Escrito por Gustavo Irías
Basándonos en la experiencia histórica de Honduras, era previsible que las elecciones primarias enfrentarían dificultades en la mecánica de votación, específicamente en la implementación de la biometría y en la transmisión de resultados preliminares (TREP), un aspecto crítico que ha sido recurrente en los procesos electorales del país en los últimos años. Sin embargo, el sistema se vio afectado en un área que pocos esperaban: la logística electoral, que está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), las Fuerzas Armadas y los partidos políticos, estos últimos específicamente en lo que respecta a los custodios de transporte e informáticos.
El CESPAD advirtió que uno de los posibles riesgos podría ser la acreditación incompleta del número de custodios de los partidos políticos, así como la tardía capacitación de los custodios informáticos a cargo del CNE. Pero nadie se imaginó el caos electoral que se provocó debido a la ineficiente gestión de la logística, que incluyó el traslado del material, del equipo y las urnas a las Juntas de votación. Esto fue especialmente evidente en los dos principales municipios del país: el Distrito Central (MDC) y San Pedro Sula, que juntos representan el 21% de la carga electoral total. En estos municipios, las votaciones comenzaron con retrasos de 8, 10 y hasta 12 horas respecto a lo que establece la ley. El extremo de la situación fue que las votaciones y el conteo de votos se extendieron hasta las 4 de la mañana del 10 de marzo, un día después de la convocatoria para las elecciones primerias e internas.
Es importante destacar que este proceso electoral fue rescatado, por orden de importancia, por los factores siguientes: el primero, la firme determinación de la ciudadanía de ejercer su derecho al sufragio, esperando durante largas horas la instalación de las Juntas Receptoras de Votos en sus colonias y barrios. El segundo, las voces sensatas de organizaciones ciudadanas que demandaron a la institucionalidad ajustes emergentes. Y, el tercero, la autocrítica pública del CNE y la adopción de medidas que aseguraron el libre ejercicio del sufragio extendiendo el horario de votación.
Un retroceso histórico de la institucionalidad electoral
La democracia en Honduras, tanto en su versión mínima (la que implica la realización de elecciones periódicas) como en la máxima (que incluye la redistribución de la riqueza y la prestación de servicios públicos de calidad) es de baja calidad. Sin embargo, no se puede negar que la institucionalidad electoral ha evolucionado constantemente durante los últimos años: de un voto por partido para la elección de todos los cargos, se pasó al uso de boletas separadas para la elección en el nivel presidencial, diputados/as y corporaciones municipales. También se registró la transición del voto departamental al voto por domicilio; del conteo de los votos centralizado y la tardía entrega de resultados, al sistema de transmisión de resultados preliminares. Y, no menos importante, hubo una transición de la votación sin control de la identidad del elector, a la biometría, entre otros aspectos más.
En general, sin descartar el ejercicio de prácticas fraudulentas como la compra de votos, los procedimientos electorales han funcionado de acuerdo con lo que establecen los estándares universalmente aceptados. Los fraudes han sido electrónicos, como el que ocurrió en el 2017, que se hizo a espaldas de la ciudadanía y de la observación nacional e internacional. Por eso, lo que ocurrió el 9 de marzo durante las elecciones primarias es un enorme retroceso histórico que nos retrotrae a principios del siglo pasado, a lo que se conoció como las “elecciones estilo Honduras”.
En estas elecciones falló la institucionalidad electoral en su conjunto:
- El CNE mostró carencias en la gestión eficiente del proceso, a pesar de que se lograron avances en la toma de decisiones por consenso sobre temas relevantes.
- Los partidos políticos no cumplieron adecuadamente con sus responsabilidades, especialmente en lo que respecta al nombramiento de representantes de juntas y la designación de custodios de transporte e informáticos.
- Las Fuerzas Armadas fallaron con su rol constitucional en el transporte y vigilancia del material electoral para el MDC y San Pedro Sula.
En este contexto no se puede obviar la responsabilidad que recae en el Congreso Nacional por la tardanza en la aprobación de los presupuestos electorales. Esto tuvo un importante impacto en la ejecución del cronograma previsto por el CNE, retrasando actividades que afectaron la planificación del proceso en su conjunto.
En este momento, aún resulta difícil procesar los eventos acontecidos el día 9 de marzo: buses estacionados en diferentes lugares del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela); ausencia de los custodios militares y de los partidos políticos, y maletas electorales semiabiertas en las calles. Estas situaciones ocurrieron mientras la ciudadanía esperaba en los centros de votación.
Algunas interrogantes sin respuestas giran en torno a: ¿quién y en qué condiciones se contrataron buses y no transporte de carga? ¿quién ordenó a conductores de los buses mover el material electoral sin una dirección y destino?, ¿por qué se mantuvieron estacionados por largas horas en diferentes calles de Tegucigalpa y Comayagüela?, ¿por qué estaban ausentes en los buses los custodios que establece la ley?, ¿dónde estaban los militares responsables del transporte y vigilancia? y ¿por qué el CNE terminó por realizar la entrega de material electoral con personal civil?
De acuerdo con la ley, al Ministerio Público (MP) le corresponde investigar para dar respuesta a estas y otras interrogantes. En un comunicado emitido el 10 de marzo, el MP informó que el fiscal general ordenó la constitución de un grupo élite de fiscales “que investigará a fondo (…) las causas del retraso que vulneraron el derecho de la ciudadanía a ejercer el sufragio”.
Los riesgos de las elecciones generales de noviembre y ¿cómo gestionarlo?
La ciudadanía de los tres principales partidos políticos salvó las elecciones primarias con su civismo y la firme convicción de que es a través de las urnas que deben dirimirse los conflictos de la sociedad y elegir a sus candidatos y candidatas para los cargos de elección popular.
Sin embargo, algunas voces han planteado la necesidad de destituir al pleno de consejeros del CNE debido a sus graves falencias en el día “D”. En una democracia normal esto sería lo procedente. Pero en la realidad de Honduras, marcada por una permanente crisis legislativa por la falta de mayorías simples y calificadas, esta acción podría llevar al colapso de las elecciones generales programadas para noviembre. Es importante recordar que el nombramiento de los consejeros del CNE requiere la mayoría calificada.
Además, el papel de las Fuerzas Armadas en sus funciones constitucionales relativas a “la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales” (artículo 272 de la Constitución) ha sido muy cuestionado. Sin embargo, al igual que con el CNE, no existe una opción viable para plantear un reemplazo por otro arreglo institucional sin el riesgo de acelerar una crisis política nacional.
Por consiguiente, es urgente implementar un conjunto de medidas que aseguren que las elecciones que se realizarán en el mes de noviembre sean transparentes, legítimas, democráticas y pacíficas. Para lograrlo, es fundamental trabajar en las medidas siguientes:
- Una investigación independiente. Se requiere una investigación objetiva por parte del Ministerio Público para identificar las causas que generaron la interrupción en la distribución del material electoral, lo que puso en riesgo el derecho al sufragio del 20% de los ciudadanos y ciudadanas habilitadas para votar.
- Observación electoral. Es esencial contar con una amplia observación electoral, tanto nacional como internacional, que enfoque su atención en:
- La acreditación y capacitación anticipada de los custodios electorales (de transporte e informáticos) por parte de los partidos políticos.
- La organización y el traslado del material electoral a los diferentes centros de votación, a nivel nacional, con especial atención en la distribución de este material a las Juntas Receptoras del Distrito Central y San Pedro Sula.
- La mecánica de la votación del día “D”, relacionado particularmente con la biometría y el TREP.
- El monitoreo de la trasmisión de las actas finales de votación a través del TREP.
- La vigilancia del conteo de los votos en las Juntas Receptoras, un ejercicio que debe ser público (tal como lo establece la ley).
- El seguimiento a la conflictividad post electoral y la propuesta de medidas para gestionarlos democráticamente.
- Suspender el estado de excepción. Teniendo presente la experiencia del 9 de marzo, no deberíamos asistir a las elecciones generales de noviembre con la vigencia del estado de excepción, es decir, con las libertades democráticas básicas restringidas.
- Estrategia contra la violencia electoral. El Ministerio Público y los órganos electorales están obligados a definir una estrategia de abordaje, que incluya medidas preventivas, de investigación y sanción frente a la violencia electoral. Realizar un mapeo de riesgo electoral es una acción necesaria para la implementación de esta estrategia.
- Fomento del debate público y la educación cívica. Promover el debate y la educación cívica es esencial para reducir los niveles de polarización y garantizar el ejercicio del sufragio informado.
Finalmente, en necesario no perder de vista que para que el acceso al gobierno sea considerado democrático, deben existir condiciones básicas como: “autoridades públicas electas, elecciones libres y limpias, sufragio universal, derecho a competir por cargos públicos, libertad de expresión, acceso a información alternativa, libertad de asociación y respeto por la extensión de los plazos constitucionales establecidos, un territorio que define claramente el demos votante, la expectativa generalizada de que el proceso electoral y las libertades contextuales se mantendrán en un futuro indefinido” (Robert Dahl y Guillermo O´Donnell).
Esos parámetros deberán orientar el monitoreo y la observación electoral ciudadana, en este momento crítico de la democracia hondureña.
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