Escrito por René Estrada
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69 años después de que las mujeres conquistaron el derecho al sufragio, en 2022, Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras. El hecho marca un gran avance en la participación política de las mujeres, sin embargo, casi siete décadas después, persisten retos y desafíos que obstaculizan el pleno acceso a sus derechos políticos y humanos, entre ellos la violencia que enfrentan por ser mujeres.
En Honduras, de acuerdo con representantes de organizaciones de mujeres, persiste una cultura patriarcal que promueve estereotipos que asocian a los hombres con la esfera pública y con acceso al poder. Mientras, a la mujer se le encasilla en la esfera privada, doméstica, familiar, de servicio y sin acceso a recursos y menos a poder. Pero, cuando las mujeres participan en política y hacen una ruptura con los roles tradicionales de género, comienza la violencia y la discriminación.
Las mujeres organizadas consideran que Honduras es un país pequeño que ha normalizado y tolerado la violencia política contra las mujeres. Pero, las dinámicas que sufren las mujeres de las zonas urbanas y rurales no son precisamente las mismas, aunque se mantengan similitudes y patrones.
En ese escenario, se vuelve urgente que desde el Estado y los entes que rectoran los partidos y procesos políticos electorales se avance hacia la mejora de los marcos legales, se estudien y monitoreen las problemáticas, se implementen mecanismos para el acceso a la justicia, y la reparación y prevención de daños que históricamente han ocasionado una deuda política y social con las mujeres.
Un “castigo” por romper con el status quo
Los datos relacionados con la violencia hacia las mujeres, los femicidios e impunidad son escalofriantes. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para abril del 2024, Honduras ocupaba el primer lugar a nivel latinoamericano y el quinto a nivel mundial en cuanto a feminicidios. Mientras, según registros de organizaciones de derechos humanos nacionales, impera una tasa de impunidad mayor al 95% en estos casos.
La Primera Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y de Niñas de 15 años y más (ENESVMN), del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del 2022, establece que más de la mitad de las mujeres hondureñas han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea física, psicológica, sexual, o patrimonial y discriminación.
Además de la violencia por razón de género, a nivel político, pese a que Honduras cuenta en la actualidad con la primera mujer presidenta del país y la segunda presidenta de la Corte Suprema de Justicia (electa con criterios de paridad de género que lograron que 8 de las 15 personas magistradas fueran mujeres), el panorama de participación no es alentador, aunque ostentan el 54% del padrón electoral.
En el Congreso Nacional apenas 35 de los 128 escaños son ocupados por una mujer. Mientras, a nivel local, solo 20 de las 298 corporaciones municipales son dirigidas por una alcaldesa. Esta tendencia se mantiene a nivel de secretarías de Estado: apenas 8 de las 31 son encabezadas por una mujer.
Pese a la poca representación de mujeres en espacios de poder y de toma de decisión, en el proceso electoral de 2021 se registró un fuerte aumento en la violencia física, verbal y/o psicológica en contra de la mujer que, de acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), anuló e impidió el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
La violencia contra mujeres de zonas urbanas
“Un político me encerró en contra de mi voluntad por más de una semana, casi secuestrada, en Valle de Ángeles”, testificó una de las mujeres que fue entrevistada para el estudio Impacto de la violencia política hacia las mujeres con enfoque de interseccionalidad. Estudio de caso en las áreas urbana y rural, realizado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), en el marco del trabajo que realiza junto al Centro de Estudios de La Mujer-Honduras (Cem-H) y el Foro de Mujeres Políticas (FMPH).
Estas tres organizaciones conformaron el Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (Comunh), una estructura que tiene como objetivo mejorar la participación de las mujeres en espacios políticos para llegar a una real incursión y erradicar la violencia política hacia las mujeres, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés).
La entrevistada pertenece a un grupo de mujeres del sector urbano que forma parte de la esfera política de Honduras y que participaron en grupos focales o cedieron entrevistas para documentar el estudio. El 100% de estas mujeres ha sido candidata a un cargo de elección popular.
El estudio, que también se documentó con una encuesta que se aplicó a las participantes, establece que, a nivel urbano, las mujeres que participan en política sostienen relaciones de pareja, son madres, profesionales universitarias, en su mayoría con posgrado; algunas de ellas cuentan con negocios propios. En otras palabras, son personas con responsabilidades múltiples a nivel personal y profesional. Sin embargo, sus logros no las exime de sufrir violencia política en razón de género.
Las mujeres que representan a los sectores urbanizados del país, en el ejercicio de sus derechos políticos-electorales, se enfrentan a violencia psicológica, económica, sexual, física y simbólica, esta última tipología de violencia la reciben a través de medios de comunicación y redes sociales. Pero, principalmente, estas mujeres enfrentan abusos de poder por parte de quienes integran las estructuras partidarias. Más en específico, este grupo de mujeres enfrenta violencia ejercida por los “dueños y líderes” de los partidos políticos en los que militan.
“Cuando una hace el trabajo de hormiga, saca la lista, ordena el salón, cuando pone las mesas, prepara el pastel, llama a la gente, ahí no pasa nada. Pero cuando esa mujer, que ha servido de hormiga, que ha hecho su trabajo, empieza a pedir un espacio dentro de la toma decisiones, ahí empezamos a estorbar y ahí es donde empieza la violencia. Muchas veces violencia que más duele es la que viene desde nuestros propios partidos, de nuestros pares”, manifestó otra entrevistada.
Aunque la violencia política en razón de género se agudiza en el marco de las elecciones generales y se manifiesta de manera sistémica con acciones como la negación de fondos para campaña o negación del salario, también se reportan sucesos en la contienda post electoral. Para el caso, una de las participantes del estudio comentó que 90 días después de haber sido electa como regidora, se le obligó a renunciar a su cargo y hasta se le ofreció dinero, pero resistió y se mantiene en su puesto electoralmente obtenido.
Otro aspecto que caracteriza la problemática es que un buen número de mujeres no reconoce que está siendo víctima de violencia política en razón de género, por lo que urge la promoción de campañas y acciones que garanticen el acceso a la formación y capacitación acerca del tema: causas, formas, manifestaciones y consecuencias.
La violencia política contra las mujeres ha sido tan normalizada que una de las diputadas que participó en el estudio manifestó que “cuando empecé en política, había situaciones que me sucedían; yo me sentía incómoda. Yo estaba a cargo de temas importantes dentro del partido y de repente había reuniones de alto nivel y siempre me excluían de ellas. Se sentía incómoda, pero no sabía que se llamaba violencia”. Casos como este, hay muchos.
Es importante resaltar que, de acuerdo con las entrevistadas, la violencia política que sufren es mayoritariamente ejercida por “compañeros de trabajo, colegas de sus mismos partidos políticos y medios de comunicación”. Pero también han sido victimarios agentes del Estado y congresistas. Lastimosamente, las participantes también relataron casos en los que mujeres de sus ciudades o colegas de sus partidos ejercen violencia contras otras féminas.
Asimismo, admiten que el mayor impacto que la violencia política contra las mujeres en razón de género ha tenido es la deserción o renuncia, debido a que tiene consecuencias para su desarrollo personal, profesional y su trayectoria política, especialmente porque este tipo de acciones no están contempladas ni reguladas en la legislación hondureña. “Se les ridiculiza” cuando acuden a poner una denuncia.
Las víctimas de la zona rural
En la ruralidad, la violencia que sufren las mujeres no varía mucho con la que resisten las que se ubican en las zonas urbanas. Sin embargo, en este caso, las mujeres suelen sobrellevar una doble discriminación porque suelen pertenecer a pueblos originarios, sectores campesinos o viven bajo el umbral de la pobreza. Por otro lado, por su origen tienen una menor probabilidad de ser electas o de ser funcionarias públicas.
Una de las diferencias más significativas del sector rural, es que las y los vecinos de sus comunidades se suman a la lista de agresores y victimarios. Por el rol que asumen como activistas, candidatas y funcionarias, las mujeres de la ruralidad enfrentan distintos tipos de violencia política, entre las que destaca la física, sexual, psicológica y patrimonial, además de los abusos ejercidos por los “liderazgos” de sus partidos.
Es importante resaltar que, aunque la etapa preelectoral es considerada como un pico en la violencia política contra las mujeres, en las zonas rurales esta se mantiene constante por el rol que las lideresas asumen al frente de sus comunidades.
“Por ser pobres e indígenas nos dicen indias patas rajadas, qué van a hacer ustedes. No tienen nada que ofrecer. No tienen dinero”, testificó una de las mujeres entrevistadas de este sector que participa activamente en política, respecto a los maltratos verbales y violencia psicológica que sufren.
El factor pobreza juega un rol importante en la dinámica política en las comunidades, debido a que las y los electores ignoran que los proyectos sociales y de desarrollo que realizan los hombres y mujeres al ejercer cargos públicos locales y nacionales, se ejecutan con el dinero de los impuestos y no con fondos de las y los políticos. A raíz de esto, la violencia simbólica se convierte en una de las más frecuentes por qué a las candidatas se les plantea que ellas no “no tienen valor”.
Las manifestaciones de violencia que aquejan a las mujeres responden a una cultura que desvaloriza lo femenino frente a lo masculino. Para el caso, una de las mujeres que participó en el estudio y ha sido candidata a cargos municipales, compartió que en muchas ocasiones se le ha dicho que “gobernar, administrar o dirigir un municipio es cosa de hombres”.
Esa misma creencia, de acuerdo con otra participante, fue la causante de que le quitaran su triunfo electoral. “Se manejaba que yo perdí las primeras dos veces que participé como candidata, por fraude, sin embargo, el triunfo me lo quitaron por ser mujer”, compartió.
Otro de los tipos de violencia que se manifiesta de manera más frecuentes es la sexual, mediante el acoso y la estigmatización de prostitutas, por no obedecer al estereotipo de que la mujer es para la casa y la familia. Una lideresa lenca manifestó que cuando participó en política, “me insultaban diciéndome que era “una prepago”. Hombres desconocidos me enviaban mensajes de forma continua, de que cuánto cobraba por ser prepago”.
Sin embargo, pese a todo este escenario de violencia política, las mujeres de la zona rural desconocen de la existencia de mecanismos para denunciar y del rol de las instituciones que rectoran lo político-electoral. Por eso, es urgente que se avance con procesos de acceso a formación y capacitación que empoderen a las mujeres víctimas.
Un ciclo que parece no acabar
Para Yadira Mireno, autora del documento, a pesar de las diferencias entre las dos áreas del estudio, en la violencia política en razón de género se presenta un ciclo que impide que las mujeres incursionen en la vida pública. Es decir, se les castiga por desafiar el statu quo que se ejerce de manera sistémica y en escala ascendente.
En un primer momento, se sostiene que la mujer debe permanecer en su casa. Luego, aparece en escena la violencia política, como “castigo” por haber incumplido con las normas sociales. En tercer momento, surge la utilización de las estructuras e instituciones para invisibilizar la violencia ejercida. Mientras, en cuarto lugar, aparece la impunidad, pues ningún atisbo de denuncia tiene efecto. Y, como cierre del ciclo, surge la renuncia de las mujeres que, a su vez, provoca baja participación.
Por eso, es estudio sugiere que, para lograr una participación plena de las mujeres en política, es necesaria la creación de leyes que aborden, de manera efectiva, la violencia política, que tipifiquen los delitos y que garanticen cambios en la cultura política y protección para las víctimas.
Además, es necesario que el Estado asuma su rol y que implemente sistemas de vigilancia y monitoreo, al igual que sanciones para que se cumplan las acciones afirmativas existentes como la paridad, la alternancia, la asignación presupuestaria y el protocolo de violencia existente.
Sin duda, a poco tiempo para que dé inicio un nuevo proceso electoral, el Estado de Honduras con sus tres poderes, tiene que garantizar que las mujeres gocen sus derechos político-electorales, claves para el fortalecimiento democrático del país y el mejoramiento de la sociedad hondureña.