como escenarios de crisis.
Un primer bloque de reformas se sitúa en el plano constitucional y de las reglas fundamentales de la competencia política. En este ámbito, el informe señala la necesidad de cerrar de manera definitiva la fractura institucional generada por la habilitación judicial de la reelección presidencial, mediante su ratificación constitucional expresa como garantía de alternabilidad democrática. Asimismo, incluye el debate sobre la implementación de una segunda vuelta electoral presidencial como un mecanismo para gestionar escenarios de alta fragmentación y márgenes estrechos, que en procesos anteriores han sobrecargado al sistema electoral y desplazado la disputa política al momento del escrutinio y la declaración de resultados.
Un segundo eje se orienta hacia la integridad del proceso y del resultado electoral, donde se concentran algunas de las lecciones más críticas de los procesos recientes. Aquí se proponen reformas dirigidas a redefinir el papel del TREP, estableciendo límites claros a su uso y reforzando su carácter estrictamente informativo. También se plantean medidas para fortalecer el escrutinio general y especial, como garantías jurídicas que aseguren la conclusión del cierre electoral. El objetivo central de este bloque es evitar que vacíos normativos o decisiones discrecionales vuelvan a convertir la fase final del proceso en el principal foco de conflictividad política.
Un tercer conjunto de reformas aborda la gobernanza y conducción institucional del sistema electoral. En este ámbito, el informe plantea ajustes al diseño y funcionamiento del CNE y del TJE, con el fin de fortalecer su capacidad de decisión, reducir riesgos de bloqueos internos y elevar los estándares de independencia, idoneidad técnica y responsabilidad institucional. Estas reformas responden a una preocupación constante en distintos ciclos: la fragilidad del arbitraje electoral que, en lugar de contenerlas, amplifica las crisis.
Por último, un cuarto eje se centra en el control jurisdiccional y la resolución de conflictos electorales. A partir de lo observado en el último proceso, el informe recomienda revisar las prácticas y criterios que han derivado en respuestas excesivamente formalistas, que limitan el acceso a la justicia electoral y desplazan los conflictos hacia otras instancias. El objetivo no es ampliar la judicialización, sino garantizar que los conflictos electorales se resuelvan de fondo, respetando las reglas y los plazos propios del sistema electoral.
Finalmente, el paquete de reformas incorpora un bloque sustantivo dirigido a combatir la opacidad del financiamiento político y los riesgos de captura del sistema electoral. En este ámbito, las propuestas buscan fortalecer la fiscalización efectiva de los recursos de campaña, reforzar el papel de la institucionalidad encargada del control financiero y avanzar hacia la tipificación expresa del financiamiento ilegal y del clientelismo político-electoral como conductas sancionables. Este eje reconoce que la integridad electoral no depende únicamente del día de la votación, sino también de las condiciones materiales en las que se desarrolla la competencia política.
En su conjunto, estas reformas reflejan una premisa compartida que sin ajustes estructurales oportunos, cada proceso electoral continuará trasladando al futuro los costos de la inacción, profundizando la desconfianza ciudadana y debilitando la democracia. El paquete propuesto no promete elecciones sin conflicto, pero sí aspira a que ese conflicto pueda procesarse dentro de reglas claras, instituciones funcionales y con un compromiso efectivo con la calidad democrática.
[1] https://x.com/noticias247hn1/status/2021577934369087629?s=46&t=MF3wXjmIBeZYw2CxLIVbJg
[2] https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2026/02/Hacia-una-nueva-institucionalidad-electoral-PDF.pdf
[3] https://x.com/lissicano/status/2021307047690768609?s=46&t=MF3wXjmIBeZYw2CxLIVbJg
[4] https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-35-2021.pdf
[5] https://cn8.spe.gob.hn/nacional/cn-conforma-comision-para-dictaminar-reformas-electorales/