Escrito por Claudia Mendoza
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El asesinato de Valeria Alvarado, la estudiante de medicina de 20 años, hallada sin vida en San Manuel, Cortés, evidencia que el Estado de Honduras sabe cómo se secuestra y cómo se mata a una mujer, pero elige ser un simple espectador de las tragedias. Las autoridades policiales, con una precisión que resulta alarmante, reconocieron que miembros de la MS-13 la asesinaron, y que esta organización opera “bajo un patrón sistemático de selección y perfilamiento de víctimas”, además de mantener “presencia operativa en distintas ciudades del país”[1].
Esta contradicción institucional resulta perversa. Según la Secretaría de Seguridad, “Las investigaciones establecen que la estructura operaba bajo un patrón sistemático de selección y perfilamiento de víctimas, principalmente mujeres, a quienes interceptaban para privarlas de su libertad y despojarlas de sus vehículos, además de cometer otros ilícitos”.
Estos elementos, lejos de brindar tranquilidad, plantean una situación preocupante para la sociedad en general, especialmente para las mujeres, tanto organizadas como no organizadas, por las siguientes razones:
- ¿El conocimiento que tiene la policía sobre estas estructuras constituye una herramienta para alcanzar justicia o, por omisión, contribuye a mantener la impunidad?
- ¿Puede una mujer en Honduras sentirse protegida cuando la máxima autoridad en seguridad admite conocer la logística de los criminales, pero no actúa para interceptarlos y evitar los crímenes?
- La confesión policial sobre el dominio territorial de la MS-13, ¿representa una rendición del Estado frente al crimen organizado?
El crimen de Valeria y los altos índices de impunidad
Valeria Jolette Alvarado Borjas, de 20 años, era estudiante de la carrera de medicina. Sin embargo, a la jovencita se le truncaron sus sueños de una forma muy cruel. Según los reportes policiales y de medios de comunicación, la tarde del domingo 15 de febrero de 2026 salió de su casa hacia un campo de fútbol en la colonia Santa Fe, en El Progreso, Yoro, cuando se disponía a hacer ejercicio[2]. Al bajarse de su vehículo, los informes preliminares indican que varios maleantes la privaron de su libertad. Siete días después de su desaparición, durante la noche del domingo 22 de febrero, agentes policiales y forenses localizaron su cuerpo sin vida en una zona cañera ubicada entre San Manuel, Cortés y El Progreso, en el norte de Honduras[3].
En un país como Honduras, convertido en un escenario de crueldad, donde se asesina con saña y brutalidad a las mujeres, el asesinato de Valeria Alvarado se suma a las cifras de muerte. Según el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va de 2026, al menos 29 mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y 29 años, han sido asesinadas[4].
Según el ONV, los departamentos con mayor incidencia de crímenes contra mujeres “continúan siendo Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Comayagua, especialmente en municipios como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés”. También, registra diariamente que seis personas pierden la vida por hechos homicidas. Pero, señala que, aunque la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, la violencia dirigida contra la población femenina presenta características particulares que revelan un problema estructural aún no resuelto por el Estado. Este fenómeno ha adquirido dinámicas propias, vinculadas a las desigualdades estructurales, la impunidad judicial y las fallas institucionales históricas que, entre el 2005 y 2024, cobraron la vida de 7,746 hondureñas.
Además, en los últimos cuatro años se han registrado en promedio 25 víctimas mensuales. Pero un dato que resulta aún más alarmante, es que la impunidad en estos casos alcanza aproximadamente el 95 %. Aunque Honduras continúa siendo uno de los países con las tasas más altas de muertes violentas de mujeres en América Latina, los crímenes contra ellas se han normalizado, mientras que el alto nivel de impunidad se ha convertido en una realidad cotidiana, tanto en el ámbito social como en los medios de comunicación.
En ese contexto, la académica señala que el principal desafío no radica únicamente en reducir las cifras, sino en comprender las condiciones que permiten que la violencia contra las mujeres se reproduzca de manera sostenida.
Históricamente, los esfuerzos se han concentrado en respuestas posteriores al delito, priorizando la investigación criminal y la persecución penal, mientras los factores de riesgo permanecen intactos. Esto evidencia que la violencia no solo responde a dinámicas del crimen organizado, sino también a expresiones persistentes de violencia de género arraigadas en la estructura social[5].
Reflexiones: la MS-13, el crimen de Valeria y la ineptitud estatal
A través de un Comunicado de Prensa (SEDS N. 17-2026), La Secretaría de Seguridad informó que luego de una operación policial se detuvo a dos hombres, ambos integrantes de la MS-13: el primero, Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, alias “Galván”, quien fue capturado en Choloma después de volcar su vehículo en Río Blanquito mientras intentaba huir de las patrullas. Sobre Galván hay tres órdenes de captura por secuestro agravado, violación y robo con violencia. También contaba con denuncias de cinco testigos protegidos, entre ellos dos ciudadanas estadounidenses[6]. El segundo capturado es Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, alias “Vegeta”, quien fue requerido por agentes en San Pedro Sula.
En el contexto del crimen de Valeria, la Secretaría de Seguridad informó que esta estructura delictiva opera estudiando las rutinas y puntos vulnerables de mujeres para asesinarlas. También destaca que este es un patrón de conducta que ya se investigaba en casos previos que han ocurrido en Siguatepeque, departamento de Comayagua.
También informó que “Las investigaciones establecen que la estructura operaba bajo un patrón sistemático de selección y perfilamiento de víctimas, principalmente mujeres, a quienes interceptaban para privarlas de su libertad y despojarlas de sus vehículos, además de cometer otros ilícitos”.
Alrededor de esta información, hay algunos aspectos que ameritan analizarse:
- La Mara Salvatrucha (MS-13).
Cuando el máximo órgano en seguridad del país admite que conoce el modus operandi y la logística de la Mara Salvatrucha (MS-13) para identificar y raptar mujeres que serán sus próximas víctimas, las alertas deben activarse de inmediato. Esta declaración es sumamente grave porque implica el reconocimiento por parte de la Policía Nacional de la existencia de una vigilancia activa de las maras sobre la población civil, vigilancia que el Estado no puede o no quiere desmantelar.
Además, el hecho de que los detenidos tienen antecedentes graves resalta la existencia de un sistema de justicia que funciona como una “puerta giratoria”[7]. La Policía conoce en detalle el perfil de los captores, como el caso de Galván, quien tiene en su haber órdenes por secuestro agravado, violación y robo, además de testimonios en su contra.
Esto nos indica que Galván “no era un fantasma”, sino un criminal plenamente identificado. Incluso, según algunos reportes de medios de comunicación, mantenía redes sociales activas en las que compartía hasta de los lugares que frecuentaba.
Los sistemas de inteligencia de la Policía Nacional tienen acceso a informantes y al análisis que realiza la inteligencia criminal. Esto les permite “mapear” las pandillas, comprender sus jerarquías y monitorear sus movimientos. Si en el caso de Galván existían testigos protegidos y órdenes previas de captura, que anduviese en libertad no fue un error, sino una negligencia criminal de los cuerpos de seguridad de Honduras, que tuvo un costo altísimo: la vida de Valeria Alvarado.
- El mapa de impunidad
Las autoridades han admitido que tienen una especie de mapa de los lugares donde opera la MS-13, una revelación que genera horror. Sin embargo, las maras continúan ejerciendo una soberanía de facto en ciertos barrios donde la policía solo entra para realizar operativos mediáticos, pero no mantiene presencia de forma permanente.
Se sabe que, a menudo, la información sobre los operativos se filtra desde adentro de la policía, permitiendo que los cabecillas escapen. Hasta ahora, en la historia del país, jamás ha habido una real depuración policial. Sigue siendo un secreto a voces que la Policía Nacional continúa infiltrada por el crimen organizado y el narcotráfico.
Por otro lado, resulta cuestionable que la policía mantenga un enfoque predominantemente reactivo, actuando solo después de que se comete un delito, en lugar de centrarse en la prevención y en la desarticulación completa de las estructuras logísticas y financieras que sostienen el “modus operandi” de las maras o pandillas.
Toda esta información da la impresión de que el “conocimiento” que se obtiene no se traduce en protección ni en acciones preventivas. La Policía Nacional ha evidenciado que sus investigaciones son de “papel” porque sus cuerpos de investigación son buenos recolectando información y armar expedientes, pero son deficientes en la ejecución de capturas y en el sostenimiento de pruebas ante los juzgados.
A manera de conclusiones
La Policía Nacional sostiene que el Estado mantiene una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales organizadas, fortaleciendo sus capacidades de investigación e inteligencia para reducir la impunidad y garantizar la protección de la población hondureña.
Sin embargo:
- Honduras no necesita más policías que “sepan” cómo operan las maras. El país necesita una justicia que actúe antes de que el nombre de una mujer, como Valeria Alvarado, se convierta en una etiqueta en la morgue. Mientras el conocimiento policial no se traduzca en detenciones preventivas y sentencias firmes, el Estado seguirá siendo el cómplice silencioso de cada femicidio.
- El caso Galván evidencia que el Sistema Judicial y el Policial no se comunican. Es urgente que se implemente una plataforma integrada en la cual un delincuente con antecedentes de violación, secuestro y asesinatos sea un objetivo prioritario de captura, no un expediente olvidado en las gavetas o en una base de datos. La puerta giratoria en el Sistema Judicial de Honduras permite que criminales confesos perfeccionen el arte de acechar y asesinar, especialmente a mujeres.
- Si la Policía Nacional sabe cómo operan las maras para secuestrar, raptar y asesinar mujeres, debe implementar protocolos de respuesta inmediata (tipo la alerta Amber[8]), que no dependan de esperar 24 o 48 horas. En delitos cometidos por estructuras criminales, las primeras horas pueden ser la diferencia entre la vida y el hallazgo de una mujer asesinada.
- El crimen de Valeria Alvarado y otros casos emblemáticos de asesinatos y desapariciones de mujeres, como los de Belkis Molina[9] y Keila Martínez[10], que permanecen en la impunidad, evidencian que el Estado hondureño es responsable por omisión. La vulnerabilidad de las mujeres en Honduras se ha vuelto una política de Estado que garantiza que los femicidios se conviertan en una práctica cotidiana, con poco o nulo riesgo para los asesinos.
[1] https://x.com/SSEGURIDADHN/status/2025933533345206679
[2] https://www.laprensa.hn/sucesos/hallan-sin-vida-jovencita-sido-reportada-desaparecida-el-progreso-CN29420417
[3] https://tiempo.hn/sucesos/2026/02/23/cronologia-valeria-alvarado-desaparicion-tragico-hallazgo/
[4] https://blogs.unah.edu.hn/presencia-universitaria/prevenir-antes-que-lamentar-las-politicas-publicas-pendientes-frente-a-las-muertes-violentas-de-mujeres-en-honduras/
[5] https://blogs.unah.edu.hn/presencia-universitaria/prevenir-antes-que-lamentar-las-politicas-publicas-pendientes-frente-a-las-muertes-violentas-de-mujeres-en-honduras
[6] https://tiempo.hn/sucesos/2026/02/23/revelan-opera-estructura-criminal-rapto-asesinato-valeria/
[7] La puerta giratoria en la justicia es una metáfora que describe la falla del sistema penal donde los delincuentes son detenidos, pero salen libres rápidamente, reincidiendo poco después. https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2021/06/Puerta-Giratoria_Reporte_2021_baja.pdf#:~:text=La%20puerta%20giratoria%20es%20una%20met%C3%A1fora%20sesgada,utilizado%20para%20motivar%20contrarreformas%20al%20modelo%20acusatorio.
[8] https://alertaamber.fgr.org.mx/swb/alertaamber/Que_es_AAMX