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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presentó su informe especial titulado: “A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas del CESPAD”. Este documento constituye un análisis situado que evalúa si las primeras acciones de la actual administración responden a los desafíos estructurales del país o si profundizan las brechas sociales e institucionales preexistentes.
El objetivo del informe es ofrecer a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones un análisis técnico fundamentado sobre el rumbo del nuevo gobierno. El CESPAD también busca promover un debate público informado y orientar a la administración hacia acciones que favorezcan una verdadera transformación democrática, advirtiendo sobre los riesgos de mantener modelos de gestión que han fallado en el pasado.
La organización aclara que el balance no es una valoración exhaustiva de la gestión gubernamental, sino un análisis situado en sus ejes de trabajo: a) Estado democrático de derecho y derechos humanos, b) Transparencia y lucha contra la corrupción y, c) Justicia ambiental y ecológica. El informe se estructura en seis acápites que analizan el impacto directo en la gobernabilidad y la vida de los sectores históricamente vulnerables.
- Presupuesto Nacional y Prioridades del Gasto. El presupuesto 2026 evidencia una continuidad estructural al priorizar el pago de la deuda pública (25% del total) y el gasto en defensa y seguridad por encima de la inversión social. Resulta alarmante la reducción de fondos para la gestión ambiental (SERNA) y la problemática agraria (INA), mientras se incrementa el presupuesto para minería (INHGEOMIN). Esto sugiere un fortalecimiento del modelo extractivista en deterioro de las comunidades rurales y campesinas.
- Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La agenda anticorrupción carece de una hoja de ruta estratégica y se percibe una fragmentación de iniciativas legislativas que no tocan los núcleos de la impunidad. Preocupa la recentralización del control en la Procuraduría General de la República (PGR), cuya dirección enfrenta cuestionamientos de independencia, y la persistencia de marcos legales que limitan la persecución penal, sumado al uso discrecional de recursos mediante bonos a diputados que reactivan prácticas clientelares.
- Justicia Ambiental y Bienes Comunes. La gestión actual se ha centrado en agilizar licencias ambientales para proyectos extractivos mediante una «ventanilla única», ignorando los procesos de consulta comunitaria. Persiste una impunidad alarmante en asesinatos emblemáticos como los de Berta Cáceres y Juan López, mientras se ejecutan desalojos violentos contra comunidades campesinas y se promueven megaproyectos de infraestructura sin participación ciudadana efectiva, consolidando el uso del derecho penal para criminalizar la defensa del territorio.
- Situación de las Mujeres. El gobierno ha adoptado una narrativa conservadora y «familista» que pone en riesgo la laicidad del Estado y los derechos sexuales y reproductivos, como el acceso a la PAE. A esto se suma una crisis de impunidad del 95% en femicidios y una política fiscal que eliminó la disposición de destinar el 10% del presupuesto institucional a actividades de género, manteniendo a las mujeres en una situación de indefensión y precariedad económica.
- Sistema de Salud en Honduras. La implementación de un «modelo de excepción» mediante leyes que permiten la contratación directa y fideicomisos debilita los controles de transparencia y abre la puerta a la sobrevaloración de insumos. Existe una marcada tendencia hacia la privatización mediante la subrogación de servicios de cirugía a clínicas privadas, lo que desvía fondos públicos en lugar de fortalecer la infraestructura estatal, todo esto en medio de una crisis de gobernabilidad con el gremio médico por despidos masivos y falta de pagos.
- Defensa y Seguridad. La violencia ha escalado de forma real, con un incremento en el promedio diario de homicidios y la reaparición de delitos de alto impacto como masacres y secuestros. La estrategia gubernamental sigue siendo reactiva y militarizada, careciendo de una política integral que ataque las raíces de la criminalidad y la infiltración de redes delictivas en las instituciones, lo que profundiza la desconfianza ciudadana y la percepción de inseguridad.
Conclusiones
- Presupuesto Nacional: configura un plan que administra la crisis sin transformarla, priorizando el pago de deuda, la infraestructura extractivista y la militarización sobre la inversión social, favoreciendo así al gran sector empresarial.
- Corrupción y Transparencia: representa la restauración de un modelo de macrocorrupción y clientelismo, en el cual la falta de una ruta estratégica y la recentralización en la PGR evitan tocar los núcleos de impunidad.
- Justicia Ambiental: retoma un modelo económico que privilegia la inversión privada y el capital, utilizando mecanismos coercitivos que profundizan la conflictividad socioambiental y debilitan los derechos de las comunidades y defensores.
- Derechos de las Mujeres: persiste un modelo de desigualdad y exclusión que mantiene la deuda histórica del Estado, limitándose a un simbolismo conservador sin cambios estructurales en la distribución del poder o presupuesto.
- Derecho a la Salud: se institucionaliza un «modelo de excepción» que debilita la transparencia y promueve la privatización paulatina, dejando al sistema bajo la amenaza de profundizar fallas estructurales y la exclusión histórica.
- Defensa y Seguridad: enfrenta una escalada real de violencia con una gestión reactiva y sin políticas integrales, lo que aumenta la desconfianza institucional al no atacar la impunidad de forma preventiva.
Tegucigalpa, M.D.C., 5 de mayo de 2026