Por: Rubén Escobar, Aimée Cárcamo y René Estrada
Foto/captura de pantalla – Canal del Congreso Nacional
En declaraciones al programa Zona Informativa, de Radio Progreso, el abogado Luis Miguel Lara Hernández aseguró que su propósito de llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es trabajar para tener una “Corte beligerante” en la que “se imparta justicia de manera pronta, expedita y justa”.
Precisamente, una justicia “pronta, expedita y justa” fue lo que no tuvieron los ocho defensores del Río Guapinol, residentes en la aldea homónima, municipio de Tocoa, Colón, a 339 kilómetros al noreste de Tegucigalpa.
En el caso, de connotación internacional, el abogado Lara Hernández fue uno de los protagonistas, pues formó parte del equipo acusador privado, en representación de Inversiones Los Pinares, la empresa minera que se instaló de forma inconsulta en la zona.
Crónica de una criminalización
El gobierno de Juan Orlando Hernández concedió a Emco Mining Company (ahora Inversiones Los Pinares), dos yacimientos mineros para explotar óxido de hierro en la Montaña de Botaderos, ubicada en el límite entre los departamentos de Colón, Yoro y Olancho y declarada, mediante acuerdo No. 002-2011, área Protegida bajo Categoría de Parque Nacional.
Esta zona es de mucho interés, ya que se encuentran especies de flora y fauna de gran importancia para la biodiversidad. Pero concesionar la montaña significó levantar construcciones, generar sustancias de desecho y abrir una carretera en una zona de reserva forestal. Uno de los tramos de la vía pasa a unos 20 metros del Río Guapinol, según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, (programa de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)).
Por eso, desde el 2015, los pobladores, organizados en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, interpusieron denuncias por la contaminación de los ríos Guapinol y San Pedro, y por otros daños ambientales, ante las oficinas de gobierno encargadas de los procesos de concesión minera y protección del ambiente. Finalmente se presentaron denuncias penales ante el Ministerio Público.
Según denuncias realizadas ante el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria, de la Organización de las Naciones Unidas, en ninguna dependencia se atendieron sus peticiones ni se realizaron investigaciones. En los siguientes tres años, los pobladores realizaron una serie de manifestaciones y denuncias públicas que generaron confrontaciones con guardias privados, e incluso policías y militares que respaldaban las acciones de la minera.
Ante la negativa de las autoridades, los pobladores procedieron a instalar “un campamento en defensa del agua” el 1 de agosto de 2018, en las cercanías de un terreno de la empresa. Pese a que durante tres años el Ministerio Público había hecho caso omiso a las denuncias contra la minera, en esta ocasión, a petición de los abogados de la empresa Pinares, actuó con diligencia.
Fue así que el 6 de septiembre de 2018, la empresa acusó a 18 personas por los delitos de usurpación y daño en perjuicio de la minera y usurpación en modalidad de detentación del espacio público en perjuicio del Estado.
Pero la situación escaló al grado de que representantes de la minera hirieron de bala a un manifestante, en septiembre de 2018, sin que las autoridades investigaran, de acuerdo al Grupo de Trabajo en un documento hecho público en noviembre de 2020.
Finalmente, el Ministerio Público y los abogados privados gestionaron una orden de desalojo, que fue cumplida el 27 de octubre de 2018 por unos 1,500 policías y militares, de manera violenta, según el mismo Observatorio.
Desde entonces se inició una persecución legal que elevó a 31 pobladores los requeridos en los tribunales por diferentes delitos contra la empresa y el Estado.
La mayoría fueron absueltos en marzo de 2019, pero el Ministerio Público y los acusadores privados enfilaron baterías contra ocho de ellos: José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo Cruz y Jeremías Martínez Díaz
Los defensores de Guapinol se presentaron voluntariamente a los juzgados a finales de agosto del 2019 y permanecieron presos durante 914 días. Fueron acusados de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Por este último delito fueron sobreseídos tras la primera audiencia.
Las injusticias del caso
Diferentes organizaciones de derechos humanos señalan que en el proceso se les violentaron los siguientes derechos: la acusación fue procesada por un Juzgado de Jurisdicción Nacional, un tribunal de excepción que conoce casos solo de crimen organizado y no delitos comunes; se les aplicó prisión preventiva por delitos que no se encuentran dentro del catálogo que el artículo 184 del Código Procesal Penal establece.
A petición de los acusadores privados y del Ministerio Público, se prolongó la prisión preventiva que “como regla general” podrá durar hasta un año, y “cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos años”, según el artículo 181 del Código Procesal Penal. Los defensores del agua en Guapinol estuvieron presos dos años y medio.
Además, diferentes tribunales denegaron al menos cinco recursos de habeas corpus, pese a evidentes abusos a los derechos de los detenidos, que estuvieron durante dos meses en la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Tolva, pese a que esta prisión es para reos condenados y de alta peligrosidad. Paralelo a esta situación, diversas Cortes de Apelaciones incumplieron los plazos y al final terminaron fallando en contra de los acusados sin motivar sus decisiones, según los defensores.
Finalmente, en febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional resolvió dos recursos de amparo que habían sido interpuestos a favor de los imputados dos años antes. La decisión anuló el proceso judicial, entre otras razones, porque consideró que la jueza Lisseth Vallecillo, quien dictó el auto de prisión en 2019, no cumplió con el debido proceso ya que no era la jueza competente para conocer el caso. Así salieron en libertad.
También defendió a maestros
Cuestionado en el programa Zona Informativa, sobre la posibilidad de perder puntos en la matriz técnica de evaluación que aplicará la Junta Nominadora por la “criminalización de los defensores de Guapinol”, el abogado Lara reconoció haber formado parte del equipo acusador privado, pero aclaró que “no sólo hemos participado en esos procesos” sino que “también defendimos a varios maestros” acusados de sedición en el marco de las protestas del golpe de Estado del 2009.
“Espero que se tomen en consideración todos los casos en los que participamos. Recuerde que los litigantes privados podemos actuar en diferentes procesos, ya sea como defensores o como acusadores”, refirió.
Según la abogada Kenia Oliva, del grupo de defensores de Guapinol, personas como Lara Hernández, “no son idóneas para ser parte de un Poder Judicial, porque no van a ser magistrados independientes, no van a aplicar una justicia expedita, porque van a responder a ciertos grupos de poder. Es el caso del abogado Luis Lara, que ha representado a la empresa Los Pinares para criminalizar y mantener en la cárcel a los defensores de Guapinol”.
El poder económico detrás de Los Pinares
La empresa Los Pinares forma parte del Grupo EMCO Holding, que afirma en su página web ser un “conglomerado de prestigiosas empresas que se desarrollan en diferentes áreas”, como “el sector aeroportuario, terminales de carga, siderurgia y producción de aceros, y tiene en desarrollo proyectos de generación de energía”.
Sus propietarios son los empresarios Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del reconocido empresario Miguel Facussé, ya fallecido.
Las inversiones que realiza son millonarias. Una de ellas es el Aeropuerto Palmerola, un proyecto ampliamente promovido por el expresidente Hernández. Se estima que su costo, a inicios de operaciones en diciembre de 2021, era de 212 millones de dólares, de los cuales el gobierno habría puesto 125 millones.
Según un análisis del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el aeropuerto es un negocio redondo para sus propietarios, gracias al contrato de concesión que pudieron negociar. El gobierno de Honduras, además de ser el principal inversor, cerró los vuelos internacionales en el Aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa, para reducir la competencia.
Otra ventaja es que comenzará a pagar al Estado un canon del 10 por ciento por salida de pasajero internacional, solo hasta que supere los 600 mil pasajeros internacionales anuales.
Según el CNA, eso «es extremadamente difícil de alcanzar en el corto plazo», al grado que podría comenzar a pagar ingresos por concepto de canon hasta dentro de 28 años, mientras que la concesión vence en 30 años. En su lugar, Toncontin pagó entre 2014 y 2019, 24.5 millones de dólares. A todas luces esa negociación fue una gran pérdida para los hondureños.
