Escrito por Rubén Escobar
El 6 de junio de 2024 se cumplió un año desde que la presidenta Xiomara Castro anunció la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra y le asignara diversas tareas. Un compromiso acordado fue la revisión del artículo 51 de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, el que permite la concentración de tierras en pocas manos y el despojo de la poca en poder de los campesinos.
“Presentar en el Congreso Nacional una sección que castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva de los bosques. El artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola debe ser reformado”, afirmó la presidenta Castro en cadena nacional.
El artículo 51 establece las condiciones mediante las cuales las propiedades rurales privadas pueden ser afectadas con fines de reforma agraria. Para el caso, permite que las tierras estén ociosas por periodos de entre 18 y 24 meses. Además, apoyándose en los artículos 25 y 39 de la Ley de Reforma Agraria, fija los límites de lo que se considera un latifundio de acuerdo a cada región del país. Por ejemplo, el límite es cien hectáreas en los “distritos estatales de riego” y de 2,000 hectáreas en el departamento de Gracias a Dios. Sin embargo, esos límites pueden sobrepasarse para proyectos en los cuales la inversión sea superior a un millón de lempiras “a precios constantes de diciembre de 1991”.
La Comisión se conformó en el contexto de una escalada de ocupación de tierras, desde el 2021 al 2023, por parte de grupos campesinos. A esa fecha había 36,451 manzanas ocupadas, según datos narrados por la presidenta.
Una reforma inconclusa
La primera Ley de Reforma Agraria se aprobó en 1962, en un intento de las juntas militares por frenar en Honduras el desarrollo de movimientos insurgentes, como estaba sucediendo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, advierte Kevin Isidro, analista del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Años después, en diciembre de 1974, se aprobó el Decreto 170, que se constituyó en una nueva ley, y que surge en un contexto de mayor presión social y política para una reforma agraria más profunda que la promovida por el Decreto 2, de 1962.Comunidades campesinas de Honduras continúan esperando reformas a la Ley de Modernización Agrícola
Su propósito era transformar la estructura de la propiedad y tenencia de la tierra, con el objetivo de promover la justicia social, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Como eje central y ejecutor del proceso se encomendó al Instituto Nacional Agrario (INA), creado en 1961 en el contexto de la primera ley.
El INA es el ente encargado de vigilar el cumplimiento en lo que respecta a distribución de las tierras ociosas, apoyo técnico y financiero a los campesinos con el propósito de elevar su calidad de vida. Durante tres décadas esos objetivos se cumplieron a medias, a causa de problemas políticos, presupuestarios y técnicos, refiere Isidro.
Para Wendy Cruz, coordinadora de la Vía Campesina, pese a la existencia del Decreto 170 y a los esfuerzos del INA, no llegó a ejecutarse una reforma agraria plena, aunque sí se distribuyeron algunos territorios entre los campesinos y se puso en práctica el extensionismo, un proceso educativo que busca transferir conocimientos, tecnologías y prácticas innovadoras a los productores agropecuarios.
“Pero no hubo un impacto masivo” de la reforma agraria y, a la fecha, 86 de cada cien mujeres del campo y 65 hombres de cada cien, no tienen tierra, indicó la dirigente.
De haberse desarrollado “medianamente” una reforma agraria, no existirían índices de desigualdad y de pobreza tan marcados en las áreas rurales de Honduras, como sucede actualmente. “La reforma agraria es un asunto pendiente”, reconoció la presidenta Castro durante su comparecencia en televisión nacional el 6 de junio de 2023.
La corriente neoliberal que trajo la contrarreforma
Con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) llegaron las políticas neoliberales que privilegiaron a la gran industria y a las multinacionales en detrimento de los pequeños agricultores, industriales y comerciantes hondureños. Se empezó a repartir a grupos empresariales, contratos de generación eléctrica, se instalaron las maquilas, se privatizaron empresas como Leche Sula (ahora Lacthosa) y Cementos Bijao; se negociaron tratados de libre comercio y se empezó a atacar a las organizaciones sindicales históricas, como el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y el Sindicato de Trabajadores De La Tela Raild Road Company (Sitraterco).
Esa oleada de reformas destinada a fabricar pobres alcanzó a la incipiente reforma agraria bajo el rostro de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, promulgada en 1992.
“Esta Ley, en vez de ser un avance fue un retroceso para nosotros”, señala Cruz. Mientras, Isidro explica que uno de los elementos torales de esta ley fue habilitar la concentración de grandes cantidades de tierra en pocas manos, algo que la Ley de Reforma Agraria prohibía expresamente. Con la concentración de tierras se promovieron los monocultivos, como las algodoneras y meloneras en el sur, y las cañeras y la palma africana en el norte.
El siguiente elemento fue permitir que esas grandes concentraciones de tierra estuviesen ociosas, favoreciendo a los grandes capitales y en detrimento de millones de campesinos.
Cruz advierte que otro elemento de la Ley fue habilitar la venta de las tierras que los campesinos recibieron con fines de reforma agraria, con el propósito de acelerar la creación de latifundios en manos de grandes corporaciones y terratenientes. El Decreto 170 prohibía la venta o transferencia de la tierra recibida con fines sociales.
Sin embargo, bajo la Ley de Modernización Agrícola “hay una estrategia del modelo capitalista, que presiona a las familias campesinas para que esas tierras las vendan a grupos de poder. Ese es el caso del Aguán”. Así se crea un círculo vicioso den el cual los campesinos demandan tierra, el Estado las compra y distribuye, y luego el campesino las vende nuevamente a terratenientes y a las corporaciones.
“Para nosotros la tierra de reforma agraria debe tener una función social, no deben ser ni transferibles ni vendibles. La Ley de Modernización Agrícola legalizó la venta de tierras con fines sociales para volver al ciclo del control de la tierra de los grupos de poder”, enfatizó Cruz.
Paralelo a los mecanismos de redistribución, también se aceleró el debilitamiento del INA en temas presupuestarios y en sus capacidades técnicas, con el propósito de afectar la función para la que fue creado. Según datos proporcionados por Castro en su comparecencia, desde el año 2010 el INA acumuló una mora agraria constituida por 1,100 solicitudes de tierra.
A esto se agrega que en el INA existe una burocracia compuesta por empleados que, en algunos casos, tienen hasta 30 años de laborar, y pese a toda la experiencia acumulada, los trámites son engorrosos. Estas personas constituyen un pasivo laboral muy pesado para la institución y algunos de los que están allí tienen “vínculos con grupos de poder”, lo que entorpece los procesos a favor de los campesinos, afirma Cruz. El INA “es una institución embargada, que no está cumpliendo ya la función social para la que fue creada”, acotó.
Esto se traduce en conflictividad en los territorios, especialmente en los más fértiles como el Valle de Sula y del Aguán, donde se instalan los grandes capitales de Químicas Dinant (familia Facussé), la transnacional Standard Fruit Company o la Azucarera del Norte S.A., (Azunosa).
La Ley de Modernización “no permite al INA dar respuesta positiva a la demanda de tierras de grupos campesinos y pueblos originarios”, admitió Castro.
La importancia de la reforma
En el último trimestre de 2023, algunas organizaciones como la Plataforma Agraria y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia interpusieron recursos contra la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola por considerarla inconstitucional.
La Carta Magna advierte en su artículo 344 que la “Reforma Agraria es un proceso destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad”.
La Ley de Modernización promueve la creación de latifundios y por tanto impide el acceso a tierras productivas para las comunidades campesinas. Sin embargo, Isidro considera pocas las esperanzas de que esos recursos de inconstitucionalidad tengan éxito, y sospecha que su destino será quedarse en alguna gaveta del Poder Judicial, debido a los muchos intereses económicos que están en juego.
Ante la imposibilidad de derogar toda la ley, la única ventana que se abre es la propuesta hecha por Xiomara Castro: revisar el artículo 51, “que impide al INA entregar la tierra al campesinado”.
Considera que de lograrse la reforma se estaría abriendo uno de los candados para construir las bases de un verdadero proceso de reforma agraria, al permitir el acceso a las tierras ociosas para entregarlas a las organizaciones campesinas.
Wendy Cruz explica que, de la mano de la Comisión Agraria, varias centrales campesinas realizaron jornadas de trabajo para plantear la reforma del artículo 51 y de otros de la misma ley. El documento fue presentado a la Comisión y al Instituto Nacional Agrario, sin embargo, desde entonces no volvieron a recibir información. Por eso ignoran si el proyecto fue girado al Consejo de Ministros o al Congreso Nacional para su aprobación.
La dirigente lamentó que ningún diputado haya tenido la iniciativa de tomar la palabra de la presidenta Castro y trabajar junto a ellos las reformas para presentarlas directamente en el Congreso Nacional.
El tema exige voluntad política y consensos, pero se vuelve complejo si se considera que en las diferentes bancadas hay diputados que están expresamente para defender los intereses de agroindustriales y agroexportadores.
