Descargue PDF aquí
Escrito por Osiris Payes
En Honduras, los procesos electorales han sido sistemáticamente permeados por el crimen organizado y el narcotráfico. También han tenido el sustento de fondos del erario estatal que han sido sustraídos a través de redes de corrupción para el financiamiento ilícito de campañas electorales. Estas prácticas (que se han evidenciado de forma muy clara en los procesos judiciales que se han dirimido en los Estados Unidos en contra de políticos y ex funcionarios estatales, incluyendo al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández) erosionan la confianza ciudadana y ponen en riesgo la legitimidad de las elecciones, en una democracia tan frágil como la hondureña.
En la práctica, las leyes que rigen las elecciones políticas en Honduras presentan deficiencias significativas que evitan que se asegure una correcta fiscalización, dejando vacíos que son aprovechados por aspirantes a cargos de elección popular carentes de ética y moral, que se prestan para fomentar la corrupción y el financiamiento de las campañas políticas con dinero ilícito, y proveniente del narcotráfico
Adecentar y transparentar los procesos electorales se vuelve un reto que para el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), sólo es posible con reformas electorales como las que se le plantearon a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional[1], que están basadas en el análisis y experiencias de las elecciones primarias y generales de 2017 y 2021. Estas propuestas de reformas están diseñadas para fomentar la participación ciudadana, fortalecer la transparencia, reducir las probabilidades de fraude electoral y garantizar la rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos políticos. Las propuestas de reformas electorales.
Financiamiento ilícito a campañas electorales
Los numerosos casos de corrupción que documentó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) durante su mandato, revelaron la estrecha relación entre el financiamiento ilícito de campañas y el desvío de fondos estatales para las campañas políticas de los partidos. Los casos más representativos son: “Pandora[2]”, “Corrupción sobre ruedas[3]” y “Narcopolítica[4]”.
El entramado de corrupción que documentó la MACCIH, se corroboró con la reciente condena del expresidente Juan Orlando Hernández, porque expuso de manera alarmante los vínculos entre la narcoactividad y actores políticos, exfuncionarios públicos, y empresarios.
En un contexto en el cual la opacidad en el financiamiento ha permitido que fondos de dudosa procedencia influyan en las decisiones electorales, comprometan a los candidatos electos con agendas ajenas al interés público y profundicen la polarización política, es fundamental que los ciudadanos conozcan quiénes están detrás de las campañas que apoyan a los partidos y candidatos.
En ese contexto, el CESPAD propone reformar el artículo 35 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos[5]. La reforma pretende asegurar que la ciudadanía tenga acceso a información detallada y clara sobre el financiamiento de las campañas electorales, e incluye medidas concretas para ampliar y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
Es crucial que la ciudadanía conozca todos los datos relacionados con donantes privados sean públicos y de fácil acceso. Esto incluye su identidad y las cantidades aportadas porque permitirá un mayor control ciudadano sobre el origen de los fondos que financian las campañas electorales. Esta medida reforzaría la transparencia y sería un disuasivo frente al uso de fondos ilícitos, al hacer visibles las relaciones financieras de los actores políticos.
Tomando en cuenta que los partidos políticos son sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento[6], la propuesta incluye lineamientos para que la información publicada se haga de forma periódica, y que asegure su disponibilidad en los portales de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Finalmente se plantea la necesidad de establecer garantías de cumplimiento por parte del IAIP, como el organismo encargado de emitir lineamientos específicos y realizar verificaciones periódicas, que incluyan sanciones para aquellos que incumplan con estos lineamientos de publicación de información.
Fortalecimiento de la capacidad investigativa de la Unidad de Política Limpia
A pesar de la participación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), también conocida como la Unidad de Política Limpia, en 2 procesos electorales (2017 y 2021) y de contar con un marco normativo que otorga importantes capacidades, no ha logrado desarrollar de manera efectiva procesos de investigación independientes sobre el financiamiento ilícito y la corrupción.
Por ello, proponemos ampliar el artículo 65 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos para incluir disposiciones que formalicen una cooperación interinstitucional. La Unidad de Política Limpia, en lugar de operar de manera aislada, contaría con el respaldo y la colaboración directa del Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIP).
Desde el CESPAD, consideramos que esta reforma sentará un precedente relevante para prevenir y sancionar el financiamiento ilícito, protegiendo la integridad de los procesos electorales.
Depuración de los candidatos y candidatas de los partidos políticos
En un contexto ideal, los partidos políticos deberían actuar como garantes de la integridad del proceso democrático, permitiendo la participación de candidatos que demuestren un fuerte compromiso con la ética, la moral y la confianza pública. Sin embargo, su falta de capacidad o voluntad para depurar sus filas ha permitido que individuos, con graves cuestionamientos éticos y que enfrentan procesos penales, se presenten como candidatos.
Como resultado, la ciudadanía se ve obligada a elegir entre candidatos y candidatas que tienen una hoja de vida profesional que riñe con los valores éticos que se requieren en una verdadera democracia. Esto compromete seriamente la calidad de la representación política y la credibilidad del sistema democrático en general.
Esta propuesta de reforma va orientada a reformar al artículo 120 de la Ley Electoral de Honduras[7], para que los partidos políticos establezcan criterios claros y estrictos en sus estatutos, para la elegibilidad de candidatos. En ese sentido, es imperativo que se prohíba la participación de personas que, entre otros aspectos, tengan procesos de investigación, procesos judiciales abiertos o sentencias en firme por situaciones regidas con el respeto de la ley, y los derechos humanos.
El CESPAD también propone reformas por adición a los artículos 179 y 213 de la Ley Electoral de Honduras, estableciendo la obligación de publicar en línea los perfiles completos de los candidatos, tanto en elecciones primarias como generales. Esta medida permitirá que los ciudadanos accedan fácilmente a información relevante sobre quienes aspiran a ocupar cargos públicos, desde su trayectoria personal y profesional hasta posibles conflictos de interés.
Dado que la integridad y la transparencia son cada vez más demandadas por la ciudadanía, es imperativo que quienes aspiren a cargos de poder cumplan con altos estándares de integridad, ética y moralidad. La implementación de estas condiciones de elegibilidad e inhabilidad marcará un avance significativo en la depuración del sistema político hondureño.
Tipificación del financiamiento ilegal como delito electoral
Con la nueva institucionalidad electoral de Honduras, que incluye la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), es imperativo fortalecer el marco normativo que regula el financiamiento de las campañas electorales.
Pese a que la Ley Electoral de Honduras y la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos abordan el tema del financiamiento ilícito, esta figura está ausente del Código Penal.
La falta de tipificación y sanciones de este delito envía un mensaje de impunidad que es aprovechada por actores que influyen en los procesos electorales, a través del dinero ilícito.
La propuesta de reforma por adición al artículo 547-A “financiamiento ilegal de campañas electorales” al Código Penal[8] tiene como objetivo cerrar esta brecha legal mediante la incorporación de una nueva tipificación precisa del financiamiento ilegal de campañas electorales.
Para el CESPAD, es urgente que en la ley se establezcan los sujetos políticos (candidato, partido político, representante legal, responsable financiero de campaña, otros), que incurren en el delito de financiamiento ilegal de campañas electorales porque, entre otros aspectos, reciben o aceptan dinero proveniente de las fuentes prohibidas que ya están establecidas en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos.
La reforma planteada también incluye las sanciones para quienes cometan financiamiento ilegal de campañas electorales.
Desde la perspectiva del CESPAD, hay reformas electorales que, aunque necesarias, aún parecen distantes, como la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las mesas electorales y la separación de elecciones por niveles electivos (presidencia, municipal, legislativas). Sin embargo, las reformas aquí expuestas son urgentes y representan un gran desafío para la clase política en su esfuerzo por fortalecer la democracia.
De forma mucho más detallada, estas propuestas de reforma ya se presentaron ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional. Sin embargo, el CESPAD considera que su presentación y recepción no deben verse como un simple formalismo. Su aprobación, aunque requiere sólo de una mayoría calificada, también implica la determinación de las y los congresistas que tienen en sus manos la posibilidad de mejorar el sistema electoral.
Para una ciudadanía que ha sido testigo de numerosos casos de corrupción e impunidad cometidos por personas que ostentan cargos de elección popular, estas reformas representan un paso concreto hacia la recuperación de la confianza en un sistema que, durante mucho tiempo, ha sido percibido como indulgente.
[1] https://x.com/raseltome/status/1821355191079248056?s=46&t=MF3wXjmIBeZYw2CxLIVbJg
[2] https://centrodocumentacion.cespad.org.hn/caja-pandora/
[3] https://centrodocumentacion.cespad.org.hn/corrupcion-ruedas/
[4] https://centrodocumentacion.cespad.org.hn/narcopolitica/
[5]https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/693-ley-de-financiamiento-transparencia-y-fiscalizacion-a-partidos-politicos-y-candidatos
[6]https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/17-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
[7] https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/1024-ley-electoral-de-honduras
[8] https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/codigos/830-codigo-penal-2019