Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
Los acontecimientos que se derivan de la celebración de las elecciones primarias el 9 de marzo de 2025 están llevando nuevamente al país a una zona de riesgo para su democracia. Más bien, están sacando a la luz un hecho irrefutable: el sistema político y la sociedad hondureña en su conjunto no han logrado superar la prolongada crisis democrática de los últimos 15 años. Esta crisis se ha caracterizado por rupturas constitucionales, fraudes electorales, reelecciones presidenciales ilegales, polarización político-partidaria, debilidades institucionales en la gestión de conflictos y diseños institucionales fallidos.
La crisis actual se reaviva a raíz del caos electoral que tuvo lugar en el Municipio del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula el día de las elecciones, lo que puso en riesgo el derecho al sufragio de los ciudadanos en las principales ciudades del país, que representan más del 20% de la carga electoral. En esta crisis están involucradas las organizaciones claves de la institucionalidad electoral hondureña: 1) El Consejo Nacional Electoral (CNE), 2) Los tres principales partidos políticos (P. Nacional, P. Liberal y LIBRE) y 3) Las Fuerzas Armadas.
A medida que transcurre el tiempo, el debate se intensifica, ampliando las voces de confrontación entre la consejera presidenta del CNE, Cossete López; la candidata presidencial y Ministra de Defensa, Rixi Moncada; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández; algunos líderes de los partidos políticos, así como de los otros dos consejeros del CNE, Marlon Ochoa y Ana Paola Hall. La situación ha sido particularmente grave tras la suspensión de la reunión entre el pleno CNE y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, un hecho que Cossett López justifica al afirmar que fue “agredida verbalmente” y que se sintió intimidada por el general Hernández y su equipo.
Están en disputa dos narrativas que claramente buscan la remoción de funcionarios y funcionarias, y una reconfiguración la institucionalidad electoral. Pero, cuando en una democracia se deteriora la posibilidad de diálogo para construir acuerdos entre órganos estatales fundamentales para la realización de elecciones, la ruptura del orden constitucional se convierte en una amenaza inminente, a menos que prevalezca la sensatez y los valores democráticos en el liderazgo político.
El riesgo que implica este conflicto ha alcanzado su punto máximo, pues pone en peligro la realización de las elecciones generales programadas para noviembre de este año. La preocupación central que guía este breve artículo es la siguiente: ¿Será posible gestionar esta conflictividad dentro del marco de nuestra institucionalidad y avanzar hacia las elecciones generales?
Nuevo diseño de la institucionalidad electoral
Para continuar con nuestra exposición, es importante considerar algunos antecedentes relevantes:
En el 2019, después de muchos años de presión ejercida por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), los partidos tradicionales Nacional y Liberal, admitieron la necesidad de llevar a cabo reformas constitucionales para ajustar la institucionalidad electoral a la nueva realidad política del país, caracterizada por la existencia de tres partidos mayoritarios: Nacional, Liberal y LIBRE.
Este proceso de reforma avanzó con muchas vacilaciones por parte de los partidos tradicionales. Aunque las reformas fueron aprobadas en el 2018, su ratificación se produjo el 24 de enero del 2019, mediante el Decreto Legislativo 2-2019. Estas reformas afectan los tres principales órganos electorales: 1) el Registro Nacional de las Personas (RNP), 2) el Consejo Nacional Electoral (CNE), y, 3) el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Lo relevante de esta reforma es la separación de las funciones administrativas y técnicas (concentradas en el CNE) de las funciones jurisdiccionales (ahora delegadas al TJE).
No obstante, los procedimientos de elección y el control sobre la conducta administrativa de los y las funcionarias de estos organismos permanecen bajo la responsabilidad del Congreso Nacional. Para la elección de los integrantes del RNP, CNE y TJE se requiere mantener una mayoría calificada de 86 votos. Además, es el Congreso Nacional el encargado de “aprobar o desaprobar la conducta administrativa” de los mismos.
Asimismo, los altos funcionarios/as de la institucionalidad electoral están sujetos a juicio político por el Congreso Nacional (artículo 234 constitucional) “cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político”.
Un nuevo elemento, aunque factor común de los tres organismos electorales es su integración mediante la representación paritaria de un representante de los tres principales partidos políticos. Aunque la norma jurídica no lo establece con claridad, este aspecto es ampliamente reconocido por el liderazgo político partidario. Así, no se registra ningún cambio significativo respecto al diseño institucional anterior, lo que representa una ratificación del modelo de “representación partidaria”, ahora en un contexto tripartidista, que sustituye al bipartidismo tradicional. Este modelo presenta la gran desventaja de trasladar la conflictividad interpartidaria a los organismos electorales, especialmente al CNE, lo que puede conducir a crisis institucionales muy difíciles de gestionar, dada su naturaleza multipartidaria. Además, limita la capacidad del árbitro electoral (CNE) para actuar con la independencia, imparcialidad, eficacia y profesionalismo que exigen los estándares internacionales para elecciones justas, transparentes y democráticas.
En este diseño institucional se reafirma el rol de las Fuerzas Armadas, tal como se establece en el artículo 272 de la Constitución, relacionado con “la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso”, en un trabajo coordinado con el CNE. Además, se mantiene el papel “tutelar” de los militares de la democracia hondureña, asegurándoseles el rol de garantes del “imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República”. Esta situación refleja de manera clara la fragilidad y la baja calidad de la democracia en Honduras, ya que en pocos países del mundo el papel tutelar de la democracia recae en el poder de los militares.
Los partidos políticos desempeñan un papel central en este diseño institucional, ya que las elecciones constituyen la piedra angular de la democracia. Es a través de los partidos políticos que se hace efectiva la competencia electoral para seleccionar los puestos de elección popular estipulados por la ley. Para garantizar la transparencia y autenticidad de los procesos electorales, los partidos políticos tienen la responsabilidad de acreditar custodios (tanto electorales como informáticos) y nombrar a los representantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Este diseño institucional funcionó relativamente bien durante las elecciones de noviembre del 2021, en un contexto en el cual la mayoría de las fuerzas políticas nacionales y actores poderosos a nivel regional y mundial buscaban poner fin a la prolongada administración del Partido Nacional y a la dominante presencia política de Juan Orlando Hernández (JOH). Pero en el 2025, el contexto nacional e internacional ha cambiado, caracterizándose por una intensa polarización y disputa por el poder. Esta situación ha llevado a la institucionalidad electoral a una fase crítica que podría desembocar en una peligrosa crisis política nacional.
¿Qué falló el 9 de marzo? ¿Qué impactos está teniendo en la institucionalidad electoral?
Tras los eventos del 9 de marzo, el Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio . Aunque, al igual que en muchos casos emblemáticos del país, es probable que nunca se esclarezca completamente quiénes fueron los responsables ni cuáles eran los objetivos detrás del caos provocado en los comicios primarios.
Pero lo que sí sabemos, hasta el momento, con alguna precisión es que el CNE padeció déficits gerenciales (fallos en su desempeño), atribuibles a un conjunto de factores:
- De contexto: las aprobaciones tardías del presupuesto, su ampliación y la ley especial de compras directas por parte del Congreso Nacional, han tenido un impacto significativo en el cumplimiento de un cronograma ya de por sí ajustado.
- El incumplimiento de contratos: los transportistas contratados para movilizar las maletas electorales en el MDC utilizaron buses conocidos como “rapiditos”, en lugar de los camiones estipulados en los contratos. Además, algunas de las imprentas responsables de imprimir las papeletas para el MDC y San Pedro Sula hicieron entregas muy tardías.
- La logística y el transporte: el incumplimiento de los contratos desorganizó los procesos logísticos y de transporte del CNE, al extremo que las maletas electorales estaban siendo ensambladas el mismo día de las elecciones, lo que en parte explica su llegada tardía a los centros de votación.
Igualmente, las Fuerzas Armadas han fallado en su función constitucional de “custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales”. Si no es así, ¿cómo se puede justificar la circulación de buses privados, utilizados para el transporte público, deambulando durante horas en Tegucigalpa y Comayagüela sin la debida custodia militar y sin un plan claro para la entrega del material electoral? A esto se suma la falta de cumplimiento de los partidos políticos en la acreditación ante el CNE de todos los custodios de transporte, tal como establece la ley.
Ante el panorama anterior, es crucial que todos los actores involucrados (CNE, Fuerzas Armadas y Partidos Políticos) adopten una posición autocritica. Deben identificar con claridad las fallas y establecer mecanismos correctivos. Además, es fundamental asegurar el diálogo interinstitucional y acordar una hoja de ruta que garantice la realización en noviembre de elecciones transparentes, democráticas, auténticas y pacíficas.
Sin embargo, las acciones actuales de los actores de la institucionalidad electoral y del sistema político apuntan hacia una mayor polarización, lo que podría crear condiciones propicias para el caos político-electoral y la fractura institucional. Algunas de estas acciones preocupantes son las que siguen:
- Ruptura del carácter colegiado del CNE. La creciente conflictividad entre partidos ha afectado al árbitro responsable de garantizar elecciones transparentes, auténticas y democráticas. Cada uno de los tres consejeros, expone su propia narrativa a través de las redes sociales, realizan conferencias de prensa y responden individualmente a requerimientos de la institucionalidad (para el caso, las citas del MP), socavando la naturaleza colegiada de este organismo, tal como lo exige la normativa constitucional y la ley electoral.
- Ruptura del diálogo entre el CNE y las Fuerzas Armadas. La reunión del 21 de marzo, programada para que las Fuerzas Armadas presentaran su informe sobre los acontecimientos del 9 de marzo, se canceló antes de iniciar, evidenciando la división entre las posturas de los tres consejeros del CNE y generando un intenso conflicto entre la consejera presidenta del CNE (Cossette López) y el jefe del Estado Mayor conjunto de las FF.AA. (Roosevelt Hernández).
- Apertura de denuncias judiciales y a organismos de los derechos humanos. Actualmente, está abierto un proceso de investigación por parte del MP. Simultáneamente, el general Hernández anunció la presentación de una denuncia para investigar la acusación de Cossette López sobre la supuesta adulteración del informe original de las FF.AA. Además, López acudió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y para denunciar lo que considera una agresión verbal por parte del general Hernández.
- Creación de comisión especial del Congreso Nacional para investigar las elecciones primarias. Esta Comisión tiene el mandato de “investigar los hechos ocurridos antes, durante y después del proceso electoral, presentando un informe detallado de hallazgos, conclusiones y recomendaciones al pleno del Congreso”.
Estas acciones en conjunto evidencian que la institucionalidad electoral está atravesando por graves fisuras. Si no se superan a corto plazo, la siguiente fase podría ser el estallido de una crisis nacional (de carácter político-electoral) que afectará a la sociedad hondureña en su conjunto, tal como ha ocurrido con otras crisis similares, la más reciente del 2009 que desembocó en el golpe de Estado.
¿Aún es posible gestionar democráticamente las graves fisuras institucionales?
Adam Przeworski, destacado teórico contemporáneos de la democracia, señala que en momentos de crisis “ni las constituciones ni las leyes proporcionan una guía clara para resolver conflictos particulares y, entonces, la distinción entre institucional y no institucional se disuelve” (Las crisis de las democracias, 2022).
La experiencia de los últimos 15 años en Honduras indica que ni las instituciones ni los marcos jurídicos actuales tienen la capacidad de gestionar democráticamente los conflictos interpartidarios. En ese sentido, el único camino para evitar una crisis política nacional sería el pragmatismo del liderazgo político multipartidario, negociando un pacto de gobernabilidad en torno a dos puntos básicos:
- Restablecer el funcionamiento de la institucionalidad electoral afectada por los acontecimientos del 9 de marzo y,
- Garantizar la celebración de las elecciones generales de noviembre.
Si no se logra esta salida negociada, el único camino que quedará será la intervención de las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido en la inestable historia política moderna del país (1957, 1963, 1972 y 2009). No podemos anticipar hacia dónde nos llevaría una intervención militar en el contexto presente, marcado por un retroceso de la democracia a nivel internacional y el cuestionamiento de los valores esenciales de los derechos humanos.
En la actual coyuntura política, las Fuerzas Armadas ya se han posicionado como un actor central, respaldadas por los mandatos constitucionales electorales y por los nuevos roles y recursos financieros proporcionados por la actual administración. Además, hay que tener presente que el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (CNDS) nunca fue reformado o derogado; su sola existencia ubica a las Fuerzas Armadas en una posición clave en la gestión pública hondureña.
Sin embargo, aún estamos a tiempo de evitar el desastre, si es que la élite política aprendió algo de la crisis del 2009.
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