El Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial en Honduras del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presentó su Boletín 05-2025, que documenta las principales tensiones territoriales, institucionales y sociales vinculadas al extractivismo minero, la criminalización de la protesta y la defensa de los bienes comunes en el país.
El boletín destaca el caso “Cantera Sapadril-AGRECASA”, particularmente la autorización del el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) para la reactivación total de las operaciones pese a que múltiples informes técnicos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) recomendaron no renovar la licencia ambiental por graves daños ecológicos.
El Observatorio señala que esta contradicción institucional refleja una tendencia de permisividad hacia el extractivismo minero y exige la clausura definitiva del proyecto AGRECASA, así como la reparación de los daños ambientales y sociales provocados en las comunidades de Puerto Cortés.
El boletín también resalta el papel de las comunidades y organizaciones ambientales que, en el marco del proceso electoral, han impulsado debates municipales y pactos ambientales con candidaturas locales en departamentos como La Paz y Choluteca. Estos espacios promueven la participación ciudadana y la ratificación de territorios libres de extractivismo, fortaleciendo las alianzas comunitarias para la defensa de la tierra.
Asimismo, el Observatorio advierte sobre la continuidad de los desalojos campesinos e indígenas, registrando 48 casos entre junio de 2023 y septiembre de 2025, que han afectado a más de 9,000 familias. Estas acciones, sumadas a las medidas de vigilancia policial sobre las protestas, profundizan la criminalización de la protesta social y vulneran derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales.
El Observatorio hace un llamado urgente al Instituto Nacional Agrario (INA) y a la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra a detener los desalojos y avanzar en las reformas legales necesarias para garantizar el acceso a la tierra y la justicia territorial para las comunidades campesinas e indígenas.