El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), realizó un foro en el que se analizó la urgencia de que las y los diputados del Congreso Nacional deroguen los decretos que constituyen los “pactos de impunidad”, porque obstruyen la persecución penal del Ministerio Público de Honduras y por el riesgo que significa su vigencia para la instalación y el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH). De igual forma, porque no derogar los “pactos de impunidad” es mantener la narcodictadura, es decir, conservar las condiciones que han permitido la operación de las redes criminales de corrupción protegidas por la institucionalidad estatal.
En el foro, intitulado “Mantener los pactos de impunidad es mantener la narcodictadura”, participaron Osiris Payes, asesora legal en Transparencia y Anticorrupción del Cespad; el diputado Yahvé Sabillón, coordinador de la Comisión Anticorrupción y del Frente Parlamentario de apoyo a la CICIH, en el Congreso Nacional (CN), y Kenia Oliva, abogada e integrante del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos (BJP).
Los panelistas analizaron el contexto hondureño en el marco del proceso de instalación de la CICIH en el país, y cómo la persecución penal en Honduras se ha obstruido desde que, en los dos gobiernos nacionalistas anteriores, se aprobaron al menos diez decretos que bloquean la acción penal de la fiscalía de la República.
En el foro también se reflexionó sobre el contexto que prima entre las bancadas de diputados en el Congreso Nacional para someter a derogación los decretos que obstruyen la lucha contra la corrupción. Asimismo, y no menos importante, se reflexionó sobre cómo su abrogación se cita como condición en el memorándum de entendimiento que suscribió el Gobierno de Xiomara Castro y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la instalación de la CICIH.
Recientemente el Cespad hizo público un comunicado mediante el que exteriorizó su preocupación por el lento avance del proceso de instalación de la CICIH. La organización enlistó fechas clave que comienzan con el 7 de febrero del 2022, cuando Castro envió una solicitud a la ONU para instalar la CICIH en el país, hasta el 25 de abril del 2023 cuando Castro remitió una carta (siempre a la ONU) manifestando conformidad con los términos de referencia y ratificando la disposición para recibir un grupo de expertos y continuar el proceso de negociación del convenio bilateral correspondiente a la segunda etapa.
Para el Cespad resulta muy preocupante que hasta la fecha no se registren logros concretos relacionados con el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la primera fase, entre estos, la derogación de decretos legislativos como el 116-2019, el 57-2020 y el 93-2021, que obstaculizan la investigación y persecución penal de implicados en actos de corrupción.
En el evento se destacó que la derogación de los “pactos de impunidad” parece un aspecto muy difícil de cumplir, en especial por la compleja correlación de fuerzas que persiste en el CN, sin embargo, está muy relacionado con la voluntad política que demanda la ciudadanía de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Para la organización no gubernamental, no menos importante y muy preocupante es el hecho que, pese a que la demanda para el establecimiento de la CICIH surge de la ciudadanía, hasta el momento ha habido una ausencia plena de la apertura del espacio cívico que haga posible el diálogo constructivo y transparente con la sociedad civil organizada.
Tegucigalpa, M.D.C, 1 de junio del 2023
