Por: CESPAD
A través de la ejecución del proyecto Promoviendo una nueva generación de políticas públicas y fortaleciendo el movimiento agrario y socioambiental de Honduras, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), ha consolidado su liderazgo como actor clave y estratégico en la defensa de los derechos humanos, ambientales y territoriales a nivel nacional. Este proyecto contribuyó al fortalecimiento de las capacidades técnicas de análisis sobre la crisis social y territorial. También impulsó la incidencia política de las coaliciones y organizaciones aliadas, entre las que se destaca la Coalición Contra la Impunidad y la Mesa Tierra y Territorio.
Durante el 2025, el trabajo que realizó el equipo del CESPAD, con el apoyo técnico y financiero de Trocaire, dejó como resultado logros muy importantes que han fortalecido el camino hacia la reivindicación plena de derechos humanos de las comunidades campesinas, indígenas y agrarias de Honduras.
El proyecto elevó el debate y la acción a nivel nacional
El CESPAD ha jugado el rol de “motor” de articulación de voces que se han elevado desde el seno de las organizaciones territoriales, a través de la consolidación de coaliciones con actores beligerantes en la defensa de sus derechos.
El acompañamiento a organizaciones campesinas en la elaboración y presentación de propuestas de reforma agraria ante la Comisión de Seguridad Agraria, al igual que el empuje a articulaciones territoriales clave, como la Plataforma PALAGUA, la Plataforma Ambiental de La Paz, la Plataforma de Comunidades Afectadas por las Industrias extractivas del Sur de Honduras (PCAIESUR) y la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), dejó como logro avances en procesos de saneamiento, diálogo institucional y la visibilización pública de las problemáticas que enfrentan en sus territorios.
También se participó en la formulación de propuestas de reforma para figuras como la usurpación y el desalojo preventivo, establecidas en el Código Penal, así como en la elaboración de propuestas de reformas a la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. Además, el equipo técnico colaboró con diversas organizaciones campesinas en la elaboración de documentos estratégicos que facilitaron su participación en procesos de incidencia con autoridades locales y nacionales, incluyendo secretarías de Estado, municipalidades y plataformas comunitarias.
El acompañamiento a estas comunidades en procesos de defensa territorial, también ha fortalecido su capacidad organizativa, jurídica, de movilización y en aspectos comunicacionales.
Mientras, durante el contexto de las elecciones generales en Honduras, el proyecto enfocó un esfuerzo importante en la conformación de alianzas para la ejecución de agendas territoriales en la región sur y occidente. En el sur, con CARITAS-Choluteca y PCAIESUR. Una de las acciones fue la realización de 3 diálogos políticos: Namasigüe, San Marcos de Colón y Orocuina. Mientras, en el Departamento de La Paz, junto a la Plataforma Ambiental de la Paz, se realizó un diálogo político en el municipio de Marcala.
El objetivo, generar espacios con doble vía: que los aspirantes a liderar las municipalidades presentasen sus propuestas de gobierno local y que las comunidades expresasen sus necesidades y preocupaciones directamente.
Conflictos territoriales: de un tema local a uno de interés nacional
Sin duda alguna, el trabajo del proyecto dio un impulso importante a la visibilidad de los conflictos socio-territoriales en la agenda pública. El equipo logró hacer visibles y posicionar la denuncia ante el Estado y gobierno, relacionada con los conflictos territoriales, que pasaron de ser un tema local a uno de interés nacional.
Con el trabajo realizado, los conflictos territoriales, otrora invisibles, se colocaron en la agenda pública y se evidenciaron los incumplimientos del Estado con los compromisos agrarios y territoriales.
El observatorio de conflictividad: pilar de narrativas
El Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras (OCSH) es una iniciativa del CESPAD, en alianza con organizaciones territoriales comprometidas con la justicia social, ambiental y ecológica. A través del Observatorio, el equipo técnico ha trabajado de manera coordinada para recopilar, analizar y difundir información precisa sobre la conflictividad agraria y ambiental de Honduras. https://observatorio.cespad.org.hn/
El Observatorio se consolidó como una herramienta política clave, generando una narrativa propia para la crisis agraria, la crisis ambiental y la crisis territorial.
Hasta la fecha, el equipo del proyecto ha generado 3 informes anuales, que contienen análisis robustos sobre el contexto político en el cual acontecen las pugnas territoriales. También se elaboraron 10 fichas de conflictividad que muestran una radiografía de los conflictos que persisten en diversas regiones del país.
En este contexto, las organizaciones que conforman la Mesa Tierra y Territorio han jugado un papel fundamental. Su influencia en la agenda agraria y territorial, así como en la movilización de actores, ha sido crucial para la generación de propuestas concretas de reforma. Además, su participación ha sido determinante en la formulación de iniciativas en materia de justicia agraria y en la presentación de propuestas por parte de las organizaciones campesinas a las instituciones estatales rectoras de la temática.
El equipo también participó en la elaboración del Informe de Monitoreo del Examen Periódico Universal (EPI)– Cuarto Ciclo, detallado y con correlativos, evaluando el cumplimiento estatal en materia de tierra, territorio y justicia ambiental.
Además, durante el periodo, se conformó un círculo de lectura denominado “La ecología al frente”, que se constituyó como una herramienta pedagógica del Observatorio, orientada a fortalecer la reflexión colectiva y el análisis crítico sobre ecología política, el conflicto y el territorio.
Una mirada hacia el futuro
Al cierre del 2025, el proyecto Promoviendo una nueva generación de políticas públicas y fortaleciendo el movimiento agrario y socioambiental de Honduras ha tenido un doble impacto: una incidencia política más la generación de evidencia técnica.
El reto es claro: mantener las alianzas y robustecer herramientas como el observatorio, para seguir presionando por el cumplimiento de los derechos humanos y una verdadera justicia ambiental y territorial.