Escrito por: Gustavo Irías
20/11/2022
Esta semana fue colocado en riesgo el proceso de selección a magistrados y magistradas a cargo de la Junta Nominadora, debido a las presiones por la revisión de exámenes de un grupo de 41 autopostulados y las publicaciones en redes sociales sobre la filtración de una parte del banco de preguntas (sin que este hecho haya sido demostrado fehacientemente). En tales circunstancias, por varias horas este proceso estuvo en la antesala de una crisis, sin embargo, la capacidad de actuación colegiada de la Junta Nominadora ha resuelto y sorteado, en lo fundamental, las presiones.
Este proceso de selección había transcurrido con normalidad y marcado por altos estándares de transparencia en las etapas de elección de los integrantes de la Junta, juramentación, organización, funcionamiento, convocatoria y auto propuesta de los y las postulantes. No obstante, era de esperar momentos de crisis, al menos, por dos factores: El primero, la débil cultura de transparencia que ha marcado, a lo largo de la historia, estos procesos de elección y que es parte del actuar de la sociedad hondureña. El segundo, los intereses de actores poderosos que quisieran que el filtro (a cargo de la Junta Nominadora) de idoneidad, trasparencia y ética de los candidatos y candidatos a magistrados del máximo tribunal de justicia terminará siendo fallido. Es más, este no será el único momento crítico, habrá más, y resolverlos favorablemente dependerá de la capacidad de gobernanza de la Junta y de su voluntad de guiarse por los principios de máxima publicidad y transparencia.
Pero la Junta Nominadora no ha salido ilesa de este momento crítico, su legitimidad ha sido afectada, a menos que asuma la determinación de iniciar una investigación objetiva sobre las denuncias del hackeo de su base de datos y la filtración de los exámenes, deduciendo las responsabilidades que correspondan a quienes hubieran incurrido en esas graves faltas.
Diversos colectivos ciudadanos se han manifestado en los términos anteriores, expresando simultáneamente su respaldo y confianza a la continuidad del trabajo encomendado a la Junta Nominadora. Estas manifestaciones evidencian la relevancia que tiene para la ciudadanía la selección de candidatos a candidatos a la Corte Suprema, y que se superen las prácticas nefastas del pasado, en este momento especialmente relevante en la historia del país.
Igualmente, indica el rol relevante de las organizaciones de la sociedad civil en la veeduría de esta selección, a fin de asegurar la transparencia y el cumplimiento estricto de la Ley Especial. La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), continúa siendo una oportunidad y, a la vez, esperanza para que el país pueda avanzar efectivamente hacia la recuperación de un Estado Democrático de derecho.
La situación crítica de la revisión de los exámenes, en gran medida fue superada porque la Junta Nominadora tuvo la capacidad de consensuar un Protocolo de Procedimiento de Revisión, identificando parámetros precisos y un detallado procedimiento para su aplicación. Pero, probablemente, el punto más importante es que este Protocolo incluyó el principio de máxima publicidad y transparencia; en su numeral 22 estableció que: “Este proceso de revisión será público, por lo que será presenciado por los medios de comunicación y cualquier persona, además que será transmitido por las redes sociales de esta Junta Nominadora”. Y, efectivamente, en la práctica fue un proceso abierto y observable por las diferentes organizaciones veedoras y la ciudadanía en general (a través de las redes sociales).
Finalmente, de los 41 solicitantes que pidieron revisión de la prueba, solo fueron 22 los que aceptaron someterse al Protocolo, pero de ese total solo 2 fueron admitidos (por encontrarse evidencias de que la(s) pregunta(s) a revisar tenía una formulación incompleta). Al final, solo 1 acepto responder en público las preguntas alternativas, respondiendo correctamente 2 preguntas, sin embargo, esta persona, antes de la revisión, ya había pasado el exámen. En resumen, la revisión de la prueba no favoreció a ningún auto postulante que hubiese sido reprobado (datos en base a veeduría en terreno).
Con este impase resuelto, la JN ha hecho público el listado de aspirantes a magistrados y magistrados que ingresarán a la siguiente fase, que conforman un total de 105 que fueron los que aprobaron las tres pruebas: de conocimientos, psicométrico y toxicológico.
Ahora vendrá la fase de investigación socio-económica “mediante entrevista personal, visita domiciliaria e investigación en base de datos y fuentes abiertas” (Junta Nominadora, Comunicado No. 05-2022); de acuerdo a la Ley Especial esta será una investigación centrada en la “trayectoria personal, profesional y patrimonial” de los y las candidatos preseleccionados. Luego, con los sobrevivientes de la fase anterior, se desarrollarán las entrevistas personales y la aplicación de la matriz de evaluación técnica (artículo 18 y 19 de la Ley Especial), con base en tres criterios: 1) Integridad personal y profesional, 2) ética profesional, y, 3) idoneidad y capacidad técnica. Las personas que superen la fase de las entrevistas estarán sujetas a denuncias y tachas por parte de la ciudadanía (artículo 20 de la Ley Especial).
“Se entenderá por denuncia la información que esté destinada a cuestionar la integridad o la ética del postulante, así como para señalar presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales. La tacha se refiere al incumplimiento de requisitos, la existencia de inhabilidades o la falta de idoneidad y capacidad profesional del postulante”.
Es fácil de entender que las tres fases indicadas anteriormente constituyen el núcleo central en la selección de los mejores candidatos (hombres y mujeres) para integrar la Corte Suprema. El buen desarrollo de las tres fases indicadas (investigación patrimonial, entrevistas y aplicación de la matriz técnica y las denuncias y tachas) constituyen un enorme desafío para la Junta, pues muy bien sabemos que la nómina de los 105 seleccionados expresan el universo del complejo mundo de los profesionales de las ciencias jurídicas de un país como el nuestro, en el cual el sistema de justicia ha sido un sistema fallido desde hace muchas década atrás, al grado que un embajador estadounidense llegó a expresar que “En Honduras, la justicia es una serpiente que sólo muerde a los descalzos” (Crescencio Arcos 1990-1993).
En tal sentido, en ese universo de candidatos y candidatas encontramos los grupos siguientes:
- Profesionales distinguidos en el ejercicio de su profesión, con una trayectoria de idoneidad.
- Profesionales que provienen del “viejo régimen”, relacionados directa e indirectamente a la infracción de la Constitución de la República y a favorecer la impunidad de funcionarios corruptos.
- Profesionales que se han distinguido por defender clientes acusados de delitos de corrupción y narcotráfico.
- Profesionales relacionados con la defensa de intereses privados corporativos.
Considerando el contexto en su conjunto, en las próximas semanas la Junta Nominadora se enfrenta a dos grandes desafíos:
- Recuperar la legitimidad dañada por la situación de la revisión de los exámenes, mediante la determinación de encarar una investigación independiente que audite el sistema informático utilizado para la realización de las pruebas, que se identifique a los culpables (si los hubiera) y se aseguren las sanciones necesarias.
- Seleccionar de un universo de candidatos y candidatos (que resume la diversidad de tipologías en el ejercicio de la profesión del derecho) a los más idóneos, íntegros y capaces para fundar un sistema de justicia decente, independiente y que imparta justicia.
La expectativa y esperanza ciudadana de que es posible elegir una Corte Suprema de Justicia creíble y decente, se mantiene en alto en esta fase de transición política. Sin embargo, quedan dos interrogantes claves:
¿Permitirán las élites y las redes de corrupción que se avance en esa dirección?
¿La fuerza ciudadana será suficiente para contrarrestar las tendencias opuestas al adecentamiento del sistema de justicia?
