Escrito por René Estrada
En marzo de 2021, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) interpuso un recurso de amparo contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que otorgó la libertad a los 32 implicados en el caso de Corrupción Pandora. En septiembre de ese mismo año, la Sala de lo Constitucional admitió el recurso. Pero, cuatro años después, la situación permanece sin resolución, y los campesinos y campesinas continúan demandando justicia.
Durante este tiempo, las campesinas y campesinos organizados en la CNTC, en el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) y en La Vía Campesina – Honduras, han mantenido la exigencia de que se les reconozca como víctimas del Caso Pandora.
Un breve antecedente
El Caso Pandora salió a la luz en el 2018, cuando fue presentado por la entonces Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). De acuerdo con la investigación de ese ente internacional, entre los años 2011 y 2013 se desviaron más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas en beneficio de madres jóvenes; para fortalecer políticas agroalimentarias en los departamentos de Colón, Intibucá y Olancho; el mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, en el departamento de Yoro. También, se realizaría una escuela de campo para agricultores de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua.
Como consecuencia del millonario desfalco, más de 4500 familias campesinas resultaron afectadas porque esos fondos con los que se hubiesen desarrollado proyectos sociales jamás llegaron. Según las organizaciones campesinas, en las comunidades incrementó la inseguridad alimentaria, aumentaron las tasas de desnutrición, se agudizó la pobreza y aumentó la migración irregular. Pese a lo anterior, la Sala de lo Constitucional no prioriza la resolución de este recurso de amparo que podría garantizar la justicia y reparación para las víctimas, además de marcar un precedente en el combate de la corrupción en el país.
La Sala de lo Constitucional, la clave para garantizar justicia a las y los campesinos
En la actualidad, la Sala de lo Constitucional está integrada por los magistrados Wagner Vallecillo (presidente), y por Sonia Marlina Dubón, Isbela Bustillo, Francisca Villela y Luis Fernando Padilla. Estos magistrados y magistradas fueron electos por los diputados del Congreso Nacional en el 2023, junto al resto de los altos jueces de la CSJ. Su periodo finaliza en el año 2030.
Según la Constitución de la República, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la intérprete última, la instancia judicial que se encarga de dirimir los conflictos entre poderes del Estado, y la que debe velar por el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos del país, particularmente cuando se trata de evitar su violación. Por eso, este órgano es el encargado de conocer los recursos de amparo, de inconstitucionalidad, de habeas data y los de revisión.
Según el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, esta es una Sala con “matices», debido a que “para la toma de algunas decisiones como la sentencia de las ZEDEs, tienen acciones positivas dignas de aplaudir, pero para temas más políticos como la resolución de los recursos en el marco de la polémica elección del fiscal general, no demuestran capacidad para tomar decisiones a tiempo”.
Por eso, Mejía agrega que no es extraño que la Sala esquive resolver el recurso de amparo para reconocer a las víctimas del Caso Pandora. La resolución de estos recursos de amparo debería de ser expedita porque “estamos hablando de una denegación al acceso a la justicia y una desnaturalización de estos recursos jurídicos. Además de una falta de voluntad política de la presidencia de la Sala, que es quien pone la agenda”.
Por otro lado, este abogado enfatiza en que la Corte Suprema de Justicia y sus salas, incluyendo la Constitucional, tienen un vicio de origen que afecta su accionar: el hecho de que las y los magistrados son electos por el Congreso Nacional, de acuerdo a intereses político-partidarios. Pero, resalta que “eso no debería de ser un obstáculo para cumplir con su juramento de hacer cumplir la justicia en el país”.
Un precedente para los derechos humanos en Honduras
El caso Pandora, más allá de representar un millonario desfalco del erario, debe considerarse un caso emblema que permita explicar la relación entre corrupción y la vulneración de los derechos humanos.
Donaldo Velásquez es un profesional del derecho, integrante del equipo de Abogados sin Fronteras – Canadá y dice que “este caso no trata de 282 millones que fueron sustraídos del erario público, si no de 4500 familias campesinas a las que se les iba a ayudar a reducir la pobreza y aumentar su producción agrícola para superar la inseguridad alimentaria, pero que se quedaron con promesas falsas y vacías”.
De acuerdo con la investigación de la MACCIH, el caso de corrupción Pandora, tiene como antecedentes los ocho convenios que se urdieron desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería para brindar múltiples beneficios a las campesinas y campesinos en Honduras, entre ellos el mejoramiento de la calidad de vida a través de la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de las capacidades agrícolas. “De haberse implementado estos proyectos, a las comunidades campesinas se les hubiera garantizado el acceso a la salud, educación, vivienda, empleo, alimentación, entre otros«, explicó Velásquez.
Pero, además de la afectación directa e indirecta por el desvío millonario, el caso Pandora también ha vulnerado otro derecho esencial en países democráticos, el acceso a la justicia. Han transcurrido más de doce años desde que ocurrieron los hechos, casi ocho desde que comenzó el proceso penal y cuatro desde que la CNTC presentó el recurso de amparo, pero la Corte Suprema de Justicia sigue sin garantizar la reparación para las víctimas.
El abogado Velásquez considera que, “hay que cuestionarnos cuál ha sido el impacto de las afectaciones al derecho a la protección judicial de las víctimas del Caso Pandora. Esto, porque si no existe reparación para las víctimas seguirán las afectaciones al derecho a la vida y a todos los derechos básicos de las y los hondureños”.
En consecuencia, tanto el desvío de fondos destinados a fortalecer las capacidades agrícolas de las y los campesinos de Honduras, al igual que la falta de resolución por parte de la Sala de lo Constitucional vulneran los derechos de las víctimas del caso Pandora. Por eso, es urgente que se repare el daño ocasionado.
La exigencia de una pronta resolución
Aunque han transcurrido más de cuatro años en espera de una resolución positiva por parte de la Sala de lo Constitucional, las campesinas y campesinos continúan con la exigencia de justicia y de reparación continúa. En la más reciente acción pública, las organizaciones campesinas realizaron una conferencia frente a la Corte Suprema de Justicia, para condenar la negligencia de los magistrados constitucionalistas en la resolución del recurso.
En la acción de protesta, emitieron un pronunciamiento público en el cual lamentaron que en el país persista el uso de fondos públicos para financiar campañas electorales como ocurrió con Pandora. También exhortaron al Poder Judicial a demostrar su compromiso con la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos, resolviendo prontamente el amparo.
Pero, hasta la fecha, el único acercamiento que han tenido las víctimas del caso Pandora con la Corte Suprema de Justicia fue una reunión con dos magistrados integrantes, como resultado de la acción de protesta. En la reunión, las y los campesinos expusieron sus realidades y la forma en cómo el desfalco de más de 282 millones de lempiras agudizó su pobreza e inseguridad alimentaria. Por su parte, los juristas se comprometieron a informar al pleno de magistrados sobre el acercamiento que sostuvieron para promover una pronta resolución del recurso de amparo.
Una oportunidad histórica
Si la Sala de lo Constitucional reconoce a las y los campesinos como víctimas del caso Pandora, esta se convertiría en la segunda sentencia en el país que admite el impacto que tiene la corrupción en los derechos humanos de la población. La primera sentencia fue a favor de grupos no indígenas; esto abrió el camino hacia un nuevo enfoque para el combate de la corrupción en el país.
En Honduras, la única sentencia que reconoce a víctimas de la corrupción la emitió la Sala de lo Constitucional el 10 de agosto de 2021, al admitir un recurso de amparo presentado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, por Fraude sobre el Gualcarque, un caso que también fue documentado y presentado por la MACCIH ante los juzgados del país.
A pesar de que han pasado más de cuatro años de lucha por justicia, la Sala de lo Constitucional permanece en silencio. Sin embargo, detrás de esta exigencia de justicia por parte de las comunidades campesinas, se presenta una oportunidad histórica para que Honduras reconozcan a las víctimas de la corrupción.
