Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
28 de julio, 2025
La crisis electoral en Honduras continúa. Sin embargo, con la sucesión de eventos que ocurrieron en los últimos días se abrió un espacio que podría allanar la negociación hacia acuerdos que podrían contribuir a superar la crisis. Uno de esos eventos fue la decisión de Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), de no continuar sesionando sin la constitución del pleno, tal como lo establece la ley; simultáneamente puso a disposición su cargo y formalizó su renuncia ante el Congreso Nacional, el 25 de julio. Con estos hechos, el CNE quedó paralizado, casi de muerte, por breves horas. Paradójicamente, la tarde de ese mismo día se restableció su funcionamiento, con la activa partición de Hall, lo que propició la reunión del pleno de consejeros (3 propietarios), después de 6 convocatorias fallidas.
Finalmente, a través de Cossette López, presidenta del CNE, los consejeros admitieron que es necesario el diálogo para llegar a soluciones y el convencimiento de que “no se trata de que prevalezca el criterio de unos o de otros, sino que prevalezca un escenario técnico” que dé confianza “a todas las partes del proceso y a la población hondureña”, en clara referencia al TREP, el tema que interrumpió el funcionamiento normal del máximo organismo electoral.
Como se ha argumentado en los análisis del CESPAD, una elección que se considere efectivamente democrática debe disponer de reglas claras y aceptadas por todas las fuerzas políticas involucradas en la contienda. En otras palabras, estas reglas deben brindar la suficiente certidumbre de que la jornada electoral será transparente y limpia, y que los resultados finales reflejarán la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas.
A pesar de que el contexto continúa saturado de narrativas de confrontación entre los principales actores políticos, la reunión del pleno del CNE es una señal de que las élites políticas de los tres partidos (o por lo menos sus grupos con mayor poder e influencia) están en plena negociación. Habrá que esperar que con este tipo de reuniones se garantice la celebración de elecciones transparentes, legítimas y pacíficas, el próximo 30 de noviembre.
El rol del CNE y las decisiones sobre el TREP
Un dato irrefutable es que el CNE ha estado muy distante del papel que le corresponde como “arbitro”, encargado de organizar y administrar las elecciones hondureñas de manera efectiva. El diseño institucional instituido para conformar el CNE, el cual consiste en su integración por un representante de los tres partidos predominantes (Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación), lejos de proporcionar confianza al sistema político, ha llevado a una crisis electoral sin precedentes, jamás vista en el país, en los últimos 40 años. Las diferencias interpartidarias han fraccionado y paralizado su funcionamiento.
Este escenario ha evidenciado los altos riesgos de un diseño de esta naturaleza. Sin embargo, no necesariamente significa que su funcionamiento sea imposible. Pero, para que sea viable, el pleno de consejeros nominados por los partidos políticos debería tomar distancia de las líneas y fidelidades partidarias, y asumir la representación de la sociedad para garantizar un proceso electoral limpio.
La premisa anterior la expresa muy bien la carta de renuncia de la consejera Hall al sentenciar que: “Muchos consideran que la afinidad política de un consejero debe anteponerse al bien superior que son las elecciones, y que pueden girarse instrucciones partidarias sobre posturas a adoptar o con quién votar. Si bien las decisiones esenciales del proceso requieren diálogo y consulta, nunca he concordado en que el consejero pierda su papel de árbitro electoral, para convertirse en parte interesada” (ver la carta)
Esta es una reflexión de fondo y en este momento de crisis en que se ha logrado reintegrar el pleno de consejeros, seria de alto valor para la democracia que incentive la autocrítica y reflexión del resto de los integrantes.
Desde esta perspectiva optimista, habría que esperar que el CNE en esta recta final de las elecciones generales se recomponga y adopte los estándares internacionales básicos que deben guiar la buena gerencia de un máximo organismo electoral.
¿Cuáles son estos estándares? Esto dice la Guía de Buenas Prácticas
- Imparcialidad y profesionalismo: Los organismos electorales deben actuar con independencia del poder político y garantizar la igualdad de condiciones para todos los actores electorales.
- Transparencia: Los procesos electorales deben ser abiertos y accesibles al público, con información clara y oportuna sobre todas las etapas.
- Participación ciudadana: Se deben fomentar mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en el proceso electoral, como observadores, voluntarios o a través de campañas de educación cívica.
- Rendición de cuentas: Los organismos electorales deben ser responsables ante la ciudadanía por sus acciones y decisiones, y deben estar sujetos a mecanismos de supervisión y auditoría.
Para lograr lo anterior, el primer paso sería resolver las controversias sobre el TREP. En este punto, no se trata de estar de acuerdo o en contra de los planteamientos de LIBRE, del Partido Liberal o del Partido Nacional. Lo cierto, en este momento, es que no existe consenso y eso aumenta la posibilidad de un “quiebre institucional” y el riesgo de que no se celebren elecciones generales en noviembre.
La solución de las diferencias respecto al TREP deben basarse en criterios técnicos, no en consideraciones político-partidarias. En caso de no lograrse un acuerdo de consenso, se tendría que prescindir de la transmisión preliminar de resultados, aunque esto signifique un importante retroceso en la modernización del sistema electoral. Sin embargo, en este escenario, lo más importante es garantizar las elecciones generales y preservar la continuidad de la frágil democracia hondureña, un sistema de gobierno preferible a cualquier forma de autoritarismo, independientemente de su orientación político-ideológica.
La inviabilidad política de la renuncia de Hall y la encrucijada del Partido Liberal
Pese a los pasos positivos adoptados por los consejeros del CNE, en la agenda pública y en el Congreso Nacional aún no se discute ni se define la renuncia de la consejera Ana Paola Hall. Además, las actuales autoridades del Partido Liberal muestran un marcado interés en reemplazarla en el más breve plazo de tiempo. Esta situación activa otra arista de la crisis y refleja la intensa polarización política que atraviesa el país.
Retomando la carta, con suma claridad Hall ha manifestado que su renuncia fue el resultado de la exigencia de su propio partido: “al sometimiento absoluto de la representante liberal al discurso nacionalista (PN)” e insólitamente esa presión ha provenido de personas “de exigua militancia en el partido (…) inconstantes en su afinidad política, que hoy resultan ser autoridad partidaria, cuestionando agresiva e irrespetuosamente a una liberal íntegra de toda la vida”.
El contexto explicativo de la misiva se refiere a la “renovación” del Partido Liberal en las elecciones internas, las que resultaron en la elección de Salvador Nasralla como candidato a la presidencia y de Roberto Contreras, como presidente del partido. Ambos provienen de fuera de las filas del liberalismo, presentados como “outsiders”: Nasralla, con el legado de la fundación y desarticulación de dos partidos políticos (PAC y PSH) y dos alianzas electorales consecutivas con LIBRE. Contreras, por su parte, autodenominado independiente (en algunos momentos como liberal), se convirtió en alcalde de San Pedro Sula en la papeleta de LIBRE.
Esta situación, especialmente en estas últimas semanas, activó notables diferencias entre el sector del viejo liberalismo (con mucha capacidad de influencia y negociación política) y el liberalismo renovado. La consecuencia visible en este escenario es que hay una nueva correlación de fuerzas en este partido, que no es totalmente favorable a su candidato presidencial: el punto de discordia es la representación del partido en el CNE.
La falta de experiencia política de la dirigencia del nuevo liberalismo los ha llevado a demandar la sustitución de Hall, sin manifestar ninguna voluntad para negociar con las demás fuerzas políticas la mayoría calificada (86 votos) que se requiere en el Congreso Nacional para aceptar la renuncia y nombrar a un nuevo consejero.
Adicionalmente, el liberalismo nominó a Jhosy Toscano como candidato, a pesar de no tener los requisitos de ley, pues actualmente es diputado y candidato a una diputación. Además, presionan por su nombramiento sin cumplir con los procedimientos legislativos: la aceptación de la renuncia y el nuevo nombramiento de manera simultánea.
Los hechos relatados, en un contexto de polarización e interés confrontados entre las principales fuerzas políticas, hace inviable la sustitución de la consejera Ana Paola Hall por parte de la actual dirigencia liberal. No tienen los votos en el Congreso Nacional, carecen de un candidato habilitado legalmente y carecen de la fuerza para cambiar la mecánica legislativa.
Nos parece que el escenario más probable será que Hall mantendrá su cargo de consejera y que desempeñará sus funciones de manera más independiente, sin someterse ciegamente a los lineamientos partidarios.
En resumen, ahora estamos frente no solamente a la crisis de la institucionalidad electoral, sino también a una crisis en ciernes en el seno del liberalismo inscrito en su tendencia histórica al faccionalismo y a las disputas internas sin tregua. En este contexto, no hay que desconocer que las crisis internas del liberalismo, como las de 1985 y el 2009, han impactado significativamente en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, habrá que esperar que esta vez prevalezca la sensatez y el interés superior por el país.
El tiempo avanza y la marcha es a contrarreloj para salvar las elecciones de noviembre.