Escrito por Dulce Davis
Honduras se prepara para celebrar sus elecciones generales el 30 de noviembre del 2025, un evento que debería reflejar la voluntad política de toda la ciudadanía. Sin embargo, uno de los debates más persistentes y urgentes es la exclusión y subrepresentación de las mujeres en los espacios políticos. Esta problemática, de larga data, no solo revela fallas en la estructura de la democracia hondureña, también cuestiona la justicia social y la igualdad de derechos en el país.
¿Por qué, a pesar de los avances normativos, las mujeres siguen siendo invisibilizadas en las decisiones que determinan el rumbo del país?
Este análisis busca no solo identificar las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito político, sino también entender sus raíces socio-culturales, evaluar los efectos de estas barreras y proponer caminos viables para transformar esta realidad. La participación femenina en política debe dejar de ser un mero cumplimiento legal para convertirse en una verdadera fuerza de cambio y representación.
Contexto y cifras de la participación de las mujeres en las elecciones internas de marzo 2025
De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), la participación de las mujeres en las elecciones internas refleja un panorama complejo y preocupante. En las regidurías, la paridad casi se logra, con 49.33% de candidatas mujeres frente a un 49.29% de hombres. Sin embargo, en las alcaldías, la balanza se inclina claramente hacia los hombres: 76.58% frente a un 21.91% de mujeres.
En la representación en diputaciones, se observa una aparente paridad: 50% de mujeres y 50% de hombres. Pero al profundizar en los cargos de diputaciones propietarios y suplentes, la disparidad se hace evidente, con una ligera ventaja para los hombres en cargos propietarios (52.87% que equivale a 987 hombres y 46.86%, que equivalen a 874 mujeres) y para las mujeres suplentes (47.13% que equivalen a 879 hombres y 52.87%, que representa 986 mujeres[1]).
Estos números, aunque pueden parecer alentadores superficialmente, en realidad encienden una señal de alarma. La cifra de 47% de participación femenina en las planillas frente a un 53% de hombres[2] no refleja necesariamente las condiciones reales de acceso y ejercicio del poder. La presencia de las mujeres en las listas muchas veces es el resultado de cumplir con requisitos de ley, sin garantizar espacios de decisión efectivos, recursos adecuados o una participación significativa en la toma de decisiones internas de los partidos políticos. Por lo general, las elecciones finales de las diputaciones y las alcaldías terminan siempre favoreciendo la representación de los hombres, en contra de lo que establece la norma jurídica.
Mientras, en la actualidad, al comparar los porcentajes de las mujeres que participan y las que realmente ocupan cargos de toma de decisiones, se evidencian diferencias significativas. Las mujeres pueden participar, pero difícilmente acceder a los puestos de poder. Para el caso, actualmente, de las 128 diputaciones, apenas 34 son ocupadas por mujeres, lo que representa aproximadamente el 27%; y de las 298 alcaldías, sólo 20 están bajo administración femenina, es decir, aproximadamente el 7%. En otras palabras, la diferencia entre participar y ser realmente representadas es abismal.
A 70 años de haber conquistado el voto, las mujeres hondureñas aún enfrentan una lucha constante para que sus derechos políticos trasciendan la simple participación electoral para consolidarse en una presencia sustantiva en las instituciones. Evidentemente, las acciones que hasta ahora se han hecho a favor de los derechos políticos de las mujeres no logran que este segmento poblacional supere el 50% de participación en ningún nivel de elección a nivel nacional[3]. Reparar las deudas históricas que el Estado hondureño tiene hacia las 53% de mujeres que actualmente representan en la sociedad hondureña, va mucho más allá de cumplir con un 50% en las planillas electorales.
Las raíces de la baja participación: una mirada al trasfondo socio-cultural y político
Comprender esta problemática requiere analizar las raíces socio-culturales que la causan. Desde la formación del “Estado moderno” la mujer ha sido excluida sistemáticamente, relegada a roles de subordinación y supeditada a la narrativa social dominante, que aún perdura y que establece que quien “sí puede ostentar el poder, es el hombre”.
No es extraño que expresiones como “las mujeres no tienen la capacidad para estar en política”, sigan teniendo un peso simbólico en la distribución de roles establecidos desde épocas históricas. Otras frases refieren que: “el hombre para lo público, y la mujer para lo privado”, son los hombres quienes fijan los términos de su «cualificación»; ellos juzgan si las mujeres están a la altura del papel; ellos les conceden o niegan la admisión”, sostiene Lerner Gerda[4], quien agrega que de esta forma se van tejiendo y retroalimentando las barreras en la participación política de las mujeres.
Desde la lógica del orden simbólico las mujeres son catalogadas como intrusas, ocupando sus espacios; espacios creados y asignados para los hombres. En ese contexto cobran importancia las estigmatizaciones que la sociedad hondureña ha adoptado hacia las mujeres y que se traduce en el rechazo y castigo a la mujer que incursiona en la política.
Hasta el momento, las contribuciones que las mujeres hondureñas pueden ofrecer se ven obstaculizadas por varios factores:
Primero: un poder legislativo con una agenda selectiva que ignora las propuestas de las mujeres.
Segundo: la incapacidad de la institucionalidad electoral, que incluso no logra cumplir con la aplicación de la actual ley electoral.
Tercero: un sistema de partidos creado por y para hombres, donde la participación femenina queda sujeta a las decisiones del “caudillo”.
Esto refleja un Estado incapaz de responder a las problemáticas que enfrentan las mujeres desde los inicios de la “democracia” en el país, convirtiéndose en los principales obstáculos para una verdadera participación y representación femenina.
Un problema que perpetúa la exclusión: la violencia política
Uno de los grandes desafíos en la participación femenina es la violencia política porque hasta el momento el Estado hondureño ha sido inepto de dar respuestas a esta problemática que se manifiesta en formas simbólicas, físicas y estructurales.
Esta incapacidad se evidencia en:
- La ausencia de normativas específicas que protejan la integridad de las mujeres que participan en espacios de participación política.
- la inexistencia de normativas que sancionen a quienes fomentan la violencia política.
- la ausencia de controles en lo interno de los partidos políticos, como espacios donde se registra los diversos tipos de violencias contra las mujeres
Abordar estos aspectos es elemental para contribuir a los cambios socioculturales significativos para las mujeres en el ámbito político. La propuesta de una Ley contra la violencia política hacia las mujeres ha sido presentada en varias ocasiones, pero su discusión y aprobación siguen siendo rezagada. La más reciente ocurrió en la sesión ordinaria del Congreso Nacional de Honduras, el 13 de mayo, cuando la diputada Fátima Mena solicitó al presidente de ese Poder del Estado, Luis Redondo, poner en agenda su discusión. Sin embargo, su petición no fue tomada en cuenta. Este es un comportamiento recurrente en el Congreso Nacional. La resistencia a estas iniciativas refleja una falta de voluntad política para abordar de manera efectiva la violencia política que sufren las mujeres que participan en este ámbito.
Hablar de participación y representación de las mujeres en el ámbito político requiere establecer diferencias clave. Aunque existe una participación superficial de las mujeres en los espacios políticos, esta queda limitada y subordinada a las múltiples violencias de las que son víctimas, según Comunh, 2024[5].
Las múltiples barreras que dificultan que las mujeres accedan a puestos de liderazgo político van desde la violencia simbólica, que se ejerce muchas veces en silencio, hasta la violencia física, que puede arrebatarles la vida. Honduras es uno de los países donde se registra todo el ciclo de violencia política contra las mujeres, constituyéndose en una de las principales barreras para su participación activa y para su permanencia en los espacios de decisión[6], incluso después de haber sorteado las diversas barreras existentes en el sistema político hondureño.
La aprobación y vigencia de la Ley contra la violencia política hacia las mujeres es un instrumento importante para generar mejores condiciones para las mujeres, por supuesto acompañada de otras acciones afirmativas que ataquen de manera sistemática y sostenida las grandes barreras de la desigualdad política que existe actualmente entre hombres y mujeres.
Algunas consideraciones importantes para superar las condiciones políticas que enfrentan las mujeres actualmente:
- Reformas legislativas urgentes. El Congreso Nacional de Honduras debe priorizar la discusión y aprobación de la Ley contra la violencia política hacia las mujeres y reformas a la Ley Electoral. Ambas leyes deben fortalecer la protección, la igualdad de condiciones y los mecanismos de sanción contra la violencia y discriminación.
- Fortalecimiento institucional. El Consejo Nacional Electoral (CNE), debe garantizar la vigilancia rigurosa en la distribución de recursos para el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, la fiscalización del cumplimiento de cuotas al igual que el monitoreo de la violencia política interna en los partidos políticos.
- Reestructuración de los partidos políticos. El sistema de partidos, al ser uno de los espacios donde más se registra violencia contra las mujeres, requiere una transformación profunda que elimine prácticas machistas, caudillistas y autoritarias. La creación de nuevos modelos de liderazgo inclusivos, que se basen en la meritocracia y la igualdad, es fundamental.
- Alianzas y movilización social. Las organizaciones de mujeres deben fortalecer sus alianzas y redes, promover la solidaridad y demandar juntas un cambio estructural.
La incidencia social puede ser un motor potente para presionar a las instituciones y cambiar sustantivamente las prácticas que fomentan la violencia contra las mujeres.
Descargue Análisis aquí: AS CESPAD.docx
[1] Análisis del Cespad a partir d elos datos obtenidos del Consejo Nacional Electoral (CNE), 2025.
[2] IDEM
[3] Persisten desafíos para lograr la participación paritaria de las mujeres en política, PNUD, 2025. https://n9.cl/xw1tu
[4] Gerda, La creación del patriarcadao, s.f.
[5] Impacto de la violencia política hacia las mujeres en Honduras, 2024.
[6] IDEM
