Escrito por Rubén Escobar
Las historias de Mercedes García, Sonia Triminio, Catalina Córdoba y Martín Cardoza reflejan las dificultades que enfrentan las campesinos y agricultores hondureños: las inclemencias del cambio climático, la falta de acceso a financiamiento y tecnología, la marginación de las mujeres productoras, la infraestructura deficiente y la amenaza constante de la pobreza. Todos ellos coinciden en que 282 millones de lempiras, desviados de manera fraudulenta, pudieron haber transformado su realidad.
El millonario desfalco de fondos destinados al sector agrícola hondureño, conocido como “Caso Pandora”, que documentó la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih), sigue siendo una herida abierta para miles de campesinos y campesinas que vieron esfumarse la oportunidad de mejorar sus precarias condiciones de vida y producción.
Tras el saqueo de más de 282 millones de lempiras que debían canalizarse a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los anhelos de progreso se convirtieron en decepciones amargas para quienes batallan día a día para sobrevivir de la tierra.
Los fondos que fueron a parar a manos de decenas de políticos durante la primera campaña de Juan Orlando Hernández, entre los años 2010 y 2013, estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes de Olancho, Intibucá y Colón; para mejorar la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco (Yoro); y para crear escuelas agrícolas en Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua.
Mercedes García: el dinero robado pudo cambiar el modelo de producción
Mercedes García Domínguez se ha dedicado “desde siempre”, al cultivo de granos básicos, hortalizas y frutas como melocotones, guayabas y duraznos, “porque las familias indígenas vivimos de lo que sembramos, para el consumo”, dice.
Cuando tenía 15 años de edad se adhirió a la Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR) y desde entonces se ha venido capacitando en el mejoramiento de sus habilidades como productora y en la defensa de sus derechos como mujer lenca. Ahora tiene 42 años y conoce a profundidad el entorno ambiental, social y económico de su comunidad.
“Ahorita hay dificultades con los efectos del cambio climático, no hay lluvias, se secaron las fuentes de agua y no tenemos sistemas de riego”, advierte.
A los problemas ambientales se suman los económicos. En las comunidades lencas la tierra suele estar a nombre de los padres o esposos por lo que, al carecer de garantías, las mujeres productoras no tienen acceso a créditos.
De entrada, los bancos no consideran a las mujeres como agricultoras. En ocasiones les aprueban préstamos pequeños pese a que la inversión que planifican es alta, especialmente porque la semilla de papa, cultivo tradicional en la zona, es importada.
También sufren con los intermediarios. Al no tener acceso a préstamos, los intermediarios se encargan de proveer los recursos necesarios para la siembra: semillas, abonos, herramientas y algún dinero para quienes necesitan contratar jornaleros. Pero cuando la cosecha sale, deben venderla a los precios que les imponen. “No importa si en ese momento otra gente está comprando a mejor precio, ya está comprometida”, advierte Mercedes.
Por si fuera poco, los grandes productores acaparan la semilla de mejor calidad, ya adaptada a la región, y a los campesinos les dejan variedades que están en proceso de introducción. Esto, a la larga, significa pérdidas porque las cosechas no rinden lo esperado, sostiene esta campesina.
Mercedes, junto a algunos familiares, trabaja en “ocho tareas” los cultivos de temporada. Eso equivale a media manzana. Adicionalmente brinda su fuerza laboral en un terreno que es propiedad colectiva de AMIR, estructura en la que hacen pruebas con papa orgánica y otros cultivos experimentales.
Ella vive en la comunidad de Silimania, a unos 6 kilómetros de La Esperanza. Asegura que nunca escuchó hablar de los recursos que gestionó la Secretaría de Agricultura y Ganadería para los productores de Intibucá, ni en el gobierno de Porfirio Lobo ni en ningún otro.
“Ellos todo lo hacen por vía política. Nosotros miramos como los ‘guías de familia’ daban abono a las familias de ellos, pero no se acercaban a la población a ofrecer ayuda. Vemos que siempre apoyan a los líderes políticos y ahí ellos distribuyen a su conveniencia”, relata.
Está convencida que, si ese dinero robado por los políticos en el Caso Pandora hubiera llegado a los productores organizados, hubiera tenido impacto en el estilo de vida de las familias y en el modelo de producción que les impide salir adelante y apenas les alcanza para cubrir sus necesidades. Sin embargo, “los programas del Estado no son participativos y si se ejecutan llegan a destiempo para beneficiar a quienes no lo necesitan, especialmente a grandes productores”, advierte.
Incluso, con el gobierno actual, el único acercamiento que han tenido, como miembros de AMIR, fue unas presentaciones que hicieron ante funcionarios de los Servicios para Emprendedores en Honduras (Senprende), a quienes intentaron concienciar sobre lo negativo que resulta introducir variedades transgénicas junto a cultivos criollos. Pero sobre el apoyo a las productoras de Intibucá, nada se dijo.
Sonia Isabel Triminio: Nos robaron a los productores, por eso estamos como estamos
Sonia Isabel Triminio conversa animadamente sobre su trabajo como agricultora en la zona de El Paraíso, departamento en el oriente del país. Sus padres le heredaron técnicas ancestrales sobre la siembra de maíz, frijoles y café, “pero yo me agarré del café, aunque mi marido sí, siembra granos básicos”, asegura.
A sus 53 años de edad y con toda una vida dedicada al campo, está acostumbrada a lidiar con las vicisitudes del oficio y se permite sonreír cuando habla de ellas. Y eso que sus problemas pasan incluso por la sobrevivencia de su familia. El último año fue particularmente difícil ya que la mayor parte de su cosecha de café se echó a perder, al grado que sólo recogió entre 6 y 9 quintales, cuando en una época normal llega a los 35. La zafra comenzó en enero y en febrero ya habían terminado.
Para sufragar los gastos del día a día, ha tenido que hacerse de “deuditas, agarrando aquí y allá, porque no sólo es comer, sino que a veces uno se enferma”, asegura esta madre de cinco hijos, quien posee manzana y media de cafetal, montaña arriba, a 6 kilómetros de El Paraíso.
Sonia no se queja y señala que la deficiencia en las cosechas le sucedió a la mayoría de sus vecinos, pequeños parceleros. Lo atribuye al mal clima y a la imposibilidad de darle a la tierra un riego adecuado y otros cuidados que demanda la tecnología agrícola moderna, “porque trabajamos con nuestros propios recursos, no tenemos de dónde”, advierte.
De acuerdo con el marco teórico expuesto en lo que ahora se denomina “Caso Pandora”, Sonia pudo haber sido una de las beneficiarias de ese proyecto. Ella recuerda que a principios del gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), algunos funcionarios se acercaron y les pidieron asociarse en una caja rural para recibir recursos orientados a la producción.
“De nuestro dinero hicimos trámites con abogados y al final no obtuvimos los fondos del gobierno ni tampoco la personería jurídica de la caja rural” reconoce, mientras ríe brevemente.
Ella está clara en que “al final fuimos afectados los productores, el robo fue para nosotros. Dependíamos de ese financiamiento y por eso estamos como estamos”.
En años recientes, un grupo de 9 hombres y 9 mujeres, Sonia incluida, fundaron la caja rural “Visionarios del futuro”, en el caserío Los Higueros, aldea La Unión. Su esperanza era financiar sus cultivos a través de la organización, pero tras el fracaso de la última cosecha, eso se esfumó. “Fuimos a Banadesa pero allí nos cerraron las puertas y ahora la única esperanza que tenemos es ir a Banhprovi”, aseguró.
Las consecuencias también se sentirán este año. En el mes de mayo tendrían que haber fertilizado el café para fortalecer la producción venidera, pero la falta de recursos les ha impedido iniciar los trabajos.
Sonia reflexiona que, de haberse invertido esos 282 millones de lempiras en el campo, posiblemente el nivel de vida de su familia y de otros productores sería mejor. Pidió a la presidenta Xiomara Castro “echar un vistazo” al campo para mejorar las condiciones de las y los productores, porque el campo se está quedando vacío, con muchos jóvenes emigrando a los Estados Unidos o enrolándose en la Policía Nacional, como alternativa de progreso personal.
Catalina Córdoba: la corrupción nos ha hecho trizas
Catalina Córdoba suele mostrar su orgullo de ser originaria del departamento de Yoro, “el único lugar de Honduras donde llueven peces, pero ahorita los estamos esperando, no ha llovido”, dice. De hablar claro y directo, Catalina comenta que ya se encuentra en su “tercera juventud” pero sigue con las mismas ganas de siempre, en su lucha por mejorar las condiciones de vida de los campesinos.
Ella es presidenta de la regional Asociación Nacional de Campesinos (ACAN), con influencia en los municipios de Sulaco, Yorito, Victoria, Jocón y Yoro. Los que promovieron el saqueo de Pandora gestionaron fondos para algunos de estos municipios. Pero, “de esos recursos, de Pandora, nunca nos informaron”, sostiene Catalina. Se enteraron de la trama hasta que “dijeron que se lo había agarrado gente grande en Tegucigalpa. Esa gente que hizo Ong´s amañadas; sabemos que ellos agarraron ese dinero y los campesinos no fuimos beneficiados”, acota.
Considera que de haberse canalizado correctamente esos fondos, “los campesinos viviéramos mejor, pero cada día vamos de mal en peor. Hay tanta corrupción, la corrupción nos ha hecho trizas”, agrega.
En sus siete manzanas de tierra, Catalina logra cosechar hasta 120 quintales de maíz y frijoles por manzana cuando aplica las técnicas adecuadas. Sin embargo, enfrenta diversos obstáculos como productora, principalmente por la falta de acceso oportuno a insumos y financiamiento. Las condiciones de trabajo distan mucho de ser ideales. La sequía que está afectando a toda Centroamérica ha impedido que puedan sembrar, pese a que desde inicios de mayo tienen los terrenos preparados. Ella y la gran mayoría de sus compañeros no tienen cómo instalar mecanismos para regar sus cultivos.
Mencionó que en el gobierno de Juan Orlando Hernández se destinaron tres grandes sistemas de riego para la región, pero “los agarraron los más pudientes del municipio” de Yoro.
Ella, al igual que miles de campesinos a nivel nacional, padece por la falta de créditos por parte de la banca privada. Asegura que son tan engorrosos los trámites que en ocasiones ha conversado con algunos gerentes y les ha dicho que lo único que falta es que pidan las actas de defunción de sus padres.
Otro desafío que enfrentan es la falta de apoyo gubernamental. Por eso Catalina critica que se divulgue con frecuencia la entrega de bonos a los campesinos, cuando la realidad es que esos son acaparados por los “dizque diputados”. La realidad es que “no recibimos los beneficios que son necesarios para la producción”, cuestiona.
A pesar de las dificultades, ella destaca la importancia de la organización campesina, como la única forma de luchar para vencer los obstáculos que tienen como productores. Enfatiza que en la ACAN han tenido oportunidad de capacitarse, formando líderes con vocación de servicio y con valores que buscan trasladar a las empresas y familias.
Por lo pronto, asegura que seguirá teniendo esperanzas de que pronto lloverá nuevamente para bien de sus cultivos, y porque también podrá presenciar el fenómeno por el que es conocido el departamento de Yoro: la lluvia de peces.
Martín Cardoza: hubiéramos podido mejorar nuestra infraestructura
Cuando Martin Cardoza tenía 13 años, su familia se mudó de su natal Copán al departamento de Yoro, porque en el occidente no tenían tierra disponible para la siembra y la pobreza los agobiaba. Dos años después, a los 15, asumió responsabilidades como agricultor independiente, sembrando la parcela que le encomendaban.
Hoy, a sus 59 años, habla con propiedad de los desafíos que se enfrentan al sembrar maíz y frijoles en las áreas rurales de su departamento. Las tierras que cultiva están en el kilómetro 31 entre Santa Rita y Yoro, en las cercanías del municipio de El Negrito.
Allí en el verano las cosechas “se van a pique” por el calor sofocante y la falta de infraestructura que permita aprovechar el recurso hídrico de la zona. En el invierno, ocurre el riesgo de inundaciones que amenaza constantemente a un importante número de empresas campesinas que subsisten en la margen del río Cuyamapa, zona donde no existen bordos de contención. “Eso causa pérdidas enormes a los productores”, apunta. Por supuesto que eso lo incluye a él.
Los golpes que año con año asesta la naturaleza hunden a muchas familias en la pobreza, porque usan sus propios recursos para financiar las cosechas y cuando las pierden se diluye todo lo que tienen. Los que trabajan con crédito quedan endeudados y pierden la capacidad de seguir produciendo, señala Cardona, quien es el presidente de la ACAN a nivel nacional.
Explicó que las condiciones en que cultiva el campesinado solo les permite sobrevivir. Los pocos que han ido mejorando su condición económica ha sido a costa de muchas privaciones, para ir adquiriendo algunas vacas u otros animales de granja, dice.
En los últimos 15 años solo recuerda dos beneficios gestionados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Uno fue a través del Proyecto de Mercadeo y Desarrollo del Comercio (Promecom), financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El otro es el Bono Tecnológico, que es distribuido a algunos productores en ciertas épocas del año. Sin embargo, del millonario saqueo que significó el Caso Pandora no tuvo noticias hasta que trascendió como un acto más de corrupción.
“Si esos recursos hubieran llegado a los productores, la situación sería otra. Las condiciones de infraestructura quizás hubieran mejorado, especialmente con los sistemas de riego, y así la gente no tuviera riesgo de perder por sequía”, refiere.
Lamentó particularmente que se hablara de un fondo destinado a grupos de mujeres y que nadie se haya dado cuenta, sino hasta que el dinero se había desviado.
Según su criterio, para evitar el saqueo de los fondos públicos, utilizando el nombre de los campesinos, debe existir mayor vinculación entre los productores y los programas de gobierno; información permanente sobre lo que se programa y se ejecutará.
Además, es necesario crear una estructura en la que participe el sector campesino, con representantes adscritos a los programas y proyectos, “porque aquí el campesino propone una cosa, pero el funcionario hace lo que él quiere o lo que cree que es correcto”.
