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Escrito por: Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
5 de agosto, 2024
Recientemente se hizo pública la carta de respaldo de 85 economistas del mundo a la controvertida propuesta de la Ley de Justicia Tributaria. Esta iniciativa de ley, que ha enfrentado al gobierno y al gremio empresarial desde el inicio de esta administración, mantiene en el centro del debate la justicia fiscal, el empleo y la inversión extranjera.
La carta también fue suscrita por el Centro de Estudio de la Democracia (CESPAD), en la figura de su director ejecutivo. ¿Por qué firmamos la carta?
En el plan estratégico del CESPAD, el eje que cruza nuestro trabajo es la lucha contra las desigualdades (así en plural), porque se trata de hacerle frente a la multiplicidad de fracturas de la sociedad hondureña: sociales, climáticas, raciales, de género, generacionales, territoriales, fiscales y otras más.
De acuerdo con la concepción del CESPAD, “la desigualdad hace referencia a tres aspectos claves. El primero, la disponibilidad, por parte de los diferentes actores de la sociedad, de las capacidades básicas y prioritarias para el desarrollo humano, como la educación y salud. ¿Qué grupos sociales están incluidos y excluidos de estas capacidades?
El segundo, el acceso y control sobre los activos productivos fundamentales como el capital, la tierra y la tecnología-conocimiento. ¿En qué grupos sociales se concentran estos activos?
Y, el tercero, la manera en que se toman las decisiones fundamentales que afectan las vidas de las personas, familias y grupos sociales, en especial de los más vulnerables. ¿Cuáles son los actores que toman esas decisiones?
En este marco, una preocupación específica es ¿cómo se recaudan los ingresos tributarios?, ¿quiénes son los que aportan? y ¿quiénes son los que se benefician? De ahí que un tema de interés del CESPAD es el relacionado con “la justicia fiscal”, inmerso dentro de su eje democracia y derechos humanos.
La preocupación por las desigualdades es creciente en los movimientos sociales, el mundo académico y la cooperación internacional para el desarrollo, ante la constatación de que vivimos en un planeta cada más injusto, con menores oportunidades de empleo e ingresos para las mayorías y con un mercado de trabajo precario y carente de derechos sociales. Asimismo, con mayores grados de racismo en contra de los pueblos indígenas, negros, latinos y otras identidades, y de exclusión social de las mujeres. Y, no menos importante, con el incremento de la xenofobia hacia la población migrante expulsadas de sus países de origen simplemente porque “sobran”.
Paradójicamente, el mundo en que vivimos es cada vez más rico: modernas infraestructuras, grandes conglomerados de empresas con alcance global, servicios de primera línea en los diversos ámbitos de la vida, desarrollos tecnológicos que nos llenan de asombro, zonas residenciales exclusivas e inmensos patrimonios familiares y personales. Pero estas riquezas están concentradas y son para el beneficio de una minoría de empresas y familias.
El último informe sobre desigualdades de OXFAM internacional documenta que para América Latina y el Caribe “Desde el 2000, el conjunto de fortunas de los milmillonarios ha incrementado 368%, casi seis veces más rápido que el crecimiento de la economía en la región. Esto equivale a US$43,7 millones al día o US$306 millones a la semana. Un trabajador con el salario mínimo promedio de la región tendría que trabajar 90 años para ganar lo mismo que gana un milmillonario latino-caribeño promedio, en un solo día”. En el informe citado se identificó que “Hasta enero de 2024, existían 98 ‘milmillonarios’ en Latinoamérica y el Caribe, los cuales acumulaban una riqueza conjunta de US$480,800 millones, una cantidad similar al PIB anual de Chile y Ecuador juntos”.
Esto explica el hecho que el 1% más rico concentra el 43.5% del total de la riqueza en la región y el 50% más pobre apenas el 0.8%. Esta situación expresa la mayor polarización social en la región, con hondas raíces estructurales.
Siguiendo con el informe, OXFAM documenta que los sistemas tributarios son cómplices de esta polarización; en los últimos 10 años la recaudación tributaria apenas ha crecido en 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región. “Mientras la mitad de la recaudación proviene de impuestos al consumo que afectan de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos, la recaudación de impuestos a las utilidades y ganancias de capital de las empresas ha caído en un equivalente a 0,06 puntos porcentuales del PIB regional entre 2010 y 2021”.
La situación de Honduras no es para nada diferente a la realidad de la región. Según datos del Sistema de Administración de Rentas (SAR), “el cobro de impuestos hace a la sociedad más desigual. Los impuestos a los ricos apenas representan L3 de cada L10 que cobra el Estado en impuestos; el 20% más rico recibió el 98.62% de las exoneraciones y exenciones en impuestos sobre rentas y el 40% de las exenciones en Canasta Básica. 25 grupos económicos (a través de 142 empresas) acumularon dos terceras partes (66.7%) de las exoneraciones fiscales y, de acuerdo con los Pandora Papers, 146 grandes empresas blanquearon capitales y evadieron impuestos utilizando paraísos fiscales”.
En el párrafo anterior se justifica la propuesta gubernamental de la Ley de Justicia Tributaria. Sin embargo, esta Ley no es una reforma tributaria en sí misma; en todo caso, podría ser un primer paso hacia esa reforma. Pero, en esencia, la ley de Justicia Tributaria se enfoca en dos aspectos: el primero, en desmontar el injusto sistema de exoneraciones fiscales, racionalizándolo y simplificándolo, sin afectar los derechos adquiridos de las empresas actualmente beneficiarias de este sistema. Y, el segundo, impedir que persistan los altos grados de evasión y elusión fiscal.
Los puntos principales de la carta
El primero: asegurar una mayor recaudación fiscal enfocada en quienes tienen más.
En la carta se destaca que “Honduras ha tenido dificultades para recaudar los ingresos adecuados procedentes del cobro de impuestos a corporaciones y personas ricas, especialmente, tras una serie de abusivas exenciones y vacíos jurídicos creados por los gobiernos posteriores al golpe de Estado del 2009. Las lagunas fiscales, junto con el secreto bancario y los sistemas opacos de enmascaramiento del Registro de Beneficiarios últimos y finales, han puesto a Honduras a las puertas de convertirse en un paraíso fiscal.
El monto perdido por estas lagunas fiscales y exenciones tributarias en el período comprendido entre el año 2010 y el año 2023, es superior a toda la deuda pública nacional de Honduras. Según estadísticas oficiales, la deuda pública nacional hondureña alcanzó 16,667 millones de dólares al cierre de 2023 y se estima que el valor total perdido para el fisco en recaudaciones, en el período mencionado anteriormente, fue de 20,105 millones de dólares. La Ley propone acabar con todos los vacíos legales que permitían a las empresas eludir el pago de impuestos a gran escala”.
El segundo: reducir la evasión y elusión fiscal
La carta respalda la propuesta de “Poner fin al traslado de beneficios empresariales como método para reducir los impuestos a través de la evaluación de los beneficios globales y no sólo los nacionales; gravar las rentas empresariales e individuales percibidas del extranjero; poner fin a las condonaciones de deudas fiscales que desincentivan el pago puntual e íntegro de las obligaciones tributarias; acabar con el secreto bancario en materia tributaria y responsabilizar fiscalmente a los beneficiarios efectivos de las empresas”.
“En conjunto, estas medidas tenderán a aumentar los ingresos del Estado hondureño, sin necesidad de incrementar los impuestos existentes ni crear nuevos; disponiendo de mayores fondos para cumplir con sus objetivos sociales, económicos y medioambientales”.
El tercero: consenso internacional sobre mayor justicia fiscal
Finalmente, en la carta “se considera que la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria se inscribe en los actuales esfuerzos internacionales por sistemas fiscales más justos. Por ejemplo, siguiendo el liderazgo del grupo de países africanos en las Naciones Unidas, todos los países del mundo ahora participan en el Comité Ad Hoc conformado para la redacción de los Términos de Referencia hacia una Convención de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional. Estos términos de referencia, que se completarán en agosto de este año, formarán la base para la creación de un organismo tributario globalmente inclusivo y destinado a cumplir con esta agenda crucial. Por otro lado, en 2021, más de 130 países, en el Marco Inclusivo de la OCDE, acordaron un paquete de medidas, entre las que se incluye establecer un impuesto mínimo global a las grandes corporaciones a nivel internacional”.
Ante las graves exclusiones, una agenda para la igualdad
En el CESPAD estamos convencidos que las múltiples desigualdades existentes en Honduras solamente podrán ser superadas con cambios sustanciales en las estructuras que las generan, tanto en el mercado laboral, la tenencia de la tierra y el ambiente; el sistema tributario, la educación, salud, protección social, la cultura y en muchos otros ámbitos.
La democracia, más allá de ejercicios electorales transparentes y legítimos, es el acceso y consolidación de derechos, es decir, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la mayoría de la población. Es decir, una democracia más incluyente, sustentable y participativa.
El camino no es fácil ni corto, y solo será posible mediante ensayos sucesivos. Dependerá, además, de la correlación política de las fuerzas existentes y de las reales voluntades existentes en el Estado hondureño para impulsar reformas sustantivas a favor de la igualdad y la justicia.
