El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) expresa su profunda preocupación ante la declaratoria parcial de resultados presidenciales emitida el 24 de diciembre de 2025, la cual representa una ruptura grave del proceso electoral hondureño y afecta de manera directa su legitimidad democrática.
La declaratoria fue adoptada sin que hubiese concluido el escrutinio especial ni se hubieran resuelto las impugnaciones pendientes, mediante un procedimiento que careció de los estándares mínimos de publicidad, formalidad y transparencia institucional. Esta decisión no respondió a una necesidad técnica inevitable, sino a una opción institucional orientada a clausurar prematuramente la verificación del voto ciudadano.
De manera simultánea, y a pocas horas de vencer el plazo legal para la declaratoria final, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha implementado las medidas técnicas necesarias para avanzar o concluir el escrutinio correspondiente a los niveles de diputaciones y corporaciones municipales, comprometiendo la integridad del proceso en todos sus niveles.
Esta actuación se sustenta en la recomendación de la Secretaría General del CNE de rechazar las solicitudes de nulidad y recuento especial en otros niveles electivos y remitir a las partes al Tribunal de Justicia Electoral, invocando la necesidad de “salvaguardar el bien mayor” en razón de la alta participación ciudadana registrada el día de la votación.
Desde el CESPAD enfatizamos que la alta participación electoral no sustituye los mecanismos de escrutinio y verificación. En una democracia constitucional, la legitimidad de las elecciones no se deriva únicamente del acto de votar, sino de la vigencia efectiva de procedimientos que permitan revisar, depurar y controlar los resultados.
Los hechos observados en el proceso electoral hondureño de 2025 reflejan un deterioro estructural del sistema electoral, en el que se ha priorizado el cierre institucional por encima de las garantías democráticas. Mientras este quiebre no sea reconocido y corregido, futuros procesos electorales se desarrollarán sobre una base institucional erosionada, con riesgos significativos para la democracia y el Estado de derecho.
En atención a la gravedad del escenario descrito, desde el CESPAD exhortamos:
Al CNE a asumir su responsabilidad institucional y adoptar de manera inmediata todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para completar el escrutinio pendiente en los niveles de diputaciones y corporaciones municipales, garantizando publicidad, trazabilidad y acceso pleno a la información, evitando decisiones u omisiones que profundicen o consoliden el quiebre ya producido del proceso electoral mediante la clausura de los mecanismos de revisión y recuento especial.
A la comunidad internacional y a las misiones de observación electoral: abstenerse de emitir reconocimientos prematuros de resultados que no hayan sido plenamente verificados conforme a la normativa nacional, y mantener una observación activa, pública y sostenida sobre el desarrollo del escrutinio pendiente y el respeto efectivo de las garantías democráticas.
A los poderes del Estado y a los actores políticos: abstenerse de ejercer presiones políticas o institucionales que agraven el quiebre ya producido del proceso electoral, y respetar de manera estricta la autonomía de los órganos de justicia electoral como condición mínima para evitar una crisis institucional de mayor alcance.
Desde el CESPAD reiteramos que la estabilidad democrática no se alcanza mediante cierres anticipados ni decisiones de urgencia impuestas desde el poder, sino a través del respeto pleno y vinculante a las reglas que limitan su ejercicio y garantizan que cada voto cuente y sea efectivamente verificado.