Escrito por Nancy García
A pesar de que en Honduras se registran 58 conflictos socioterritoriales relacionados con la defensa del agua, el ambiente y la tierra, las demandas de las comunidades siguen ausentes en el debate público y las propuestas electorales. Así lo revela el informe anual del Observatorio de la Conflictividad del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD).
Este informe, presentado en la ciudad de San Pedro Sula, expone el contexto de las comunidades defensoras de la tierra y el territorio en el marco de un proceso electoral que, en lugar de abordar sus problemáticas, los invisibiliza, perpetuando las lógicas de exclusión y despojo de quienes protegen el ambiente.
El documento destaca que la conflictividad está estrechamente vinculada a la falta de avances en la implementación del Acuerdo firmado entre el gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora Popular del Aguán (COPA), durante la gestión de la actual presidenta Iris Xiomara Castro. Este acuerdo buscaba atender la conflictividad y la mora agraria en la zona del Aguán.
El asesor Kevin Isidro señaló que «la actual administración viene arrastrando desde 2022 acuerdos que no tienen avances ni garantías. La Comisión Tripartita que se creó para atender el tema de derechos humanos, no ha sido instalada. Hemos visto cómo la complicidad en las cooperativas del Bajo Aguán sigue avanzando”.
A esta problemática se suman otros conflictos socioterritoriales denunciados por diversas organizaciones, que señalan la falta de ejecuciones efectivas de los compromisos firmados por el gobierno de Castro. Además, alertan sobre la promoción estatal de megaproyectos que amenazan los territorios.
“Ya no solo estamos encontrando a la empresa privada en la promoción de megaproyectos, el Estado también está avanzando. Es preocupante porque no se han construido ni las herramientas ni las salvaguardas ni se han fortalecido las instituciones”, afirmó Isidro.
Un ejemplo de esta tendencia es la propuesta gubernamental para construir una cárcel de máxima seguridad en la reserva de las Islas Marítimas del Cine.
Las tensiones en el marco de la conflictividad
El informe indica que, de los 58 conflictos registrados, 31 son de carácter agrario, 12 vinculados a generación de energía, siete de empresas mineras, uno por exploración y explotación minera, entre otros.
La asesora de Justicia Ambiental, Lucía Vijil, destacó que existen más conflictos, pero el CESPAD se ha enfocado en los que mantienen vinculación directa con las organizaciones afectadas. Vijil explicó que se considera que un conflicto inicia cuando se registra el asesinato de personas defensoras y la negación de acceso a la información. “El conflicto inicia desde que hago una solicitud de información y no me la dan o cuando veo que está llegando maquinaria a mi territorio y yo no sé nada”, sostuvo.
Además, resaltó el acaparamiento de tierras y la contaminación de los ríos como causas de conflictos. “Nosotros tenemos información de cómo se instalan los drenes de las plantas procesadoras sobre ríos vivos. Es decir, donde hay un río la empresa coloca su drenaje para tirar la basura”. La privatización de tierras ancestrales, la emisión de títulos superpuestos e irregulares, la destrucción de la cobertura vegetal y el uso de químicos en los suelos agravan la situación.
Estas acciones impactan directamente a comunidades indígenas, garífunas y rurales, generando manifestaciones de violencias y criminalización de poblaciones históricamente empobrecidas. La presencia de empresas privadas y agroindustriales es recurrente en estos conflictos. “También hay una presencia sistemática de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y empresas de seguridad privada que son actores de vigilancias”, dijo Vijil.
El informe también señala que los conflictos se están desplazando hacia territorios donde existen fuentes de agua, convirtiéndose en un creciente conflicto hidro-social, ya que el agua se ha convertido en el bien común más disputado en el país.
Frente a esta crisis, la respuesta del Estado ha sido más de vigilancia y control que de garantía para las personas que defienden los bienes comunes. “No hay respuestas integrales. Cuando la contención es la única medida institucional para la conflictividad vendrá otro cambio de gobierno y volverá el conflicto”, advirtió Vijil.
El mapa que dibuja la conflictividad socioterritorial
A manera de conclusión, Isidro compartió un mapa que refleja que la mayor concentración de conflictos se ubica en el Corredor Seco, en la zona sur del país, a pesar de la desinformación sobre la supuesta ausencia de bienes comunes en la zona. Le sigue el corredor atlántico, conocido como el “corredor del narcotráfico” por sus zonas fronterizas. “A nivel de georreferenciación es importante reconocer estas dinámicas, y a medida que fortalezcamos estos mapas, veremos con mayor claridad cómo esta tendencia se consolida”, señaló.
La conflictividad no sólo está relacionada con la presencia humana en los territorios. Un ejemplo de ello es la intención de instalar una megacárcel en las Islas del Cisne, a pesar de que el Congreso Nacional otorgó garantías de protección al territorio.
Aunque el gobierno de Xiomara Castro generó expectativas en las comunidades, las respuestas han sido insuficientes frente a la magnitud de la problemática socioterritorial, que persiste sin abordajes estructurales. Además, continúan los asesinatos de defensores, los desalojos a familias campesinas, la vulneración de derechos y la promulgación de leyes que fomentan la venta de territorios.
Las conclusiones del informe señalan que, en un contexto electoral, las acciones suelen ser simbólicas y carecen de garantías y cumplimiento, debilitando la posibilidad de construir una agenda común de justicia ambiental y ecológica.
Finalmente, Vijil destacó una contradicción: “…el anuncio de INHGEOMIN, que no iba a otorgar más permisos de minería a cielo abierto, contradice la discusión en el Congreso sobre la Ley de licenciamiento ambiental Exprés. Si realmente se iba a modificar el marco normativo que regula la acción de extracción minera, se debió apuntar a la ley de minería”.
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