Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
En los actuales tiempos de elecciones se habla mucho sobre la crisis electoral, en parte causada por la intensa polarización política. Pero poco se reflexiona sobre la crisis más honda que atraviesa el país: la crisis estructural que se expresa en una profunda polarización social (medida en las múltiples desigualdades que fracturan el país). Ambas crisis son interdependientes y se alimentan mutuamente. En este breve análisis, pretendemos aportar algunas perspectivas sobre ambas dimensiones.
Para empezar, la intensa crisis electoral que amenazaba con poner en riesgo la realización de las elecciones generales de noviembre logró atenuarse con el acuerdo por consenso del pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes establecieron los lineamientos para la publicación de los resultados preliminares (TREP).
Según el comunicado No. 028-2025 del CNE “el nuevo flujo del sistema TREP garantiza que toda la información transmitida por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) sea publicada íntegramente, aplicando las validaciones automáticas previamente autorizadas por el Pleno de Consejeros. Desde el día siguiente de la elección, se realizará un proceso de verificación visual de alta trazabilidad con etiquetado del 100% de las actas para validar la correspondencia de los resultados manuscritos en la imagen y los datos transcritos en el sistema, con pruebas de funcionalidad de las validaciones insertas en el sistema. Cualquier error de transcripción identificado será corregido mediante resolución unánime del Pleno, en presencia de observadores de los Partido Políticos y de las Misiones Internacionales acreditadas, dejando constancia documental y registro auditable de cada modificación”.
El asunto del TREP mantuvo paralizado el funcionamiento del CNE por más de un mes, convirtiéndose en una situación que fue abonando la intervención de otras instituciones como el Ministerio Público y el Congreso Nacional, además de hechos de violencia y la realización de movilizaciones callejeras que amenazaban con transformar la crisis electoral en una crisis institucional.
Desde estas páginas, en esta coyuntura, hemos insistido en la imperiosa necesidad de diálogo y acuerdos entre las principales fuerzas políticas. También en que el TREP constituye una de las reglas básicas del sistema electoral y que, en un contexto político altamente polarizado, solo mediante la aceptación unánime de estas reglas es posible desmontar la desconfianza y crear un ambiente propicio para la realización de elecciones transparentes, legítimas y pacíficas.
Aunque vale preguntarse: ¿El acuerdo sobre el TREP es suficiente para eliminar todos los riesgos del proceso electoral?
Otros riesgos que considerar
La respuesta es NO. La principal amenaza sigue siendo un sistema electoral disfuncional. El diseño del máximo organismo electoral, basado en la representación de los partidos políticos predominantes, ha evidenciado su fragilidad y, en muchos aspectos, su carácter fallido. En esta coyuntura, el CNE solamente podrá organizar y administrar las elecciones efectivas si es capaz de avanzar hacia un organismo independiente, autónomo y profesional, en línea con la Constitución de la República y los estándares internacionales.
El cronograma electoral que está por implementarse, incluye hitos que podrían crear situaciones complejas de gestionar. Estos son los siguientes:
- La contratación de las empresas para la adquisición de los equipos y sistemas. Esto incluye la contratación de la auditoría externa de procesos y resultados electorales, sistemas de control de calidad, sistema de identificación biométrica de los electores, el sistema de transmisión de resultados, entre otros. Los debates en el pleno del CNE en relación con estas contrataciones, probablemente continuarán marcados por las acusaciones cruzadas de fraude. Para el caso, ya están sobre la mesa las controversias de la contratación o no de la empresa Smartmatic en la operación del TREP y otros procesos.
- La acreditación y capacitación de los delegados de las juntas electorales y de los custodios de transporte e informáticos. En las elecciones primarias, los partidos políticos acreditaron tardíamente a estos representantes y el CNE evidenció muchas deficiencias en los procesos de capacitación porque no consideró las capacidades diferenciadas de los delegados en zonas urbanas y rurales. Mucho más grave fue el hecho de que los custodios informáticos encargados de la transmisión electrónica de las actas a los centros designados por el CNE no validaron sus conocimientos mediante simulacros o ensayos. Este último punto constituye un riesgo de especial consideración.
- La logística electoral. Con base en el cronograma del CNE, este aspecto consiste en la contratación de los servicios de transporte de los materiales electorales, la contratación de los documentos electorales (papeletas y otros) y la puesta a disposición del CNE de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para “la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso” (artículo 272 de la Constitución de la República). Este es el aspecto que generó la crisis el día de las elecciones primarias (9 de marzo) sin que hasta el momento se haya determinado que pasó y quiénes fueron los responsables. Entre las narrativas confrontadas, una adjudica la responsabilidad a la deficiente administración del CNE y otra al rol de las FF.AA. En una democracia normal esta situación sería una lección aprendida con medidas precisas para evitar su repetición. Pero en Honduras, continúa siendo un riesgo que crea mucha incertidumbre.
- La transmisión de los resultados el día de las elecciones. Históricamente este ha sido un riesgo en todas las elecciones, pero en esta ocasión su relevancia se ha incrementado por los conflictos y crisis en torno a la definición de los lineamientos de divulgación de resultados. En el día de las elecciones será crucial que el sistema informático funcione con la transparencia y criterios técnicos universalmente aceptados. Es decir, que no sufra una intervención (o jaqueo) y que la alimentación humana, a través de los custodios informáticos, sea oportuna y correcta. ¿Quién podrá garantizar que esto ocurrirá con normalidad?
En resumen, aunque el acuerdo sobre el TREP representa un avance, persisten riesgos que sólo podrán gestionarse apropiadamente si el pleno de consejeros del CNE asume su gestión con verdadera independencia, autonomía y profesionalismo.
La otra crisis, la principal amenaza a nuestra decadente democracia
Retomando lo aseverado al inicio de este artículo, la actual crisis electoral es solo una manifestación de una crisis estructural más profunda que atraviesa la sociedad hondureña. Esta crisis no se reduce sólo a los críticos indicadores sociales del país, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad que son de los más preocupantes en América Latina, solo superados por Haití. También es la insatisfacción ciudadana con la democracia, con el sistema político y las elecciones mismas, porque no han generado resultados de bienestar para las amplias mayorías.
Según datos de la CEPAL (2024), “en 2023 la pobreza en Honduras mostró una tendencia al aumento en comparación con la tendencia regional de reducción, siendo el único país de Centroamérica que experimentó este incremento”. También se estableció que “La desigualdad social en Honduras es un problema estructural persistente, manifestándose en áreas como el acceso a oportunidades, empleo, distribución del ingreso, y en la desigualdad de género, lo que limita la movilidad socioeconómica y el crecimiento inclusivo”.
En los últimos años, la mayoría de las encuestas sobre Honduras registran los mismos problemas crónicos: empleo, pobreza, inseguridad, corrupción y servicios públicos deficientes. Y en el fondo lo que persiste es la ausencia de un Proyecto de País que recoja las principales demandas de la variedad de los sectores sociales y se expresen en un plan multipartidario (o de mayoría legislativa) que apunte a la realización de reformas sustantivas. Durante la actual campaña electoral, la falta de propuestas partidarias orientadas a resolver los problemas de fondo, reafirman el histórico comportamiento errático de los partidos: no abordan lo esencial de una gestión publica democrática, para la construcción de una sociedad incluyente.
El mayor alcance que el sistema político actual ha tenido, son los pactos y los acuerdos puntuales, que han favorecido la distribución de las cuotas de poder de los principales órganos constitucionales (Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, CNE y muchas más); a favor de los intereses de las cupulas partidarias. Pero los problemas sustantivos que afectan al país siguen sin recibir la atención necesaria, lo que limita el avance en soluciones estructurales y el fortalecimiento del Estado de derecho.
La incapacidad y la falta de voluntad para encontrar salidas consensuadas entre los partidos políticos es muy evidente en la crisis electoral actual, por los momentos, resuelta parcialmente. Sin embargo, los problemas fundamentales se acumulan y no hay soluciones puestas en la agenda pública. La crisis del post fraude electoral del 2017 sumió a amplios sectores de la sociedad en la frustración, desesperación y miedo, pero aún, en esas circunstancias, existía la esperanza de que a través de las elecciones era posible cambiar de gobierno y aspirar a la resolución paulatina de los graves problemas del país. Por eso, los resultados electorales del 28 de noviembre del 2021 crearon entusiasmo y gran efervescencia a la espera de los grandes cambios y las transformaciones sociales.
A pesar del cambio de gobierno, los problemas han continuado acumulándose sin que haya opciones de salidas sostenibles y creíbles. La polarización política ha alcanzado niveles que dificultan y hacen imposible una gobernanza democrática. Es un hecho que en noviembre habrá de nuevo elecciones, pero las opciones políticas se han ido agotando. Los largos gobiernos de los partidos del bipartidismo construyeron un país de profundas desigualdades, en beneficio de los grupos privilegiados de siempre. El gobierno de LIBRE no ha representado un punto de inflexión y los problemas continúan. Pero también se ha incrementado la desconfianza en los partidos políticos y en la institucionalidad pública.
La frustración ciudadana crece en medio de problemas no resueltos:
- Los altos niveles de pobreza, desigualdad y conflictividad social, especialmente de carácter socio territorial.
- La alarmante infracción de los derechos humanos de los defensores y defensoras agrarios y ambientales.
- Los graves conflictos agrarios heredados de la narcodictadura que no se han resuelto y han estado en un segundo plano de la agenda gubernamental en la presente administración.
- La militarización del país ha proseguido, a pesar de sus riesgos para la democracia.
- La persistencia de los graves déficit en los servicios de salud y educación.
- El cierre de la “válvula de escape” hacia los Estados Unidos, que con seguridad agravará este conjunto de problemas.
¿Cambiarán estas situaciones con los resultados del 30 de noviembre? No lo podemos determinar con certeza. Pero pareciera que será una de las últimas oportunidades que tendremos las y los hondureños para enfrentar los graves problemas del país y de las grandes mayorías. Con el riesgo que la ciudadanía cansada de esperar respuestas opte por respaldar liderazgos poco comprometidos con la inclusión social, la recuperación de la institucionalidad y una gestión democrática. Reafirmándose en el país las derivas autoritarias que se van posicionando en América Latina.
En cualquier caso, después de noviembre se abrirán las condiciones para una crisis político-institucional o, al menos, para un incremento de la conflictividad político y social, en una sociedad en la cual los problemas de fondo se han acumulado y la insatisfacción con los partidos y el sistema político es creciente.