Escrito por Rubén Escobar
En septiembre del 2024 se hará la convocatoria para las elecciones internas en Honduras. Sin embargo, los votantes asistirán a elecciones que estarían sustentadas en el mismo marco normativo que las elecciones del 2021, porque los ajustes al sistema electoral podrían ser mínimos, si es que se hacen. Las grandes reformas, como la segunda vuelta electoral, la “ciudadanización” de las mesas, la limitación de la reelección de alcaldes y diputados a dos periodos o la separación de los procesos electorales para el Congreso y las municipalidades, están lejos aún de las negociaciones de los partidos.
El cronograma electoral hecho público por el Consejo Nacional Electoral (CNE), establece que el 8 de septiembre se hará la convocatoria para las elecciones primarias, las que están previstas para realizarse el 9 de marzo de 2025, mientras que la declaratoria de ganadores sería un mes después, el 8 de abril.
Necesarias, pero aún distantes
Atendiendo a los mecanismos de aprobación y a su necesidad, las reformas que requiere el sistema político electoral podrían explicarse como: constitucionales, las que necesitan mayoría calificada y su ratificación en una siguiente legislatura; de la Ley Electoral, que necesitan mayoría calificada pero no ratificación posterior; de la Ley de la Unidad de Política Limpia; y la aprobación de una Ley Procesal que garantice el desempeño del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Gustavo Irías, director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), refiere que entre las reformas constitucionales están la segunda vuelta electoral y la separación de elecciones por niveles electivos (presidencia, municipal, legislativas), “que son demandas desde hace muchos años, probablemente décadas”, pero que siguen esperando.
En este apartado merece mención especial la reelección presidencial, “que es completamente inconstitucional y así debe quedar”, sostiene Irías. Pero en vista de que fue un mecanismo ya utilizado por Juan Orlando Hernández para mantenerse en el poder (2014-2018 y 2018-2022), debe haber una resolución definitiva sobre el tema. Esto implicaría convocar un plebiscito, luego someter la reforma al Congreso y de aprobarse también debe ratificarse.
El analista sostiene que también es necesario revisar la Ley Electoral que entró en vigencia en mayo de 2021, en particular lo relativo a los requisitos para ser candidatos, en el contexto postjuicio a Juan Orlando Hernández. El expresidente fue hallado culpable por narcotráfico en Estados Unidos y señalado públicamente en Honduras de incontables casos de corrupción. Debería considerarse un mecanismo similar al utilizado en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que descalificó a quienes tuvieran denuncias por corrupción, vínculos con narcotráfico y hasta señalamientos por violencia doméstica.
Además, la Ley Electoral debe establecer mecanismos para hacer efectiva la disposición de brindar a las mujeres el 50 por ciento de representación, porque hasta el momento no se cumple.
German Espinal, excomisionado de la Unidad de Política Limpia, también considera necesario establecer requisitos de participación y limitar, por ejemplo, a los ciudadanos que evaden impuestos. De igual forma la ley debe ser más precisa en relación con la eliminación de partidos políticos que tras un proceso electoral no obtuvieron cargos.
Espinal sostiene que es una idea falsa creer que la existencia de más partidos es sinónimo de más democracia, porque la realidad es que esta situación linda en la corrupción. Para muchos ciudadanos crear partidos políticos se ha convertido en un negocio, porque como “dijo un candidato, es una manera fácil de echarse 10 millones” de lempiras, acotó el entrevistado.
También en diferentes contextos se han planteado reformas para la implementación de la “ciudadanización de las mesas” y evitar que los activistas políticos manipulen el proceso desde las Juntas Receptoras de Votos. Otra reforma que se ha planteado en esta eterna discusión, es la de limitar a un máximo de dos periodos la reelección de los alcaldes y los diputados.
La historia registra casos de legisladores que entraron con la Constituyente, en 1981, y se retiraron en el 2022, tras perder las elecciones. De igual forma, hay alcaldes que tienen hasta veinte años en los gobiernos municipales, aprovechando los recursos del poder para conservar el cargo.
Reformas obligadas y sobre la marcha
Desde 1982, cuando se marcó la vuelta de la política hondureña a los procesos electivos, las grandes reformas han estado enfocadas a la especialización, explica el abogado y analista Rafael Jerez. Originalmente el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) cubría todas las áreas del proceso, documentaba a los ciudadanos, administraba las elecciones y, en caso de conflictos, resolvía en calidad de juez.
En el 2004 se creó el Registro Nacional de las Personas (RNP), el que se convirtió en una entidad autónoma, dedicada a registrar y documentar a los hondureños.
En el 2017 se fundó la Unidad de Política Limpia, un ente encargado de fiscalizar los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos y particularmente las inversiones en campañas. Mientras, en el 2019 se disolvió el Tribunal Supremo Electoral (antes TNE) y se subdividió en dos entidades, CNE encargado de la administración del proceso electivo, y el TJE delegado para conocer los casos contenciosos. “Por ende, las reformas que se requieren van orientadas a estas tres o cuatro áreas”, explicó Jerez.
Otra característica de las reformas que se han realizado, al menos en los últimos 15 años, es que han sido promovidas casi de forma obligatoria después de diferentes crisis. Por ejemplo, el golpe de Estado de 2009, o la violencia surgida tras el proceso electoral de 2017. Ambas situaciones llevaron a entablar mesas de diálogo y a dar apertura a diferentes voces. Es decir, las grandes reformas no se han realizado en épocas de estabilidad política.
Esto lleva aparejado el tema de los plazos, pues algunas disposiciones legales han sido aprobadas en medio de las convocatorias de elecciones a contrarreloj. Un ejemplo de esto es la actual Ley Electoral, que se terminó de aprobar el 25 de mayo de 2021, un día después fue sancionada y publicada en La Gaceta, y el día 27 se hizo la convocatoria a las elecciones que se celebraron en noviembre de aquel año.
“Si atendemos a ese lente cultural e histórico, si llega a haber reformas, se van a dar en la semana previa a la convocatoria de elecciones. Si se hace así, va a generar más incertidumbre de lo que van a ayudar”, acotó Jerez.
A esto se debe agregar el cálculo político. Antes de aprobar cualquier modificación, estas son evaluadas para ver si benefician a los partidos dominantes. Los históricos, Liberal y Nacional, y más recientemente a Libertad y Refundación.
El control financiero de las campañas políticas
En la última década varios narcotraficantes hondureños juzgados en tribunales estadounidenses, filtraron datos sobre el financiamiento a políticos proveniente de distintos partidos, entre ellos Juan Orlando Hernández, cuya sentencia está prevista para el 26 de junio de 2024. Además, entre el 2010 y 2013 se estableció un mecanismo de saqueo de las arcas estatales, superior a los 282 millones de lempiras, que fueron a parar a los bolsillos de políticos de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio.
En el 2017 se aprobó la Ley de Política Limpia para, en teoría, fiscalizar los recursos que se administran en las campañas, sin embargo, no se han alcanzado los niveles de transparencia necesarios. En ese contexto, el analista Gustavo Irías señala la necesidad de fortalecer ese mecanismo para controlar de forma más efectiva el financiamiento político electoral. Se debe asegurar el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, que requiere de la participación del Ministerio Público y de la Comisión Nacional de Banca y Seguros.
En la actual ley “eso está muy genérico, debería estar más reglamentado, porque queda sujeto a protocolos que pudiera suscribir la Unidad de Política Limpia y eso hace que el instrumento sea bastante frágil”, agregó.
El abogado Jerez es del criterio que debe “endurecerse el régimen de financiamiento de campañas políticas”, porque tras las elecciones de 2021 se bajaron los montos de las sanciones aplicables a los candidatos que no presenten informes de gastos de campaña o que se les encuentre información falsa. “Eso es un incentivo para que la gente no presente informes, o los presente tarde, y no hay consecuencias”, dijo Jerez.
Además, la ley debe ser más precisa respecto a la capacidad de imponer sanciones, porque actualmente hay una “nebulosa” en la que “se tiran la pelota” entre el CNE y la Unidad de Política Limpia, respecto a quién le corresponde aplicar ciertas multas.
Jerez incitó a una reforma “más profunda” para transparentar los informes de gastos de campaña y que los ciudadanos tengan acceso a información sobre las fuentes de financiamiento.
Espinal, en su condición de excomisionado de la Unidad de Política Limpia, apuntó que en este campo todos los procedimientos deben ser transparentes, con la mayor publicidad, y con la procuración de que no haya reservas respecto a la información de los partidos y candidatos. Ese debe ser el objetivo de la ley y de cualquier reforma.
Ley Procesal Electoral
La Ley Procesal Electoral es un instrumento necesario para la impartición de justicia por parte del Tribunal de Justicia Electoral. Proporciona un marco para resolver disputas que surjan durante el proceso y, por tanto, ayuda a garantizar los derechos de los participantes y a que las elecciones se resuelvan de manera justa y eficiente.
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Rasel Tomé, confirmó al CESPAD que las únicas reformas que han estado discutiendo son la Ley Procesal Electoral y una mayor inclusión de mujeres en la participación política, así como de otros sectores minoritarios.
El Congreso Nacional está en receso durante el mes de junio; los diputados tienen, apenas, julio y agosto para ponerse de acuerdo. “La que tenemos bien avanzada es la Ley Procesal Electoral, la normativa con la que va a trabajar el Tribunal de Justicia Electoral, para realizar impugnaciones, y que permitirá a los ciudadanos y a los partidos recurrir ante situaciones que consideren incorrectas”, dijo Tomé.
Aclaró que aún no han alcanzado acuerdos pero que trabajarán intensamente en los dos meses previos a la convocatoria a elecciones.
Tomé reconoce que aprobar temas como la segunda vuelta es fundamental y que como Comisión Electoral hicieron un proceso de socialización a nivel nacional que estableció que el 98 por ciento de los ciudadanos consultados están de acuerdo, pero los partidos no. Especificó que dentro del Partido Nacional y de Libertad y Refundación, la idea no encaja y solo encontraron algo de apertura en un segmento de diputados del Partido Liberal.
Aseguró que los políticos no la aprueban por “el pensamiento conservador de algunas personas que no apoyan el avance democrático de los pueblos. La segunda vuelta debe aprobarse, todos los pueblos la tienen como un mecanismo para dar mayor legitimidad y construir consensos”.
Las otras grandes reformas expuestas aquí, como elecciones separadas, limitar la reelección de alcaldes y diputados o la ciudadanización de las mesas, no están siendo discutidas en el Legislativo.
Necesarias para la democracia, no para el poder
Jerez apunta que las grandes reformas, necesarias para fortalecer la democracia hondureña, se vuelven un asunto de conveniencia para los representantes de los partidos políticos, porque no piensan en cómo fortalecer el sistema electoral, sino en mantener su cuota de poder.
“Los partidos controlan las instituciones, las mesas, los custodios. Es un ejemplo que no es un sistema electoral institucional, es un sistema electoral de los partidos, es un instrumento de ellos”, acotó.
De su lado, el director ejecutivo del Cespad, coincide en que el sistema de partidos políticos está cruzado por una cultura de bajos valores democráticos, lo que explica su comportamiento.
“Ninguna fuerza política va a establecer una norma que le va a perjudicar. La fragmentación de las fuerzas políticas y la falta de fidelidad partidaria de una parte del electorado, lleva a que las fuerzas políticas predominantes no consideren este tipo de reformas como viables políticamente, en función a sus propios intereses”, concluyó.
