Escrito por Kevin Isidro y Claudia Mendoza
Los hechos violentos y sangrientos que se registraron en los últimos meses de 2024, y que cobraron matices de alarma nacional en el mes de enero de 2025, colocan nuevamente en la mesa de discusión el histórico conflicto que persiste en el Bajo Aguán, en el departamento de Tocoa, en el caribe de Honduras.
En los últimos meses del 2024 se registraron hechos que generaron sobresalto, pero dos, ocurridos en enero de 2025, generaron una mayor preocupación. El primero aconteció el 7 de ese mes, cuando se suscitó un violento enfrentamiento en el que se ubicaron tres actores: la Plataforma Agraria del Aguán (una red nacional de más de 30 organizaciones que tienen como objetivo luchar por la aprobación de leyes sustantivas a favor de los campesinos y campesinas), los miembros de la policía nacional y un tercer grupo que, según los medios de comunicación, eran los pobladores de la aldea Quebrada de Arena. El enfrentamiento dejó como saldo varios campesinos heridos.
Un segundo hecho, muy lamentable, ocurrió el 31 de enero, cuando José Luis Hernández Lobo y su esposa Suyapa Guillen, ambos socios de la empresa asociativa de campesinos Gregorio Chávez, ubicada en la comunidad de Panamá, en Trujillo, Colón, fueron asesinados. La pareja fue interceptada por hombres armados que les dispararon hasta quitarles la vida en la comunidad de Rigores; según el comunicado de la Plataforma Agraria, Hernández Lobo ya había sobrevivido a un primer atentado criminal en el 2019.
Debido a este escenario, más de 65 organizaciones, entre movimientos sociales y populares; organizaciones feministas, de derechos humanos, anticorrupción, indígenas, contraculturales, garífunas, artísticos, disidencias sexuales, y estudiantil de Honduras, entre las que se ubica el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), emitieron una Declaración Nacional de Emergencia en el Bajo Aguán.
Más en específico, el movimiento social y de organizaciones, públicamente acuerpan al movimiento campesino, denunciando la falta de cumplimiento de los acuerdos que firmó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro con la Plataforma Agraria y COPA, el 22 de febrero del año 2020, para resolver la situación de extrema violencia en el Bajo Aguán. También señalaron que el gobierno de Castro y sus funcionarios son cómplices de la agresión, el desplazamiento, la persecución, la criminalización y asesinatos de las familias en la región.
En este contexto y este conflicto, en el que hay saldos lamentables porque se estima que unas 200 personas han sido asesinadas en las últimas décadas en esta región, de acuerdo con algunos medios de comunicación, persiste la ausencia plena del Ministerio Público y la institucionalidad que dirige la política agraria en el país, para que, en principio, investiguen fehacientemente los hechos en el Bajo Aguán. La ausencia de investigaciones legítimas y de peso, ha dejado como consecuencia que la narrativa de las élites agroexportadoras en los medios de comunicación, coloque a las y los campesinos en un escenario de indefensión y criminalización.
Por otro lado, quedan en el escenario preguntas que es necesario responder, y que con este análisis pretendemos contestar: ¿cuáles son las causas estructurales de la conflictividad agraria en el Bajo Aguán?, ¿cuáles son los compromisos pendientes del gobierno de Castro en relación con el conflicto en el Aguán y la mora agraria? y ¿qué está sucediendo en las cooperativas Camarones, Tranvío y El Chile?
I. Los orígenes del conflicto de tierras en el Bajo Aguán
El conflicto de tierras en el Bajo Aguán es un conflicto histórico. Para comprender los hechos recientes, es necesario analizar las diferentes etapas del conflicto. De acuerdo con el Informe “Conflicto agrario en el Aguán: causas estructurales, características de la disputa social y nuevo enfoque para una salida democrática”, hay tres momentos relevantes.
- Reforma agraria 1972-1977
El conflicto agrario en el Bajo Aguán tiene sus raíces en la presión social de las organizaciones campesinas, con la que impulsaron la reforma agraria durante el gobierno militar reformista (1972-1977), en un contexto regional de insurgencia en Centroamérica.
A través de decretos como el N°8 de 1972 y la Ley de Reforma Agraria de 1975, se expropiaron tierras ociosas para redistribuirlas, con el objetivo de desactivar la protesta social. Sin embargo, el proceso se estancó en 1977 debido a la oposición de terratenientes y transnacionales, así como a la disminución de la presión campesina.
Según fuentes del Instituto Nacional Agrario (INA), se estima que entre 1962 y 1990 se entregaron 376,000 hectáreas de tierra a organizaciones campesinas. Este resultado es muy distante con el planteado en el “Plan Nacional de Reforma Agraria 1975-1979”, cuya meta era entregar 600,000 hectáreas en 5 años. En este esfuerzo reformista, el Bajo Aguán fue una zona relevante, al grado que se le denominó la “capital de la reforma agraria”.
- La contra reforma agraria y la reconcentración de la tierra
En la década de los noventa, el gobierno de Rafael Leonardo Callejas impulsó un cambio drástico en las prioridades estatales y en el marco de políticas públicas, consolidando el modelo neoliberal con la aprobación de la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía (Decreto Legislativo #19-90). Esta normativa desmanteló funciones sociales del Estado, promovió la liberación económica en favor del sector privado y facilitó la privatización de empresas y servicios públicos.
En el ámbito agrario, aunque no se derogó la Ley de Reforma Agraria, se alteró profundamente con la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (Decreto Legislativo N° 31-92), lo que propició un proceso acelerado de reconcentración de tierras en manos privadas. A través de mecanismos fraudulentos, ilegales y, en muchos casos violentos, grandes agroexportadores y ganaderos acapararon tierras fértiles destinadas a la reforma agraria, extendiendo este despojo a territorios indígenas, afrodescendientes y de pequeños productores.
- El extractivismo agroexportador, la palma africana y narcotráfico
En la década de los noventa se consolidó y se expandió el modelo agroexportador, con lógica extractiva, centrada en cultivos flexibles como la palma africana y la caña de azúcar, vinculados a la producción de biocombustibles, específicamente biodiesel y etanol.
Lejos de debilitarse, este modelo se fortaleció, posicionando a la palma africana como un rubro clave en la dinámica de concentración de tierras. Un dato revelador es el acelerado incremento del área cultivada: entre 1993 y 2016, la superficie dedicada a la palma creció un 491%, lo que equivale a 157,471 hectáreas adicionales en 23 años. De este total 95,471 hectáreas (61%) se incorporaron entre 1993 y 2010, precisamente en el periodo que marca el origen del actual conflicto agrario en el Bajo Aguán.
La dinámica del modelo agroexportador y del conflicto social en la región se volvió aún más compleja con la presencia de un actor que, de manera silenciosa, ha ganado terreno en las últimas décadas: el crimen organizado vinculado al narcotráfico. Este actor se ha insertado en la economía regional a través de la compra de tierras y el desplazamiento de comunidades rurales, utilizando estos territorios tanto para el tráfico de drogas como para las operaciones de lavado de activos. Este escenario agrava las tensiones y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.
- Recuperación de tierras en 2009
En 2009, el Bajo Aguán se convirtió en el escenario de un nuevo ciclo de luchas agrarias, marcado por una nueva campaña de toma de tierras, organizadas por movimientos campesinos como el Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), el Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y el Movimiento Campesino de Recuperación del Aguán (MOCRA). Estas agrupaciones exigían la recuperación de territorios acaparados por terratenientes y agroindustriales, en su mayoría vinculados al cultivo de palma africana. Este resurgimiento de la protesta se dio en un contexto de crisis política tras el golpe de Estado, lo que agudizó la vulnerabilidad de las comunidades campesinas frente a un Estado debilitado y permisivo con el poder fáctico de los grandes propietarios.
Las tierras recuperadas correspondían originalmente a cooperativas campesinas formadas durante la reforma agraria de los años setenta, pero que habían sido despojadas a través de ventas forzadas, contratos irregulares y presiones ilegales durante la implementación de la LMDSA en los años noventa. Entre las cooperativas que participaron activamente en este proceso destacan Isletas, La Lempira, El Chile, Tranvío, y Camarones, recuperando aproximadamente 20,000 hectáreas de tierra que estaban en manos de poderosos empresarios agroindustriales vinculados al cultivo de palma africana, como Miguel Facussé, René Morales Carazo y Reynaldo Canales.
Las tomas de tierras fueron una respuesta directa al incumplimiento de los objetivos de la Reforma Agraria y al despojo sistemático de tierras que habían sido adjudicadas en el pasado a cooperativas campesinas. Esto desencadenó un violento conflicto que se agudizó durante los 13 años siguientes, caracterizado por desalojos forzados, represión estatal y la criminalización de líderes campesinos.
II. Los compromisos del gobierno de Xiomara Castro
Uno de los principales desafíos del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en su primera experiencia al frente del Poder Ejecutivo, radica en la gestión de los conflictos agrarios históricos que persisten en el país, particularmente en el Bajo Aguán. La gestión de los conflictos agrarios, profundamente arraigados en procesos de concentración de tierras promovidos en el marco de la implementación de la LMDA, la violación de los derechos de las comunidades campesinas, siguen siendo una prueba crucial para el Estado hondureño.
Es importante resaltar que el Plan Bicentenario (2022-2025) no plantea acciones específicas para atender el conflicto de tierras del Bajo Aguán, limitándose a esbozar compromisos estructurales en materia de acceso a tierras agrícolas y títulos de propiedad definitivos, como la reforma del Artículos 51 de la LMDA, o la promoción de un decreto que recupere el espíritu del Decreto 18-2008, para atender la mora agraria. La falta de un enfoque particularizado demuestra una debilidad inicial de la actual administración en la gestión agraria.
Sin embargo, a pocas semanas de la toma de posesión, el gobierno de Castro, en el marco de una jornada de movilizaciones ciudadanas de la Plataforma Agraria y la COPA, firmó el “Convenio entre el Gobierno de Honduras y las organizaciones campesinas integradas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), para la solución del conflicto agrario relacionado a la recuperación de tierras en el Bajo Aguán”, el 22 de febrero del 2022
Este acuerdo establece compromisos clave, como:
- Protección a 13 cooperativas campesinas contra desalojos.
- Investigación de tierras (sobre los mecanismos de despojo de las tierras de reforma agraria asignada a la denominada “Sub Comisión Legal”).
- Instalación de la Comisión Tripartita, para investigar las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la conflictividad y para establecer los mecanismos de no repetición.
A casi tres años de la firma del citado Convenio, el cumplimiento de los compromisos no se ha concretado porque en su implementación persisten vacíos significativos. Aunque el Poder Judicial no ha autorizado nuevas órdenes de desalojo contra las cooperativas priorizadas por el convenio, tampoco ha mostrado la diligencia necesaria para frenar o investigar de manera efectiva los ataques y desalojos extrajudiciales, ejecutados por grupos criminales que operan en la región.
En el caso de la instalación de la Comisión Tripartita o los resultados de los procesos de investigación sobre el acaparamiento de tierras, a pesar de las múltiples reuniones de trabajo preparatorias y de seguimiento, continúan sin producir resultados concretos. La Comisión no se ha instalado, a pesar de múltiples reuniones preparatorias.
En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), documentó un año después de la firma del Convenio ( entre el entre el 22 de febrero de 2022 al 21 de febrero de 2023) los asesinatos de cinco personas defensoras de derechos humanos en el marco del conflicto del Bajo Aguán.
El 6 junio del 2023 también fue presentada la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a La Tierra, un espacio de coordinación interinstitucional para atender la conflictividad agraria nacional, principalmente la relacionada con nuevos procesos de tomas de tierras, por parte de organizaciones campesinas durante los años 2021-2022.
La Comisión de Seguridad Agraria, pese a tener la representación de instituciones clave en el sector agrario, judicial y de seguridad, no ha obtenido las reformas estructurales delineadas en el Plan Bicentenario, en materia agraria, pese a que se trata de reformas que habilitarían soluciones para atender las causas de fondo de la conflictividad en el Aguán.
La falta de avances significativos en el cumplimiento de los acuerdos del 22 de febrero del 2022, así como con las promesas del 6 de junio del 2023, demuestran las tensiones inherentes entre el discurso progresista del gobierno de LIBRE y la persistencia de estructuras de poder que obstaculizan la transformación del modelo agrario hondureño. La resolución de estos conflictos no solo es una deuda histórica con las comunidades campesinas, sino también un imperativo para la consolidación de la democracia hondureña.
III. Los ataques recientes contra las Cooperativas Campesinas El Chile, Tranvío y Camarones, y la agudización de la violencia
Desde el 24 de diciembre del 2024, la región del Bajo Aguán experimentó una alarmante escalada de violencia contra cooperativas campesinas, evidenciando la creciente influencia de grupos criminales en la zona y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas con el primer ataque armado contra las Cooperativas. La mañana del 02 de enero, fue asesinado Arnulfo Díaz miembro de la cooperativa Brijosas del Aguán.
Los ataques se han dirigido principalmente contra las cooperativas Camarones, El Chile y Tranvío, con consecuencias graves para la vida y seguridad de sus integrantes.
De acuerdo con el pronunciamiento de la Plataforma Agraria “La Cooperativa Camarones fue víctima del desplazamiento forzado tras un ataque armado perpetrado por el grupo criminal conocido como “Los Cachos”, una estructura que, según la Plataforma Agraria, mantiene vínculos estrechos con la empresa agroindustrial DINANT. A este grupo se unió el grupo criminal “Los Canechos”, del sector de la margen izquierda, intensificando la violencia mediante emboscadas y ataques continuos contra familias campesinas”.
En un acto sin precedentes, estos grupos armados dispararon contra agentes de la Policía Nacional presentes en la zona, lo que evidencia la libertad operativa de estas estructuras sobre las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo la operación XATRUCH.
La violencia continuó el 27 de enero del 2025, cuando las Cooperativas Tranvío y Camarones fueron nuevamente atacados por “Los Cachos”. Durante este hecho, fueron secuestrados y agredidos Cristian Baire y Janier García, ambos, campesinos y cooperativistas.
El 29 de enero, la Cooperativa El Chile fue nuevamente atacada con armas de grueso calibre, y sus miembros fueron desplazados violentamente de un área de al menos 100 hectáreas de tierra. Además, los atacantes intentaron saquear la tienda de consumo de la cooperativa, incrementando el impacto económico del asalto.
La situación alcanzó un punto crítico el 31 de enero, cuando José Luis Hernández Lobo y su esposa Suyapa Guillen, socios de la Empresa Asociativa Gregorio Chávez, ubicada en la comunidad de Panamá, Trujillo, Colón, fueron asesinados. Esto ha marcado uno de los eventos más trágicos de este periodo.
A esta escalada de violencia se ha sumado una campaña en diversos medios de comunicación, que busca desdibujar el carácter reivindicativo del ejercicio de recuperación de tierras por parte de las organizaciones campesinas. Los medios de comunicación han presentado el conflicto como una simple confrontación entre grupos armados (usurpadores). Esta narrativa mediática, lejos de reflejar la complejidad del problema, omite, deliberadamente, las raíces históricas y estructurales del conflicto agrario, invisibilizando las legítimas demandas de las comunidades por el derecho humano a la tierra, reduciendo su lucha a un problema de seguridad. Esto contribuye a la estigmatización, criminalización y mayor vulnerabilidad de las familias campesinas afectadas.
