Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
El frágil papel que jugó del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en el reciente proceso electoral del mes de noviembre del 2021, dejó a dos municipios, de dos departamentos distintos, enfrentados y en una crisis que los mantiene en vilo. A tres años de su vigencia, los vacíos legales siguen evidenciando al TJE de Honduras como un órgano fallido, porque carece de una normativa para regular sus actuaciones.
El aprieto comienza cuando algunos candidatos interpusieron algunos recursos ante lo que consideraron “acciones irregulares”, registradas en los municipios Duyure en el departamento de Choluteca y Wampusirpi, Gracias a Dios. Pero los recursos terminaron dirimiéndose en una Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De allí que, en ambos municipios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ordenó repetir las elecciones por detectar irregularidades en la Junta Receptora de Votos No. 12219 en el municipio de Wampusirpi y, en Duyure porque se incluyó en el censo a 186 ciudadanos hondureños radicados en Nicaragua, que no estaban habilitados para votar en ese municipio.
Pero, para conocedores de la materia, esa intervención del Poder Judicial no debió ocurrir porque se trataba más de una decisión administrativa y, recurrir a ese Poder del Estado era en última instancia. La Sala Constitucional no tenía que intervenir, dice al CESPAD, Augusto Aguilar, exmagistrado del Tribunal Nacional de Elecciones, porque “son casos que tienen que ver con procesos electorales, pero es por ese vacío, al no contar con una ley para el Tribunal de Justicia Electoral, lo que provoca involucrar a esa instancia”.
Esos dos casos, apenas, demuestran que uno de los grandes problemas que enfrenta el TJE, es funcionar únicamente con un reglamento y manuales de procedimiento, que le limitan para hacer bien su trabajo. Por eso, el proceso no mostró la calidad electoral que los hondureños esperaban debido a las grandes lagunas que persisten, obligando al nuevo Congreso Nacional a retomar esas leyes pendientes para asegurar una mejorar la calidad en el proceso electoral.
“Hay un vacío todavía porque no se ha aprobado la ley del TJE, entonces, como no se puede establecer en qué casos específicamente cabe el recurso de amparo, como en el caso de estos dos municipios”, agregó Aguilar.
Las viejas prácticas
“Durante mucho tiempo se ha establecido que los partidos pequeños manipulaban actas, inflaban votos y traficaban credenciales. Con la reforma electoral que aprobó el Congreso Nacional en la Ley Electoral, se decidió sacarlos porque se aseguraba que había más confianza en los tres grandes partidos políticos, porque eran los honestos”, dice Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia.
“Ese cambio resultó mucho peor, teniendo en cuenta que la mala gestión de la Junta Receptora de Votos, la corrupción, la manipulación permitieron que la calidad electoral, la seguridad del proceso hay que mejorarlo”, acotó.
Pero el mejoramiento de todo este sistema electoral, para que sea más efectivo, además de las reformas electorales importantes, pasa también por una gestión administrativa de calidad, sugieren los expertos, que logre que el CNE comience a construir mejores procesos de manera inmediata. Es decir, no esperar hasta que llegue el proceso de elecciones del año 2025.
“La intervención de la Sala Constitucional termina siendo más de lo mismo, porque al final del camino quién es el responsable de administrar electoralmente los procesos es el CNE”, según León.
Pero, con la determinación de repetir las elecciones en los municipios de Duyure y Wampusirpi se está elevando un nivel de inconformidad electoral importante para algunos sectores. Ha habido protestas, tomas de las alcaldías y el rechazo a la repetición de estas elecciones locales. Esos dos municipios por ahora están en “el limbo”, sin que se les oficialice, hasta la fecha, quién es el alcalde.
El Tribunal de Justicia Electoral fue creado en el año 2019, sin embargo, han pasado tres años y este no tiene como base de operación una ley, una situación que origina que, al final, se acuda a una CSJ que toma las decisiones con un enfoque político. La forma de dilucidar este conflicto obliga a esperar una respuesta judicial, sin la certeza de cuándo se emitirá porque son múltiples las resoluciones pendientes (de otros casos) por parte de la CSJ.
Este escenario, para los analistas, demuestran la clara intención de algunas decisiones que se toman en materia electoral. “Al final, necesitamos que se hagan procesos electorales mejor planificados, mejor organizados y más transparentes”, cuestiona León.
Constitucionalmente existen los mecanismos que deben aplicarse, pero, la falta de voluntad del Congreso Nacional de Honduras para dar “las armas” a los entes creados para mejorar los procesos electorales (como el TJE), sigue provocando yerros que podrían finalizar en tragedias sociales.
