Escrito por Lucía Vijil Saybe
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa acompañado por distintas organizaciones a nivel nacional e internacional, además de la denuncia hacia la estructura de operación de Empresa Los Pinares por temas de corrupción extractiva y daños ambientales, ha asumido un proceso de demanda sostenida en el tiempo por los asesinatos a defensores en el marco del conflicto, y los últimos meses, por el recién asesinato de Juan López.
El asesinato de Juan López es la manifestación de violencia en su más alto nivel. Al hacer la lectura del conflicto de Guapinol y Sector San Pedro[1], continúa la persistencia de los siguientes elementos:
- La criminalización y estigmatización de las y los líderes del Comité Municipal, por parte de actores locales, debido a sus acciones en contra de la minera Pinares.
- Procesos judiciales con patrones reiterados de retardo en la obtención de justicia.
- La invisibilización del impacto de las empresas sobre la naturaleza.
En el siguiente análisis, se abordan de manera integral estos elementos y se presentan las líneas de demandas que deben permanecer en el imaginario social y político de la ciudadanía hondureña.
a) Campañas consecutivas de desprestigio hacia la labor de defensoría territorial
Hasta la fecha, el Comité Municipal ha reiterado sus demandas para que se identifiquen a los autores intelectuales del asesinato de Juan López y para que la Empresa Los Pinares se retire por completo del municipio de Tocoa, departamento de Colón. Sin embargo, en torno a la acción de defensa territorial y a estas exigencias, las declaraciones del actual alcalde Adán Fúnez[2], a quién se le vincula con el crimen organizado y con el asesinato de López, han sido complejas.
Un foro televisivo fue el espacio que el edil utilizó para discutir el tema a nivel público. Sin embargo, los argumentos y la postura del alcalde contratacan a los actores locales y a las organizaciones que hacen defensoría territorial, poniéndolos en riesgo.
Por ejemplo, Adán Fúnez afirmó que: “el único que pidió mi destitución fue Juan; después nadie habló, y a los tres días aparece muerto”. Esta declaración sugiere la posibilidad de que el asesinato de Juan López fue parte de un plan político premeditado. También, Fúnez relacionó la solicitud de su renuncia con una trama de violencia y conspiración en su contra, lo que intensificó la polarización de la situación al insinuar que la oposición a su mandato se vincula con la criminalidad.
En otra intervención en el foro, destacó que “si alguien dice que el alcalde está a favor de la minera, es porque no le importa que la gente se muera, que el agua se contamine y que el bosque se destruya”. Con estas declaraciones, se establece una conexión extrema entre el respaldo al proyecto minero y consecuencias catastróficas para las comunidades, lo que contribuye a alimentar una narrativa de odio y confrontación entre quienes defienden el medio ambiente y quienes apoyan la instalación de la minera.
Además, manifestó que “la Plataforma se ha declarado enemiga mía, COPA se ha declarado enemigo mío, el Comité se ha declarado mí enemigo mío”. Aunque sus afirmaciones sobre la relación del Comité con actividades delictivas no son nuevas en el contexto de la conflictividad socioambiental, el hecho de que pueda hacer ese tipo de declaraciones sin repercusiones por parte de las instituciones, contribuye a una narrativa de confrontación y fomenta una dinámica en la que las comunidades pueden atacar o promover acciones en contra del Comité.
En el caso de Guapinol y Sector San Pedro, este tipo de campañas representan una exposición particular del Comité como espacio organizativo, dirigiéndose hacia una comunidad tanto nacional como internacional que busca no reconocer la acción de defensoría territorial. El objetivo de deslegitimar las demandas comunitarias se basa en una serie de acusaciones sin fundamentos, utilizando la narrativa de “enemigos al desarrollo” para desvincular todo el entramado empresarial y corrupto en los entes locales, que facilita la instalación de proyectos mineros.
b) Denuncias al sistema de justicia por retrasos en el Caso Juan López
Según los pronunciamientos del Comité Municipal, se han reiterado las demandas al Ministerio Público para que inicie una investigación exhaustiva y procese a la estructura criminal supuestamente involucrada en el crimen de Juan López. También se enfatiza la urgencia de desmantelar una red que incluye actores con intereses empresariales, como Inversiones Los Pinares/Ecotek), así como presuntas maniobras de colusión en el ámbito judicial, lo que ha contribuido a la impunidad en el caso[3].
En relación con el estado judicial del caso, el Comité informa que se había programado una audiencia preliminar para tres presuntos autores materiales del asesinato para el 4 de marzo, la que fue suspendida y posteriormente reprogramada para el 11 de marzo. La audiencia se realizó el día 11 de marzo y se suspendió hasta el 25 de marzo del 2025 para el seguimiento de pruebas. En esta etapa del proceso, se presentará la acusación formal y se expondrán los medios probatorios contra de los implicados. El Comité demanda una investigación integral que identifique a todos los responsables, no solo en relación con la autoría directa del crimen, sino también en cuanto a las conexiones y omisiones que facilitaron el accionar de la estructura criminal[4].
Un punto relevante en la presentación del caso de Juan López es interpretarlo en conjunto con la instalación de la empresa extractiva en el territorio[5]. La representación legal del Comité Municipal insiste en que se investigue la red de corrupción detrás de los graves daños ambientales en Tocoa y del asesinato de Juan López. En ese sentido, es vital que las autoridades actúen con urgencia y transparencia para esclarecer las conexiones entre corrupción, deterioro ambiental y violencia política, garantizando así justicia y protección a las comunidades en conflicto.
c) Impactos de la acción de la empresa minera sobre la Naturaleza
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), presentó el 23 de septiembre del 2024 un requerimiento fiscal contra personas vinculadas a las empresas Inversiones Los Pinares, S.A. de C.V. e Inversiones Ecotek S.A. de C.V., por su supuesta responsabilidad en daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”, en Tocoa, Colón[6]. El documento acusa a los implicados de realizar actividades ilegales de explotación de recursos naturales, que incluyen el uso de maquinaria pesada, explosivos y la apertura de carreteras, acciones que han alterado gravemente la biodiversidad, las áreas boscosas y las cuencas hidrográficas de la región. Además, se señala que estas actividades han impactado negativamente los ríos San Pedro, Guapinol y Tocoa, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua para las comunidades locales.
Rita Romero, apoderada legal del Comité, afirmó en una entrevista con Criterio HN, que el requerimiento fiscal aborda el desastre ambiental y ecológico en una zona protegida, incluyendo la contaminación de la red hídrica y las fuentes de agua, una problemática por el Comité durante la última década. Resaltó también que el Ministerio Público actuó sólo nueve días después del asesinato de Juan López para avanzar hacia la justicia ambiental que él reclamó en vida[7]. Es fundamental destacar que “es una trama de corrupción lo que sostiene el megaproyecto minero en Tocoa, por lo que es necesario que se continué en esta causa y que, además, se amplíe a los funcionarios y exfuncionarios del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y el Congreso Nacional, quienes todavía no son mencionados en el proceso recién iniciado”.
El proceso judicial contra Inversiones Los Pineras es un recordatorio de que toda acción humana sobre el territorio genera impactos y daños significativos. A pesar de las históricas denuncias del Comité Municipal sobre daños ambientales, estas cobran relevancia en un contexto de extrema violencia territorial.
¿Por qué un caso como este nos debe convocar como ciudadanía?
Cada conflicto socioambiental en Honduras debe ser un punto de referencia para interpretar los intereses de clase en la disputa por el territorio, así como la continua explotación de los bienes comunes de la naturaleza sin control, evidenciando la incapacidad institucional para gestionar adecuadamente el territorio. El caso Guapinol y Sector San Pedro, ha ganado visibilidad a nivel internacional como nacional en relación con la criminalización y judicialización de defensores de la tierra, la corrupción extractiva, las redes criminales en operación y la vinculación del crimen organizado con las empresas extractivas.
Este tema es relevante en nuestras discusiones porque:
- Busca alcanzar niveles más integrales de justicia. El enjuiciamiento de los autores materiales no es suficiente para desentrañar las redes de poder en torno al asesinato de un defensor. Este tipo de precedentes podría establecer pautas significativas para atribuir responsabilidad de las empresas en los conflictos, así como en su papel como promotoras de violencia territorial.
- La corrupción ha estado en la agenda pública durante al menos los últimos 15 años. Honduras continúa enfrentando dinámicas de opacidad en los expedientes ambientales y en los controles sobre la acción de las empresas extractivas. Los procesos por daños ambientales contra los responsables de Inversiones Los Pinares, es la punta de lanza para avanzar en la modificación de la normativa que históricamente ha sido flexibilizada para facilitar la acción extractiva. Esto podrían representar avances en la consolidación de un modelo económico con control desde la institucionalidad y una supervisión concreta por parte de los sectores sociales organizados.
- Las redes que promueven el extractivismo son complejas y difíciles de desmantelar. Sin embargo, la presión e incidencia del Comité Municipal está exponiendo a la ciudadana hondureña elementos claves para promover el debate sobre la criminalidad en contra de la vida de los defensores y defensoras, así como contra la naturaleza. Esto también refleja la magnitud del respaldo necesario para enfrentar los grupos de poder y las élites históricas.
Comprender la conflictividad socioterritorial implica considerar las dimensionar políticas, económicas y sociales que atraviesan las disputas por la tierra. Es fundamental que la ciudadanía hondureña adopte una posición crítica y demandante para obtener justicia para el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras” y para cada uno de los defensores y defensoras asesinados por defender la vida.
[1] Más información sobre el caso: https://www.guapinolresiste.org/
[2] Más información sobre su perfil: La «mafia violenta y corrupta» de Adán Fúnez en el Bajo Aguán. Disponible: https://contracorriente.red/2024/02/26/la-mafia-violenta-y-corrupta-de-adan-funez-en-el-bajo-aguan/
[3] Guapinol Resiste. 2025. MP debe investigar y procesar a la estructura criminal detrás del asesinato de Juan López y todos los delitos relacionados en Tocoa. Disponible: https://www.guapinolresiste.org/post/mp-debe-investigar-y-procesar-a-la-estructura-criminal-detr%C3%A1s-del-asesinato-de-juan-l%C3%B3pez-y-todos-lo
[4] Guapinol Resiste. 2025. MP debe investigar y procesar a la estructura criminal detrás del asesinato de Juan López y todos los delitos relacionados en Tocoa. https://www.guapinolresiste.org/post/mp-debe-investigar-y-procesar-a-la-estructura-criminal-detr%C3%A1s-del-asesinato-de-juan-l%C3%B3pez-y-todos-lo
[5] Criterio HN. 2025. Piden investigar red de corrupción, daños ambientales en Tocoa y asesinato de Juan López. Disponible: https://criterio.hn/piden-investigar-red-de-corrupcion-danos-ambientales-en-tocoa-y-asesinato-de-juan-lopez/
[6] Ministerio Público. 2024. MP presenta requerimiento fiscal por daños ambientales en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”. Disponible: https://www.mp.hn/publicaciones/mp-presenta-requerimiento-fiscal-por-danos-ambientales-en-la-zona-del-parque-nacional-montana-de-botaderos-carlos-escaleras/
[7] Criterio HN. 2025. Exigen captura de representantes de Inversiones Los Pinares por explotación ilegal en Honduras. Disponible: https://criterio.hn/exigen-captura-de-representantes-de-inversiones-los-pinares-por-explotacion-ilegal-en-honduras/
