Escrito por René Estrada
En noviembre de 2025, el Estado de Honduras se someterá por cuarta vez al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo singular del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado miembro de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos.
La última vez que Honduras se sometió al EPU fue en 2021, durante el último año de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Este gobierno recibió 223 recomendaciones de las que aceptó 203: el CESPAD priorizó 11 de estas recomendaciones para su análisis estratégico en materia de tierra y territorio. Pero, a pesar de que el mandato de la presidenta Xiomara Castro está próximo a finalizar, ninguna de estas 11 recomendaciones ha sido cumplida en su totalidad, de acuerdo al más reciente informe del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
En la “Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre tierra y territorio en Honduras, durante el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal”, presentado por el CESPAD, se concluyó que de las 11 recomendaciones apenas 5 se encuentran en proceso de cumplimiento y en 6 no hay avances sustantivos.
Este contexto vuelve importante analizar qué implica para el Estado de Honduras el no cumplimiento de las recomendaciones EPU, especialmente en materia de tierra y territorio; cuáles han sido los obstáculos que lo han impedido y, sobre todo, si es posible garantizar el pleno goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el país.
Las 11 recomendaciones
Las recomendaciones priorizadas por el CESPAD se centran en 5 ejes principales: no discriminación y derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; protección de personas defensoras de la tierra y el territorio; seguridad alimentaria y justicia ambiental.
Respecto a la no discriminación y derechos de los pueblos indígenas, afros y tribales se identificaron dos recomendaciones brindadas por el Estado de Jordania. La primera, adoptar medidas eficaces para combatir todas las formas de discriminación y, más concretamente, el racismo y la discriminación racial contra los pueblos indígenas y afro hondureños. Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido.
La segunda recomendación, elaborar un marco amplio para combatir la discriminación contra los pueblos indígenas y los afros hondureños, se encuentra en proceso de cumplimiento.
Según el monitoreo del CESPAD, la creación de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CONAPOA) y de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, son algunos de los avances, aunque hasta el momento, por falta de datos, no se puede estimar su impacto real.
A nivel de acceso a justicia y protección de personas defensoras se registraron tres recomendaciones, de las cuáles dos no se han cumplido. Estas dos recomendaciones instruyen al Estado de Honduras a castigar efectivamente a los autores de agresiones y asesinatos de defensores de los derechos humanos y a abstenerse de criminalizar a los defensores de los derechos humanos y garantizar su protección.
Coincidente con las recomendaciones anteriores, la organización Global Witness catalogó en el año 2023 a Honduras como el país con mayor número de asesinato de personas defensoras de los bienes comunes y la naturaleza per cápita.
En este tema, la única recomendación que está en proceso de cumplimiento es la investigación y el enjuiciamiento de los autores intelectuales y financieros del asesinato de Berta Cáceres. Esto ocurre, en parte, debido a la confirmación de siete sentencias condenatorias contra los autores materiales del crimen en contra de la ambientalista.
Otro de los aspectos que prioriza el informe es la seguridad alimentaria y la única recomendación brindada, intensificar iniciativas para hacer frente, de manera efectiva, a la situación de inseguridad alimentaria y malnutrición infantil, particularmente en las zonas rurales, está en proceso de cumplimiento de acuerdo con el informe del CESPAD, por proyectos como el Bono Tecnológico.
Para garantizar la justicia ambiental, el informe realiza 5 recomendaciones de las cuales 4 no han sido cumplidas, entre ellas la ratificación del Acuerdo de Escazú. Los únicos avances en esta materia se registran en la asignación de recursos técnicos a políticas inclusivas para hacer frente al cambio climático, que incluyan la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con la aprobación de recursos destinados a políticas de cambio climático, pese a que estos sean financiados con apoyos internacionales.
El informe concluye que, a pesar de que estas recomendaciones tienen afinidad con las promesas del Plan Bicentenario del Gobierno de Castro, “su ejecución enfrenta limitaciones estructurales, presupuestarias y políticas que ponen en riesgo su cumplimiento”.
Los obstáculos para cumplir con las recomendaciones
Estrictamente, el gobierno de Castro tendría una calificación del 0% en el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, de acuerdo con especialistas en la materia, además de una falta de voluntad política hay algunos factores externos que han imposibilitado la ejecución de las 11 recomendaciones.
Según Kevin Isidro, asesor en materia de tierra y territorio del CESPAD y autor del documento, uno de los grandes obstáculos que enfrenta el gobierno de Honduras se encuentra en el Congreso Nacional, debido a que los representantes de los sectores agroindustriales impiden la aprobación de reformas claves en temas como la seguridad alimentaria.
“Esto pasa por reformas en el Poder Legislativo y en sesiones ejecutivas que hasta el momento no se han concretado, en parte porque en el hemiciclo siguen representados los grupos de poder económico que siguen pugnando por la profundización del monocultivo, de la entrega de tierra para el monocultivo y el acaparamiento de tierras”, agregó Isidro.
Pero, además de los impedimentos políticos, el otro gran obstáculo ha sido garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las recomendaciones en las que se ha ido avanzando. De acuerdo con el asesor del CESPAD, las inversiones que el gobierno de Castro ha ejecutado para el fortalecimiento del agro en el país, como la recuperación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), no están aseguradas si asume otro gobierno.
Por estas razones, es importante que el gobierno de Castro garantice el cumplimiento de estas recomendaciones en los meses que le quedan. Su gestión debe priorizar la defensa de los derechos humanos, no los intereses de los grandes capitales.
Las implicaciones de no priorizar el cumplimiento de las recomendaciones EPU
Según Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, el no cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas para Honduras, evidenciaría la falta de interés moral y político del gobierno de Castro. Estas recomendaciones, al ser emitidas por un mecanismo extraconvencional no son realmente vinculantes.
Sin embargo, para el jurista especializado en la materia, “es importante que se cumplan las recomendaciones porque tienen el objetivo de que se mejore la situación de los derechos humanos en un país y, aparte, en el proceso del EPU, el Estado decide qué recomendaciones acepta y esas se deben cumplir”. En resumen, si el gobierno no cumple, estaría fallando con los compromisos morales y políticos asumidos.
Además del cumplimiento de las recomendaciones EPU, Mejía reconoce la urgencia de fortalecer el sistema de protección y garantía de los derechos humanos en Honduras y la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí son jurídicamente vinculantes y están reconocidas en el artículo 15 de la Constitución de la República.
A pesar del compromiso del Poder Ejecutivo en aceptar estas recomendaciones, el entrevistado reiteró que, en países como Honduras, la correlación de fuerzas en lo interno del Congreso Nacional puede llegar a convertirse en un impedimento para el pleno cumplimiento de las recomendaciones, pero que esto no debe ser una justificación.
El especialista considera que, además, la mejor manera de fortalecer el sistema de los derechos humanos en el país es a través de la prevención, un aspecto que se logra con la derogación de las leyes que atentan contra de los derechos humanos, la aprobación de las leyes que son necesarias, el monitoreo de la aplicación de los marcos normativos, el fortalecimiento del Ministerio Público y avanzar hacia la autonomía del sistema nacional de protección.
Aspiraciones a nivel de tierra y territorio
Si las recomendaciones del Grupo de Expertos de la ONU en derechos humanos se cumplen, especialmente en tierra y territorio, será un paso clave para que el país avance hacia un verdadero enfoque democrático. Esto permitirá a las comunidades tomar decisiones sobre sus territorios y garantizar que las y los defensores de los bienes comunes de la naturaleza realicen su labor sin que su integridad física y mental se comprometa.
El monitoreo del cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno de Honduras es clave para visibilizar las demandas históricas de los pueblos y territorios vulnerados. Si Castro no garantiza cambios estructurales como la justicia social, ambiental y territorial, Honduras continuará en deuda con sus poblaciones más vulnerables y con la comunidad internacional, hacia la construcción de un modelo de desarrollo basado en derechos.
