Por Iris Amador
La noche del 30 de agosto del 2023, cuando el Congreso Nacional había fracasado en un primer intento para elegir a un nuevo fiscal general y fiscal adjunto, el pueblo tolupán, en el departamento de Yoro, encendía velas en una sencilla ceremonia para conmemorar la muerte de tres miembros de su etnia asesinados hace 10 años. Sus crímenes permanecen impunes.
María Enriqueta Matute, Armando Funez y Ricardo Soto fueron acribillados por tratar de impedir el paso a empresas madereras y mineras que se instalaron ilegalmente en tierras tolupanes. Según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la tribu de San Francisco de Locomapa ha enterrado a 14 de sus miembros desde entonces.
Es una historia que se repite en Honduras una y otra vez. Todas las poblaciones étnicas del país, sin excepción, han experimentado el despojo y el asesinato de varios de sus representantes y, lo más lamentable, la impunidad en los crímenes.
Pero, ¿quién debe defender los derechos humanos de los pueblos en este tipo de situaciones? La pregunta la hacen las comunidades afectadas, en el marco de la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Y es que de esa escogencia dependerá que la situación para las comunidades, en especial las indígenas y campesinas, cambie o se mantenga con la tendencia que ha tenido esta institución, durante décadas.
Una fiscalía paralizada
El Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural, “tiene como función esencial promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, dentro de los que se encuentran el derecho a sus tierras y territorios, a la utilización de los recursos naturales existentes en ellas, el derecho a la consulta previa, derecho a la autodeterminación, a vivir como pueblos diferenciados, a que se respeten sus costumbres y derechos consuetudinarios, sus formas de vida, su patrimonio cultural y el derecho a una justicia pronta y accesible”.
Pero en la práctica, en reiteradas ocasiones, el Ministerio Público, lejos de perseguir a quienes han perpetrado los delitos en contra de los defensores indígenas, los ha criminalizado.
“La experiencia que hemos tenido con el Ministerio Público es lamentable, cuando uno se presenta ante ellos, lo que demuestran es que están a favor del empresario. Entonces queremos un Ministerio Público que en verdad estuviera al servicio del pueblo”, dice José María Pineda, líder tolupán amenazado y perseguido por defender su territorio.
Aunque sus preocupaciones no han sido tomadas en cuenta en el proceso de selección de los nuevos fiscales, organizaciones, territorios y pueblos indígenas alzaron una voz unificada, como se lee en un documento de MADJ, “para evitar que el Ministerio Público siga siendo el perseguidor y criminalizador de nuestra gente y de nuestras luchas, y que siga siendo tramitador y defensor de los intereses de las élites económicas y políticas acostumbradas a saquear impunemente el país”.
El MP y una deuda impagable
El Ministerio Público de Honduras tiene una deuda de justicia, cada vez más grande, con diferentes sectores de la sociedad que continuamente sufren violencia y abusos, incluyendo los defensores del agua y la tierra y las comunidades indígenas que han sido, y siguen siendo, golpeados severamente.
“Hemos tenido prácticamente una Fiscalía Especial del Medio Ambiente paralizada, sin maniobrar, sin hacer casi nada a favor del medio ambiente”, dice Martha Crespo, coordinadora de “Salvemos el río Danto”, una organización que lleva el nombre de la fuente de agua que abastece a los aproximadamente 200.000 residentes de la ciudad de La Ceiba, en el caribe hondureño.
“La ley tampoco favorece para que pudieran hacer mucho los fiscales. Por ejemplo, acá en La Ceiba, el fiscal del Medio Ambiente tiene que cumplir una ley que dice que, si él no ve a la persona con el hacha, la motosierra o con el fósforo en la mano, quemando, cortando, talando árboles, no puede llevarlo preso. No puede basarse en fotos, ni en video para encausar a alguien”, explica la ambientalista.
Para esta defensora, estas son situaciones “ridículas que indignan” mucho a la gente que trabaja en pro del medio ambiente. “Por más denuncias que presentemos, no se toman medidas porque tiene que ser el fiscal que verifique”, añade.
Un solo fiscal es responsable de vigilar todo el litoral Atlántico. Crespo explica que muchos de los casos que el representante del Ministerio Público trabaja no logran judicializarse. En lo que va del año, solo unos seis casos se presentaron ante un juzgado. “Se quedan allí estancados y el depredador ambiental sale libre a los pocos días”, relata Crespo con pesar, ya que los esfuerzos de su organización están orientados a reforestar la cuenca para que no se seque el caudal.
Ella está convencida que un cambio en el liderazgo repercutirá en cambios en el terreno, para mejorar. Es la demanda de alrededor de 800 voluntarios que componen la organización. “Este cambio tiene que traernos ventajas, estamos confiando en que sí”.
Un Ministerio Público que agrede en todas las regiones del país
Las luchas de cada grupo son diferentes. Lo que sí parece ser constante es que la impartición de justicia ha tendido a favorecer a los que ejercen el poder económico y político, en menosprecio de quienes no gozan de esos privilegios.
Al trasladarnos del Atlántico a la zona sur de Honduras, Gerardo Aguilar, defensor de la tierra en la zona sur del país y líder de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), nos narra que estuvo procesado durante 9 años en los juzgados de Amapala. Él y 30 campesinos fueron acusado por la Corporación Dinant, supuestamente por usurpación, tala de árboles y daño a la propiedad privada.
“Ellos eran los que decían: cárcel para los campesinos y campesinas”, dice Aguilar. “Los fiscales pedían cárcel para nosotros también”, agrega.
Aguilar dice que, durante más de 23 años de lucha por la defensa de la tierra, en lugar de sentirse protegidos por las autoridades, los fiscales en el departamento de Valle han sido sus verdugos.
“Isaí Campos era un fiscal en Nacaome y ese fiscal mandó a matar a su esposa, quien también era fiscal. Esa es la persona que siempre pidió cárcel para los compañeros que están presos ahorita en la penitenciaría de Nacaome. Este señor hacía requerimientos fiscales contra los defensores porque se le antojaba”, rememora el entrevistado.
El caso de femicidio agravado contra el exfiscal Campos será conocido por el tribunal en Nacaome próximamente, pero Aguilar explica que cuando ostentaba el cargo, “siempre se mantuvo al lado de los intereses de los empresarios, sin investigar, simplemente por tener afinidad con determinados grupos que se quieren apropiar de las playas en la península de Zacate Grande”.
Aguilar, quien es fundador de la emisora de radio “La Voz de Zacate Grande”, demanda que las nuevas autoridades del MP sean profesionales comprometidos con el respeto de los derechos humanos de las y los defensores de los territorios, ríos y bosques del país. “Una persona que no esté vinculada a partidos políticos, que no vaya a ir a tapar, nuevamente, la corrupción en Honduras. Es una gran expectativa que tenemos que cambie el sistema del Ministerio Público y haya una verdadera justicia en nuestro territorio”.
Un país mortal para defensores
La justicia se ha parcializado totalmente a favor de la empresa privada en otras zonas del país. Ocho defensores del río Guapinol fueron encarcelados. Uno de ellos, Arnold Alemán, fue liberado tras permanecer 899 días en prisión preventiva, pero fue nuevamente detenido temporalmente hace algunas semanas.
“Por eso no es de extrañar que, de acuerdo con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Honduras ocupe el primer lugar en América Latina y el segundo a nivel mundial con el número más alto de acciones judiciales abusivas en contra de personas defensoras”, dice el doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía Rivera.
Otros son asesinados.
La tarde del 7 de enero de 2023, Aly Domínguez (38) y Jairo Bonilla (28), ambos defensores del río Guapinol, fueron acribillados cuando se movilizaban en moto, en Tocoa, departamento de Colón. La policía dijo que el doble asesinato se debía a un robo, pero desde diciembre del 2022 el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa había denunciado que hombres armados, vinculados con la empresa minera “Inversiones Los Pinares”, amenazó de muerte a miembros del Comité. Les habrían dicho que los eliminarían “uno por uno, ya que no los dejan trabajar tranquilos”.
En junio mataron a Óscar Oquelí, hermano mayor de Aly en su casa, en la que estaba su madre, quien recibió un impacto de bala en su pierna. Oquelí se oponía a la instalación ilegal de la mina Los Pinares.
De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en lo que va del año 10 personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas han sido asesinadas, igualando la cifra del año pasado, lo cual hace de Honduras el quinto país más mortal en el mundo para personas defensoras, después de Colombia, Ucrania, México y Brasil.
“Estos datos nos indican dos problemas”, dice el abogado Mejía, “uno, no hay prevención, el Mecanismo Nacional de Prevención no funciona efectivamente; y dos, la investigación y sanción no funcionan tampoco, algo que le compete al Ministerio Público y al poder Judicial”.
Las razones son simples. “Lo dice la Comisión Interamericana en su informe 2019 sobre Honduras: que uno de los graves problemas del país es la existencia de una justicia selectiva, que actúa de manera tardía cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, y actúa de otra manera cuando se trata de proteger intereses de personas vinculadas con el poder político, económico o empresarial”, explica Mejía.
El secuestro del Ministerio Público
El 15 de agosto, congresistas demócratas de Estados Unidos escribieron al secretario de Estado de su país, Antony Blinken, para abogar por la protección de los ambientalistas de Honduras, y para expresar su deseo de que se cancelen las licencias mineras de Los Pinares en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras. Mencionaron que de los 10 ambientalistas asesinados este año, siete de ellos se habían enfrentado a la empresa Dinant.
Estos son los desafíos a los que se enfrentarán Jenny Gabriela Almendares, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas, Johel Antonio Cabañas y Pablo Emilio Reyes, de ser electos para dirigir el Ministerio Público y cambiar la trayectoria que ha tenido hasta ahora esa institución estatal en temas socioambientales en Honduras.
Para Rode Murcia, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras, el cambio de guardia genera la expectativa de que se hagan valer las leyes como está establecido. Porque “históricamente en Honduras y desde este tipo de entidades se nos ha oprimido; nuestra gente es vulnerada y no han hecho prevalecer nuestros derechos”, afirma Murcia.
“Nosotras defendemos nuestros territorios y nuestros cuerpos, pero hay un déficit en la administración de la justicia. Somos invisibilizadas hasta en estos procesos. La justicia es un privilegio”, dice Murcia, aunque nunca debió de serlo.
“Chinchilla usó el cargo para privilegiar a un grupo élite. Secuestró la entidad”, cuestiona. “Nuestra expectativa es que esos vínculos desaparezcan porque los hondureños no aguantamos”.
Aunque el desenlace está por verse, según el abogado Mejía, hasta este punto, el proceso de selección ha sido mejor que en el 2018.
El experto en derechos humanos finaliza diciendo: “A pesar de las críticas que tenemos que hacerle a la Junta Proponente por la exclusión arbitraria de Javier Santos y Mario Urquía, los filtros han funcionado”.
