Escrito por: Nancy García
Honduras fue el escenario del segundo Encuentro Centroamericano por el Acuerdo de Escazú. En ese espacio se analizaron la imposición y los daños que ha generado en la región el modelo extractivista, al igual que los avances y retrocesos hacia la adhesión del Acuerdo de Escazú de los países de Centro América.
En el Foro, denominado “Contexto ambiental y territorial en Centroamérica de cara al Acuerdo de Escazú”, también se conversó sobre los peligros que enfrentan las personas defensoras de los bienes comunes de la naturaleza y se reflexionó alrededor de las apuestas y esfuerzos de la región por avanzar hacia la justicia ambiental.
Para dar inicio al foro, Luis García de la Coalición Ambientalista de Copán realizó un acto ceremonial de la cultura maya; colocando en el centro del salón un altar con elementos de la naturaleza, velas de distintos colores y la invocación al Nahual Ajpu, que, según su cosmovisión, representa la ganancia de los dioses, permite la conexión desde la espiritualidad y hace conectar el cuerpo y pensar la manera en cómo se piden las cosas.
«Ajpu nos junta en el hogar, nos junta en masa y camina con nosotros. Nos permite tener una conexión desde la espiritualidad», indicó Luis.
Una radiografía que marca la conflictividad socio territorial en Honduras
Con el acompañamiento de la ceremonia maya, dieron paso a la intervención de la analista del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Lucía Vijil.
Para Vijil, la conflictividad socioambiental durante el 2022, estuvo marcada por múltiples y distintas protestas que estuvieron motivadas por la persecución y el asesinato a personas defensoras, los conflictos de tierras y las concesiones de los recursos naturales de las y los hondureños.
«Los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Santa Bárbara, Francisco Morazán, la Paz y Choluteca fueron los departamentos que registraron un mayor número de movilizaciones, recuperaciones y plantones en las afueras de algunas instituciones», resaltó Vijil.
La analista destacó que, en ese marco de consecuencias provocadas por la imposición del modelo extractivo, las personas involucradas en la defensoría ambiental son campesinos, campesinas y personas que pertenecen a algunas estructuras locales, que han enfrentado las de conflictividad, marcadas desde el momento mismo en el que se le niega el acceso a la información a las comunidades a las que se les concesionó sus recursos naturales. De igual forma, por la corrupción misma que acontece alrededor del proceso extractivista.
La analista del CESPAD señaló que el gobierno de Xiomara Castro no ha adoptado decisiones contundentes en relación con la matriz extractivista y las modificaciones urgentes que debe hacerse a un modelo que se ha implementado en Honduras sin que se analicen las condiciones y repercusiones políticas, sociales y económicas de la concesión y explotación de los recursos naturales en Honduras.
Para Vijil, el no tomar acciones contundentes y la debilidad institucional, se traducen en barreras para documentar la conflictividad ambiental, los impactos que genera la aprobación de proyectos extractivos en las comunidades y la corrupción extractiva que afecta directamente los derechos humanos de toda la población.
En ese escenario planteado por la analista Vijil, la Red Hondureña por Escazú ha desarrollado diversas actividades para sensibilizar a la población y demandar al Estado de Honduras la pronta y urgente adhesión del Acuerdo de Escazú en el país.
Guatemala y el modelo económico que arrasa con la naturaleza
David Paredes es miembro de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala; en su discurso estableció que no existen muchas diferencias en la región centroamericana. “La madre tierra ha sido bondadosa con Guatemala al brindarle una amplia riqueza de bosques, de alimentos, pero que el modelo económico depredador manejado por las empresas ha ido destruyendo los bienes comunes”, dijo con contundencia.
Paredes sostiene que “las empresas se apropian de las riquezas naturales y se benefician de ellas, obteniendo ganancias. Estamos hablando del puro material, dejando de lado la espiritualidad».
De acuerdo con los datos del Banco de Guatemala, cinco de los rubros que agrupan las actividades económicas, tienen relación directa con la madre tierra.
«El modelo económico convierte a la naturaleza en mercancía y a los territorios los ven activos para las corporaciones, y aquí es donde se vulneran nuestros derechos porque acá la visión es mercantilista, lo que se traduce en minera, palma de aceite, la privatización y el tema de los patentes. En nuestro territorio ya han sido liberados los transgénicos», agregó.
Ese mismo modelo ha ocasionado ecocidios en el norte de su país, sin que haya enjuiciamiento de las empresas responsables de los asesinatos.
Paredes relató que el Estado de Guatemala suscribió el Acuerdo de Escazú el 27 de diciembre de 2018, pero el sector empresarial se opuso e impuso una retórica que llevó a declararlo no favorable. «Según las últimas decisiones, desde el gobierno será no pasarlo», apuntó.
Nayib Bukele y los argumentos vacíos para no adherirse al Acuerdo de Escazú
Para el Coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, César Artiga, el caso de El Salvador debe servir de estudio. “Actualmente tenemos una administración de gobierno que, desde el primero de junio del 2017, que asumió mandato, ya nos daba luces por dónde iba ir la gestión ambiental», dijo.
Antes de ahondar en el tema de discusión del foro, Artiga se refirió al actual gobierno, liderado por Nayib Bukele, y la forma en cómo usa la red social Twitter para enviar mensajes de odio contra las organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos.
Destacó los eventos que marcaron al país vecino, el primero de mayo, en la instalación de la Asamblea Legislativa, cuando se destituyó al Fiscal General de la República y se impulsó el retiro de jueces y juezas mayores de sesenta años. Asimismo, se desmanteló la Cámara y los Juzgados Ambientales.
«La única vez, en los primeros cien días del ciudadano presidente actual, la única vez que mencionó el tema del medio ambiente, fue para decir que le daba la orden por Twitter al ministro de Medio Ambiente que todos los permisos ambientales que no se habían aprobado en las administraciones anteriores, se aprobaran de manera exprés», recordó Artiga.
A raíz de esos sucesos, Artiga dice que en El Salvador hay una flexibilización de la normativa ambiental para imponer mega proyectos y un régimen de excepción que se ha prestado para la persecución y detención de personas defensoras de los territorios.
Más en específico y muy preocupante, el 24 de septiembre del 2020, Bukele recurrió a las cadenas nacionales para informar que no firmaría el Acuerdo de Escazú.
«Dio un argumento sumamente penoso, lamentable. Muchos de nosotros que estábamos en la conferencia recibíamos mensajes preguntándonos: ¿en realidad, tu presiente ha dicho eso? Pues lamentablemente y con mucha vergüenza, sí, lo dijo.
El argumento era que el Acuerdo de Escazú iba a detener el desarrollo. “Lo más triste es que dijo que si se firmaba el Acuerdo ya no se iban a construir viviendas en El Salvador», rememoró Artiga.
También cuestionó el doble discurso de algunas instituciones bancarias internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entes que están impulsando el modelo extractivista y, a la vez, hablan de la importancia del Acuerdo de Escazú.
Costa Rica: la sede del Acuerdo que se encuentra archivado
En el 2018, la ciudad de Escazú, Costa Rica, presenció la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Publicación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Pero, cinco años después se encuentra archivado.
Cheymi Gallardo, del territorio indígena Bribri, explicó que, desde el primero de febrero del presente año se presentó una moción para discutir el Acuerdo en la Asamblea Legislativa, antes de vencerse el plazo para ratificarse. Pero, lastimosamente, con 11 votos a favor y 41 en contra se rechazó la moción y el Acuerdo se engavetó.
Según Gallardo, uno de los problemas que enfrentan es la poca divulgación e información que circula sobre el Acuerdo, incluso en las comunidades que están defendiendo los bienes comunes.
La representante de Costa Rica dice que Costa Rica se ha posicionado y se ha vendido como un país verde, pero la realidad es que en los últimos cuatros años se ha asesinado a personas defensoras de la tierra.
«Costa Rica por fuera se vende como un país verde. Les llegan millones, pero esos millones nunca llegan a las comunidades y el Acuerdo de Escazú sería un impulso para las comunidades y las personas defensoras de los ambientes. Pero eso no lo ven ellos, porque va a impedir su progreso. Porque no les gusta que se dé a conocer la realidad de Costa Rica por fuera», apuntó Gallardo.
Panamá entre la falta de voluntad para implementar el Acuerdo
El foro concluyó con la participación de Vielka Méndez, integrante de la organización Jóvenes y Cambio Climático, de Panamá.
Dentro de sus aportaciones, Méndez aclaró que Panamá no está alejado de la realidad de los países congregados, porque no escapa de la corrupción, la imposición de proyectos que destruyen la naturaleza y la intimidación y persecución contra periodistas que cubren temas ambientales.
En cuanto al Acuerdo de Escazú, enfatizó que el país lo ratificó mediante una ley que brinda herramientas de justicia ambiental, acceso a la información y participación.
«Tenemos que en Panamá lo ratificamos, a través de la Ley 125 del año 2020. Suena bonito, pero al día de hoy no escapamos a que nos están faltando a estos derechos humanos. Nos falta mucho en el tema de la implementación en el territorio», precisó.
Una de las limitaciones para acceder al Acuerdo desde las comunidades, es la falta de internet en los distintos territorios. «El internet no llega y es una herramienta para fortalecer el trabajo».
Méndez finalizó su participación recalcando que todas las personas en su país han sido afectadas por asuntos ambientales. «Como pueblos originarios hemos sido afectados en temas de hidroeléctrica, minería y el acceso a la información. Como pueblo que somos los defensores siempre estamos, la ciencia lo dice, siempre estaremos alertas en proteger nuestro territorio a las futuras generaciones a través del instrumento que viene a fortalecer esta temática, como lo es el Acuerdo de Escazú «, concluyó.
Y así, con el intercambio de ideas, preguntas, respuestas y la instalación de mesas para seguir reflexionando en las propuestas transformadoras para la región y la movilización para exigir la adhesión al Acuerdo de Escazú, finalizó el segundo día del Encuentro Centroamericano.
