Escrito por René Estrada
Los datos continúan siendo nefastos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), 35 defensores y defensoras ambientales murieron de forma violenta entre 2022 y 2024 en Honduras. El 79% de estos crímenes ocurrieron en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro en el norte del país.
Por otro lado, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), la Fiscalía de Protección a Defensores y Defensoras recibió 27 denuncias en los últimos años, pero hasta el momento ninguna ha judicializada. Como consecuencia, Honduras sigue siendo considerado uno de los países más peligrosos del mundo para defender los bienes comunes de la naturaleza.
Pero, a pesar de la alarmante situación que afecta al país, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se rehúsa a firmar el Acuerdo de Escazú, el primer convenio de América Latina y el Caribe sobre cuestiones medioambientales. También, es el primer tratado del mundo que contiene disposiciones vinculantes para la protección de los derechos de las defensoras y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.
La exigencia de la Red Hondureña por Escazú
El 4 de marzo de 2018, se adoptó en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Entró en vigor el 22 de abril de 2021 con el apoyo de 21 países.
Por eso, en septiembre de 2020, se formó la Red Hondureña por Escazú, una coalición de organizaciones de sociedad civil, derechos humanos y del movimiento social, que tiene como propósito exigir al gobierno de Honduras la firma y la adhesión al Acuerdo de Escazú. Desde sus inicios, la Red se ha dedicado a concientizar acerca de la importancia del Acuerdo, a realizar acciones de incidencia con tomadores de decisiones e involucrar a la ciudadanía en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza.
Para 2022, con el inicio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la Red continuó su trabajo con la esperanza de que la firma del Acuerdo se haría pronto. Sin embargo, a pesar de las diferentes actividades para exigir la implementación del Acuerdo de Escazú, el gobierno de Castro está próximo a finalizar y no hay avances en la materia.
Por eso, en agosto de 2024, la Red presentó una iniciativa ciudadana con más de 7 mil firmas para exigir que en el Congreso Nacional se acelerara el proceso para la adhesión del Acuerdo de Escazú en Honduras porque el país necesita esta herramienta y el beneficio que tendrá en la ciudadanía y, especialmente, en los defensores y defensoras del medio ambiente y la vida.
Las consecuencias de no firmar el Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú prioriza tres pilares: el acceso a la información en asuntos ambientales, la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos vinculados con los bienes comunes de la naturaleza y sus defensores. Por eso, los expertos consideran que podría ser una herramienta clave en la defensa de la vida y la naturaleza en el país.
No firmar el Acuerdo puede tener consecuencias directas en el país como la profundización del modelo extractivo y la exclusión que sufren las comunidades afectadas por la instalación de proyectos en sus comunidades en la toma de decisiones. También, los valientes defensores y defensoras continuarán en riesgo, sin la protección necesaria para ejercer su labor en defensa del medio ambiente y sus comunidades.
Aún más preocupante, sin el respaldo del Acuerdo de Escazú, Honduras continuará siendo uno de los países de la región que no demuestra un compromiso genuino con la protección de los bienes comunes de la naturaleza, dejando en riesgo la biodiversidad y su futuro.
Por eso, las organizaciones que integran la Red Hondureña por Escazú mantienen la exigencia a la presidenta Castro para que firme pronto el Acuerdo de Escazú, para que Honduras se adhiera y comience una nueva etapa en el país que priorice la agenda ambiental y la protección de quienes defienden el medio ambiente.
