Escrito por René Estrada
177 defensores de derechos humanos y el medio ambiente fueron asesinados en Centroamérica entre el 2018 y el 2022, según el registro de Front Line Defenders. Honduras y Guatemala son los países más peligrosos de la región para defender derechos.
A pesar de las cifras, continúa la tendencia de instalar proyectos extractivos, sin el respeto a las decisiones de las comunidades ni acceso a la información relacionada con las concesiones, con la excusa de impulsar la economía. Esto, históricamente, se ha traducido en más agresiones al ambiente, a las personas defensoras y en más urgencia de implementar instrumentos robustos de protección.
Este panorama ha ocasionado que las y los defensores de los derechos humanos y el ambiente en la región, continúen exigiendo que sus países ratifiquen y se adhieran al Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional en América Latina y el Caribe sobre cuestiones medioambientales y el primer tratado del mundo que contiene disposiciones vinculantes para la protección de los derechos de las defensoras y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.
Sin embargo, en cada país hay circunstancias particulares que evitan la implementación del Acuerdo, pese a que todos carecen de una normativa robusta que garantice el acceso a la información de sus comunidades, el respeto a las decisiones de los pueblos y la justicia en asuntos ambientales.
Pero, persiste un positivo factor común, la existencia de personas y organizaciones que, a pesar de las adversidades, se reinventan para mantener procesos de incidencia que conlleven a la pronta ratificación y adhesión de Escazú.
El Salvador: exigiendo Escazú pese al cierre del espacio cívico
En El Salvador, la figura de persona defensora de los derechos humanos no está reconocida en ninguna legislación y no existen ni siquiera mecanismos de denuncia. Una persona que está siendo amenazada, amedrentada o que está sufriendo campañas de desprestigio y difamación por su labor de defensoría no puede interponer una denuncia porque no hay protocolos en el Estado, en la fiscalía y en la policía para proteger a personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con César Artiga, representante del público ante la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en el marco del Acuerdo de Escazú, y coordinador del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador, hay una oposición fuerte por parte del gobierno para adherirse porque va en contra de la agenda que está impulsando la instalación de megaproyectos extractivos a nivel territorial y de proyectos de infraestructura y turismo a nivel costero.
El Salvador participó activamente en el proceso de elaboración y negociación del Acuerdo y dio su aprobación para que se avanzara a la etapa de las firmas. Sin embargo, no es un Estado parte porque el actual presidente, Nayib Bukele, ha manifestado públicamente que está en contra. Por eso, para las organizaciones que impulsan la adhesión, lograr la adhesión del país a Escazú es una tarea “cuesta arriba”.
Pero la negativa del mandatario, reelecto inconstitucionalmente a principios del presente año, no se manifiesta únicamente en discursos. También persiste un rompimiento unilateral entre la sociedad civil y el gobierno que ha provocado una campaña de desprestigio hacia las y los defensores de derechos humanos y el ambiente, impulsada directamente por el Estado.
Según Artiga, “existe un discurso y una agenda anti derechos y anti personas defensoras por parte de la presidencia de la República, acusándolos de defender a criminales y otros descalificativos”.
Ante esta situación de cierre del espacio cívico, las organizaciones ambientales que exigen la adhesión al Acuerdo en El Salvador, decidieron aplicar una estrategia para llevar Escazú a la gente, sobre todo a las comunidades y a nivel territorial, con la intención de que la ciudadanía se empodere del contenido, lo exija y lo considere “una palanca” para avanzar hacia la justicia ambiental en el país.
Debido a la falta de mecanismos legales para la protección de la vida de las y los defensores del territorio, para Artiga, Escazú es una herramienta importante y es urgente que se comiencen a aplicar los tres pilares del Acuerdo: participación, acceso a la información y acceso a la justicia en asuntos ambientales, para prevenir futuros conflictos socioambientales y resolver los presentes.
Honduras: promesas incumplidas y demandas de justicia
Pese a que Honduras es considerado como uno de los países más peligrosos para la defensoría de los derechos humanos y el medio ambiente, así como uno de los tres países más vulnerables al cambio climático a nivel global, la adhesión al Acuerdo de Escazú sigue siendo una deuda pendiente.
Con el cambio de gobierno en enero de 2022, se tenía la esperanza de una pronta adhesión al Acuerdo, sobre todo, porque la presidenta Castro hizo la promesa de que se iba a implementar una política pública para no perseguir ni criminalizar a los defensores del medio ambiente y el territorio. Sin embargo, entre el discurso y los hechos hay muchas diferencias.
De acuerdo con Pedro Landa, ambientalista y representante de la Red Hondureña por Escazú, en este país se ha realizado una labor “titánica” de incidencia y lobby para abogar por la adhesión del Acuerdo y aunque se tiene la aprobación de más del 90% de las instituciones del Poder Ejecutivo, aún no se logra la firma de la presidenta.
Durante el proceso de consulta, el Ministro de Recursos Naturales y Ambiente Lucky Medina, ha enfatizado públicamente que no es necesario aprobar el Acuerdo porque en Honduras ya se está implementando. Sin embargo, en la práctica no es cierto porque, entre muchos aspectos más, la información sigue clasificada y en completa secretividad.
Landa sostiene que, “desde el 2023 sabemos que el Acuerdo de Escazú está en Casa Presidencial, en la oficina de la presidenta Castro, sin embargo, las presiones de la empresa privada, especialmente la de producción agroindustrial a gran escala, han evitado la firma porque dicen que resultaría demasiado costoso implementar el Acuerdo”.
Landa agrega que “el poder de las empresas ha sido grande y este es el sector que más se ha opuesto en todos los espacios públicos y privados, y que ha presionado a los funcionarios públicos quienes no han cumplido su palabra y han quedado como mentirosos ante el pueblo”.
En el caso de Honduras, en el Código Penal existen figuras legales como la usurpación, que favorecen la criminalización en contra de defensores y defensoras del territorio. Las empresas se han desplazado a las comunidades para expandir las fronteras extractivas, provocando conflictos socioterritoriales que han ubicado a Honduras como uno de los países más violentos del mundo para el activismo ambiental y para los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En el 2023 se reportó el asesinato de 14 defensores ambientales, y en la última década se registraron más de 150 pero ninguno, salvo el caso de Berta Cáceres, ha pasado por un proceso judicial. Además, son más de 300 los defensores con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pero no se han cumplido. Por otro lado, durante la actual gestión gubernamental el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos ha sido “asfixiado”, afirma Landa.
Debido a lo anterior, se puede considerar que el ambiente para aprobar el Acuerdo de Escazú en Honduras es muy “sombrío” porque los intereses fácticos son demasiado grandes. Se espera que durante el periodo electoral se mantenga el statu quo, pese a los esfuerzos de la Red hondureña por Escazú.
Costa Rica: entre frenos burocráticos y faltas de voluntad
Pese a que Costa Rica fue uno de los países impulsores del Acuerdo y que lleva el nombre de uno de sus distritos, la ratificación ha sido un proceso frenado por protocolos parlamentarios. Al inicio, fue aprobado por unanimidad en el primer debate de la Asamblea Legislativa, pero a partir de ese momento, el asunto se complicó.
De acuerdo con Irene Murillo, integrante de la Alianza por Escazú en Costa Rica, el primer freno para la ratificación del Acuerdo fue un tema de procedimiento, debido a que fue señalado como incorrecto a nivel parlamentario. El segundo fue el inicio de una campaña sistemática en contra del Acuerdo, con argumentos similares a los utilizados en el resto de Centroamérica. A raíz de esto, el plazo que existía para la aprobación se venció y aunque se han propuesto extensiones al plazo, no se cuentan con los votos suficientes y el expediente se archivó.
En este escenario, la responsabilidad recae en la presidencia de la República, que debe reenviar el documento a la Asamblea para que el proceso inicie de nuevo. Sin embargo, esto parece que no ocurrirá en el corto ni en el mediano plazo.
En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves Robles, en el marco de la campaña electoral, cuando la ratificación del Acuerdo tomó relevancia, admitió que no estaba en sus prioridades impulsarlo y basado en sus acciones durante su mandato, parece que la opinión no ha cambiado.
A nivel internacional, Costa Rica integra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que integra a más de 30 países de distintos continentes. Una de las recomendaciones emitidas por el organismo ha sido la pronta adhesión al Acuerdo de Escazú, por la falta de regulaciones del país en algunas materias ambientales como la protección de las y los defensores del medio ambiente y el territorio. De acuerdo con la Cancillería de este país, entre los planes se pretende retomar la ratificación, pero hasta el momento no se ha avanzado.
Ante este escenario de indiferencia, diversas organizaciones han insistido en que se ratifique. La academia, para el caso, ha reiterado la necesidad de que el Acuerdo sea aprobado, señalando los espacios en los que existen vacíos jurídicos, además, porque es el único instrumento que realmente integra todos los derechos de acceso a la información y participación de las personas defensoras, con parámetros claros y enfoques colaborativos.
A nivel territorial, se ha trabajado en identificar los aspectos que ya se encuentran en la normativa nacional, para que la gente se apropie de estos derechos y se comprenda la necesidad de que se garanticen como forma de democracia ambiental. Asimismo, se está trabajando en la divulgación de los contenidos del Acuerdo en las comunidades, para generar conciencia y una masa crítica de personas que puedan apoyar el proceso de ratificación, para que sea reiniciado.
Guatemala: la resistencia en la transición
Actualmente, Guatemala enfrenta un proceso de transición política considerado por muchos como una oportunidad para impulsar reformas integrales en el sistema nacional, entre los que destaca la adhesión al Acuerdo de Escazú, la protección a las personas defensoras, el cumplimiento de las demandas de los pueblos originarios y el respeto a la condición de centro de origen de especie que ostenta el país.
De acuerdo con el ambientalista Julio González, del Colectivo Madre Selva, quienes salieron a defender la democracia en Guatemala fueron los defensores del ambiente y de la vida para poder seguir con la lucha y las demandas que son necesarias para la refundación del Estado. Sin embargo, admite que “la transición del actual gobierno fue demasiado accidentada producto de intereses transnacionales y locales que trataron de impedir el respeto al voto de la mayoría de los guatemaltecos” por lo que no será un camino fácil.
La de guatemalteca se convierte en una experiencia de resistencia, porque defienden los bienes comunes de la naturaleza y exigen nuevas medidas para la gestión ambiental, como la adhesión al Acuerdo de Escazú.
La exigencia por el Acuerdo en Guatemala se vuelve transversal con las de los pueblos originarios, los que hace más de 500 años defienden su territorio y sobreviven los agravios causados por el sistema extractivo y acumulador, que además ocasiona altos niveles de conflictividad socioambiental.
Ante este escenario, González reitera que es urgente mantener los esfuerzos para sensibilizar y difundir la importancia del Acuerdo en el país, mientras, de manera simultánea, se mantiene la estrategia de resistir para que Escazú tenga plena vigencia en un mediano plazo. Por otro lado, reconoce que tienen una ventana de oportunidad con el nuevo gobierno, para romper con la cadena de agravios que fueron impuestos a los pueblos indígenas desde hace más de 500 años. En especial, porque fueron despojados ilegalmente de las tierras que incluso fueron dadas en posesión por la corona española en el tiempo de la colonia.
Mantener la exigencia en Red
Cada país atraviesa escenarios particulares que dificultan su adhesión al Acuerdo. Las y los defensores de los bienes comunes y el territorio de la región avanzan hacia la articulación para formar un solo bloque de exigencia. Por eso, el foro “Centroamérica de cara al Acuerdo de Escazú”, en el que participaron las personas antes señaladas en este texto, fue un ejemplo.
Ante contextos tan cambiantes políticamente como los centroamericanos, el compromiso de quienes integran la Red Centroamericana por Escazú es seguir propiciando el debate, el trabajo comunitario y la incidencia entre los tomadores de decisiones, para que en un mediano plazo la adhesión Acuerdo de Escazú sea una realidad en la región.