Por: CESPAD
La instalación de una nueva misión internacional anticorrupción en Honduras es urgente y necesaria, en especial, si se toma en cuenta la histórica y extendida corrupción que persiste en el país y que ha facilitado la malversación de los recursos públicos, y la imposición de un modelo de impunidad que impide la acción penal del Ministerio Público y del sistema de justicia.
En ese contexto, el gobierno de Xiomara Castro y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunciaron a principios del 2022, la llegada al país de una misión que evaluaría el contexto hondureño, previo a la implementación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Sin embargo, para las organizaciones que integran la Coalición Anti-Corrupción (CAC), es importante que, previo a la instalación de una Misión Anticorrupción, se analicen algunos elementos de contexto que se plantean en este documento.
En un primer apartado, se esboza el contexto actual en el cual se lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras, cimentado en los acontecimientos suscitados durante la última década, y que han llevado a la petición de la instalación de una nueva misión internacional anticorrupción, posterior al fracaso de la instalación y desmantelamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), entre el 2016 y el 2019.
En un segundo acápite se resalta el legado de la MACCIH, como primera experiencia, de una misión internacional contra la corrupción operando dentro de la jurisdicción nacional en Honduras. Un tercer momento aborda las condiciones básicas necesarias y urgentes para la operación de una nueva misión internacional, que pasa por la ejecución de una fuerte agenda para desmontar el entramado legislativo que favorece la impunidad, que se aprobó durante los 12 años de gobiernos nacionalistas.
El cuarto apartado resalta las demandas que hace la CAC, para el funcionamiento de una nueva misión anticorrupción en Honduras, que incluyen un enfoque de derechos humanos y de visibilización de las víctimas, por un lado, y las garantías de su independencia y autonomía, además de otras condicionantes, por otro. El documento resalta, de igual forma, un quinto acápite en el que se plantean líneas de acción y atribuciones de la nueva misión.
El sexto apartado analiza el impacto transversal sobre los principales problemas que enfrenta la sociedad hondureña que una misión anticorrupción puede provocar. Se relaciona, por lo tanto, con el efecto actual de la corrupción sobre la crisis de migración y derechos humanos, el actual régimen de concesiones extractivistas y destrucción medioambiental; el asentamiento de redes criminales transnacionales en la institucionalidad local, así como los efectos en el letargo en el desarrollo económico que vive el país.
Finalmente, se plantean las conclusiones del documento, en la presente coyuntura.
