Escrito por Osiris Payes
El 15 de junio de 2025 venció, una vez más, la vigencia del Memorándum de Entendimiento (MEO) suscrito entre el Gobierno de Honduras y las Naciones Unidas para avanzar hacia la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). A pocos días de esa fecha, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó una nueva prórroga hasta diciembre[1]. Con esta, ya suman cinco extensiones desde la firma inicial en diciembre de 2022.
Sin embargo, estas renovaciones no constituyen avances sustantivos. Al contrario, evidencian el estancamiento de un proceso que, lejos de consolidar una ruta institucional clara, ha sido prolongado indefinidamente sin resultados concretos. A más de 40 meses desde que el Gobierno de Xiomara Castro expresó su compromiso con la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción, aún no existe un marco jurídico adecuado ni una estructura institucional que haga viable su llegada.
Los únicos avances legislativos verificables ocurrieron entre julio y agosto de 2023, cuando el Congreso Nacional derogó normas regresivas como la “Ley de Secretos” y el Decreto 116-2019[2]. La instalación de la CICIH no depende únicamente de decisiones técnicas o negociaciones bilaterales: requiere, en primer lugar, voluntad política sostenida; en segundo lugar, un marco jurídico que garantice su autonomía; y, en tercer lugar, un entorno institucional dispuesto a enfrentar redes de corrupción de alto nivel. Estas condiciones siguen sin materializarse.
El contexto actual indica que existen obstáculos estructurales que deben ser analizados, resumidos en tres factores fundamentales:
- Una comisión nacional sin mandato técnico ni articulación real
Desde su creación, la Comisión Nacional encargada de negociar el convenio con Naciones Unidas enfrenta tres desafíos fundamentales: carecía de un mandato técnico claro, operaba con escasa articulación institucional y no logró establecer puentes efectivos con la ciudadanía organizada.
Integrada por figuras del oficialismo con trayectoria política, la comisión no fue diseñada como un equipo con experticia en investigación anticorrupción, derecho internacional o diseño institucional. Esto limitó su capacidad de acción en una negociación compleja que requería capacidades técnicas y una visión estratégica.
Además, la falta de representación de actores clave, como delegados del Congreso Nacional, la Secretaría de Transparencia o la Secretaría de la Presidencia, dificultó la construcción de una hoja de ruta interinstitucional coherente. La débil coordinación entre actores gubernamentales y legislativos debilitó la interlocución con Naciones Unidas y obstaculiza avances integrales.
La comisión también careció de una conexión efectiva con la sociedad civil: no promovió consultas ni espacios de diálogo con sectores sociales, académicos o gremios profesionales. En consecuencia, se perdió la oportunidad de construir una visión compartida sobre el mecanismo que el país necesita: uno con capacidades robustas de investigación, fortalecimiento institucional o un modelo híbrido que conjugue acompañamiento, transferencia de capacidades y rendición de cuentas.
La CICIH debió insertarse en un esfuerzo más amplio de fortalecimiento del Estado de derecho, reforma judicial y recuperación de la institucionalidad democrática. No lograr convocar esa discusión fue una limitación relevante, que dejó sin sustento social ni político el proceso de negociación.
Con el tiempo, esta comisión ha dejado de funcionar porque, mientras dos de sus actores participan en cargos de elección popular, no ha habido un cierre oficial ni una transición hacia otra instancia técnica o política. Y aunque su disolución no implica la desaparición del compromiso con la CICIH, evidencia la necesidad de replantear la estrategia.
La instalación de un mecanismo internacional anticorrupción requiere, además de voluntad diplomática, una estructura política e institucional capaz de sostener el proceso con legitimidad y participación.
Desde el inicio, el gobierno tuvo (y aún tiene) la oportunidad de corregir el rumbo, asumiendo:
- Facilitar espacios de diálogo directo entre instituciones públicas y organizaciones sociales.
- Recoger y sistematizar propuestas ciudadanas sobre el contenido del convenio y las reformas legales necesarias.
- Presentar públicamente una visión clara, coherente y abierta al debate sobre el rol y alcance de la CICIH.2. Un Congreso Nacional sin voluntad política para impulsar cambios legales esenciales
El Congreso Nacional ha desaprovechado otra vez la oportunidad de avanzar en reformas clave contra la corrupción, asumiendo una responsabilidad política e histórica en el estancamiento del proceso. En lugar de actuar como un actor responsable en la creación de condiciones habilitantes, ha optado por una estrategia de inacción selectiva.
La agenda legislativa prioritaria para 2025, presentada por la presidencia, incluye 39 iniciativas, de las cuales dos, la Ley de Colaboración Eficaz y un proyecto de Ley Especial para la CICIH, están mínimamente relacionadas con la agenda anticorrupción, y en su tercer debate. Su inclusión tardía parece más una estrategia discursiva que una muestra de compromiso genuino.
Según el documento de la ONU Síntesis de aspectos mínimos indispensables previo al establecimiento de un mecanismo, estas leyes no constituyen requisitos previos para la instalación del mecanismo. La Ley de Colaboración Eficaz es complementaria, posterior a la firma del convenio, y la ley marco para la CICIH no requiere reforma constitucional. En consecuencia, su tratamiento legislativo no representa avances reales, sino una estrategia para simular compromiso político.
Por otro lado, aún permanecen pendiente proyectos verdaderamente indispensables, como:
- La derogación del Decreto 117-2019, que actualmente cuenta con un dictamen favorable de la Comisión Anticorrupción y se encuentra en manos de la Secretaría del Congreso. Este decreto extiende inmunidades a los diputados.
- Reformas al Código Procesal Penal, para incluir la figura del querellante y permitir la participación de la CICIH en los procesos penales.
- La reforma y reglamentación del proceso especial de juzgamiento de altos funcionarios.
- La reforma del artículo 28 de la Ley de Municipalidades y su correlato constitucional (artículo 324).
A pesar de que estas reformas fueron identificadas por el nuevo canciller hondureño, Javier Bú Soto, en el oficio No. 124-DSM-20256, dirigido al Subsecretario Miroslav Jenča, no han sido priorizadas ni turnadas a comisión.
El Congreso también ha mantenido una actitud de exclusión hacia la sociedad civil, sin realizar consultas públicas ni habilitar espacios de diálogo con las organizaciones que, desde 2015 han demandado mecanismos internacionales contra la corrupción. Esto refuerza la percepción de que las decisiones se toman entre cúpulas, sin incorporar las voces sociales que originaron las demandas y que debilitan la legitimidad del proceso.
En esa lógica, la instalación de la CICIH se ha convertido en una herramienta política, interpretada por algunos como un triunfo del oficialismo, lo que ha generado bloqueos deliberados por parte de otros actores políticos. Esto ha desplazado la demanda ciudadana, reduciéndose a una disputa de intereses partidistas.
Sin embargo, la responsabilidad no puede diluirse en esas disputas. La promesa de campaña y la demanda social legítima exigen que el Congreso priorice los intereses del pueblo y reconozca que la instalación de la CICIH es una deuda pendiente con la ciudadanía, nacida de una historia de movilización, descontento e indignación. Que el Congreso, conformado por múltiples fuerzas políticas, haya optado por priorizar el cálculo electoral sobre el interés público lo convierte en un actor corresponsable del estancamiento.
El Congreso Nacional continúa siendo un escenario de confrontación marcado por la polarización y un debilitamiento de la calidad democrática. Pero, paradójicamente, cuando se trata de defender privilegios, las diferencias entre partidos tienden a disiparse. El estancamiento actual no se debe a la falta de argumentos técnicos, sino a la ausencia de una coalición política dispuesta a entender que la instalación de la CICIH no es un favor al Ejecutivo, sino una deuda con la ciudadanía.
- Una sociedad civil fragmentada, con limitada capacidad de presión y sin una agenda común.
Históricamente, la sociedad civil ha sido un actor clave en la lucha contra la corrupción, como se evidenció en 2015 con las Marchas de las Antorchas, que impulsaron la creación de la MACCIH.
En la actualidad, ese escenario ha cambiado. Las voces ciudadanas que en su momento impulsaron la demanda por un mecanismo internacional se encuentran dispersas en múltiples plataformas, con agendas desconectadas, sin vocerías unificadas ni mecanismos efectivos de coordinación. El desgaste, las limitaciones de financiamiento y el cierre de espacios democráticos ha reducido su capacidad de influencia.
Esta fragmentación ha dificultado la construcción de una posición clara, plural y representativa respecto al contenido, funciones y límites del mecanismo. En consecuencia, no se ha logrado posicionar la CICIH como una exigencia social legítima, más allá de los intereses políticos o del gobierno.
Por otra parte, las organizaciones no han establecido una interlocución constante con actores institucionales clave, como la Cancillería, la Secretaría de Transparencia o la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional. La ausencia de una plataforma de propuestas articuladas ha contribuido a que el proceso permanezca en la ambigüedad, sin contrapesos sociales visibles.
Este vacío ha dificultado que las propuestas ciudadanas sean consideradas en las discusiones técnicas entre el gobierno y la ONU. Temas centrales como la independencia del mecanismo, su vínculo con el sistema de justicia, el alcance de su mandato investigativo o su figura procesal (querellante o acusador privado), no han sido discutidos públicamente desde una perspectiva colectiva.
Uno de los desafíos estratégicos más urgentes es que las distintas plataformas ciudadanas logren recomponer una agenda común, reposicionando la demanda por la CICIH como parte de una lucha más amplia por justicia y Estado de derecho. Esto requiere mayor coordinación, incidencia en los espacios de decisión y la consolidación de su legitimidad como una exigencia ciudadana, no solo una promesa electoral.
Tras analizar los factores que explican la parálisis en torno a la CICIH, la pregunta sigue vigente: ¿se ha renovado realmente la voluntad política para facilitar su instalación?
Lo que persiste hoy no es solo la ausencia del mecanismo, sino la falta de condiciones colectivas que permitan su viabilidad. El proceso no ha sido detenido por una sola institución ni por una decisión aislada, sino por una combinación de bloqueos cruzados, omisiones institucionales, cálculos partidarios y desconexión social.
La verdadera dificultad no reside en la falta de acuerdos formales, sino en la ausencia de un propósito compartido que impulse el proceso.
La CICIH fue una demanda ciudadana para enfrentar una corrupción estructural que trasciende capacidades nacionales. Para hacerla realidad, es necesario romper con inercias, fortalecer alianzas, y construir una institucionalidad que sirva al interés público. Mientras no se logre ese cambio, el mecanismo seguirá siendo solo una posibilidad, sin un horizonte real. Cada prórroga sin avances profundiza la deuda pendiente con la justicia y la democracia.
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[1] https://x.com/JavierEBS/status/1933210019182346576
[2] https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2023/08/Informe-8-agenda-legislativa-WEB-1_compressed.pdf
