El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta el primer Informe de Monitoreo del Contexto Electoral, que se realizó en un periodo de tiempo comprendido entre el 1 y el 27 de julio, en el marco del Proyecto Monitoreo Ciudadano de Elecciones Generales del 2021 en Honduras. En este documento se resumen los hechos más relevantes del contexto de país, que en materia de derechos humanos y de violencia han ocurrido en Honduras, y que moldean un panorama de la situación del país que podría agudizarse previo, durante o después del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre.
Sin duda alguna, las y los hondureños asisten a las elecciones generales en medio del malestar, la insatisfacción y la desconfianza, sin muchas expectativas que podrán superarse los déficits democráticos de los procesos de elecciones anteriores. Pero, además, inmersos en una desmedida violencia, corrupción y violación sistemática de derechos humanos de la población.
En ese escenario, la violencia política está ganando terreno. Desde el mes de diciembre del año 2020 a la fecha, se registraron 12 muertes, 8 amenazas, un desaparecido y un atentado en contra de candidatos y activistas de los diferentes partidos políticos del país. Y, sin duda alguna, el reciente asesinato de Carolina Echeverría Hylock, exdiputada del Partido Liberal y actual aspirante a otra diputación, por el departamento de Gracias a Dios, dentro del movimiento de Yani Rosenthal, ha dejado estupefacta a la sociedad hondureña por la forma en cómo aconteció su crimen. Sin embargo, otros hechos violentos se han registrado, como los acaecidos en el departamento de Colón, zona donde fue asesinado un excandidato a alcalde en Sonaguera y un líder campesino en Tocoa.
Pero, en medio de la violencia política, hay otras problemáticas que representan crisis subyacentes que podrían agudizarse y definir otras situaciones, de cara al proceso de elecciones generales. Los conflictos socio-territoriales que acontecen en diversas zonas del interior del país, debido a la embestida que mantienen las empresas extractivas, que ha impulsado con mayor fuerza la administración de gobierno de Juan Orlando Hernández, han dejado y siguen dejando saldos lamentables de personas a las que se les ha violentado, flagrantemente, sus derechos humanos por defender sus territorios, ríos y bosques. Muchos defensores y defensoras de territorios han sido asesinados, otros perseguidos, judicializados, y un cuota importante permanece en prisión. Al tenor de este tema, en decenas de comunidades del interior del país persiste el malestar y conflictos socio-territoriales que podrían desembocar en la infracción de libertades y derechos básicos.
La aprobación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs), acrecientan los conflictos socio-territoriales anteriores y genera que la población mantenga “a flor de piel”, una insatisfacción colectiva y casi generalizada en el país, debido a la arbitrariedad con la que se aprobó un proyecto que vulnera derechos colectivos y particulares en diversas comunidades rurales y urbanas. Si bien, las diversas manifestaciones y protestas que acontecen alrededor de este proyecto, no son directamente contra el proceso electoral o los partidos políticos, tienen como epicentro el hartazgo de una sociedad hondureña a la cual no se le ha respetado ni tomado en consideración su opinión.
Este es un escenario inédito. Se trata de un país con una institucionalidad cooptada, débil y casi inexistente. De allí que los diversos sectores pidan cambios en un país que pareciera sucumbir ante el acrecentamiento de una crisis generada por la pandemia del Covid19: un desmedido aumento de contagios y la corrupción e incapacidad del gobierno para contenerla. No menos importante en esta corta radiografía, son las secuelas que dejaron a su paso los huracanes Eta y Iota, particularmente en la zona norte y del occidente de Honduras.
Hasta el momento, la población lucha por sobrevivir a una serie de problemas que los aqueja: el Covid19, el desempleo, el hambre, la violencia e inseguridad. También pareciera persistir la preocupante resignación de considerar que en el país ya no se puede hacer nada. Y, en ese sentido, la migración masiva hacia Estados Unidos y México, es un escenario que se prevé fuerte, porque los hondureños que aún no han migrado se juegan “la última carta” esperando un cambio en las elecciones generales.
No hay duda, hoy vivimos en un contexto de país complejo y convulso. Pero, en suma, la ciudadanía pide cambios en el país y para lograrlo, las elecciones transparentes y auténticas se perciben como la base de un cambio urgente y necesario.
