Escrito por Kevin Isidro
El 14 de septiembre de 2024, el asesinato del coordinador del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), Juan López, marcó un capítulo doloroso en la larga historia de violencia contra quienes defienden la vida y los territorios en Honduras.
Juan no era un líder cualquiera: representaba una voz incómoda para los intereses mineros y élites locales, un referente de la resistencia comunitaria en Tocoa, una región que hoy es sinónimo de despojo y militarización. Su crimen se inscribe en un contexto de hostilidad sistemática contra defensoras y defensores de los bienes comunes, donde la vida humana pierde valor frente a la lógica de concentración del poder y el desarrollo de la industria extractiva.
Un año después de su asesinato, la justicia está aún pendiente. Las audiencias judiciales reprogramadas una y otra vez, y la pasividad de las instituciones del Estado solo confirman lo que las comunidades saben desde hace décadas: la impunidad no es un accidente, es una política. Es el pacto silencioso entre Estado, élites económicas y empresas transnacionales, que encuentran en la inacción judicial un escenario para garantizar la continuidad de un modelo de despojo que sacrifica vidas y ecosistemas.
El asesinato de Juan, no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de represión, que opera no solo en Honduras sino en toda América Latina, destinada a desarticular, mediante el miedo, el descrédito o la muerte, a quienes confrontan la maquinaria extractiva global.
Recordar a Juan en este aniversario implica, por tanto, reconocer que su vida y su asesinato nos revelan algo más profundo y doloroso: el Estado hondureño se muestra incapaz y renuente a proteger a quienes defienden la vida.
La vida de Juan López: resistencia y legado
La vida de Juan López cristaliza el compromiso de las comunidades y territorios del valle del Aguán frente al modelo extractivo y militarista. Delegado de la palabra, regidor municipal de Tocoa y coordinador del CMDBCPT, Juan acompañó con sus ideas y con su cuerpo las luchas contra Inversiones Los Pinares/Ecotek, que amenazan los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras.
Su compromiso no se limitó a la defensa ambiental: también apoyó a la lucha campesina por la recuperación de tierras de la reforma agraria, entendiendo que la justicia ambiental y la justicia agraria, son dos caras de la misma moneda en la disputa por los bienes comunes.
Su labor fusionó la fe comunitaria con la educación popular y la acción política, denunciando cómo el avance del modelo extractivo ha convertido al municipio en un escenario de intereses empresariales y narcocriminales.
Inspirado en el pensamiento ecologista y en las reflexiones globales impulsadas por el papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, Juan se convirtió en referente de las pastorales ecológicas en todo el país; hoy es recordado como un ejemplo de coherencia y compromiso. Desde esos espacios se ora, se discute y se articula, tomando su memoria como fuerza para seguir defendiendo la Casa Común.
El liderazgo de Juan fue la manifestación de que defender la vida es un acto integral. Su práctica demostró cómo la espiritualidad de base puede enlazarse con la educación popular para amarrarse a la acción comunitaria y proteger el territorio. Juan supo traducir la palabra en organización, la organización en resistencia y la resistencia en propuesta, participando en debates sobre lo común con la misma claridad desde el púlpito, el cabildo y la calle.
Un mensaje de disciplinamiento
El caso de Juan nos ayuda a comprender los tres momentos del disciplinamiento contra quienes defienden los bienes comunes en Honduras.
Primero, la criminalización. En 2019, Juan fue uno de los 32 defensores criminalizados en el caso Guapinol y San Pedro, un proceso fabricado por la empresa minera Inversiones Los Pinares y operado por el Ministerio Público. Fue presentado como criminal ante la sociedad, ejemplificando cómo el derecho penal se usa como herramienta de persecución contra quienes cuestionan megaproyectos en territorios estratégicos, como reservas naturales. Entre estos defensores, 12 fueron detenidos preventivamente; Juan permaneció 13 días en prisión, y ocho de sus compañeros pasaron más de dos años encarcelados hasta ser absueltos en 2022.
Segundo, el hostigamiento y las amenazas. Tras su liberación, Juan siguió activo en la defensa del territorio, aunque la violencia se recrudeció contra sus compañeros. En enero de 2023, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, integrantes del CMDBCPT y opositores a la mina, fueron asesinados en una emboscada cuando regresaban de trabajar. En junio, también fue asesinado Oquelí Domínguez, hermano de Aly, también crítico del proyecto minero. La persecución se convirtió en un patrón letal: eliminar a quienes dan voz y legitimidad a la resistencia territorial.
Tercero, el asesinato. A pesar de las amenazas y de estar bajo medidas cautelares de la CIDH desde 2023, Juan nunca abandonó la lucha. El 14 de septiembre de 2024, fue asesinado a balazos al salir de la iglesia San Antonio de Padua, en Tocoa. Su muerte no fue un hecho aislado: fue el último eslabón de una secuencia sistemática de criminalización, hostigamiento y asesinatos que busca sembrar miedo y desarticular las luchas comunitarias en defensa de los bienes comunes en el municipio.
Estos crímenes, todos impunes, muestran que Tocoa se ha convertido en un territorio donde defender el agua y la tierra implica jugarse la vida. Desde el asesinato de Carlos Escaleras en 1997 hasta las muertes recientes de Aly, Oquelí, Jairo y Juan, se evidencia un patrón de persecución que combina criminalización, hostigamiento y asesinatos selectivos contra quienes desafían al poder político y empresarial.
La intención fue clara: demostrar que desafiar los intereses empresariales y sus alianzas con el poder político tiene un costo mortal.
El crimen buscó sembrar miedo en quienes luchan por el agua y el territorio, recordándoles que el costo de resistir puede ser la vida misma. La violencia se convierte así en un mecanismo de control social: no basta con eliminar a un líder, también se envía un aviso al resto para desmovilizar y fragmentar.
La deuda de justicia
La respuesta institucional ha reforzado este mensaje de disciplinamiento. Las audiencias judiciales reprogramadas una y otra vez no son simples fallos administrativos ni burocracia ineficiente: son parte de una estrategia de desgaste. La dilación en los procesos alimenta la impunidad, erosiona la confianza de las familias en la justicia y, sobre todo, prolonga el sufrimiento de las comunidades, desactivando su capacidad de movilización.
Si el asesinato de Juan reveló la pedagogía del miedo, la respuesta del Estado puso de manifiesto otra faceta de la misma estrategia: la impunidad como política deliberada. Las audiencias reprogramadas, los procesos dilatados y la inacción de instituciones clave como, la Secretaría de Derechos Humanos, no constituyen errores, sino herramientas diseñadas para garantizar la continuidad de un modelo de despojo y muerte.
En Honduras, la impunidad ante los crímenes contra defensores ambientales y líderes campesinos no es una simple ausencia de justicia, sino política de Estado. Un pacto entre élites económicas y políticas que encuentran en la inacción judicial el mecanismo perfecto para blindar sus intereses.
Las deudas de justicia no se limitan a la persecución de los autores materiales e intelectuales de los crímenes impunes: incluyen la reforma agraria inconclusa, la gestión territorial democrática, la seguridad colectiva y la desmilitarización. Se expresan en el acceso desigual a la tierra, en un sistema político que niega a las comunidades el derecho a decidir sobre sus bienes comunes y en un Estado que no garantiza la vida de quienes defienden los territorios de la depredación.
Mientras estas deudas permanezcan sin saldar, los asesinatos y la criminalización seguirán siendo parte de la forma de cómo se ejerce el poder: administrar el miedo como método de control social.
Un aniversario que interpela
A un año del asesinato de Juan López, el mensaje sigue vigente en Honduras y en toda la región, defender el agua, la tierra y los bienes comunes continúa siendo sinónimo de riesgo de cárcel, criminalización o muerte. La impunidad en su caso no es un accidente, sino una estrategia de disciplinamiento que el Estado y las élites han convertido en política pública: demostrar que los defensores y defensoras pueden ser eliminados sin consecuencias.
Sin embargo, la justicia para Juan no puede reducirse a esperar un fallo judicial. La verdadera justicia tiene dos direcciones: castigo a los responsables de su asesinato, sí, pero también la reivindicación de sus posturas, su rebeldía y su compromiso político con la vida y por los bienes comunes. Reivindicar su recuerdo es sostener su voz crítica en las luchas que habitamos, porque la memoria que no se traduce en acción se vuelve nostalgia.
Surgen entonces las preguntas incómodas que este aniversario nos deja:
¿Basta con cuestionarnos los resultados del sistema judicial? ¿O también debemos, con honestidad crítica y progresista, evaluar los avances del movimiento nacional por la defensa de la vida y los bienes comunes, a un año de su asesinato?
Este aniversario no debe celebrarse en silencio ni con ceremonias vacías. Es un llamado a debatir, organizar, denunciar y tejer solidaridades entre quienes enfrentan un modelo que necesita matar para mantenerse en pie.
El nombre de Juan López se suma a la lista de las defensoras y defensores que el capital intentó silenciar, pero su voz hoy resuena con mayor fuerza. La lucha por la vida no admite disciplinamiento, y su justicia será también la victoria de los pueblos.