Escrito por Lucía Vijil Saybe
Mientras la ciudadanía se preparaba para desplazarse hacia las playas del litoral atlántico para vacacionar, el pueblo garífuna, que durante décadas ha defendido su territorio frente a propuestas privatizadoras de los bienes comunes y públicos, enfrentaba una violencia sistemática por defender, precisamente, esos espacios. El 10 de abril de 2025, Miriam Miranda, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), anunció la movilización del pueblo garífuna hacia Tegucigalpa para exigir la restitución de sus derechos territoriales y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este escrito presenta el contexto, analiza los patrones de violencia contra el pueblo garífuna y ofrece algunas reflexiones finales.
Contexto
La defensa del territorio del pueblo garífuna ha sido milenaria y ha centrado sus esfuerzos en el reconocimiento legítimo y la titulación de sus tierras. Sus demandas históricas exigen la garantía del respeto a su autodeterminación en la gestión territorial, el acceso a la justicia en casos de asesinatos de miembros de sus comunidades y el reconocimiento de sus formas organizativas para promover la participación comunitaria. Estas reivindicaciones están respaldadas por tres sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras[1], Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras[2] y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras[3].
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 003‑2024, en su punto resolutivo décimo tercero, y en virtud de la sentencia de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras, el Estado tiene la obligación de implementar los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para garantizar la efectividad de las medidas ordenadas por la CIDH en los casos mencionados[4]. Por lo tanto, resulta imprescindible reformar y fortalecer la coordinación interinstitucional del Estado en estrecha colaboración con las comunidades garífunas y sus representantes legales.
En cumplimiento de esta obligación estatal y ante la constante demanda por parte del pueblo garífuna, en abril de 2024 se creó la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales emitidas por la CIDH (CIANCSI). Un año después de su instalación, la OFRANEH se movilizó a Tegucigalpa para denunciar la falta de compromiso y los avances insuficientes de la comisión. En su comunicado público expresaron:
“Lamentablemente, la CIANCSI ha muerto. No logró sobrevivir al racismo, la negligencia, los intereses, el menosprecio ni la indiferencia de este gobierno y de otras instituciones del Estado hacia nuestras comunidades. Desde el principio advertimos que, para implementar el plan de trabajo, era necesaria la creación de una partida presupuestaria en el Presupuesto General de la República 2025 —para el saneamiento del territorio—, y no se hizo; les recordamos que debían garantizar la seguridad de la OFRANEH y de las comunidades involucradas, y no se hizo; denunciamos el despojo del territorio de Punta Piedra por parte de un diputado del departamento de Colón y no se atendió; expusimos los conflictos de interés del INA y de la PGR en el cumplimiento de las sentencias, y reiteramos en varias ocasiones los principales obstáculos para alcanzar los objetivos de la CIANCSI, sin que fueran gestionados. El tiempo transcurrido sin avances significativos, dificulta aún más el cumplimiento de las sentencias y ha consolidado la estrategia de despojo de nuestros derechos territoriales”[5].
Como resultado de esa movilización, Miriam Miranda y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sostuvieron una reunión para tratar el asunto de la CIANCSI. La nueva medida, en lugar del seguimiento de la Comisión Intersectorial, ahora consiste en delegar a un funcionario o funcionaria del Poder Ejecutivo la responsabilidad directa de garantizar el cumplimiento de los puntos de las sentencias[6].
De manera simultánea a las acciones institucionales promovidas por el Gobierno, la OFRANEH ha denunciado la constante violencia e intimidación que enfrenta, como resultado de las demandas históricas del pueblo garífuna. De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en 2023, la OFRANEH fue la organización que sufrió más ataques institucionales[7]. Aún está pendiente la resolución del caso de la desaparición de Sneider Centeno, Suami Aparicio Mejía Calix, Milton Joel Martínez y Gerardo Roche Calix, quienes fueron secuestrados el 18 de julio de 2020, en Triunfo de la Cruz. Recientemente, se denunció la presencia de guardias de seguridad privada armados, acompañados de miembros de la Policía Nacional, intentando cercar el cerro Triunfo de la Cruz[8] e intimidando directamente a Miriam Miranda[9]. El 14 de abril se reportó también la desaparición forzada de Max Gil Castillo Mejía —hermano del presidente del patronato de Punta Piedra—, quien fue sustraído de su hogar por hombres armados que se identificaron como policías[10].
La dinámica institucional para dar cumplimiento a las sentencias de la CIDH ha representado una oportunidad importante para enfrentar la impunidad relacionada con los conflictos históricos por el reconocimiento y la titulación de tierras de los pueblos indígenas y garífunas. Sin embargo, el éxito no depende únicamente en la creación de comisiones, sino en los resultados concretos que se logren. Además, resulta complejo imaginar que el pueblo garífuna pueda trabajar en estas comisiones mientras enfrenta represiones y violencias en sus territorios; aún no se ha garantizado un entorno seguro para las comunidades garífunas.
Puntos de reflexión
En ese contexto, retomo algunos elementos utilizados por la feminista y crítica contemporánea Nancy Fraser para abordar la crisis del modelo capitalista[11] y su traducción en acciones sociales. Fraser identifica cuatro fracturas del capitalismo como forma de vida institucionalizada: a) expropiación. b) reproducción social. c) sacrificio de la naturaleza. d) erosión de la democracia.
Sobre la expropiación y la explotación, es importante destacar que estos fenómenos son tanto económicos como políticos. Se expresan a través de mecanismos de acumulación y formas de dominación que han perdurado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en cada una de las sentencias y casos analizados, se evidencia la intervención de terceros en las dinámicas de expropiación y despojo de tierras garífunas: en San Juan, el otorgamiento de títulos a terceros, la ampliación urbana y la creación del Parque Janeth Kawas sin consulta previa; en Punta Piedra, la concesión minera “Punta Piedra II” y la ocupación de invasores (Aldea Río Miel) en tierras tituladas, incumpliendo acuerdos de saneamiento; y en Triunfo de la Cruz, el reconocimiento de títulos fragmentados (1950–1997) sin una demarcación efectiva, lo que facilitó ventas y usurpaciones en playas y manglares tradicionales.
Cada uno de estos mecanismos de expropiación y formas de explotación conlleva exclusión y violencia. La exposición de comunidades garífunas a un modelo derivado del racismo y el patriarcado implica sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
En cuanto a la reproducción social, el hostigamiento sistemático a liderazgos comunitarios —tanto en comunidades con sentencias de la CIDH como en aquellas sin ellas— y a liderazgos visibles, ha fracturado las dinámicas comunitarias y las formas de vida tradicionales. Las amenazas, asesinatos y desapariciones funcionan como mecanismos de terror que paralizan la reproducción cultural y familiar garífuna. En las sentencias, se han documentado ejecuciones extrajudiciales, investigaciones y procesos penales sin avances significativos que perpetúan la impunidad.
La defensa del territorio de los pueblos garífunas está estrechamente vinculada a su identidad construida en el territorio y, por ende, a la relación con la naturaleza. La protección de lo común y de lo colectivo ha sido la apuesta política de la OFRANEH y las comunidades. En este sentido, la mayoría de los conflictos reflejan el uso mercantilizado y desproporcionado de los recursos naturales por parte de terceros y del crimen organizado.
En cuanto a la erosión de la democracia, mientras la CIANCSI colapsa, se consolidan políticas de despojo en territorios garífunas a nivel nacional, generando un marco que favorece la expropiación y la sistemática condena de los pueblos a intereses tanto estatales como privados.
Es un desafío complejo gestionar conflictos históricos con raíces profundas y una institucionalidad cooptada por intereses empresariales y de terceros. La presencia de estructuras criminales agrava aún más el impacto. La trayectoria de la OFRANEH ejemplifica cómo estas problemáticas se reflejan en el debate público, evidenciando las falencias institucionales, el racismo estructural del Estado y la urgencia de abrir espacios para salidas democráticas con los más altos estándares éticos.
[1] Más información: https://pgr.gob.hn/wp-content/uploads/2024/09/SENTENCIA.-COMUNIDAD-GARIFUNA-DE-SAN-JUAN.-1.pdf
[2] Más información: https://pgr.gob.hn/wp-content/uploads/2024/09/SENTENCIA.-PUNTA-PIEDRA-VS-HONDURAS-1.pdf
[3] Más información: https://pgr.gob.hn/wp-content/uploads/2024/09/SENTENCIA.-TRIUNFO-DE-LA-CRUZ-VS-HONDURAS-1.pdf
[4] Decreto Ejecutivo 003-2024. Disponible: https://pgr.gob.hn/wp-content/uploads/2024/09/Decreto-Ejecutivo-PCM-003-2024.pdf
[5] OFRANEH. 2025. La Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) HA MUERTO. Disponible: https://www.facebook.com/share/p/1AKkhPSJgJ/
[5] OFRANEH. 2025. La Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) HA MUERTO. Disponible: https://www.facebook.com/share/p/1AKkhPSJgJ/
[6] Disponible: https://www.facebook.com/share/v/1BkAQZwpQm/
[7] Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. (2024). Rebeldes y persistentes. Informe Realidad de las Defensoras en Honduras. Tegucigalpa, Honduras.
[8] Más información: https://redefensorashn.red/alertaurgente%e2%94%82guardias-armados-enviados-por-familia-maloff-con-resguardo-de-la-policia-nacional-amenazan-con-cercar-el-cerro-de-triunfo-de-la-cruz-territorio-garifuna-con-sentencia-de-la-co
[9] Más información: https://redefensorashn.red/alertadefensoras-%e2%94%82-policia-nacional-retiene-arbitrariamente-a-defensora-miriam-miranda-coordinadora-y-defensora-garifuna-de-la-ofraneh y https://tiempo.hn/miriam-miranda-recibe-amenazas-por-su-defensa-del-territorio-garifuna/
[10] Más información: https://avispa.org/honduras-repunta-violencia-contra-pueblo-garifuna/
[11] Fraser, N. (2023). Capitalismo caníbal: Qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta, y hasta pone en peligro su propia existencia. Siglo XXI Editores.
Descargue PDF: Análisis Semanal
